Una silenciosa estrategia de guerra: violentar a las mujeres

Hay cientos, quizás miles de historias inéditas de crímenes en contra de las mujeres colombianas en el conflicto armado que jamás han sido contadas, ni mucho menos judicializadas. Son historias de cómo fueron esclavizadas, violadas, abusadas y maltratadas física y sicológicamente por los hombres armados.

Por César Molinares Dueñas, Verdadabierta.com


Mujeres víctimas del conflicto armado. Foto SEMANA
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Marlene es una mujer trigeña, de unos 23 años, que no esconde su fragilidad. Ella vivía en un caserío cercano a La Mesa, el centro de operaciones del bloque comandado por Jorge 40. 

Cuando los paramilitares comenzaron a llegar a su caserío, las mujeres sintieron de inmediato los rigores de su control. Les impusieron códigos de conducta como la forma de vestirse. En otras ocasiones les invitaban (obligadas) a sus fiestas, y, cuando alguna cometía lo que para ellos era una infracción, las obligaban a todas a barrer el pueblo entero al sopor del mediodía. Nadie hacía nada, nadie se atrevía a contradecirlos o encararlos por miedo.

Recién casada y con un hijo de meses, la desgracia de Marlene comenzó cuando uno de los mandos medios de los paramilitares resolvió que se había enamorado de ella. Marlene fue violada, sometida, esclavizada al capricho de su captor. Al final el jefe paramilitar la obligó a irse a vivir con él, bajo la amenaza de asesinar a su marido, sus hermanos y familiares.

No le quedó otra. Después de varios meses de convivencia logró sacar valor y enfrentarse a su secuestrador, que la obligaba a tener relaciones sexuales y a atender a los hijos de sus otras mujeres. Cuando logró liberarse del jefe paramilitar, descubrió que su marido se había ido.

Su propio pueblo la estigmatizó. Muchos años después de ocurrida su tragedia, es la primera ocasión que se atreve a contarla, mucho menos la había denunciado a las autoridades. “No lo hacía por miedo a que mataran a mi marido y mi familia”, dice entre lágrimas.

 

La tragedia de la violencia sexual que sufrió Marlene, es la misma que han vivido un número no determinado de colombianas a manos del conflicto armado, en particular de los paramilitares. Pero un crimen silencioso, escondido por sus víctimas por el miedo a la vergüenza pública, a exponer la intimidad y ser estigmatizadas. Desentrañarlo es un reto enorme del Proceso de Justicia y Paz.

 

Según la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz muchos casos no se han podido judicializar por distintas causas como la falta de pruebas y el miedo a denunciar. También porque el interés de los fiscales e investigadores ha estado enfocado en temas como las masacres, desaparecidos y la parapolítica. “No ha sido una prioridad hasta ahora”, dice la abogada de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), Jeimi Martínez.

El resultado de esta situación es que en los casi tres años que lleva el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, la Fiscalía solo ha recibido menos de 100 denuncias de víctimas que se han atrevido a denunciar sus casos con la ley de Justicia y Paz. Sin embargo una investigación que hizo IMP entre 421 mujeres víctimas del conflicto encontró que 312 mujeres habían padecido algún tipo de violencia sexual por parte de los paramilitares.

La violencia sexual es un delito considerado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como de lesa humanidad, el cual establece que “la violación y otros abusos sexuales pueden configurar crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra, en determinadas circunstancias”.

El Estatuto incluye como crímenes contra la humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, y reconoce que el crimen de esclavitud circunscribe el tráfico de mujeres.

Además del trauma que acompaña el acto de violencia sexual, este tipo de abuso puede exponer a las mujeres a embarazos no deseados, al contagio de enfermedades de transmisión sexual y dolores crónicos, discapacidad física, abuso de drogas, alcohol y depresión.

 

Un informe de Radhika Coomaraswamy, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer señaló que 43 de cada 100 víctimas afectadas por el conflicto armado interno en Colombia han sido víctimas de violencia basadas en su género.

Como lo muestran los pocos casos documentados, la violencia contra las mujeres era utilizada por los paramilitares como estrategia de guerra para controlar territorios y comunidades. En otros casos sirvió a modo de venganza contra la guerrilla.

