‘Paras’ han sido los principales agresores de defensores de DD.HH

Un informe semestral de Somos defensores asegura que durante la última década los paramilitares cometieron la mayoría de crímenes a defensores de derechos humanos. En lo corrido del año 29 líderes fueron asesinados.
 

En lo corrido del año han sido asesinados 29 defensores de derechos humanos. Fotomontaje: VerdadAbierta


Durante los primeros seis meses de este año, los ataques de los grupos armados en contra de defensores de derechos humanos aumentaron en un 12 por ciento con respecto al año anterior, demostrando que no existen garantías para ejercer su labor. Esta es la conclusión a la que se llegó en el último informe del programa Somos Defensores, organización que realiza un seguimiento de la situación de los líderes y movimientos sociales en el país. Ver informe completo

Mientras que de enero a junio del 2011 se presentaron 145 agresiones en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales, en el mismo periodo de 2012 se registraron 163 casos. Estas cifras, según el informe, contrastan con los intentos del gobierno por mejorar la seguridad de los defensores.

Los ataques a los que se hace referencia este estudio son 29 asesinatos, 29 atentados, 81  amenazas, 17 detenciones arbitrarias, tres desapariciones, tres robos de información y un caso de violencia sexual.

Según las cifras que provienen del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de los Derechos humanos, SIADDHH, “en promedio, entre enero y junio de 2012, cada día fue agredido un defensor y cada 6 días fue asesinado uno de ellos”.

Al realizar una revisión histórica de este informe que es publicado desde 2002, las estadísticas muestran que durante la última década, los paramilitares han sido señalados como los mayores agresores en contra de defensores de derechos humanos, líderes indígenas, campesinos, sindicalistas, representantes de víctimas y de participantes del proceso de restitución de tierras.

A pesar del proceso de la desmovilización, en el último semestre, 43 de los 163 casos de agresiones fueron cometidos por paramilitares o bandas criminales que se consideran herederas de las autodefensas.

En este mismo sentido, las guerrillas han sido señaladas como las presuntas responsables de 21 ataques mientras los miembros de fuerzas de seguridad del Estado como el Ejército Nacional y la Policía,  entre otros,  son sindicados por las víctimas como los autores de 27 agresiones.

Aunque en 72 casos el responsable de la agresión no ha podido ser identificado, miembros del programa aseguran que esto se debe a que en las zonas en las que persisten los grupos armados, las víctimas prefieren guardar silencio por miedo a las represarías.

Más allá de las cifras y las estadísticas, según el informe titulado ‘Un camino solitario’, los defensores de derechos humanos y los líderes de los distintos movimientos sociales consideran que a pesar de los esfuerzos institucionales y legales, se encuentran abandonados por el  Estado.

Casi treinta asesinados en seis meses
Son 29 los líderes que fueron asesinados en los trascurrido del año, 27 hombres y dos mujeres. De acuerdo con las cifras del Sistema de Información, la mayoría de estas agresiones evidenciaron el uso de métodos de tortura y ocurrieron en los hogares de las víctimas.

“En muchos de los casos de homicidio, los crímenes fueron cometidos dentro de las viviendas de los defensores, y en algunos otros, fueron extraídos de sus hogares para posteriormente ser ejecutados, muchas veces en presencia de sus hijos y familiares”, asegura el informe.

Cauca y Nariño son los departamentos más afectados con seis líderes asesinados cada uno, seguidos de Valle del Cauca con tres casos, y Chocó, Córdoba y Risaralda con 2. Putumayo, Bogotá, Caquetá, Meta, Arauca, y Antioquia registraron cada uno un caso de homicidio.

Sin embargo, el número de amenazas y atentados aumento con respecto de 2011, año que había sido considerado como uno de los más críticos para los defensores de derechos humanos.

Entre enero y junio de 2012 se registraron 81 casos de amenaza por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos, panfletos, volantes e intimidaciones directas como visitas a los hogares.

En este sentido la mayoría de las amenazas fueron cometidas por paramilitares o bandas criminales que el informe considera herederas de las autodefensas como las Águilas Negras, los Rastrojos y los Urabeños.

En cuanto a los atentados que han materializado las amenazas, se triplicó el número de agresiones que responde a este delito. Se pasó de 10 casos entre enero y junio de 2011 a 29 casos en el mismo periodo en 2012.

Los perseguidos del Pacífico
De acuerdo con informe las agresiones pasaron de concentrarse en la capital del país en 2011 a presentarse con mayor frecuencia en la región pacífica.

Solo los departamentos de Cauca (25), Valle del Cauca (17), Nariño (19) y Chocó (10),  suman setenta casos de ataques y agresiones.

Este hecho se debe, según las conclusiones del Programa Somos Defensores, a que el conflicto armado ha presentado un incremento significativo en esta zona del país.

Norte de Santander también encabeza la lista de agresiones con los mismos casos de Cauca, lugar en el que aún se mantiene la presencia de guerrillas, bandas criminales y fuerza pública en conflicto.

Adicionalmente, en los departamentos del pacífico se ha presentado un aumento de la actividad de los movimientos sociales y de los representantes de víctimas, desplazados y solicitantes de restitución.

Es el caso del asesinato de  Manuel Ruiz de 56 años, miembro del consejo de la comunidad de Apartadocito en la cuenca de Río Curvaradó en el departamento de Chocó.

Según la información del programa, Manuel Ruíz de 56 años,  lideraba el proceso de restitución de tierras de las comunidades desplazadas en Curvaradó y Jiguamiandó a través de un  grupo denominado “Comité de Censo”.

Este colectivo defiende los derechos de los reclamantes de tierras en esta zona del país, actividad por la que presuntamente asesinaron a Manuel Ruíz y a su hijo Samir de Jesús Ruiz de 15 años.

El hecho se presentó el 23 de marzo de 2012, cuando Manuel Ruiz y su hijo viajaban  entre la ciudad de Mutatá y el área de Apartadocito, y hombres de las “Águilas Negras”, los obligaron a bajarse del vehículo.

“El líder se comunicó por teléfono con su familia para decirles que se les habían forzado a abandonar el vehículo y que los secuestradores les exigían 2.5 millones de pesos para dejarlos en libertad. Al día siguiente, el grupo paramilitar informó a la familia que el defensor y líder, junto con su hijo, habían sido asesinados y que sus cuerpos se encontraban debajo del puente de Riosucio, Chocó”, relata el informe.

Cuatro días después de su desaparición, miembros de las comunidades de la cuenca de Río Curvaradó, acompañados por observadores nacionales e internacionales, descubrieron el cuerpo de Manuel Ruiz en el área de Riosucio. Posteriormente el 28 de marzo, el cuerpo de su hijo fue hallado cerca de la zona Cañaduzales.

Su asesinato y el de su hijo Samir de Jesús Ruiz, produjo que su familia compuesta de 7 niños y 12 adultos, tuviera que huir y desplazarse forzosamente del territorio, por segunda vez.

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