Abusos sexuales de los hombres de Salvatore Mancuso

Los grupos paramilitares dirigidos por Salvatore Mancuso utilizaron la fuerza y las amenazas para abusar sexualmente de las mujeres, muchas de ellas fueron obligadas a convivir y tener hijos con sus victimarios

300-costanorte-vsA las 8 y 30 de mañana del 30 de octubre de 1998, los habitantes de la vereda El Diamante en Tierralta, Córdoba, corrían por las calles del pueblo para huir de un enfrentamiento entre guerrilleros de las Farc y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Diana*, una trabajadora de servicio doméstico, salió por una trocha al borde de una quebrada. Mientras corría, se encontró con una joven de 19 años, ambas continuaron la huida hasta que oscureció.

Cuando las mujeres pensaron que estaban fuera de peligro se encontraron con un grupo de hombres armados, que las amenazaron con matarlas si se resistían a tener sexo con ellos. Primero tomaron a la joven de 19 años, pero ella se opuso y le dispararon, luego tres hombres abusaron sexualmente de Diana y la amenazaron con matarla si denunciaba los hechos.

El de Diana es uno de los 230 casos de abuso sexual que cometieron los hombres de los bloques paramilitares que estuvieron al mando de Salvatore Mancuso y que la Fiscalía presentó ante magistrados de Justicia y Paz contra este ex jefe paramilitar. En total, se registraron 222 mujeres víctimas de esos hechos.

La mayoría de ellas fueron víctimas de integrantes del Bloque Norte de las Auc, grupo armado que hizo presencia en los departamentos de Magdalena, Sucre, La Guajira, Bolívar, Cesar y Atlántico. Seguido del Bloque Catatumbo, la facción paramilitar que Mancuso creó en 1999 en Norte de Santander. La siguiente gráfica muestra el número de víctimas por bloque paramilitar.

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Las víctimas del Bloque Norte están concentradas en su mayoría en Magdalena: 41 casos ocurrieron en el municipio de Plato, seguido por Santa Marta, donde se reportaron 23 casos. En Norte de Santander el municipio más afectado fue Tibú, donde se conocen 19 hechos.

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Como en el caso de Diana, las mujeres vivieron la violencia como los demás habitantes: eran desplazadas de sus casas, sus familiares fueron asesinados y  sus hijos reclutados, pero además debían sufrir en silencio las secuelas psicológicas y físicas que se presentaron en más del 90 por ciento de los casos.

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Según ha documentado la Fiscalía, en el 64 por ciento de los casos los paramilitares utilizaron la fuerza y una de cada tres mujeres fue amenazada. Ni en sus propios hogares podían estar tranquilas. Como muestra la siguiente gráfica, en la mayoría de los casos los ‘paras’ las abordaron en sus casas.

Así le sucedió a Celia*, quien se encontraba en su finca en Plato, Magdalena, cuando al anochecer llegó un grupo de seis paramilitares a su casa y obligaron a su hijo a marcharse con ellos.  “Yo les dije  que para dónde se llevaban  a mi  hijo y ellos me dijeron  que no era conmigo  que me callara la boca, y me amarraron las manos y los pies. Yo les dije que si se lo iban a llevar  que me llevaran  a mí también”, recuerda Celia.

Mientras estaba amarrada, tres hombres la golpearon muy fuerte y abusaron sexualmente de ella. Antes de irse le dijeron que tenía que salir de la vereda con su hijo y la amenazaron diciendo que los podían matar si no lo hacían.

En Magdalena se presentó otro fenómeno: las víctimas fueron obligadas a someterse a cirugías para quedar estériles. Según relataron mujeres afectadas, los paramilitares convocaron a reuniones que dirigía Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias ‘Sonia’ o ‘La Sombrerona’, una mujer cercana al jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

“En una ocasión alias ‘Sonia’ nos dijo que nos teníamos que desconectar (esterilizar) porque andábamos como las burras y las puercas pariendo, que teníamos que hacer lo que ella dijera, de lo contrario se desquitaría con nuestra familia, porque ellos eran la autoridad”, recordó una mujer de la región.

Un carro las recogió a la madrugada siguiente y fueron obligadas a someterse a un procedimiento quirúrgico. Una de las víctimas asegura que luego de esa operación sufrió una enfermedad pélvica. La Fiscalía ha documentado hasta el momento nueve casos de mujeres que fueron obligadas a someterse a estas cirugías y otras siete que fueron forzadas a abortar.

En Norte de Santander los paramilitares usaron los retenes ilegales que se instalaban en las carreteras para abusar de las mujeres. Así le sucedió a Beatriz*, quien en septiembre de 1999 cuando salía de la Gabarra, el bus en el que se transportaba fue detenido por un grupo de por lo menos 15 hombres del recién creado Bloque Catatumbo. Los ‘paras’ obligaron a Beatriz y a otras siete mujeres a bajarse del vehículo y el hombre que estaba al mando dio la orden “de que escogieran a sus mujeres”.

“Me quede bloqueada, solo recuerdo que me llevaron  por un camino y por ahí  abusaron de mí, ahí habían dos cadáveres en descomposición. Me acostaron en un costal de cabuya y me dijeron que tenía que colaborarles que para eso era la mujer”, recordó Beatriz.

Obligadas a vivir con el enemigo
El ente investigador ha encontrado 22 hechos en los que las mujeres, luego de haber sido violadas, fueron forzadas a convivir con su victimario. Así le sucedió a Paloma*, una menor de edad que vivía en la Gabarra, y que era constantemente perseguida por un paramilitar, el hombre le repetía que ella no iba a escapar de él, la situación llegó a tal punto que Paloma prefirió no volver a salir de su casa para no tener que encontrárselo.

Su hermano la acompañaba cuando tenía que salir, pero un día tuvo que caminar sola y pasar frente a una oficina que los paramilitares habían instalado en el pueblo. De inmediato la subieron a una camioneta y la llevaron hasta donde estaba su acosador, el hombre le dijo que quería que ella fuera su mujer y que se relajara, Paloma empezó a llorar y el paramilitar abuso sexualmente de ella. Antes de dejarla ir le advirtió que no podía contarle a nadie lo que había sucedido.

Unos meses después Paloma se enteró que estaba embarazada, el violador le dijo que tenía que tener el hijo y que debía irse a vivir con él a Tibú, ella lo hizo por miedo a que tomaran represalias contra su familia.

Algo similar le ocurrió a Jennifer, una niña de 13 años que vivía en una vereda de Tibú. Una noche un paramilitar que estaba ebrio la llamó y le dijo que se subiera a su moto, la niña se rehusó y le dio una cachetada, el hombre sacó su pistola y empezó a disparar mientras Jennifer huía.

A la mañana siguiente la joven tuvo que huir a Venezuela por miedo a que la mataran. Allá permaneció durante año y medio, y decidió regresar en junio de 2002 a su pueblo cuando pensó que el peligro ya había pasado. Pero una semana después de su llegaba volvió el mismo paramilitar, se le acercó y le dijo que tenía que estar con él a las buenas o a las malas. “Me dijo que si yo no era de él iba a matar a mi hermana”.

Ese mismo día la llevo hasta un campamento paramilitar donde él dormía, la golpeó y la violó. “Así ocurrió durante  todo el tiempo que estuve ahí, a mi hermana le dijo que no se preocupara que  yo estaba bien allá. Yo me resigné”. Jennifer duró en esta situación durante dos años.

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