Riosucio intenta sanar heridas viejas bajo nuevos fuegos

Con el conflicto armado encima aun y sufriendo los efectos nocivos de la fumigación, la minería y la extracción ilegal de madera, la comunidad de este municipio chocoano exige que le reparen los daños sufridos desde hace casi dos décadas, y le respeten el derecho que tiene sobre sus territorios colectivos.

Han pasado cuatro meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenara al Estado colombiano por no haber evitado que las comunidades afrodescendientes de la región del río Cacarica en Riosucio, en Chocó, fueran desplazadas y despojadas en 1997. (Lea: Estado no protegió comunidades durante Operación Génesis). Y sin embargo hoy, 17 años después, las gentes de esos pueblos siguen viviendo con miedo, en medio del fuego cruzado, esta vez entre guerrillas y Ejército, y empresarios inescrupulosos les siguen robando la madera de sus territorios.

Según la sentencia de la Corte, el Estado tiene hasta diciembre de este 2014 para restituir los derechos territoriales de los Consejos Comunitarios Afrodescendientes y reparar a las víctimas que dejó la Operación Génesis. Esta fue una ofensiva militar terrestre y aéreo realizada por tropas especiales de la Brigada 17 del Ejército bajo el mando del entonces general Rito Alejo Del Río, hoy retirado y pagando una condena de 25 años por su complicidad con los paramilitares. (Lea: El contubernio entre Rito Alejo del Río y los paramilitares).

En esta operación, hoy ya estableció la justicia que también participaron miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), lo que ocasionó un gran desplazamiento de las comunidades de la región del Cacarica.

No le está quedando fácil a Colombia cumplir con esta orden judicial porque en el Cacarica sigue viva la violencia. El último 9 abril, cuando se conmemoraba el Día Nacional de la Memoria la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, fue asesinado en Turbo, Antioquia, Jesús Adán Quinto, desplazado de la comunidad de Cacarica y líder de un sector del campesinado afro de la región. En enero anterior, otro líder de la zona, Marco Velásquez, recibió amenazas.

La advertencia sobre lo que ocurre en el bajo Atrato la hizo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental estadounidense que le hace seguimiento al conflicto armado en algunas regiones del país, en uno de sus últimos reportes tras visitar Chocó. 

Wola considera que la sentencia de la Corte a favor de las víctimas de la Operación Génesis representó un avance en el reconocimiento de sus derechos. No obstante, dijo Gimena Sánchez, coordinadora del Programa Andino de esta organización, “seguimos muy preocupados por la seguridad de los miembros de las comunidades de Cacarica”.

Marino Córdoba, líder de Riosucio desplazado en 1996 por la violencia y quien estuvo asilado por amenazas contra su vida durante diez años, cuenta que la situación actual no dista mucho de la de los tiempos de los paramilitares: “Lo que está pasando no solo se puede ver como consecuencia del conflicto armado”, dijo. “Lo es también por el interés que hay en las tierras, por la explotación de los recursos naturales. Ha habido una aprovechamiento irracional de nuestras riquezas”.

La vieja codicia por la tierra
Al comenzar los años noventa había 23 comunidades afro asentadas en la cuenca del río Cacarica que se dedicaban al cultivo de maíz y plátano. Después llegaron empresas diversas a explotar la madera. Con el transporte de los troncos por los ríos Salaquí, La Larga y Cacarica, los afluentes se fueron taponando y con su desvío, varias de las comunidades no solo se quedaron sin el acceso al agua sino que perdieron las dos cosechas.

Como les ocurrió a otras comunidades como, por ejemplo a los indígenas de la región del Alto Andagueda (Lea: El oro, la maldición del territorio Emberá en el Chocó), los afros del Cacarica sabían que la mejor forma para blindarse era solicitar al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) el título colectivo de su territorio, según se los permitía la Ley 70 de 1993.

Según el registro del Ministerio del Interior, el gobierno ha reconocido 47 consejos comunitarios en Riosucio, pero solo once tienen títulos colectivos. El 13 de diciembre de 1996 el Incora adjudicó los títulos a cuatro consejos comunitarios del municipio: Cuenca del Río Domindogó, Cuenca del Río Taparal, en el corregimiento que lleva ese mismo nombre, Cuenca del Río Chintadó y Cuenca del Río Truandó, en el corregimiento de La Nueva. Era el resultado de su empeño y estaban satisfechos.

