Violencia impide que estudiantes retornen a escuela Fe y Esperanza de Soacha

Por más de una década, los habitantes de este barrio al sur de Bogotá soportan el paso de grupos armados ilegales. Si bien aún quedan rezagos del desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y asesinatos selectivos, la institución educativa se niega a desaparecer.

Padres y madres de estudiantes de la escuela Fe y Esperanza requieren apoyo para continuar con el proceso educativo de sus hijos.A escasos minutos de la salida sur de Bogotá, rodeada de una zona montañosa de extracción de arena, se encuentra la entrada a El Progreso, barrio de construcción ilegal que desde la década del noventa ha padecido el trasegar de diferentes actores armados. La mayoría de su población está compuesta por desplazados de otras regiones del país, quienes han tenido que convivir con dos de los principales males que originaron su llegada a la zona: la violencia y el abandono estatal.

Por este sector de la comuna 4 de Soacha pasaron en la última década grupos armados conocidos como ‘Los Llaneros’ y las ‘Águilas Negras’, y desdepoco más de un año irrumpió la banda criminal conocida como las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, llamados también ‘Los Urabeños’ y ‘El Clan Úsuga’.

Para el año 2000 se registró en todo el país una oleada de desplazamientos del sector rural y de algunas cabeceras urbanas resultado del conflicto armado, que ocasionó el poblamiento de numerosos barrios periféricos de las principales ciudades capitales del país, así como de ciudades intermedias. El municipio de Soacha no fue la excepción. Allí llegaron personas provenientes de la Costa Atlántica, Tolima y Nariño.

“Acá la composición de la población es en su mayoría afrodescendiente que, huyendo de la guerra, lograron ubicarse en los barrios La Isla, El Progreso y Los Robles”, explicó Nidia Gómez*, habitante del sector.

Los primeros conflictos en estas comunidades se presentaron por la tenencia de la tierra y el control de los pequeños negocios. “Lo paradójico es que huyendo de la violencia, llegaron aquí a generar más violencia, no hubo organización ni distribución de la tierra, por el contrario, se presentaron disputas por la construcción y la extensión de las propiedades”, comenta Nidia.

Don Pedro*, uno de los pobladores del sector, recuerda que hasta finales de 2005 el barrio pasaba desapercibido: “a pesar de las condiciones deprimentes, como la higiene y la falta de acceso a los servicios básicos, la gente podía vivir medio normal, eso sí, no faltaba una que otro robo”.

A finales de ese año, el barrio sufrió la irrupción de las llamadas ‘Águilas Negras’ y con ellas la llegada de la violencia, el tráfico de armas y el microtráfico de sustancias ilícitas. El sector se convirtió en un punto clave para el desarrollo de las actividades ilegales de este grupo armado, que acompañado del deterioro social y la falta de oportunidades, provocó el aumento de acciones violentas.

La situación se  agravó el año pasado con la aparición de ‘Los Urabeños’, quienes llegaron a posicionarse en el barrio y a presionar a la comunidad, afectando seriamente el proyecto educativo que se estaba consolidando en la escuela Fe y Esperanza.

Los cimientos de la escuela
Huyendo de la violencia rural que se dio en el Tolima, Raúl Rodríguez*, líder comunitario de antaño, llegó junto con su esposa e hijos al barrio El Progreso a finales de 1997 con la idea de ayudar a la comunidad. Empezó a trabajar con las familias desplazadas como la suya, en especial con los niños que no tenían acceso a la educación, con el fin de generar conciencia sobre la importancia de estudiar y acceder al bachillerato.

Poco a poco Raúl se fue ganando el respeto de la comunidad, con lo cual pudo acceder a la junta de acción comunal, que presidió tiempo después. Estando allí, organizó diversos proyectos e impulsó un trabajo organizativo con las madres cabeza de familia.

“La llegada de Raúl significó para nosotros tener una voz que hablara de nuestras problemáticas con las autoridades pertinentes, como ocurrió cuando se decidió desarrollar el proyecto de la escuela o el trámite de legalización del barrio”, comenta Nidia.

Raúl recuerda que la escuela de pedagogía popular inició sin instalaciones y sin ayuda de alguna entidad: “Al principio, las condiciones no eran muy buenas para trabajar con los niños, no había dónde reunirse, a vece era en una calle o en las afueras de alguna casa pues, al igual que el sector, las condiciones eran muy precarias”.