 

El informe de Coomaraswamy describe que “los actores armados emplean distintas formas de violencia física, psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, con el fin de controlar territorios y recursos.”

Además la violencia puede incluir el reclutamiento forzado de las mujeres destinadas a rendir servicios sexuales a miembros de las guerrillas o fuerzas paramilitares, como quedó en evidencia en la conversación entre el comandante paramilitar Salvatore Mancuso y la ex parlamentaria Eleonora Pineda, en la que relataba como reclutaban prostitutas que eran llevadas a Santa Fe de Ralito, en donde se adelantaron las negociaciones de paz con el gobierno Uribe.

Los medios de comunicación han denunciado la violación masiva de mujeres en La Gabarra y los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y ‘Juancho Prada’, han reconocido que sus hombres violaban con frecuencia a las mujeres de campesinos y comunidades que arrasaban. Han prometido que entregarán más detalles a los Fiscales.

Una investigación realizada por IMP arrojó que las mujeres afectadas no necesariamente hablan de lo que les sucedió, muchas por vergüenza o culpa, por temor a verse estigmatizadas, o, incluso porque no reconocen que lo sucedido implique una violación a sus derechos humanos, entre otras razones.

Para IMP este delito continúa en la impunidad. La sociedad desconoce su existencia y la tragedia que significa para sus víctimas y por eso no existe sanción moral, ni reclamo social a los victimarios; hasta tal punto, que el mismo gobierno tampoco ha adoptado ningún tipo de medida, ni se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Según Amnístia Internacional, la violencia contra las mujeres en Colombia, en particular la violencia y la explotación sexual –llegando hasta la violación y la mutilación genital–, forma parte integral del conflicto armado y continúa siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto: “Las mujeres son objetivo de los grupos armados por diversas razones: por transgredir roles de género o desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, o por ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo; así no sean las directas implicadas dentro de un enfrentamiento este tipo de tácticas han sido utilizadas durante centurias, en diferentes guerras, conflictos y lugares del mundo”, dice un reporte de AI.

Como señala AI, las mujeres no sólo son victimizadas con la agresión sexual sino que además si se animan a denunciarlo sufren burlas y ataques de las autoridades que con frecuencia las culpabilizan a ellas de la violación.

Algunas mujeres víctimas que son acompañadas por organizaciones, cuentan sus testimonios, pero temen hacer la denuncia porque consideran que no hay ningún beneficio al revelar una violación por hombres armados, y que por el contrario, les generaría problemas de seguridad, rechazo de sus familiares y cónyuge al conocer la verdad.

“La dificultad de trabajar en estrategias y soluciones postconflicto en un país donde la confrontación armada continúa, frustra muchas veces la intención de denunciar y decir la verdad, pues las represalias, amenazas y desplazamientos continúan”, explica la subdirectora de Sisma Mujer, Claudia Ramírez, en el cuarto informe de la Red Nacional de Mujeres.

Además de la situación de conflicto, la falta de prevención y atención de esta problemática dentro de proyectos, leyes, estatutos hace que el problema ya sea una constante en el devenir “regular” de la guerra; el mismo Estado lo tipifica dentro de las formas de reparación que ofrece a las víctimas.

La abogada de la IMP, Jeimi Martínez, dice que para lograr que los desmovilizados hablen sobre los delitos de violencia sexual y de género, es necesario que en las versiones libres se interrogue a los paramilitares sobre estos delitos, además de la necesaria colaboración de los y las fiscales.

Para ello, dice, es necesario que se contemple en las investigaciones“tener en cuenta el Estatuto de Roma para otorgar la responsabilidad del abuso por cadena de mando cuando no haya existido control sobre el grupo o tropa implicada”.

El uso sistemático de la violación, la esclavización y otras formas de agresión sexual contra las mujeres como método de guerra en el conflicto armado es un fenómeno que hasta ahora comienza a develarse. Lograr que los fiscales pregunten por este en las audiencias de Justicia y Paz sería un gran avance, pero más lo sería que la sociedad empezara a solidarizarse con estas víctimas, que a diferencia de las otras, ni siquiera han podido empezar a contar su historia.