Pero no alcanzaron a celebrar mucho; el 20 de diciembre, 150 paramilitares llegaron por el río Atrato en cuatro lanchas rápidas al pueblo. Con listas en mano, secuestraron a Edison Rivas Cuesta, José Lisneo Asprilla Murillo, Benjamín Arboleda Chaverra, quien era el alcalde; a Robinson Martínez Moya y a Francisco Armando Martínez, según ha documentado la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. A excepción Martínez, todos fueron asesinados.

La justicia también ha determinado que las autodefensas contaron con la complicidad del comando de policía de Chocó y el puesto de policía de Riosucio para poder hacer este ataque sin obstáculos.

Un habitante de la región que tuvo que desplazarse entonces con su familia por miedo a que les sucediera algo fue Mario Córdoba. “Desde hacía varios años preveíamos un desplazamiento que iba a ser generado de pronto por las empresas, porque acá además siempre han querido construir el canal interoceánico”, dijo Córdoba a VerdadAbierta.com. “Nunca nos imaginamos que ese desplazamiento fuera realizado por los paramilitares y el Ejército”.

Aunque la violencia paramilitar ya se había sentido en el Urabá desde 1994, en febrero de 1997 integrantes de la Fuerza Área, la Brigada 17 y paramilitares de las Accu arremetieron contra las comunidades de Caño Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca del río Salaquí y forzaron el desplazamiento de entre cuatro y cinco mil personas de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí. Este grupo de las Accu, más tarde se conoció como el Bloque Elmer Cárdenas.

En desarrollo de esa operación, fue asesinado Marino López, de la comunidad de Bijao, en la cuenca del río Cacarica, cuyo cuerpo fue desmembrado por los paramilitares. El general (r) Del Río Por también fue condenado por este crimen (Lea El crimen que envió a la cárcel al 'Pacificador del Urabá').

La Defensoría del Pueblo documentó que los campesinos se desplazaron hacia el corregimiento de Bocas del Atrato en Turbo, al corregimiento de Pavarandó, en Mutatá (Antioquia), a distintos municipios del Valle del Cauca y la Costa Caribe, incluso, algunos se asentaron en la frontera con Panamá.

Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Carmen del Darién, municipio vecino a Riosucio, se desplazaron y abandonaron sus tierras a finales de la década de 1990 por miedo a ser asesinados. Con los campos vacíos, varios empresarios (algunos asociados a los propios paramilitares) aprovecharon para englobar ilegalmente terrenos destinados para reforma agraria y desarrollar allí cultivos de palma africana de grandes extensiones. En 2011, la Superintendencia de Notariado y Registro advirtió que personas ajenas a la región y a los territorios colectivos explotaban 17 mil hectáreas después de haber ‘firmado’ contratos con campesinos fallecidos, falsificado documentos u obligado a los parceleros a vender. (Ver “Palmicultores se asociaron para delinquir”)

En Riosucio, el problema no fue con palmeros sino con las empresas madereras. Córdoba recuerda que la comunidad venían ganándoles el pulso cuando el 26 de abril de 1999 el antiguo Incora le entregó al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica el título colectivo de sus tierras. Pero la violencia arreció y la situación fue aprovechada por las empresas. En la actualidad, los afros sienten indignación porque éstas siguen explotando madera en sus territorios, sin prestarle atención al hecho de que la Ley 70 prohíbe cualquier explotación de los territorios colectivos, sin permiso de sus dueños, las juntas de los Consejos Comunitarios. En la región hay cuatro Consejos Comunitarios con títulos y los territorios de sus pobladores, como víctimas que fueron, merecen protección prioritaria.

Tampoco se fueron de Riosucio los actores armados. Muchos jóvenes que fueron integrantes del Bloque Élmer Cárdenas han seguido delinquiendo como criminales comunes o se unieron a la banda ‘los Urabeños’. También las Farc siguen intentando controlar el territorio con su frente 57 y el Ejército las está combatiendo fuertemente. Con frecuencia, la comunidad cercada por todos los lados, es tildada por el Ejército o por los otros actores armados de pertenecer o auxiliar a la filas enemigas.

