Los crímenes contra la UP no fueron aislados

La Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía que declaró como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra los homicidios contra 34 miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica. ¿Cuáles son las razones para hacerlo?

upnueva

Las declaraciones de los ex paramilitares Hebert Veloza García, alias ‘HH’, y José Ruperto García alias ‘El Gato’, la sentencia condenatoria en contra de José Luis Conrado y Dalson López Simanca, y el testimonio del entonces Coronel del Ejército Carlos Alfonso Velásquez fueron algunas de las pruebas claves que llevaron a la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía a la conclusión de que los crímenes contra la Unión Patriótica (UP) no fueron aislados sino expresión de una violencia sistemática contra ese partido.

Esta Unidad consideró que deben seguir las indagaciones por la muerte de 34 miembros de la UP, pues hay evidencias sobre la complicidad que hubo entre políticos, ex militares y grupos paramilitares para silenciar y acabar con este partido político que para la década del ochenta había logrado elegir 16 alcaldes, 256 concejales y 16 representantes al Congreso.

Afirma la providencia que uno de los hechos que encarna la violencia sistemática contra la UP fue lo ocurrido la noche del 12 de agosto de 1995 en Chigorodó, Antioquia, donde 15 ‘paras’ del Bloque Bananero asesinaron a 18 personas y dejaron heridas a otras dos en la discoteca El Aracatazo. El grupo paramilitar se identificó como “exterminadores de la subversión”, obligó a varias personas a tenderse en el piso y las asesinó. (Ver: Masacre de El Aracatazo).

La masacre fue ordenada por Carlos Castaño Gil, para esa época jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), y alias ‘HH’, comandante del Bloque Bananero. El grupo paramilitar estuvo dirigido por Dalson López Simanca, alias ‘Mono Pecoso’, condenado a 40 años de cárcel por esos hechos.

Dentro de las versiones libres y las audiencias del proceso de Justicia y Paz, alias ‘HH’ reconoció haber ordenado el asesinato de por lo menos 13 militantes de la UP en Urabá. Explicó que lo hicieron porque creían que el movimiento político seguía indicaciones de la guerrilla de las Farc y aseguró que algunos homicidios se cometieron respaldadados en la información que les dieron desmovilizados del Epl organizados en los llamados ‘Comandos Populares’ ( Ver: La ley del gatillo de ‘HH’).

De lesa humanidad
Según los investigadores tanto estos crímenes cometidos el 12 de agosto de 1985, y los asesinatos selectivos de Bernardo Jaramillo, Pedro Luis Valencia y José Antequera, entre otros, hicieron parte de un ataque sistemático, generalizado y reiterado contra un grupo especial de la población, requisito que exige el Estatuto de Roma, que da vida a la Corte Penal Internacional, para considerar un hecho delictivo como crimen de lesa humanidad.

De la misma manera, los investigadores acudieron a la decisión del 26 de mayo de 2010 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el carácter sistemático de la persecución contra los militantes de la UO para reforzar los argumentos esbozados previamente.

Asimismo, el Ente investigador apeló al contexto del conflicto interno de carácter irregular y prolongado en el que actores armados como las autodefensas, los carteles del narcotráfico y las redes narcosicariales, así como los de orden legal, representados por sectores de la Fuerza Pública, que dirigieron sus ataques de forma indiscriminada contra la población civil, sin considerar su estatus de protección frente al derecho internacional de los derechos humanos.

Para Aida Avella, presidenta de la UP, el reconocimiento de los homicidios como crímenes de lesa humanidad significa un avance para el reconocimiento del genocidio político contra el partido, pero no garantiza que se haga una justicia verdadera. “Lo que se debe analizar es que van 34 de los 5.000 que fueron desaparecidos y asesinados, lo cual deja en entredicho el papel que ha jugado la justicia durante estos años”, afirmó.

No obstante, señala que es importante que se reabran investigaciones como la de Pedro Luis Valencia, “la cual había sido cerrada por falta de pruebas y más que eso, de diligencia en la investigación del asesinato por parte de las autoridades competentes”, dijo Avella.

Igual posición asumió Carlos Lozano, miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista Colombiano, quien sostuvo que la decisión de la Fiscalía es positiva pero insuficiente, pues lo que se está buscando es que haya verdad, justicia y reparación.

“Se debe interpretar esta decisión como una llamada más al Estado para que tome la determinación que no ha tomado en años y es reconocer el genocidio político en contra de nuestro partido. Nos debe el Estado un reparación económica para las víctimas y políticas para la UP como tal”, aseguró Lozano.

