El juez que resistió en Mapiripán

Desde el 15 de julio de 1997, cuando los hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia  llegaron a Mapiripán, Meta, provenientes del Urabá antioqueño, el juez municipal Leonardo Iván Cortés Novoa empezó a escribir en su vieja máquina informes sobre la tragedia que se desenvolvía en su pueblo.

 


- Las injusticas de Mapiripán

Día a día escribió lo que acontecía: “Cada anochecer asesinan a grupos de cinco o seis personas indefensas, quienes son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes, clamando piedad y pidiendo auxilio”. Contó que él  mismo veía desde su ventana cómo cada noche empezaban su ritual de muerte a las 7 de la noche, llevando mapiripenses, de a dos en dos,  amordazados y con las manos atadas, a sacrificarlos como ganado al matadero municipal, a dos cuadras de su casa.

Le envió sus angustiadas crónicas de esos días de muerte a su superior Fausto Rubén Díaz, presidente del Tribunal Superior de Villavicencio y a la Cruz Roja, desesperado porque hicieran algo para detener la masacre. También llamó al Mayor Hernán Orozco del Batallón Joaquín Paris de San José del Guaviare a pedirle a auxilio, pero no tuvo respuesta.  

Quienes conocían a Cortés, un abogado de 33 años nacido en Villavicencio un 16 de septiembre,  decían que era tenía un gran sentido humanista. Quizás por eso se la jugó en esos días pidiendo auxilio y, dejó testimonio escrito de lo que vivió.

Inicia la pesadilla

Dos meses antes de la masacre, en mayo de 1997, la guerrilla había reunido a la población mapiripense para alertarla de la masacre. En esas reuniones, infiltrados de los paras añadieron nuevos nombres a su lista negra de supuestos colaboradores de las Farc en esa población que después llegarían a asesinar, entre los que estaba el juez Cortés.

Cuando ocurrió lo de Mapiripán, Cortés llevaba cinco años como juez y ocho en el municipio del Meta. Y desde 1996, cuando fue  defensor de los derechos de los campesinos de la zona en las marchas cocaleras había sido incluido en esa lista negra. Antes,  se había desempeñado como juez en Carurú, Vaupés y Santa Rita, Vichada. Luego fue juez municipal en provisionalidad de Mapiripán, de donde ya había huido para Villavicencio por amenazas de muerte. Luego en trabajó en El Cairo, Valle, donde fue víctima de un atentado contra su vida.

El día 15 de julio de 1997 cuando aterrizaron los aviones de paramilitares a Mapiripán, dos de ellos se acercaron a la casa del juez, se identificaron como miembros de las Accu, golpearon a la puerta con autoridad y le exigieron que les entregara las llaves del juzgado para, según ellos, incomunicar al pueblo.

Cuando el juez se dio cuenta que las autodefensas tenían detenidas a unas personas, intentó hacer resistencia civil ante la ofensiva armada que se les venía encima y conversó con el profesor, el Alcalde, el sacerdote y el inspector pero no le hicieron caso. También visitó a los primeros retenidos, entre ellos a Antonio María Herrera cuyo apodo era ‘Catumare’, uno de los fundadores de Mapiripán.

“Cortés era un juez que se metía con la población, que conocía la historia de cada persona del municipio y creaba vínculos con todos”, dice Blanca Anaya, directora de la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol). Además señala que conocía muy bien a los grupos armados que operaban en la región y sus motivaciones y formas de actuar.

La altivez de Cortés se tornó incómoda para los victimarios. “Es curioso que el Alcalde y el Personero milagrosamente nunca están cuando suceden estos hechos y al cura y al inspector les da miedo hablar en favor del prójimo”, dijo luego el valeroso juez a la prensa.

También buscó la manera de dialogar con los paras. Frentero, les argumentó que no creía en la pena de muerte y consiguió que soltaran a tres retenidos. Animado, pensó que quizás podría hacer más. Entró a su despacho con una copia de la llave que guardaba y se puso a escribir sus informes de lo que acontecía y empezó a hacer llamadas. Llamó a la Cruz Roja y al Batallón Joaquín Paris del Ejército en la lejana  San José del Guaviare. Envió además un informe por fax a diferentes estamentos del Estado y también a la Cruz Roja.

Al Mayor Orozco del Batallón le hizo cerca de ocho llamadas, pero éste le dijo que no contaba con helicópteros y apoyo logístico y humano para ir a Mapiripán. En una de esas llamadas para pedir ayuda al Ejército, Cortés impresionado le contó a Orozco que al querido y respetado ‘Catumare’ lo habían colgado de un gancho para carne de ganado y lo habían despresado. Nada sucedió. Sin embargo, en la última llamada realizada al Batallón Joaquín Paris, la respuesta fue que dejara de preocuparse, que a él nada le iba a pasar. “Hay 150 hombres de las AUC y muchos detenidos del pueblo… yo les informaba, pero no hicieron nada”, reveló después Cortés a la prensa.

Sin salida

El 20 de julio, ya eran 26 los asesinados, y aunque Cortés pudo huir, decidió que no podía dejar botado el pueblo. “Me quedaba muy mal como juez”, explicó Cortés.  

El Inspector fue a su casa y le dijo: “Se salvó de que lo mataran por denunciar lo que aquí pasaba. Ahora ¡váyase!”. Ya parecía que no quedaban paramilitares en el pueblo, sin embargo, algunos se habían demorado, camuflados entre la población, vestidos de civil.

Con su esposa y cuatro hijos de 4, 7, 9 y 14 años, con quienes Cortés había sido amoroso, se fue a la pista de aterrizaje del pueblo y le pidió a una piloto de la aerolínea Tame que lo sacara de allí, que lo iban a matar.

Desde el día que salió del pueblo lo comenzaron a amenazar. Le decían por teléfono, donde quiera que estuviese escondido, que de esa no se salvaba. A pesar de ello, regresó tres meses después de la masacre a su Mapiripán, y fue otra vez más porque como él mismo lo decía debía “ponerse al día en el trabajo porque no podía dejar al pueblo solo”.

Para desmentir a miembros del Ejército que había informado que en Mapiripán no había pasado nada, el juez recogió material bélico detonado y lo anexó a un oficio dirigido al alcalde Jaime Calderón Moreno.

Familiares y amigos de la familia Cortés los hospedaron en sus casas y fincas. Días después salieron al exilio con lo que tenían puesto a un país europeo le abrió las puertas.  Rompió de un tajo con todo, los amigos, la familia. Abandonó su carrera de juez.

En sus 10 años de exilio en Europa, Cortés ha limpiado ascensores, cortado pasto con podadora de mano y eléctrica y realizado todo tipo de oficios para subsistir. En el país que lo acoge hay más trabajo de servicio para las mujeres con perfil de inmigrantes que para los hombres.
Espera que su sacrificio valga la pena y algún día haya justicia para Mapiripán.