La versión del jefe paramilitar resultó tan jugosa, que la Corte Suprema de Justicia va a incorporarla en los procesos que les sigue a los afectados por la para-política.
Habló Salvatore Mancuso y el país político tembló. Aunque con anterioridad se sabía que el hombre fuerte de las autodefensas tenía pensado echar a la guerra a todos aquellos que, según él, colaboraron con su organización ilegal, la sorpresa fue grande cuando la lista de salpicados fue encabezada por la guardia pretoriana del presidente Álvaro Uribe: el vicepresidente de la República, Francisco Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
En su despachada desde el complejo judicial de La Alpujarra, en Medellín, y ante cientos de personas que no paraban de gritarle asesino y genocida, Mancuso aseguró que el Vicepresidente se reunió varias veces con los ex jefes de las AUC. “Me sorprendí porque lo noté identificado con la causa y porque le dijo a (Carlos) Castaño que le gustaba el modelo (paramilitar) de Córdoba y que le gustaría que se repitiera en Bogotá”. En uno de esos encuentros, añadió Mancuso, “Castaño le propuso a Santos que comandara el Bloque Capital, pero se negó diciendo que no sabía de esas vainas”. El Vicepresidente se defendió de tan delicados cargos con un mensaje al Fiscal General de la Nación: “Investígueme, por favor”.
Respecto a Juan Manuel Santos, Mancuso aseveró que el hoy titular de la cartera de Defensa, en alguna oportunidad, buscó a Carlos Castaño y le pidió respaldo para un acuerdo que pretendía derrocar de la Presidencia a Ernesto Samper Pizano. El Ministro de Defensa advirtió que nunca ha conspirado contra nadie, y que en la crisis que se vivio en Colombia durante el gobierno Samper, siempre fue partidario de que cualquier salida política debía ser concertada con el entonces primer mandatario.
Mancuso también arremetió contra militares de algo rango, empresas y empresarios y una cantidad considerable de políticos. No faltó quién recordara lo que el ex jefe paramilitar había sentenciado hace un mes en la cárcel de Itagüí. “Díganles a sus clientes que confiesen. Nosotros estamos en un despeñadero y no vamos a perder por lo que hemos trabajado en este proceso de paz”, les dijo a varios abogados de los congresistas procesados por la para-política.
Y Mancuso cumplió. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ya tiene planes para convertirlo en su testigo estrella y, de esa forma, procesar a todos los políticos que por acción por omisión cohonestaron con el paramilitarismo. “Si Mancuso colabora con la Corte, el expediente de la para-política se aclararía con facilidad o, mejor, lo despachamos en seis meses”, le dijo a SEMANA una fuente de esa institución.
Todo parece indicar que hay razones de sobra para tan reveladora afirmación. “Si la Corte le creyó a Rafael García (ex jefe de informática del DAS, hoy en prisión), a Salvatore Mancuso tiene que creerle con mayor razón”, comentó un penalista consultado por SEMANA.
Inclusive, hace poco Salvatore Mancuso les dijo a varios funcionarios de la Corte que, a corto plazo, su objetivo era solucionar sus problemas legales con la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, y, posteriormente, sentarse las horas que sean necesarias con los magistrados a contarles todo lo que sabe sobre los políticos del país que hicieron pactos con miembros de los escuadrones de la muerte.
Son tales la confianza y la credibilidad que la Corte Suprema de Justicia piensa darles a las afirmaciones de Mancuso, que un día después de que esa alta corporación ordenara el encarcelamiento de cinco congresistas de la Costa Atlántica por sus nexos con los paras, Salvatore Mancuso en sus explosivas declaraciones dejó mal parados a varios de ellos. “Si teníamos dudas sobre estos señores, Mancuso las aclaró”, le dijo a SEMANA una fuente de la Corte.
Salpicada general
El martes en la mañana, Mancuso adelantó el abrebocas de su confesión. Después de hacer un diagnóstico conceptual de la razón de ser de esas organizaciones criminales y de manifestar que “yo soy una prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia”, contó con quiénes se aliaron en Córdoba y Urabá para conseguir sus objetivos. Y soltó los nombres de tres generales de la República (hoy en retiro) que ocuparon puestos clave en la cúpula de la institución: Rito Alejo del Río Rojas, Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño Sandoval.
De Del Río dijo que, entre 1996 y 1997, se reunió con él en la finca La 21, en San Pedro de Urabá. Relató que allí estuvieron Carlos Castaño Gil y Freddy Rendón Herrera (alias ‘El Alemán’), y explicó que el tema que trataron fue la expansión paramilitar en Urabá. Al decir de Mancuso, este oficial iba en un helicóptero civil, pero que siempre llevaba su uniforme de militar. La Fiscalía de Luis Camilo Osorio investigó a Del Río por paramilitarismo y, al final, lo favoreció con resolución de preclusión.