Por su parte, el exmagistrado Carlos Gaviria es enfático en mencionar, que al igual que el caso de Héctor Abad Gómez, es pesimista frente a lo que pueda hacer la justicia de ahora en adelante, “Si en 27 años no se llegó a alguna conclusión certera qué garantiza que de ahora en adelante sí sea así”. Nos obstante señaló que “la media es importante siempre y cuando el Estado los entes investigadores cumplan en realidad con su función” (Ver: ¿Ejército estuvo detrás del crimen de Héctor Abad Gómez y sus colegas?)

Para el abogado y politólogo, Walter Arévalo la importancia de declarar los crímenes como delitos de lesa humanidad radica en que “son crímenes excepcionales y de la más alta gravedad, como verdaderos ofensores de la condición humana, una vez declarados imprescriptibles, nunca salen de la potestad del Estado para investigarlos, perseguirlos y sancionarlos, independiente de la fecha en que hubiesen sido cometidos”.

Este investigador de la Universidad del Rosario  y catedrático de derecho internacional de la Universidad Javeriana explicó que la declaración de la Fiscalía “construye una obligación de gran calado para el Estado Colombiano pues no podrá justificarse en el paso del tiempo o las dificultades de la investigación para castigarlos, igualmente, es una medida paralela a las actuales necesidades de construcción de verdad, justicia y reparación, a su vez, pone de presente el caso para los observadores de instancias internacionales, atentos a la obtención de resultados”.

Posición con la que coincide Carlos Lozano al señalar que si no hay verdad justicia y reparación va a ser muy complicado hablar de una posible paz para el país.

La violencia de los 80
La Unión Patriótica fue el resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancour y la guerrilla de las Farc, en 1985 se constituyeron como partido político siendo la fórmula para consolidar el proceso de paz existente y, a su vez, la salida para que el movimiento guerrillero optara por una salida al conflicto armado.

Para las elecciones de 1986 el partido político tuvo una de las mayores votaciones a nivel regional, logrando elegir 16 alcaldes, 256 concejales y 16 representantes al Congreso de Colombia. Pronto el partido se consolidó en el Magdalena Medio, Córdoba, el Bajo Cauca, Urabá y el Nordeste Antioqueño, regiones en las que ya se había alertado de la presencia de la guerrilla bajo la dirección del partido político.

Afirma la providencia que los objetivos de la UP, reforma agraria, nacionalización de los recursos naturales y un cambio de modelo económico, entre otros, chocaron con los intereses de políticos, ganaderos y empresarios, quienes señalaban a los dirigentes del partido de ser comunistas y formar parte de la guerrilla de las Farc.

Organizados en la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) comerciantes y ganaderos obtuvieron en el año 83 la personería jurídica por parte del gobierno, hecho que permitió la entrada de dinero legal para el fortalecimiento económico y político del paramilitarismo. Según la Fiscalía, la asociación fue una alianza entre miembros del Estado, narcotraficantes y paramilitares para acabar con la guerrilla.

Para la misma época, la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) por parte de Fidel y Carlos Castaño habían logrado reclutar a cientos de paramilitares para terminar con el cobro de las extorsiones y el secuestro de ganaderos y comerciantes de la región por parte de las Farc.

“El grupo nació siendo anti subversivo y anticomunista, pero a partir de su extensión en el territorio nacional, fue desarrollando alianzas económicas y políticas estratégicas legales e ilegales que lo reconfiguraron como un actor que ejercía un control territorial, militar, político, económico y social”, puntualiza la providencia. (Ver, por ejemplo, Vicente Castaño llevó las Accu al Oriente antioqueño)

Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, afirmó en audiencia de versión libre que los primeros grupos de autodefensa recibieron el impulso de los miembros de la fuerza pública, del sector más radical, para acabar a la subversión por lo cual más que grupos paramilitares se deberían calificar como antisubversivos.

En 1988, pasados tres años de la existencia de la Unión Patriótica, ya se registraban como el partido político con el mayor número de homicidios contra sus militantes, 557 personas habían sido asesinadas por militar en el partido por haber participado en el proceso electoral del 86 (Ver: Masacre Segovia y La Cruzada)

Para inicios de la década del 90 dos de sus candidatos presidenciales habían sido asesinados por los paramilitares, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, este último, aunque se había distanciado de la doctrina de todas las formas de lucha y de la guerrilla de las Farc, no logró negociar con los Castaño, quienes finalmente terminaron ordenando su asesinato. Lo mismo ocurrió con Manuel Cepeda Vargas, quien fue el último representante del partido político en el Congreso de la República, asesinado el 9 de agosto del 94 (Ver: El saldo rojo de la UP)

Con más de 4.000 militantes asesinados por el paramilitarismo la UP participa en las lecciones de 2002, en las cuales al no lograr sacar más de 50.000 votos pierde la personería jurídica y con ello termina uno de los ciclos de violencia más sangrientos del país.