Mujeres: víctimas con derecho a la verdad, justicia y reparación

La mayoría de las víctimas sobrevivientes de la situación de violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales son mujeres. De hecho, algunas organizaciones señalan que son más del 80% las víctimas del país. Esta situación de violencia profundiza y exacerba la exclusión, la discriminación y la violencia que históricamente han padecido las mujeres. 

Por Bruno Moro Representante Residente Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo. PNUD

Las mujeres han sido víctimas de violencia sexual en medio de la guerra. Foto SEMANA

Muchas de ellas son víctimas de violencia sexual, situación que en algunos casos va acompañada del reclutamiento forzado porque los miembros de grupos armados ilegales las obligan a que presten servicios sexuales. La mayoría de las veces, también, son obligadas a obedecer pautas de control social impuestas por estos grupos en los territorios donde tienen presencia.

En otros casos se manifiesta en violencia física y psicológica como forma de “lesionar al enemigo” a través de la deshumanización de la víctima, la vulneración de su familia y la implantación de terror en su comunidad. En este sentido, la mujer puede ser víctima directa o colateral debido a sus relaciones afectivas como madre, hija, esposa, compañera o hermana de alguno de los miembros de los bandos en disputa. También se manifiesta en el desplazamiento de las mujeres, que produce desarraigo de sus hogares, su vida cotidiana, su comunidad y su familia.

Estas son sólo algunas de las múltiples formas en las cuales las mujeres son afectadas y que ha llevado a que se diga que son utilizadas por las partes en contienda como estrategia para controlar territorios y comunidades en distintas zonas del país, como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2006 “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”.

Y a pesar de que las agresiones contra las mujeres se han convertido en una violencia sistemática, de ellas poco se habla y se conoce. Esto ha demostrado la urgente necesidad de que se analice la violencia generalizada bajo una perspectiva de género, se actúe en consecuencia, se detecten sus necesidades específicas y se reconozca el rol en la sociedad.

De no hacerlo, se estarían invisibilizando los crímenes atroces a los cuales están siendo sometidas, se les estaría desconociendo como sujetos de derechos. Y si esta situación se desconoce, también sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

El primer paso entonces es reconocer y visibilizar los hechos de violencia de género, que las afecta específicamente por su misma condición de mujeres y que agudiza las condiciones de históricas de discriminación.

En medio de la violencia, son ellas quienes sacan fuerzas para levantar de nuevo a sus familias; quienes soportan toda la carga emocional, incluso por encima de su propio sufrimiento; quienes se han organizado para exigir la reparación, la justicia y la verdad; quienes insisten en que sus hijos merecen volver a la tierra que les arrebataron los ilegales. Son ellas sujetos activos que han dejado de ser víctimas contemplativas para convertirse en sobrevivientes que reclaman sus derechos.

Se daría un paso importante en su reconocimiento si entre la recopilación de información se especifica la situación de las mujeres; si se incorporan los análisis de género en los programas gubernamentales de asistencia a las víctimas de la violencia; y si se acatan los estándares internacionales de género, los cuales priorizan la situación de las mujeres durante una situación de violencia. Esto implicará hacer cambios en la normatividad procesal, que es la que regula la recolección de pruebas, la declaración y protección de testigos y la toma de las declaraciones de las víctimas.

De otro lado, es importante actualizar los sistemas de registro de denuncias y toma de testimonios para que sean tenidos en cuenta las diferentes violencias que sufren y, finalmente, difundir entre entidades del Estado y de la sociedad civil la Resolución 1325 de la ONU del 2000, que hace un llamado a atender las especiales necesidades de protección de las mujeres en los conflictos y a que no haya impunidad para los crímenes cometidos en contra de ellas, incluyendo la violencia basada en género.

Editorial Hechos del callejón. PNUD.