Cuando los niños salen del conflicto

El ICBF procura que menores de edad que se desvinculan de los grupos armados ilegales tengan un hogar, pero algunas experiencias muestran que no todo es color de rosa.

Los rostros de los menores de edad se distorsionan para preservar su identidad. Foto: archivo Semana.

“Los menores de edad que entran a la guerra pierden la infancia”, asegura Ángela Rosales, directora para Colombia de la organización internacional Aldeas Infantiles SOS. Recuperarlos y devolverles la condición de infantes es uno de los mayores retos que tienen diversas instituciones en el país, pero el camino no ha sido fácil.

Uno de los mayores problemas se centra en las familias de los menores, muchos de los cuales padecieron actos de violencia intrafamiliar, fueron echados de sus casas y los rechazaron cuando decidieron dejar las armas y tratar de rehacer sus vidas.

Ana María Fergusson, directora de protección del ICBF, explica que el propósito principal es que estos niños y niñas vuelvan con sus familias. Los obstáculos surgen cuando hubo inconvenientes en el hogar. Y estos casos no son pocos.

Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo y Unicef, el 83% de los menores de edad que estuvieron por varios años en grupos armados ilegales fueron víctimas de violencia intrafamiliar y el 36% ha presentado situaciones de abandono, negligencia, maltrato físico o psicológico, tal como lo documentó un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional.

Entonces, ¿cómo enviarlos de nuevo a esas casas? Fergusson explica que si no pueden volver a la familia núcleo de papá y mamá, buscan a la familia extensa de abuelos y tíos. “Si no encuentran a nadie, entonces pasarían a situación de adoptabilidad, pero esto no ha sucedido nunca en el programa”, apunta.

Además, la funcionaria sostiene que el ICBF acompaña todo el proceso, desde una atención individual a los familiares y al menor de edad hasta buscar una mejoría en las condiciones económicas de ese hogar, con el apoyo de otras instituciones estatales como la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) y la Defensoría del Pueblo, entre otras.

La discusión de cómo restablecer los derechos de los niños del conflicto empezó en 1996, cuando la Defensoría del Pueblo evidenció por primera vez que los menores de edad estaban dentro de las filas de grupos armados ilegales. Tres años después, el ICBF creó un programa dedicado únicamente a atender a los adolescentes que dejaran las armas. Desde ese momento, y hasta enero de 2015, han recibido a 5.708 menores de edad, lo que corresponde a un 17% del total de niños y adultos desmovilizados.

Poco se sabe hoy de cuántos menores de edad están en la guerra. Recientemente la guerrilla de las Farc aseveró desde La Habana que solo tienen 13 menores de 15 años en sus filas, pero el ICBF se está preparando para recibir a más de 2.000. (Lea: ¿Cuántos niños hay en la guerra?).

En el pasado, cuando se desmovilizaron de manera colectiva los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), tampoco se tuvieron datos concretos. Varios exjefes de estas estructuras armadas ilegales declararon ante las autoridades que no incluyeron en la desmovilización a cientos de niños combatientes por recomendación del entonces Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo. El Centro de Memoria Histórica rastreó que sólo se desmovilizaron el 10% de los menores de edad y los otros volvieron a sus casas.

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Casos de la vida
A pesar de todas las medidas que se toman, el riesgo de que se repitan las situaciones de violencia dentro de la familia continúa. Así lo expresa Rosales, de Aldeas SOS, quien aclara que si el contexto familiar no es el adecuado, “el menor de edad vuelve a estar expuesto”.

La historia que Lucero* le contó a VerdadAbierta.com retrata esa vulnerabilidad. Ella tiene actualmente tiene 25 años, pero ingresó a las filas de las Farc a los 11, cuando sus familiares la entregaron a esa guerrilla como pago de una deuda.

“Vivíamos en Cundinamarca, pero luego de que los paramilitares nos amenazaron, nos fuimos a Boyacá. Allá estaban los frentes 28 y 45 de las Farc. Mi tío político necesitaba plata para volver a empezar porque sólo teníamos lo que llevábamos puesto. La solución fue buscar a la guerrilla”, recuerda la joven, quien precisa que eso ocurrió en 1999.

El préstamo fue por 10 millones de pesos, pero no pudieron pagarlo. En contraprestación, las Farc decidieron llevarse a la sobrina, de 10 años, hasta que su tía y el esposo consiguieran el dinero. La mamá de la menor de edad no sabía nada de la situación de Lucero, pues la había regalado siendo una niña, y el papá no la conoció.

“Pasé un año completo encerrada en una casa civil en Paz de Ariporo, Casanare. Esperaba que mi familia me rescatara, pero nunca llegó. Perdí el contacto con ellos. La guerrilla me dijo que me dejaron porque me odiaban. Al tiempo, entré al campamento madre y empecé el entrenamiento político - militar de las Farc”, relata la joven.

