Los crímenes contra las mujeres del Bloque Minero

Por primera vez en Justicia y Paz, una fiscalía de esta Unidad reveló los crímenes de género cometidos por los paramilitares en el Norte y Bajo Cauca antioqueño.
Las mujeres han sido víctima de la violencia paramilitar. Foto Semana

Marta* no pudo ocultar su intranquilidad durante una audiencia judicial en tribunales de Justicia y Paz. No era para menos. El compartir espacio con quienes en el pasado fueron sus victimarios le revolvió las entrañas. Y el escuchar nuevamente historias de mujeres que, como ella, fueron violentadas y sus cuerpos convertidos en botines de guerra por los paramilitares le despertó recuerdos dolorosos que creía ya superados.

Pese a ese dolor y dado el motivo de esa diligencia bien valía la pena enfrentar esos temores reprimidos. Se trataba de la primera audiencia en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, en Antioquia y quizás en todo el país, que abordaba exclusivamente los crímenes de género, en este caso, los cometidos por los miembros del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Durante tres días, y ante la presencia de por lo menos 40 mujeres provenientes de los municipios del Norte y Bajo Cauca antioqueño, la Fiscalía 15 de Justicia y Paz narró las  discriminaciones, imposiciones, vejámenes, torturas físicas y psicológicas que ejercieron los miembros de esta organización paramilitar contra la población femenina en los pueblos de estas subregiones del departamento.

En el piso cuarto del Palacio de Justicia de Medellín se escucharon relatos de mujeres castigadas de manera violenta por no acceder a las pretensiones de los paramilitares; de mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres; o de otras que fueron ultrajadas sexualmente y luego asesinadas y descuartizadas. Entre las asistentes se escuchó más una expresión de indignación. Para Marta fue como ver pasar ante sí pequeños fragmentos de su propia vida. Después de todo, ella sabe el infierno que significa ser mujer en una zona de guerra.

Dignidad ultrajada
Su calvario comenzó un día de septiembre de 1987. Por aquellos años en su pueblo, el corregimiento Colorado de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, era sabido que la guerrilla se movía con cierta libertad. Pero un día de ese año ingresaron hasta su vereda, asesinaron varias personas y un guerrillero la violentó sexualmente. El hecho, como era de esperarse, generó un éxodo forzado. La familia errante debió instalarse como bien pudo en Caucasia. Allí, Marta conoció al padre de sus hijos. Con él emprendió el viaje hasta Simití, Sur de Bolívar, en busca de fortuna y bienestar.

“Allá nos pusimos a trabajar minería, ese pueblo es muy minero. Pero teníamos que pagarles ‘vacuna’ a los paracos, creo que a la gente del Central Bolívar. Pero llegó el día que no hubo con qué pagar, y no pagamos. Un 21 de enero de 2001 los paramilitares mataron a mi marido”, recuerda Marta, quien debió regresar a Caucasia a criar sola a sus tres pequeños hijos.

“Como tenía que levantar a mis hijos, me conseguí un trabajo con la Empresa Antioqueña de Energía (EAE). Me tocaba leer contadores por los lados de las veredas de (corregimiento) Piamonte (Cáceres, Bajo Cauca). Y los ‘paras’ tenían retenes por esos lados: ellos decían quién entraba y quién no. Yo entraba muchas veces, pero un día me encontré por allá a (alias) ‘Jota’, que fue el paramilitar que mató a mi marido, y me violó”.

Solo hasta el 2010 Marta se atrevió a revelar su historia a fiscales de Justicia y Paz. Pero sus expectativas de verdad, justicia y reparación, son pesimistas: “no hay reparación que pueda curar el dolor de la perdida de un ser querido ni borrar lo que a uno le pasó. Y uno escucha esas historias de lo que hicieron, y que uno ha visto y ha padecido, y ve ahí a los victimarios, tranquilos escuchando, eso me hace sentir mal”.

Poca denuncia
Si bien la violencia contra la mujer por parte de los paramilitares en municipios como Tarazá, Caucasia, Cáceres, Anorí, Briceño e Ituango fue un asunto reiterado y recurrente, tal como lo pudo constatar la Fiscalía 15 durante una jornada de atención a víctimas realizada en octubre de 2006, también es cierto que los crímenes de género son los menos confesados por los desmovilizados de las Auc y, más preocupante aún, los menos denunciados por las víctimas.

De acuerdo con Patricia Hernández, fiscal 15 de Justicia y Paz, del Bloque Mineros hay registradas unas 7.000 víctimas, entre personas asesinadas, secuestradas, desaparecidas o torturadas. De este gran universo, solo se han logrado documentar 26 casos de violencia sexual. “Pero casos de violaciones hay por montones”, señala Magdalena Calle, integrante de la Red de Mujeres Líderes del Norte y Bajo Cauca, colectivo creado en 2005 con el objetivo de capacitar y fortalecer a las víctimas de la violencia paramilitar para que reclamen sus derechos ante la Ley.

Según Magdalena, a quien los paramilitares de alias ‘Julián Bolívar’ le desaparecieron su esposo en 2001, la Red de Mujeres Líderes cuenta con más de 80 asociadas, todas víctimas de manera directa de los paramilitares. Algunas vieron morir a sus esposos, hermanos o hijos; otras más debieron huir por amenazas y, de acuerdo con sus cuentas, por lo menos una de cada siete integrantes fue violentada sexualmente por los paramilitares.

