Dejaron las armas hace 20 años y todavía no pueden vivir en paz

Entre septiembre y octubre han llegado dos panfletos firmados por ‘Los Rastrojos’ y ‘Águilas Negras’ a la sede de la Corporación Nuevo Arco Iris contra tres de sus directivos, quienes hicieron parte de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y firmaron los acuerdos de paz en 1994.

En Flor del Monte, Sucre, el 9 de abril de 1994, decenas de hombres de la CRS dejaron sus armas. Cortesía CNIA“Aquí en el país quieren que uno se vaya del todo o se muera”, dice José Aristizábal, coordinador del Observatorio del Conflicto Armado y el Posconflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris, quien fue incluido en una lista de amenazados que llegó el pasado martes a la sede de esta organización no gubernamental dedicada a la investigación social.

Hace tres meses regresó al país luego de once años de vivir en el exilio en España, a donde fue a protegerse de las amenazas que profirieron en esa época contra él y varios de los desmovilizados de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia del Eln que dejó sus armas tras un acuerdo con el gobierno nacional en Flor del Monte, Sucre, el 9 de abril de 1994. (Ver: Negociación y desmovilización con grupos armados M-19, Epl, Prt, Maql y Crs)

Su nombre apareció en un volante dejado en un sobre en la sede la Corporación, en Bogotá, el martes pasado. En ese panfleto, firmado por un supuesto grupo que se identifica como ‘Comando Central-Águilas Negras’, fueron incluidos los directivos de Nuevo Arco Iris Fernando Hernández y Adolfo Bula, así como 97 personas más, todas ellas integrantes de diversas expresiones del movimiento social en Colombia que defienden los derechos humanos.

“Aquí nadie olvida”, reitera Aristizábal, refiriéndose no solo a su caso, sino al de Hernández, quien también regresó de España hace tres años, donde estuvo refugiado para evitar ataques en su contra y su familia. En estos años que lleva en el país ha recibido tres amenazas entre 2013 y 2014.

Una de las particularidades del último panfleto intimidatorio es que aparecen señalados como posibles blancos de ataques los tres firmantes de los acuerdos de la CRS con el gobierno nacional: Aristizábal, Hernández y Bula. “Lo que está en juego aquí es el tema de las garantías de aquellos que firmamos acuerdos de paz”, afirma Aristizábal.

Por esa razón, en una carta que le envió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en la que con un tono amargo, les reclama por la falta de garantías: “Pensaba que al retornar podría dedicarme más o menos tranquilamente al trabajo de investigación por la paz. Que al haber un gobierno que está negociando un acuerdo de paz con las Farc y fue elegido con la promesa de la paz, uno podría ejercer su derecho elemental a caminar fresco por la calle sin escoltas ni esquemas de seguridad. Nunca me imaginé que esos heraldos de la muerte tomaran nota tan rápido de este regreso. Que no me dejaran casi ni llegar”.

También les reprocha el silencio frente a las intimidaciones que han circulado en el país durante este segundo semestre: “Hace un mes, ante la oleada de amenazas, el gobierno se quedó callado. Es claro que no somos los únicos amenazados ni abogo sólo por mi seguridad y la de mis compañeros porque estamos en el país donde las amenazas se volvieron el pan de cada día bajo la mirada impune de las autoridades”. (Ver: Agenda de paz genera amenazas contra defensores de derechos humanos)

Cadena de amenazas
Pero esa impunidad de la que habla Aristizábal no solo es del presente, tiene su historia, que comenzó dos años después de la firma de los acuerdos en Flor del Monte, Sucre.

En 1996, se comenzaron a registrar las primeras amenazas contra los líderes desmovilizados de la CRS. En esa ocasión, reconoce Aristizábal, “no le pararon muchas bolas” y continuaron con el trabajo político que habían emprendido después de dejar las armas. En su caso, como Representante a la Cámara, curul que hizo parte de los acuerdos de paz entre su grupo y el gobierno. En el Congreso, recuerda que presentó varios proyectos relacionados con el fuero militar y la desaparición forzada que le generaron nuevas amenazas, las cuales se extendieron a sus compañeros.

