Víctimas aprenden a perdonar trabajando con desmovilizados

En el Bajo Cauca antioqueño, desmovilizados de los bloques Mineros y Central Bolívar de las Auc y sus víctimas trabajan juntos en un proyecto que puede ser modelo de reconciliación y perdón. 

Varios reinsertados de las Auc han participado en actividades con familiares de sus víctimas. Foto VerdadAbierta.com

“Ya estoy aprendiendo a perdonar”, reconoce María Elpidia Jaramillo, una de las tantas viudas que dejó el accionar paramilitar en el Bajo Cauca antioqueño y que hizo parte del proyecto Fortaleciendo una Esperanza, una iniciativa de la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia que se desarrolló entre los meses de agosto y diciembre de este año.

Mujeres como ella participaron en diversas actividades junto a reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes estuvieron acompañados durante esos meses por un grupo de profesionales de la Fundación Oleoductos de Colombia. Este proyecto promueve que las víctimas, victimarios e institucionalidad pública y privada convivan con el fin de abrirle espacio a la reconciliación entre unos y otros.

A María Elpidia paramilitares del Bloque Mineros de las Auc le retuvieron su esposo el 2 de junio de 2000 en su casa del corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá. Se lo llevaron sin mayores explicaciones y lo desaparecieron. “Todavía no he podido enfrentar esa pérdida, aún tengo el recuerdo de él y lo sigo buscando”, dice la señora y reconoce que por varios años se encerró por miedo. “Pero estas capacitaciones me han ayudado mucho y ahora comparto más con la gente, incluso con ellos (los desmovilizados). Creo que ya estoy aprendiendo a perdonar”.

Dora Oquendo también es otra víctima de grupos paramilitares. Hace 14 años le retuvieron a su esposo en las afueras del municipio de Tarazá y hasta el momento no sabe nada de él. “Me tocó hacer de papá y mamá de dos hijos”, dice. Ese hecho la llevó a discriminar a los desmovilizados de las Auc que viven en su localidad, pero al involucrarse en el proyecto su visión cambió.

“Este tipo de encuentros me ayudó a enfrentar la situación, a entender que hay que dejar atrás el odio. No fue fácil. Al principio no quería integrarme, me hacía al lado de las personas que han sufrido el mismo dolor que yo he sentido, pero esta capacitación me integró y ahora manejo una buena relación con ellos”, narra la mujer.

Francisco Mendoza, representante de la etnia Zenú asentada en El Bagre, destaca el mensaje que divulgó esta iniciativa gubernamental: “Nosotros somos 1.500 indígenas reunidos en 11 comunidades y hemos sufrido mucho con los actores armados ilegales. Por eso me gustó mucho este trabajo, porque se promovió el respeto y la tolerancia entre los ciudadanos”.

Jorge Ignacio Castaño, Asesor de Paz de la Gobernación de Antioquia, tiene claro que los procesos de reinserción son complejos, entre otras razones porque no hay confianza entre los reinsertados y las comunidades que los reciben. “Nos preocupan esas comunidades receptoras, así como la institucionalidad pública y privada, que es necesario fortalecer en las distintas regiones del departamento”, dice el funcionario, de ahí que el proyecto Fortaleciendo una Esperanza procurara restaurar la confianza entre unos y otros.

La fase de formación de este proyecto finalizó el 18 de diciembre e involucró a 360 personas de los municipios de Caucasia, Tarazá, Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza, entre líderes comunitarios, funcionarios de las alcaldías y reinsertados de las Auc beneficiarios de los distintos programas de la Alta Consejería para la Reintegración. Ahora lo que viene es una segunda fase, o de proyectos ciudadanos, que pretende consolidarse en el primer semestre del 2010 y para lo cual habrá una inversión cercana a los 480 millones de pesos que serán distribuidos de manera equitativa entre los 6 municipios del Bajo Cauca.

Iniciativas como Fortaleciendo una Esperanza, también se viene adelantando en cinco municipios del Urabá antioqueño y para ambos programas la Administración departamental cuenta con 2.200 millones de pesos, de los cuales 400 millones son aportados por la Gobernación de Antioquia y 1.800 millones provienen de fondos de la Unión Europea.

Si bien como lo dice William Cuevas, un desmovilizado del M-19  que trabaja con la Alcaldía de Caucasia en programas de desarrollo social y quien participó del proceso, “quien está aquí, pase lo que pase, a la guerra no vuelve”, el asunto no es tan claro, pues este tipo de intervenciones de mediano plazo tienden a quedarse cortos. Así lo plantea, por ejemplo, el alcalde de Tarazá, Carlos Mario Cuartas: “el problema con todos estos programas es que casi todos se quedan estancados, entonces mientras no se establezca quién los monitoree se pierden”.

Esa preocupación también la expresa Eyesid Angarita, un reinsertado del bloque Central Bolívar que se integró a la iniciativa departamental: “hay mucha expectativa y ganas de salir adelante. La gente no quiere volver al pasado, sino seguir adelante, pero que nos cumplan las promesas de los proyectos productivos”.

Este ex combatiente, que estuvo en varias regiones del país integrando fuerzas paramilitares, asegura que no sólo se requieren foros, reuniones, charlas y capacitaciones para reinsertarse a la sociedad. “Uno también se cansa de eso”, dice. No obstante, admite que está en un proceso y las cosas no se dan de la noche a la mañana. “Pero así como se trabaja para crear confianza con la sociedad, también es importante que se concrete el trabajo productivo. Esa es nuestra más urgente necesidad”, insiste.

Y es que la vida no es nada fácil para los reinsertados que viven en el Bajo Cauca antioqueño, pues es una de las subregiones más convulsionadas del departamento: allí convergen varias organizaciones armadas ilegales de origen paramilitar que chocan entre sí, algunos frentes de la guerrilla de las Farc, un distrito especial de Policía con más de 800 hombres y extensos cultivos de hoja de coca.

Así que mientras las ofertas laborales se van gestando poco a poco, la Asesoría de Paz de Antioquia continuará promoviendo escenarios de encuentro entre víctimas, victimarios e instituciones públicas y privadas con el fin de abrirle espacios a la confianza y a la reconciliación, aspectos necesarios no sólo para superar las diferencias entre unas comunidades que sufrieron el rigor de la guerra y aquellos que propiciaron los actos de crueldad, sino para evitar que los ex combatientes regresen a la vida armada. La tarea no es fácil, pero en la Gobernación de Antioquia quieren persistir.