El desplazamiento de los años 90 dejó a una comunidad fracturada. Una parte se organizó para reclamar justicia y verdad. Otros han tomado el riesgo de regresar al territorio por cuenta propia e intentan sobrevivir en medio del agudo conflicto.

En la actualidad, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras documenta en Riosucio los casos de los Consejos Comunitarios de Pedeguita Mancilla y La Larga Tumaradó, donde pese a ser reconocidos por el Ministerio del Interior y tener títulos colectivos de sus tierras, las comunidades solicitan la restitución de sus derechos territoriales. Al igual que en Cacarica, las empresas madereras explotan tierras de las dos comunidades afro.

La réplica
El caso de Riosucio refleja una tragedia que se extiende a otras zonas del departamento. Según el informe de Wola, el 30 de diciembre de 2013 el Frente 34 de las Farc detonó un explosivo en un barco del muelle de la comunidad de Tagachi, en el Medio Atrato, donde murieron dos miembros de la fuerza pública.

Al comenzar este 2014, el grupo guerrillero volvió al pueblo y después de reunir a los habitantes los amenazaron con volarlo todo si permitían el ingreso del Ejército al territorio. “La comunidad vive con la angustia de que vengan los soldados y que esto pueda terminar en represalias contra ellos. Esta situación parece ser común en varios pueblos del Atrato”, señala el informe.

La militarización es un tema que preocupa a las comunidades. Según el documento de las ong, Colombia está implementando en diferentes regiones del país la estrategia Espada de Honor, que busca confrontar y derrotar militarmente a las Farc. En el caso del Chocó, ésta ha sido llamada Fuerza Conjunta Titán y ha destinado 2 mil 500 nuevos uniformados para el departamento.

El aumento de soldados y de policías en el territorio ha generado varios problemas. Se han establecido nuevas bases o estaciones demasiado cerca de iglesias, colegios y centros comunitarios, poniendo así en riesgo a la población civil. La presión de lealtad absoluta de guerrilla y de fuerza pública sobre la población civil se ha intensificado, aumentando así la zozobra y el miedo de ser tildado como auxiliador de uno u de otro. El aumento de la tropa también ha incidido en el aumento del embarazo adolescente.

Otro de los problemas que advierte Wola a partir de una visita a terreno a varias comunidades de las cuencas de los río Atrato, San Juan y Condoto, son las minas antipersona que impiden que las comunidades cultiven con tranquilidad sus tierras. También está afectando la supervivencia de los habitantes, las fumigaciones para la erradicación de cultivos ilícitos. “Chocó es ahora el segundo departamento donde más se fumiga. El daño a la seguridad alimentaria, medio ambiente y salud de las comunidades es problemático”, indica el documento.

La minería ilegal y sin controles está así mismo teniendo efectos nocivos sobre el diverso ecosistema chocoano y sobre la salud de la población por la contaminación y desvío de curso de los ríos. Wola advierte que en la zona visitada hay por lo menos unas 80 minas explotadas por 153 máquinas de extracción, donde “la minería es principalmente ilegal y tiene nexos con todos los grupos armados… El gobierno solo está interviniendo en la formalización de títulos mineros pero no está asegurando que se practique de forma sostenible”.

Wola asegura que entre 1997 y 2013 el 40 por ciento de la población chocoana, 140 mil personas, fue expulsada de su tierra. Al drama se le suman 2 mil 500 amenazas de muerte contra los habitantes y 777 desaparecidos. En 2013 fueron registrados diez desplazamientos masivos y 32 combates. “Los retornos que se han dado son sin ayuda, sin condiciones óptimas de seguridad y sin asistencia integral para que sean duraderos. Los líderes siguen bajo la amenaza de los grupos”, sostiene el informe.

Con este panorama, las comunidades le piden al gobierno girar los ojos hacia el Chocó para recuperar sus tierras y tener la tranquilidad de vivir a ellas. Lo que ha ocurrido durante las últimas dos décadas es un eterno retorno sin garantías.