Para finales de la década del noventa y comienzos del dos mil, Aristizábal decidió abandonar el Congreso y refugiarse en Armenia, su tierra natal, y bajar su perfil. Esos años los aprovechó para continuar con su trabajo político y organizativo, en el ámbito local, en el contexto de la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto. Sin embargo, a finales de 2002 se registró un suceso que fue interpretado como una nueva estrategia de hostigamiento. Se trató del robo de varios computadores, primero de la casa de Aristizábal en Armenia y días después de la sede de la Corporación Nuevo Arco Iris en Bogotá.

Despuntando el 2003 volvieron las amenazas y su intensidad fue de tal gravedad que varios directivos de Nuevo Arco Iris tomaron la decisión de salir del país. Aristizábal partió a España, con ayuda de Amnistía Internacional el 11 de marzo de ese año. A ese país también llegó Fernando Hernández.

Pasados los años y pensando que la situación del país ofrecía garantías para el regreso, comenzaron a retornar. Primero se vino Hernández, quien llegó en 2011 y se radicó en Medellín. A comienzos de 2012 se trasladó a Bogotá y asumió la dirección ejecutiva de Nuevo Arco Iris, junto con algunos de sus antiguos compañeros. Aristizábal, por su parte, se puso al frente del Observatorio del Conflicto de esa institución, fundado por León Valencia, y que se ha producido sonados informes denunciado los vínculos entre el crimen y la política.

Tal como lo dijo Aristizábal, “aquí parece que nadie olvida”, pues en septiembre y octubre de 2013 llegaron las primeras amenazas contra Hernández, a quien en un sufragio lo mencionaron como ‘Jacinto Ruiz’, el alias que tenía en su vida clandestina. En esa ocasión incluyeron también a varios socios y exdirectivos de la organización, como Antonio Sanguino, Alberto Cabeza, Édgar Ruiz y Alejo Suárez.

Las amenazas se reactivaron en septiembre pasado, cuando nuevamente fue amenazado Hernández, esta vez por un grupo que se identificó como ‘Los Rastrojos’, situación que involucró a decenas de defensores de derechos humanos en todo el país. Y este martes cuando desconocidos dejaron el nuevo panfleto.

¿Qué pretenden?
“No tenemos muy claro quiénes nos están amenazando, ellos se identifican como ‘Águilas Negras’, pero no estamos seguros que eso exista como Bacrim, lo que dice alguna gente es que son sectores del Estado, de Inteligencia del Ejército”, explica Aristizábal.

A su juicio lo que se está fraguando es una radicalización de la polarización en el país con la intención de afectar las negociaciones del gobierno nacional con la guerrilla de las Farc y, eventualmente, con el Eln, pues todos aquellos sectores que están siendo amenazados apoyan una salida negociada al conflicto armado.

“Hay sectores que les interesa polarizar aún más la situación”, infiere Aristizábal de lo que está pasando en el país. “Lo que quieren es presionar para que en La Habana los acuerdos de paz sean más reducidos, sean lo más mínimo, lo cual va a servir muy poco después”.

A su juicio, lo que viene ocurriendo en el país hace ya varios meses en relación con todos aquellos sectores sociales afines a la salida negociada del conflicto armado y contrarios a la solución bélica, podría desestimular la negociación en La Habana. “El mensaje parece claro: la gente se desmoviliza, pero los seguirán jodiendo”, estima Aristizábal.

Fuentes consultadas al respecto, que pidieron la reserva del nombre, consideran que esas estrategias de intimidación pretenden bajarle el tono de paz a las organizaciones defensoras de derechos humanos y, de paso, crearle problemas al gobierno de Juan Manuel Santos en su intención de negociar una salida política a la confrontación armada con las guerrillas.

“Lo preocupante es que se materialicen esas amenazas y acaben muriendo valiosos activistas sociales que le aportan mucho conocimiento al país”, indica un líder de los movimientos sociales.

Al respecto, Aristizábal reitera una pregunta que le hizo a Santos y a Montealegre: ¿Cómo van a convencer a las guerrillas de las Farc y al Eln para que se transformen en un movimiento político si el gobierno no es capaz de parar ni reducir este diluvio de amenazas?

“No basta que uno se vaya once años del país, tal parece que esa penitencia no es suficiente”, agrega este directivo de Nuevo Arco Iris, quien ha decidido, junto con su familia, no volver a salir de Colombia, pero consciente de que quienes lo intimidan, no olvidan, así hayan pasado 20 años desde cuando decidieron dejar las armas, reintegrarse a la legalidad y haber cumplido a cabalidad ese compromiso.