Indígenas amenazados por el reclutamiento forzado

Es preocupante la situación de varias comunidades indígenas porque grupos armados reclutan a la fuerza a sus menores de edad, según un reporte de Naciones Unidas. Por temor varias etnias se han desplazado de sus territorios para evitar que se lleven a sus niños a la guerra.

El reclutamiento forzado de indígenas menores de edad en el país está provocando que varias étnias se desplacen de sus territoerios. Fotomontaje VerdadAbierta.com


Reporte Amnistia Internacional sobre Derechos Humanos
- Informe Amnistia Internacional sobre situación pueblos indigenas
- Informe Relator ONU sobre derechos humanos y comunidades indigenas James Anaya

Informe especial de la Fundación Ideas para la Paz 

La situación de las comunidades indigenas continúa agravándose, ahora por el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados en el país, en especial las FARC y el ELN. Frente a este panorama la capacidad de respuesta del Estado ha sido insuficiente. Este es el panorama que muestra un último reporte de Naciones Unidas conocido por la Fundación Ideas para la Paz en el que se alerta sobre la situación de varias etnias amenazadas por el conflicto armado.

Las comunidades asentadas en Chocó, Cauca y Nariño son las más afectadas por el reclutamiento.

 

En lo corrido de este año ya se han denunciado cuatro casos de reclutamiento de niños indígenas en Huila, Vaupés, Chocó y Guaviare, ratificando las recientes declaraciones de James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, quien manifestó que la situación de de los indígenas no ha sido afrontada con la urgencia que la situación merece.

Según el informe de la ONU, las guerrillas continúan empecinadas en reclutar niños y jóvenes que en algunos casos hacen parte de comunidades indígenas asentadas en diferentes partes del país. Quizás uno de los hechos más graves se evidenció en el Chocó con el hallazgo de un video en el cual el comandante ‘Alejandro’, del Frente Cimarrones del ELN, busca persuadir a un grupos de indígenas para que ingresen a sus filas.
 
En febrero, el general Jorge Eliécer Suárez, comandante de la XXII Brigada de Selva, denunció que una niña de 13 años siguió en el área de San José de Guaviare a las tropas del Batallón Joaquín París del Ejército Nacional con el fin de entregar información al Frente 44 de las FARC.  Ante dicha denuncia el gobernador de Guaviare, Fabián Acevedo, afirmó que en el departamento ha aumentado el reclutamiento de menores de edad, en especial de indígenas.

Situación similar ocurre en Huila donde el Frente 66 de las FARC recorre las escuelas de Aipe, Neiva, Nátaga y Palermo tratando de reclutar a niños entre los 10 y 13 años. Según el general Henry William Torres, comandante de la IX Brigada del Ejército, la ausencia de denuncias de la comunidad ha impedido a las autoridades establecer el número de niños que reclutados a la fuerza.

A dicha afirmación se suma un informe de CODHES que plantea que el reclutamiento de menores ha aumentado en el sur oriente del país como consecuencia a que las FARC están fortaleciendo sus tropas. Según información de cinco representaciones del Consejo Nacional Indígena del Vaupés (CRIVA) en los últimos 9 años han sido reclutados por lo menos 42 menores de edad.

¿Indígenas en peligro de extinción?
Según el último informe de CODHES sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sur oriente colombiano, la situación de riesgo ha aumentado dramáticamente desde 2004. Las comunidades asentadas en Chocó, Cauca y Nariño son las más afectadas por el reclutamiento armado. Entre tanto, existe preocupación porque el 77 por ciento de los indígenas desplazados en el país proviene del Vaupés, departamento en que se concentran 23 pueblos en peligro de desaparecer.

El informe sostiene que en algunos de los 56 pueblos indígenas que se agrupan en la Amazonía colombiana la población es inferior a los 500 habitantes y se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad generado por el desplazamiento forzado, las amenazas o asesinatos de líderes, el reclutamiento de menores y las victimas de las minas antipersonal, lo cual, concluye el informe, podría conducir a su desaparición física y cultural.

En agosto de 2009, un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, titulado "Niños indígenas en el internado de Bocas de Yi", una comunidad muy afectada por el reclutamiento forzado, indicó que durante los últimos dos años, la principal causa del desplazamiento forzado ha sido el reclutamiento forzado de niños indígenas por grupos armados ilegales. "En 2008, unas 500 familias huyeron de sus hogares, la mayoría porque sus hijos estaban a punto de ser reclutados por grupos ilegales”, asegura el informe.

De igual forma, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, considera que entre 450 y 500 niños indígenas han sido forzados a unirse a grupos armados ilegales, sin que estos casos se hayan podido denunciar. Según el Sistema Unificado de Información sobre Pueblos Indígenas Onic - Cecoin, durante el 2009 sólo fueron denunciados cuatro casos de reclutamiento forzado por el pueblo Embera en Antioquia. En este caso, la denuncia realizada señaló a miembros del Ejército.   

