Los crímenes sexuales del Bloque Mineros en Ituango

Para combatir a la guerrilla en este municipio del norte de Antioquia  Ituango, los paramilitares no solo desplazaron, asesinaron, masacraron. También violentaron sexualmente a decenas de mujeres con el fin de “humillar al enemigo”.

300-Ituango-vsLos paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que ingresaron a los corregimientos El Aro y La Granja del municipio de Ituango, Norte de Antioquia,  con la intención de “expulsar guerrilleros”, no solo asesinaron campesinos inermes, quemaron viviendas, desaparecieron personas, robaron ganado y desplazaron veredas enteras convirtiéndolas en verdaderos territorios fantasma. También dejaron marcadas profundas heridas de guerra en el cuerpo de las mujeres.

Así lo acaba de demostrar la Fiscalía 15 Delegada ante Justicia y Paz, que gracias a testimonios aportados por un grupo de mujeres oriundas de esa localidad, documentó ocho casos de agresiones sexuales cometidas por los paramilitares que participaron en las tomas a los corregimientos El Aro, ocurrida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, con un saldo trágico de 19 campesinos asesinados, decenas de viviendas incineradas y todo un caserío desplazado; y La Granja, perpetrada entre el 7 y el 14 de agosto de 2002, en la cual perdieron la vida unas 15 personas y que generó el éxodo masivo de por lo menos 300 personas.

En ambas incursiones y valiéndose del temor que producía en la población su presencia armada, convirtieron el cuerpo de las mujeres en botines de guerra tras violentarlas sexualmente bajo el supuesto de que “eran compañeras sentimentales de los guerrilleros”.

Según la Fiscalía 15, esa práctica encerraba un mensaje perverso: “mostrarle al enemigo hasta dónde llegaba el poder de dominación en su propio territorio, era una conducta que buscaba denigrar, humillar”.

Los casos fueron presentados por el Ente acusador durante la audiencia de imputación que se adelantó en la ciudad de Medellín contra el máximo comandante del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’,  quien si bien admitió desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos haber dado la orden a sus tropas para que ingresaran a los corregimientos La Granja y El Aro de Ituango para “dar de baja guerrilleros”, también aseguró no haber impartido instrucciones a sus hombres para que cometieran este tipo de vejámenes, catalogados como crímenes de guerra y que según este jefe paramilitar, eran prácticas proscritas al interior del Bloque Mineros y, más aún, castigadas con pena de muerte a quien las cometiera.

“Yo di la orden de que incursionaran en Ituango, eran mis hombres, acepto la responsabilidad por línea de mando”, reconoció alias ‘Cuco Vanoy’ ante fiscales de Justicia y Paz.

Una jornada de horror
Los testimonios recopilados por la Fiscalía muestran que las mujeres de Ituango padecieron su propio infierno durante los días que duraron las incursiones paramilitares a La Granja y El Aro. Prueba de ello es la historia de Alba*. El 25 de octubre de 1997, mientras el comando paramilitar que había llegado al corregimiento El Aro proveniente de Puerto Valdivia (Norte de Antioquia) sacaba a punta de fusil a varios hombres de sus viviendas y saqueaban otras tantas, tres paramilitares se dirigieron a una casa.

Allí hallaron a dos mujeres que se escondían junto con sus pequeños hijos en una de las habitaciones. Junto con ellas estaba Alba, quien para aquel entonces no había cumplido la mayoría de edad. Al verla sola, los paramilitares la obligaron a salir del cuarto. Una vez afuera, comenzó el ultraje que solo se detuvo tras una fuerte explosión que sacudió al caserío y obligó a los hombres armados a salir de aquella casa.

Igual suerte corrió Beatriz*. En su relato cuenta que al segundo día de la ocupación paramilitar en El Aro, uno de los hombres con mando y poder sobre la tropa fue hasta su casa y le pidió que la acompañara hasta una vivienda desocupada, donde estaban otros tres hombres. Al regresar a su residencia, luego de ser violentada sexualmente en repetidas ocasiones, guardó un profundo silencio, que solo se atrevió a romper recientemente.

