Mujeres en la mira

La masacre de Bahía Portete es el ejemplo más brutal de cómo los paras asesinaron a unas mujeres de la comunidad wayuu para garantizarse el control de la Alta Guajira. 

Las mujeres no se tocan. No van a la guerra, no se violan, no se les expulsa de la tierra. Eso es lo que tenían por ley los indígenas wayuu, de La Guajira, hasta la masacre de Bahía Portete, en la que cuatro mujeres fueron torturadas, perseguidas, asesinadas con brutalidad, dos de ellas aún desaparecidas, y toda una comunidad desplazada.
 
El domingo 18 de abril de 2004 pasó lo impensable. Serían las 7 de la mañana cuando llegaron cinco camionetas y una moto, con unos 40 o 50 hombres. Los forajidos buscaban, lista en mano, a las familias Fince, Uriana y Epinayú. La primera en caer fue Margoth Fince, de 70 años, reconocida como una autoridad tradicional. La amarraron de pies y manos, la cortaron con hacha y machete y después le dispararon en el rostro. Luego llegaron a la casa de Rosa Fince, de 46 años, quien había emprendido la huida con su hermana Diana, de 40 años, y su sobrina Reina. Días después los familiares encontraron el cuerpo de Rosa. Tenía las manos amarradas por detrás, el vestido desgarrado, estaba decapitada y los senos cortados. De las otras dos mujeres no se ha vuelto a saber nada. En el camino, los asesinos se habrían encontrado con dos hombres a los que también dieron muerte. Uno de ellos, Rubén Epinayú, de la misma comunidad.
 
"La guerra entre clanes o familias wayuu ha sido parte importante de la historia de este grupo y está claramente regulada en cuanto a los motivos que la provocan y los mecanismos para resolver las disputas", dice el Grupo de Memoria Histórica en su informe liderado por Pilar Riaño y María Emma Wills.
 
La masacre era un desenlace previsible de la incursión paramilitar que desde hacía algunos años había propiciado uno de los propios miembros de esa comunidad: 'Chema Balas', cuyo nombre de pila es José María Barros, quien creía que en alianza con Jorge 40 podía resolver una disputa histórica.
 
Desde los años 80, Chema Balas y estas familias tenían aspiraciones por razones distintas a ser los dueños del puerto natural de gran calado que hay en Bahía Portete. Por allí ingresaban el contrabando, que es la actividad a la que se ha dedicado siempre el pueblo wayuu. Chema Balas enarbolaba el permiso que había recibido tiempo atrás su padre para usar el puerto, mientras las familias agredidas habían recibido el reconocimiento de que ese era su territorio ya que allí yacían sus muertos. Durante años hubo una disputa, pero no una guerra.
 
Pero a partir de 2002, los paramilitares se apersonaron del puerto, de la mano de Chema Balas. El Grupo de Memoria Histórica encontró que la masacre tuvo el deliberado propósito de golpear a las mujeres por ser ellas el sostén de la defensa del territorio. Ellas eran un obstáculo para los planes de expansión del jefe paramilitar Jorge 40. La idea de que estas muertes eran parte de una guerra fratricida e intestina proviene, según Pilar Riaño, de "un estereotipo muy extendido sobre los wayuu".
 
Bahía Portete es también un caso emblemático en el que las memorias conflictivas están latentes. Mientras los sobrevivientes de las familias Fince, Epinayú y Urania siguen desplazados en Venezuela, y apenas regresan cada año a conmemorar la masacre, la hija de Chema Balas, Damaris Barros, sufre porque su descendencia cargará con el estigma de los errores de su padre. "José María Barros Ipuana se equivocó -al igual que lo hicieron muchos otros hombres wayuu y alijuna en La Guajira- cuando pensó que podría buscar el apoyo de los grupos ilegales provenientes de otros lados, allende su territorio, para consolidarse como hombre fuerte en la Alta Guajira y, después de logrado su objetivo, dejarlos de lado sin más...".
 
La masacre de Bahía Portete es emblemática porque muestra que la guerra no solo genera pobreza y pérdidas materiales, sino que desordena los principios y valores de las comunidades. La codicia que suscitaron el control territorial y de recursos se impuso durante años, y este es quizá el reto más grande que tiene el Estado para reparar a las víctimas.