El paso de las víctimas del terrorismo por Medellin

Medellín acogió a más de 1.200 invitados que se reunieron en el marco del V Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo. Verdad Abierta estuvo allí y recogió las principales conclusiones del encuentro.

Inauguración del V Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo. Foto: Presidencia de la República.


- "El mal absoluto no puede ser reparado": Yolande Mukagasana (Semana, 31/05/09)
-En junio comienza reparación administrativa a Víctimas (28/05/09)



- Decreto 1290 de 2008 que reglamenta la reparación por vía administrativa.
- Estadisticas de solicitudes de reparación administrativa (Accion Social, enero 2009)
 

Fundación Ideas para la Paz

Como una iniciativa que busca visibilizar la voz y sus historias, la Fundación Víctimas Visibles realizó un encuentro en donde víctimas de Colombia, México, Chile, Argentina, España, Estados Unidos, Irlanda del Norte, y Ruanda contaron e intercambiaron sus experiencias.

El encuentro se inauguró el viernes 29 de mayo con la presencia de los príncipes de Asturias, el presidente Álvaro Uribe y autoridades de Medellín y Antioquia. María Cecilia Mosquera, una de las víctimas de Machuca, fue la primera en tomar la palabra. En su intervención recordó detalles de la tragedia causada por el ELN en 1998, y mencionó la indiferencia y las deudas del Estado, luego de 11 años de haberse producido la voladura del oleoducto que mató a 84 personas.

La sesión inaugural prosiguió con la intervención Carmenza Orozco, una víctima atendida por el Programa de Víctimas del Conflicto Armado de la alcaldía de Medellín, y con el testimonio del teniente Raimundo Malagón quien estuvo secuestrado por las FARC.

El primer día concluyó con un panel de nueve víctimas del grupo separatista ETA y del 11-M, una presentación de Yolande Mukagasana sobreviviente del genocidio de Ruanda, y con la intervención de José Manuel Rodríguez, Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior del Gobierno de España.

El sábado 30 el turno fue para las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, las víctimas del secuestro en México y la experiencia colombiana en esta materia. El Congreso terminó con una mesa sobre medios de comunicación y memoria histórica, y con la clausura a cargo de los presidentes de México y Colombia.

Las lecciones del encuentro

Las diferentes intervenciones evidenciaron que el tema de la reparación sigue siendo una preocupación central para las víctimas. En contextos como el español o el mexicano, esta se traduce en garantías para obtener justicia en el caso de los atentados, los homicidios y los secuestros perpetrados. Por su parte algunas víctimas colombianas insistieron en la ausencia de una verdadera Ley de Víctimas que haga realidad sus derechos.

Un asunto de interés fue la notable dificultad con la que las víctimas de todos estos continentes intentaron abordar el tema de la reconciliación. La mayoría de intervenciones muestran que la búsqueda de esta sigue siendo una odisea. A excepción los testimonios presentados por los ex secuestrados Sigifredo López y Alan Jara quienes invitaron a trabajar por la reconciliación, en su mayoría las víctimas se mostraron dudosas sobre cómo y cuándo alcanzarla.

Si bien el congreso llevaba por nombre el de “Víctimas del Terrorismo”, los diferentes testimonios mostraron una marcada insistencia en asociar el uso del término ‘terrorismo’ con cualquier tipo de violencia, lo que le daba poca cabida a la violencia ejercida por actores estatales. Tan solo dos testimonios de colombianas madres de desaparecidos mostraron este otro universo de víctimas.

El encuentro también puso de manifiesto la propuesta de las víctimas para que el ‘terrorismo’ sea reconocido como delito de lesa humanidad y de esta manera lograr que los procesos judiciales no prescriban y sus autores puedan ser perseguidos por tribunales internacionales.

Finalmente, el congreso sirvió para mostrar las difíciles situaciones que están viviendo los mexicanos en materia de secuestros, en donde el año pasado 1.028 casos fueron reportados.

Prueba de la desesperación de las víctimas ante la ineficacia policial, fue el testimonio de Isabel Miranda de Wallace cuyo hijo Hugo fue secuestrado y asesinado en el año 2005 en la capital mexicana. Ella, por sus propios medios y con el apoyo de la Procuraduría, se dio a la tarea de investigar y capturar a la mayoría de los secuestradores, utilizando para ello vallas públicas con fotos de los mismos y recompensas económicas. Un camino que en parte Colombia ya recorrió y supo entender de los riesgos que se genera el hacer justicia por propia cuenta.

Colombia y los intentos de reparar a las victimas de la violencia

En Colombia, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), se han otorgado más de 300 millones de dólares a más de 39 mil familias de colombianos que, desde 1996, han sido asesinados por grupos armados ilegales o como consecuencia de actos terroristas.

Según fuentes oficiales, para antes de julio, el Gobierno Nacional habrá concedido reparaciones administrativas a víctimas que son definidas como prioridad por el Comité de Reparaciones Administrativas: víctimas de minas antipersona, menores reclutados forzosamente por grupos ilegales, y en orden cronológico, las solicitudes de reparación por hechos confesados ante Unidades de Justicia y Paz de la Fiscalía, así como familiares de víctimas que fueron encontradas en fosas comunes.

Antes de finalizar el 2009, el Gobierno Nacional espera que sean reparadas administrativamente más de 10 mil familias a través de un presupuesto estimado en 200 mil millones de pesos.

Por otro lado, hasta la fecha 204.671 víctimas han sido registradas por la Fiscalía en el marco de la Ley de Justicia y Paz. En 255 municipios se han atendido a más de 50 mil víctimas, relacionando a un total de 31.867 víctimas con hechos enunciados ante los fiscales de Justicia y Paz. Aunque en las audiencias de versión libre han participado cerca de 26 mil víctimas, las posibilidades para una pronta reparación administrativa de estas personas se definirán conforme a la celeridad con que se evacue, vía sentencia, cada uno de los procesos amparados bajo la Ley de Justicia y Paz.

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