La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal contra nueve políticos del Magdalena, entre ellos un ex gobernador, un alcalde y ex diputados, por concierto para delinquir agravado, interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en relación con los llamados pactos de Chivolo y Pivijay que firmaron 417 políticos de ese departamento con el ex jefe paramilitar 'Jorge 40'.Antes de que el caso prescribiera, como lo alcanzó a advertir la senador Gina Parodi, la Fiscalía abrió investigación penal contra los ex alcaldes del municipio de Concordia, Magdalena, Pablo José Salas Orozco. Anibal Castro Martínez y José Ignacio Mercado Colón, así como contra el actual mandatario de ese municipio, Miguel Antonio Aragón, y los ex diputados de ese departamento, Edgar Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, todos firmantes de los polémicos pactos de Chivolo y Pivijay con las autodefensas al mando de 'Jorge 40'. El ente investigador también inició un proceso penal contra la desmovilizada Neyla Alfredina Soto Ortiz, conocida con el alias de 'Sonia'. Según fuentes de la Fiscalía, estos pactos políticos presuntamente les permitió a las autodefensas tener un control burocrático y político de varios municipios del Magdalena, entre esos el de Concordia. En la misma investigación se analiza la conexión con el asesinato del médico y quien fuera candidato a la alcaldía de Concordia, Eugenio Escalante Ebrath, quien se habría opuesto a la imposición de un candidato único en este municipio. Escalante no firmó ninguno de los pactos políticos con los paramilitares y esto al parecer le habría costado la vida. Estos pactos presuntamente fueron firmados por 417 políticos de Magdalena que representaron a 15 de los 20 municipios del departamento, quienes asistieron a dos reuniones, la primera el 28 de septiembre de 2000 en el corregimiento de la Estrella ubicado en Chivolo, en la que presuntamente se comprometieron a apoyar al aspirante a la gobernación del Magdalena José Domingo Dávila Armenta, conocido como 'Chelo' Dávila, quien saldría electo para el período 2001-2003. La segunda reunión se dio el 22 de noviembre de 2001 y en esa ocasión, muchos actuando en su condición de alcaldes, concejales y diputados elegidos en los comicios de 2000, presuntamente se comprometen a apoyar a los candidatos al congreso para las elecciones del 2002 a través del llamado "Movimiento la Provincia Unida". En las dos elecciones, que ahora investiga la Fiscalìa, 'Jorge 40' como jefe del Bloque Norte estableció una estrategia política que consistió en dividir el departamento de Magdalena en cuatro regiones o "distritos electorales" a través de la que los paramilitares realizaron un estricto control electoral y lograron elegir a varios candidatos al congreso, gobernación, alcaldías, concejos y asamblea, muchos de ellos hoy condenados por parapolítica como los ex congresistas José Gamarra y Jorge Caballero, así como el ex gobernador Trino Luna. Los pactos políticos como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, así como el del Ralito en Córdoba y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar, fueron parte de una estrategia de los paramilitares para alzarse con el control político de las zonas que controlaban militarmente. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 417. Semana en el artículo "Los babyparapolíticos" contó que el alcalde de Pivijay, Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.
Mientras que el alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc. Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría electoral y burocráticamente los cargos de elección popular.
Una de las cosas más graves es que los pactos, que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona. La senadora Gina Parody había denunciado en una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas". Sin embargo, la Fiscalìa rápidamente asumió el caso y no lo dejó morir, y ahora tiene prácticamente en la mira a buena parte de la clase política del Magdalena por sus alianzas con el paramilitarismo.
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