Bajo esas condiciones, el proyecto educativo se mantuvo en pie hasta que en 1999 pudieron construir los primeros salones en madera, lo que facilitó el desarrollo de las actividades escolares.

“Para ese entonces eran alrededor de 300 niños los que participaban del proceso pedagógico, compartían todas las mañanas y tardes en un espacio que no distinguía edad o grado de escolaridad”, afirma Nataly Agudelo*, acompañante del proceso impulsado por Raúl.

El tiempo y las gestiones adelantadas desde la junta de acción comunal llevaron a que universidades como la Nacional y la Pedagógica apoyaran de manera voluntaria el proceso de formación de los niños; no obstante, los esfuerzos se vieron truncados en diversas etapas por las acciones violentas en el barrio, las cuales se acrecentaron con la consolidación de ‘Los Urabeños’ en 2013.

Nataly Agudelo*, Trabajadora Social de la Universidad Nacional, explica que uno de los objetivos era que por medio de herramientas como el arte, el reconocimiento de territorio, las problemáticas del sector y el conocimiento y ejercicio de derechos humanos, se garantizara un espacio para quienes no pudieran acceder a la educación y se formaran mediante la pedagogía popular.

El acercamiento de esas instituciones al barrio fue bien recibido por parte de la comunidad al ver un acompañamiento profesional para la formación de los niños, niñas y jóvenes.

Consolidado el proyecto, uno de los mayores temores que tenía la comunidad comenzó a manifestarse: los jóvenes se convirtieron en objetivo de las bandas criminales, que pretendían utilizarlos como repartidores de droga. Ante la negativa de algunos, se presentaron una sería de asesinatos y desplazamiento forzados que cambiaron la rutina del barrio.

En febrero del año pasado los cuerpos de tres muchachos fueron dejados en una cancha de fútbol cerca de la escuela. La comunidad leyó ese triple homicidio como un aviso para los jóvenes, la comunidad y sus líderes. “Para nosotros significó que esa gente no había llegado a jugar y que como tiempo después se supo los muchachos serían los que pagaron las consecuencias”, asegura Raúl.

Para Emilia* uno de los cambios más drásticos lo padecieron los jóvenes: “la mayoría de niños que uno veía jugando en las calles o cerca de la cancha de fútbol se desaparecieron de un día a otro, luego se les veía hablando con los que no se habían querido ir a trabajar con esa gente para lo que lo hicieran”. Esta mujer asegura que se convirtió casi que en una obligación pertenecer a la banda, pues “quienes no se metieron o fueron sacados de los grupos de amigos o eran amenazados constantemente”.

Al mismo tiempo que buscaban jóvenes para reclutarlos, a Raúl se le acercaron varios hombres desconocidos a amenazarlo: “me dijeron que habían llegado a la zona a tomarse el poder y que no querían tener problemas conmigo ni que fuera un obstáculo”. Otros miembros de la junta también fueron intimidados para que no impidieran el avance de la banda criminal.

Ante las repetidas amenazas, el proyecto educativo se vio afectado por cuanto las universidades decidieron hacer una pausa en su trabajo comunitario. “La escuela se quedó sin docentes y varios niños y niñas tiempo después no regresaron o porque sus familias fueron amenazadas o por que los desplazaron”, señala Viviana*, quien se lamenta porque el centro educativo no volvería a ser el mismo.

Niños y jóvenes en riesgo
Para el 2005, las denuncias y alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo no habían sido escuchadas por las autoridades. En ellas se hacía referencia a la presencia de hombres que amenazaban la seguridad del barrio y de lideres como Raúl.

“El barrio cambió, se comenzó a ver gente con armas, lo que generó curiosidad entre los muchachos, que pronto se fueron sumando a esa gente atraídos por el dinero fácil y las armas”, asegura Pedro.

Juan*, un estudiante de la escuela y quien ha sido uno de los pocos que ha permanecido en el proyecto, recuerda que muchos de sus amigos se fueron con los “malos” porque los demás también se fueron: “a ellos les empezó a gustar la droga y como todos somos muy amigos, pues cada uno se fue a donde estaban sus amigos”.