La situación de los AWA
Desde 2004 la situación de riesgo para los pueblos indígenas ha aumentado dramáticamente como resultado de la expansión del conflicto armado a dichos territorios. Incluso ese mismo año, James Anaya, Relator para la ONU de los pueblos indígena, durante su visita a Colombia calificó como “grave, critica y profundamente preocupante la situación de los pueblos indígenas en Colombia”, al tiempo que pidió a las FARC respeto por la vida de los aborígenes y el fin del reclutamiento forzado.

El caso más crítico que ocurrió durante el 2009, fue el de los indígenas Awá, en Nariño. Allí se presentaron dos masacres en febrero y agosto que dejaron 30 indígenas asesinados y otros más heridos, entre ellos varios menores de edad.

Según Gabriel Bisbicús, Presidente de la Organización Nacional Indígena del pueblo Awá UNIPA, las muertes de los Awá representa el 50 por ciento de las muertes del total de los pueblos indígenas en Colombia.

Bisbicús señala que las repetidas amenazas de los grupos armados, en especial a los Awá, hace que por presión muchos de sus miembros de vinculen al conflicto. También la falta de oportunidades y acceso a una educación especializada de estos pueblos provoca que algunos indígenas se conviertan en combatientes. Este señalamiento fue reiterado por jóvenes pertenecientes a esta comunidad durante el primer Congreso internacional sobre prevención de reclutamiento por grupos organizados al margen de la ley y por grupos de delincuencia realizado en noviembre de 2009.

Adicionalmente, en algunos casos las relaciones sentimentales son un incentivo para el involucramiento de los menores con el ejército o con las guerrillas, esto fue manifestado por el líder de cabildos indígenas del Norte del Cauca durante el Congreso. También se denunció que, en el caso del ejército, cuando se ofrece incentivos económicos a cambio de información, los organismos estatales presionan para que los miembros de los pueblos indígenas se involucren como actores del conflicto.

Fuerzas militares y el pueblo Embera
Según la ONIC, durante el 2009,  la utilización de líderes indígenas como traductores con fines propagandísticos por parte de las fuerzas militares ha puesto en riesgo no sólo la estabilidad y seguridad de los pueblos indígenas sino que además es una forma de reclutamiento para los grupos armados. Estos sucesos se han evidenciado principalmente en Chocó, en donde los indígenas Embera han sido los más afectados.

Por otra parte, los Embera también han denunciado que en repetidas ocasiones la banda de ‘Los Rastrojos’ ha atentado contra su pueblo en las orillas del río Baudó. Esto ha generado incluso un desplazamiento masivo desde julio de 2008, según información de ACNUR recopilada en el Boletín de la ONIC de 2009.

Poca efectividad de las instituciones
Los informes de Amnistía Internacional y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, coinciden en afirmar que el conflicto armado afecta de manera desproporcionada a estas comunidades. Si bien se han logrado avances, “la legislación del país, así como las prácticas y políticas del gobierno, no han protegido a los pueblos indígenas de forma efectiva ni han salvaguardado sus libertades fundamentales ni sus derechos humanos”.

Ante este escenario, Naciones Unidas recomienda a los “grupos armados abstenerse de reclutar niñas y niños indígenas en actividades relacionadas con las hostilidades, lo que constituye una grave violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.

El reclutamiento es un delito
Durante el primer Congreso Internacional sobre Prevención de reclutamiento por grupos organizados al margen de la ley y por grupos de delincuencia, celebrado a finales del año pasado, se insistió la necesidad de una Política de Estado pues el reclutamiento forzado es resultado de un ciclo de violencia producto de la conversión de víctima a victimario.

Por su parte, Beatriz Linares, abogada especialista en derechos de la niñez y la adolescencia y coautora de la Ley Integral de Infancia y Adolescencia, dijo que el 80 por ciento del reclutamiento es voluntario, forzado por el contexto de la zona (la falta de oportunidades sumada a la ubicación estratégica de los grupos insurgentes en las zonas donde los niños están en riesgo) y el 80 por ciento lo abandona de la misma forma en que ingresaron, es decir, voluntariamente.

Para varias de las comunidades indígenas, el reclutamiento es uno de los principales causantes de desplazamiento. En el caso de las comunidades indígenas del Guaviare en los últimos cinco años son 256 los casos de desplazamiento por esta causa, y la gran mayoría son de las comunidades Guayabero y Nukak Makú, según contó Pedro Arenas, alcalde de San José de Guaviare al periódico El Tiempo.

Si bien, el reclutamiento forzado ha sido una herramienta en varios conflictos internos o entre países hasta hoy se está entendiendo que es un delito y apenas empiezan a aparecer las denuncias, sin embargo, el miedo a las represarías y el desconocimiento de cómo hacer las denuncias hace que se pierda el rastro en los casos.