Luego, Mancuso se despachó contra el general Martín Orlando Carreño y contó que cuando éste comandaba la Brigada 17, enviaba a sus soldados a patrullar en compañía de los comandos paramilitares. “Yo era uno más dentro de esa Brigada”, dijo el martes pasado. Y aseguró que a través de un general de la Brigada XI, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso Manosalva (fallecido), con quien, dijo, se reunió no menos de 10 veces. El general Ramírez fue comandante de la Brigada XI, en Montería, y luego llegó a ser jefe de inteligencia del Ejército.
En la confesión de Mancuso del martes pasado, también quedó salpicado el hoy embajador en Austria y ex director nacional de la Policía, general Rosso José Serrano Cadena. Según el ex jefe paramilitar, el oficial intervino para que él y ‘Jorge 40’ fueran liberados de una cárcel de La Guajira. Contó que Serrano envió al coronel Danilo González (asesinado en Bogotá en 2004) para que los ayudara. Y, efectivamente, en menos de 24 horas, los dos criminales de las AUC quedaron libres gracias a un intercambio que hicieron por dos de sus guardaespaldas. Según Mancuso, uno de ellos, alias ‘El Pájaro’, continúa recluido en la cárcel. Serrano rechazó tajantemente las imputaciones del jefe paramilitar.
A esta altura de la diligencia judicial, la confesión de Mancuso ya había cumplido con parte de lo prometido días antes. Pero faltaban otros dos paquetes explosivos: los vínculos con políticos, y empresas y empresarios. En ese momento, hasta los miembros de la Fiscalía que coordinan la logística para las versiones libres se notaban nerviosos. Aclaraban a la prensa que toda la información que estaba dando el ex jefe paramilitar debía ser cotejada con las investigaciones que ellos adelantaban.
Pero esa era tan sólo la cuota inicial de políticos. El miércoles comenzó diciendo que controlaba 25 de las 28 alcaldías de Córdoba (13 estarían vigentes). Las otras tres se las repartían ‘El Alemán’ y ‘Don Berna’. Habló además de alianzas con el alcalde de Cucutá, Ramiro Suárez Corzo, y con el gobernador de Bolívar, Libardo Simancas. Mancuso los leyó uno a uno, municipio por municipio, como si se tratara de una lista de mercado. Se le notó tanta familiaridad con la política de la región, que a muchos los llamaba por sus sobrenombres.
En la dosis final de políticos, Mancuso involucró al primo del Presidente, senador Mario Uribe Escobar. Dijo haberse reunido dos veces con él. En la primera estuvo presente la ex congresista Eleonora Pineda (quien insistentemente era tildada por el ex jefe paramilitar como “nuestra representante”), hoy en prisión. En la cita hablaron sobre “un pacto político para apoyarla a ella y para apoyarlo a él en algunos municipios del Alto San Jorge y Ayapel”.
El otro paquete de información dado por el ex jefe del Bloque Norte tuvo que ver con la clase empresarial. Con los detalles entregados por Mancuso quedó clara la manera como calcularon, peso por peso, el crecimiento de las arcas de las AUC. Según el jefe paramilitar prácticamente ningún sector de la economía costeña quedó por fuera: empresas bananeras (Doll, Chiquita, del Monte, Proban, Banacol, Uniban); palmicultores del Magdalena; transportadores como Copetrán y Brasilia; los cafeteros de la Sierra Nevada; las gasolineras; petroleras como Ocensa, Ecopetrol y todas las de Casanare; las empresas madereras; pesqueras y carboneras, como Prodeco y Carbones del Caribe.
También inculpó a las empresas de bebidas Postobón y Bavaria por pagar ‘impuestos’ para operar en la Costa Atlántica. Ambas empresas sacaron comunicados negando estos señalamientos. Todo lo anterior sin contar con los millones de dólares obtenidos por narcotráfico. Sobre este último tema, sin duda, dictó una cátedra el jueves en la tarde. Explicó cómo, desde 1996, estuvieron encargados de todos los procesos que tenían que ver con la coca.
Mancuso volverá a entrar en acción próximamente. Él ya tiene claro que no es negocio sindicar a muertos de las acciones criminales de su organización. Muchos de los responsables están vivos. No hay que olvidar que la Corte Suprema de Justicia será la segunda instancia de la Ley de Justicia y Paz. “Si nos damos cuenta de que mintieron, los señores paramilitares pasarán muchos años en prisión”, sentenció un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Publicado en SEMANA, Fecha: 21/05/2007