Paradójicamente, los casi 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que participaron en lo que se conoce como la masacre de El Aro, recibieron un reconocimiento por parte de Salvatore Mancuso y Ramiro Vanoy, los comandantes paramilitares que planearon la incursión, por el éxito del operativo.

Por este hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) obligó al Estado colombiano, en decisión del primero de julio de 2006, a pagar una indemnización cercana a los 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de víctimas de la masacre; ordenó rendir un homenaje público y perseguir a los responsables de este atroz crimen, luego de que el organismo de justicia internacional hallara responsable al Estado, por acción y omisión, “en la violación al derecho a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada, la circulación y la residencia”.

No obstante lo anterior, solo hasta septiembre de 2012 la Fiscalía de Justicia y Paz logró imputarle a alias ‘Cuco Vanoy’ delitos relacionados directamente con la masacre de El Aro, entre ellos homicidio en persona protegida con fines terroristas, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro simple y hurto calificado. Quienes padecieron agresiones sexuales en aquel cruento ataque esperan que sus crímenes no queden en la impunidad.

Violencia indiscriminada
Claro que lo mismo esperan las víctimas de la incursión al corregimiento La Granja, que tuvo lugar entre el 7 y el 14 de agosto de 2002.
Según lo ha documentado el Ente investigador, los primeros días del mes de agosto de ese año, unos 300 hombres del Bloque Mineros partieron desde el corregimiento La Caucana, Tarazá, con la intención de hacer replegar a la guerrilla de las Farc que por aquel entonces había tomado posiciones estratégicas en zonas enclavadas en el Parque Nacional Nudo del Paramillo, donde se encuentra La Granja.

A su paso por las veredas, los paramilitares fueron cometiendo una serie de homicidios selectivos, saqueos indiscriminados y retenciones ilegales que generaron desplazamientos masivos. Lo que comienza a emerger ahora, 10 años después de los hechos, es que en dicho recorrido mortal se cometieron aberrantes agresiones sexuales. Las víctimas fueron amenazadas para que guardaran silencio o, en el peor de los casos, fueron asesinadas.

Tal es el caso de Cecilia*, quien fue asesinada el primero de octubre de 2002. Ese día, el comando paramilitar que un mes atrás se había adentrado hasta la profundidad del Nudo del Paramillo regresaba al corregimiento La Caucana. Al pasar por el paraje conocido como Cañón del Socorro, esta mujer y su familia, al sentir la presencia de los hombres armados, huyeron de su vivienda y buscaron refugio en zona boscosa.

Pero la fortuna no estaba de su parte ese día. En el intento de la familia por huir se toparon con los paramilitares, quienes no solo abusaron sexualmente de Cecilia delante de su familia sino que, además, fue asesinada y arrojada por una pendiente mientras sus parientes era obligados a abandonar el lugar. Aún hoy se desconoce el sitio exacto donde reposa el cuerpo de la mujer.

Este es uno de los cuatro casos conocidos por la Fiscalía 15 que fueron cometidos durante la incursión armada de agosto de 2002. Sin embargo, los indicios indican que, frente a la violencia sexual, existe un gran subregistro.

En meses pasados, ese mismo despacho presentó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín una serie de casos de agresiones sexuales cometidos por los miembros del Bloque Mineros en los municipios de Tarazá y Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. En esa audiencia, una de las víctimas le relató a VerdadAbierta.com que la dificultad para que las mujeres denuncien radica en que muchas ya rehicieron sus vidas, dejaron atrás lo sucedido y han formado familias. “Ellas no quieren que sus esposos e hijos se enteren de lo que les pasó”.

Por ahora, mientras las víctimas vencen sus temores, los investigadores judiciales avanzan en sus indagaciones y unos y otros esperan que los postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz realmente aporten al esclarecimiento de los crímenes relacionados con la violencia sexual, pues hasta ahora los avances han sido pocos.

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