Cuatro años después de estar dentro de las filas guerrilleras, la adolescente de 15 años se escapó y se entregó al Ejército. Según la ruta oficial, cualquier entidad que reciba a un menor de edad desvinculado debe llevarlo al ICBF en menos de 36 horas y presentarlo ante el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), donde le dan un código que lo identifica como desmovilizado.

Esta joven pasó una semana en las instalaciones del Ejército. Allí ratificaron que sí estuvo en la guerrilla, le compraron ropa y en una ocasión la incitaron para que se bañara delante de 100 soldados. Posteriormente, la llevaron a Yopal, pero como no había cupos en el ICBF, la dejaron en una correccional para menores de edad. Todavía no tenía el CODA.

“Allá estuve un mes. Cuando los militares iban a buscarme, los policías que hacían guardia decían que yo estaba enferma o que no quería verlos. Los militares respondían que no podían dejarme ahí porque yo era menor de edad y la juez los podía regañar. Así fue hasta que ellos se metieron a la fuerza. Cuando me encontraron, no podía ni moverme por la paliza que unas ‘chinas’ me dieron al no darles ‘bareta’. Yo ni siquiera conocía la marihuana. Sólo la hoja de coca cuando la raspábamos en la guerrilla”, recuerda la joven.

De ahí, la llevaron al dispensario del Batallón de Yopal. Una juez atendió su caso y la remitieron al ICBF de Bogotá.

Una vez en la institución, todos los menores de edad desvinculados empiezan su proceso de reintegración en un Hogar Transitorio, una instalación del ICBF en la que identifican cómo está la salud física y mental de los jóvenes, dónde están sus familias, el grado de escolaridad, les consiguen tarjeta de identidad en caso de que no tengan. Allí están entre 30 y 60 días.

Luego, los jóvenes que no pueden volver con sus familias por condiciones de seguridad pasan a los Centros de Atención Especializada (CAE), para afiliarse a salud, educación y acercarse a los parientes. Allí pasan entre 8 y 12 meses.

“Estando en el CAE llamamos al número que me sabía de mi mamá. Respondió que no quería saber nada de mí y que si me había regalado era por algo”, afirma Lucero. En ese momento ya había cumplido los 16 años de edad. Intentaron con otro número fijo en Bogotá donde vivía la tía. Luego de unos encuentros familiares y varias charlas con psicólogos, el ICBF le dio la custodia.

La joven se dedicó a trabajar en municipios cercanos a Bogotá como recreadora deportiva, con el título del diplomado que cursó en Bienestar Familiar. A los pocos meses perdió el trabajo porque dejó de asistir, quedó en embarazo y la echaron de la casa. Los siguientes nueve meses los vivió en la calle, hasta que una de sus hermanas la encontró.

Tocaron las puertas del ICBF y “ellos no hicieron nada porque me dijeron que ya me habían entregado a mi familia. Pero mi tía no me recibía”, sostiene. Ingresó a los programas para desvinculados en la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, cuando ya era mayor de edad y tenía una cédula de ciudadanía. Al poco tiempo tuvo que viajar de nuevo a Casanare para reclamar el CODA y regresar a Bogotá.

Discusión institucional
Los rostros de los menores de edad se distorsionan para preservar su identidad. Foto: archivo Semana.

Si bien los programas de atención a desmovilizados se han planteado límites de tiempo, estos no son muy claros en los casos de los menores de edad. Fergusson asegura que el defensor de familia es quien determina cuándo una familia, con un adolescente desvinculado, puede seguir sin la ayuda del ICBF. En promedio, cada defensor tiene entre 80 y 100 casos asignados para hacerles seguimiento.

Rosales asegura que cuando cumplen 18 años, en la mayoría de los casos “tienen que mirar cómo se valen por sí mismos y llegan a la adultez sin una inducción de proyecto de vida”. Pero Fergusson refuta esa idea y asegura que el ICBF provee todo lo necesario para reintegrarlos a la sociedad y cuando cumplen 18 años algunos ingresan a los programas de la ACR.

Según datos estatales, el 53% de los desvinculados que fueron atendidos por el ICBF entre 1999 y febrero de 2015 pasó a la ACR; el 21% volvió con sus familias; y el 20% se retiró voluntariamente del programa.

Los números que analizó la Controlaría este año (ver documento) revelan que entre 2006 y 2014, el 31% de los menores de edad abandonó el programa del ICBF y de la mitad de ellos “no se tiene información alguna, lo cual sugiere una alta probabilidad de reincidencia en los grupos armados ilegales”. El informe concluye que este tipo de situaciones “impacta negativamente el cumplimiento del objetivo, como es el restablecimiento de los derechos”.

Si bien hay algunas diferencias de criterio entre los expertos, lo cierto es que todos coinciden en la importancia de la familia para contribuir a la reincorporación integral de niños, niñas y adolescentes. Su papel es vital para que todos ellos puedan recuperar sus vidas y crecer sin las tensiones que genera la guerra.