“Pero ellas no quieren denunciar. Ya rehicieron sus vidas, se volvieron a casar, formaron familias y ellas no quieren que sus esposos y sus hijos se enteren de los que les pasó”, cuenta la mujer, que se ha convertido en el hada madrina de las demás mujeres víctimas del Norte y Bajo Cauca antioqueño.

A lo anterior se suman otros factores de índole institucional como “la poca sensibilidad que tienen los funcionarios judiciales, que muchas veces estigmatizan, ridiculizan y hasta minimizan las denuncias de violencia sexual. Una mujer va a instaurar una denuncia por violación y el funcionario le dice: ‘¿la violaron? Le fue bien, a su marido lo mataron. Frente al tema existen muchos estereotipos”, tal como lo señala la fiscal Patricia Hernández.

Aun así, lo conocido hasta ahora por el despacho de la fiscal Hernández permite afirmar con toda contundencia que “hubo una explotación del cuerpo de las mujeres por parte de los miembros del Bloque Mineros”. “En los municipios donde operaron, los paramilitares ejercieron fuertes controles sociales, en especial a las mujeres. Las obligaban a vestirse de determinadas maneras, a portarse bien e incluso, a ser novias de los comandantes paras”, cuenta la funcionaria judicial.

Torturas y controles
Desde la Fiscalía 15 se ha logrado documentar varios casos de torturas y castigos impuestos a las mujeres que no llegan a equiparse en el grado de degradación y dolor con los que se le impusieron a los hombres. De ello también han dado cuento en versiones libres desmovilizados como Luis Adrián Pacheco, alias ‘Diomedez’; y Jader Armando Cuesta, quienes han confesado que no fueron pocas las ocasiones en que un comando paramilitar obligó a desnudar a una mujer “solo por maldad”; o violentada sexualmente por un patrullero y amenazada de muerte si lo delataba ante su superior.

“Según estos postulados, en los estatutos de las Autodefensas estaba prohibido ejercer violencia sexual contra las mujeres. De hecho, fueron varios los patrulleros que violaron mujeres que fueron asesinados delante de la tropa, para generar escarmiento. Sin embargo, había un tratamiento distinto cuando se trataba de un comandante, como el caso de alias ‘Villegas’, que tenía fama de abusar de las mujeres, pero que, por buen guerrero, nunca fue castigado. También estaba el caso de Jhony Alirio García, alias ‘Pastrana’, que les decía a las mujeres que tenían que estar con él a las buenas o a las malas”, explica la Fiscal Hernández.

Capítulo aparte padecieron aquellas que sufrían algún tipo de trastorno o discapacidad mental. En el “orden social” que intentó imponer alias ‘Cuco Vanoy’, los hombres y las mujeres con discapacidad mental no tenían cabida y por ello eran asesinados o desaparecidos.

“En el caso de las mujeres con discapacidad mental, éstas eran abusadas sexualmente antes de ser asesinadas o desaparecidas. Tenemos documentado el caso de María Ofelia Oquendo, quien fue desaparecida del corregimiento El 12 el 27 de diciembre de 2000. O el de Gloria Hernández, quien fue asesinada el 9 de julio de 2001 en Tarazá”, menciona la Funcionaria Judicial, quien asevera que “en el Bajo Cauca ya había un clima y un contexto de discriminación y exclusión contra la mujer, que se exacerbó con la llegada del Bloque Mineros a la región”.

La labor del Ente Investigador ha permitido que salgan del anonimato casos de desplazamientos forzados ocurridos en Tarazá, Cáceres, Caucasia y Briceño, donde las familias víctimas debieron abandonar sus predios ante la negativa de sus hijas de tener amoríos con los miembros de las Autodefensas. También historias donde los paramilitares asesinaron a varios hombres, especialmente en Tarazá, para quedarse con sus esposas. De igual forma, la Fiscalía 15 avanza en la documentación de varios asesinatos de mujeres por sospecha de ser “infieles o chismosas” o por el simple hecho de ser mujeres, lo que se conoce como feminicidios.

“Y aunque reconstruir todo esto ha sido muy doloroso, y en este proceso de Justicia y Paz las víctimas no hemos sido escuchadas, lo que está haciendo la Fiscalía es muy valioso, porque está haciendo visible algo que estaba muy oculto”, sostiene Magdalena Calle, de la Red de Mujeres Líderes, quien también estuvo presente en la audiencia, al igual que Marta.

“Y eso es lo que importa: que la sociedad sepa qué fue lo que pasó”, agrega Marta, quien contempla la posibilidad de convertirse en una activista de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado en su región, pues sabe que en veredas como la suya, enclavada en el corazón del Bajo Cauca antioqueño, pocas cosas han cambiado desde la desmovilización de los paramilitares.

“En mi caso, yo sé que a (alias) ‘Jota’ lo mataron. Pero quedaron sus compinches que hoy siguen en guerra por la droga y la minería. Y uno sigue viendo cómo a las jovencitas las llevan a ‘trabajar’ a esos entables mineros y cómo esa gente sigue abusando de ellas. Así es”.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la víctima