De los 300 estudiantes que tenía en un inicio la escuela, pasó  a tener alrededor de 40, el reclutamiento de menores se hizo inminente y no discriminó edad. “Los niños desde los 8 años empezaron a ser utilizados para ser corredores de armas y traspasar la droga, a los más grandes los colocaban de parrilleros y a los demás a controlar el barrio mediante extorsiones y amenazas”, cuenta Viviana.

En octubre del año pasado fueron dejadas varias amenazas en la escuela para que los jóvenes no se acercaran a estudiar ni a ninguno de los talleres que alli dictaban jóvenes voluntarios. El temor se generalizó tanto que nadie salía a determinadas horas. “Luego de las 3 de la tarde nadie estaba en la calle”, dice Viviana. En ese mes asesinaron a dos jóvenes junto a la escuela.

La situación se terminó de agravar cuando ese grupo armado asesinó a la líder comunitaria y presidenta de la junta de acción comunal del barrio Los Robles, Imelda Gutiérrez. De nuevo se radicarían las denuncias pertinentes, a las cuales solo la Defensoría del Pueblo hizo eco y mediante La Cuarta Nota de seguimiento al Informe de Riesgo 004-11 publicó la grave situación de riesgo en la que se encontraba el barrio.

“El 21 de octubre sentí que la vida se me había ido, ya me habían dicho que ‘El Patrón’ estaba enojado porque no había hecho caso de no interferir con ‘Los Urabeños’, ese día me dijeron que ya estaba listo el gatillero para matarme y que iban a seguir matando niños”, comenta Raúl, quien al día siguiente tuvo que salir del barrio y abandonar la escuela.

Junto con Raúl salieron varias personas de la junta de acción comunal, entre ellas Virginia*, quien no ha podido recomponer su vida y la de sus hijos: “a causa del desplazamiento mi esposo se quedó en el barrio trabajando, nosotros nos vimos en la necesidad de salir de allí para que no me mataran, hoy no tengo trabajo, mis hijos menores no estudian y no me han dado ninguna ayuda”.

Como la historia de Virginia, se escucha a decenas de personas que a causa de la llegada de ‘Los Urabeños’ al barrio El Progreso la vida les cambio, los hijos se insertaron en la delincuencia o fueron asesinados. “Las familias se descompusieron hasta el punto que hoy usted ve y sólo quedamos los viejos del barrio o gente que llega de nuevo desplazada a buscar techo”, comenta Pedro.

Cifras de la Defensoría del Pueblo indican que el año pasado se registraron en este sector de Soacha 35 muertes violentas, 10 desapariciones y alrededor de 20 familias desplazadas.

La esperanza sigue latente
Aunque hoy el panorama de la escuela sea desalentador, por la ausencia forzada de quienes impulsaban el proceso educativo Fe y Esperanza, los pocos niños que aún quedan, y que en su mayoría no superan los 8 años de edad, son la razón para que retornen las universidades que en años pasados impulsaron ese proyecto educativo.

Numael*, quien por algunos años cuidó de la escuela, cree que son nuevos tiempos y que a pesar de que no se haya extinguido la violencia “hay como un nuevo aire, por ahí a ratos pasan cosas, pero ya no es como antes, ojalá Raúl pudiera volver junto con los demás. Pero como no, nos toca sacar adelante a los niños”.

Así como la comunidad espera que en algún momento se pueda hablar de retorno, Raúl hace énfasis en que eso no va a ser posible hasta que no se erradique la violencia que ya hace parte de la vida diaria del barrio: “Es un sueño casi que ir así sea cada mes a la escuela, pero no se puede, no nos dejan y ojalá ahora dejen de nuevo que se articulen los procesos”, advierte este líder.

Al igual que él, Virginia asegura, entre lágrimas, que “nosotros no vamos a poder subir ni regresar al barrio, menos si aún la junta de acción comunal está permeada por esa gente así como nos sacaron no nos van a querer ver, se quedaron con nuestros sueños y la vida allá”.

De la misma manera, los jóvenes universitarios que se vincularon desde un inicio a La Esperanza esperan que la comunidad pueda reconstruirse. Así lo siente Nidia: “espero que pueda organizarse por la defensa y reivindicación de los derechos humanos, que surjan nuevos liderazgos que contribuyan hacer frente a esta ola de terror que azota al sector y sobre todo que exijan al Estado la protección adecuada”.

(*) Los nombres fueron cambiados a petición de las fuentes, por razones de seguridad