Inconformidad con la Fiscalía por resultados sobre asesinatos de líderes sociales

En días pasados el Ente Investigador señaló que ha esclarecido el 51 por ciento de los casos que documentó Naciones Unidas entre 2016 y parte de 2017. Sin embargo, diferentes organizaciones sociales no están de acuerdo con las metodologías y los alcances de las investigaciones.

Desde mediados de 2015, cuando las delegaciones de víctimas viajaron a La Habana para participar en la Mesa de Negociaciones entre el gobierno nacional y las Farc, las agresiones contra líderes sociales y promotores del proceso de paz aumentaron. Foto: Ricardo Cruz.

Finalizando la tarde del pasado martes, la Fiscalía General de la Nación anunció “resultados históricos en investigaciones por homicidios de defensores de derechos humanos”. Con motivo de la captura y judicialización de los presuntos homicidas de Víctor Castillo, líder social que ayudó a desmovilizar a 128 milicianos de las Farc que se quedaron por fuera del proceso de paz, y de Carlos Augusto Guerrero, miembro de la comunidad LGBTI, el Ente Investigador procedió a informar los logros obtenidos en esta materia.

Con esas dos capturas, indicó que ha esclarecido el 51,72 por ciento de los 87 casos de homicidio de defensores de derechos humanos documentados por la ONU. Por lo cual, 45 de esas investigaciones tienen “avances significativos”, en los que se destacan 101 personas vinculadas a procesos penales y 71 privadas de la libertad, señaladas “como posibles autores materiales de los asesinatos”. A ello se suman 13 que están etapa de juicio y cinco sentencias.

A pesar de que el Ente Investigador califica esos resultados como “históricos”, otra es la visión que tienen las organizaciones no gubernamentales que año a año han documentado toda clase de agresiones contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

La principal crítica es sobre la cantidad de casos procesados, pues consideran que las cifras de Naciones Unidas presentan un subregistro, razón por la cual el porcentaje de casos esclarecidos puede estar inflado frente a la realidad.

Para Carlos Guevara, coordinador del Programa Somos Defensores, organización que ha registrado las agresiones contra los defensores de derechos humanos desde 2002, “la Fiscalía fue bastante facilista en la forma de abordar este tema porque asumió el número más bajo de documentación de casos: sólo en 2016, Naciones Unidas tenía 64, nosotros 80 y la Defensoría del Pueblo 111. Con base en esos registros empezó a incentivar investigaciones”.

De manera similar se expresa David Flórez, vocero nacional del movimiento político y social Marcha Patriótica, que desde su fundación ha visto caer anualmente a decenas de sus militantes: “Nosotros tenemos registrados 116 asesinatos de líderes sociales en 2016 y 65 en 2017, no es cierto que sean 87. En Marcha Patriótica tenemos más de 135 asesinados desde nuestros inicios y solamente conocemos dos sentencias judiciales, estamos hablando de una impunidad de más del 98 por ciento”.

Leonardo González, del observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), considera que la diferencia en las cifras es un problema conceptual sobre lo que se entiende por defensor de derechos humanos y por líder social, razón por la cual decenas de asesinatos han quedado por fuera de la priorización de casos de la Fiscalía, con lo que los porcentajes de éxito anunciados pueden variar sensiblemente.

“La metodología que utiliza Naciones Unidas y su concepto de defensor de derechos humanos son mucho más restringidos que los que utilizamos diferentes organizaciones, incluyendo a la Defensoría del Pueblo. Para nosotros, un defensor de derechos humanos también es un líder social, un comunero indígena, un miembro de comunidades afrodescendientes, un militante de movimientos políticos como Marcha Patriótica, así no esté consagrado en lo típico de defensor de derechos humanos”, plantea González, cuya organización documentó 116 asesinatos en 2016.

Al respecto, Guevara cuestiona que el gobierno nacional avale las cifras de Naciones Unidas, pero no las de la Defensoría del Pueblo: “Ellos cogen la ruta más sencilla y fácil. Toman la cifra de Naciones Unidas porque hace la mitad del trabajo, porque la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hace investigaciones paralelas, habla con fiscales, consulta a los familiares de las víctimas, verifica en terreno y hace un montón de cosas que no hace la Fiscalía”.

Este jueves, dos días después de que la Fiscalía presentara su balance, la Defensoría del Pueblo señaló que entre el 1 de enero del año pasado y el 5 de julio del presente, 186 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. Asimismo, indicó que pese a sus advertencias y al despliegue de acciones por parte de las autoridades en varias regiones del país, en lo corrido del año han sido asesinados 52.

La situación actual de los defensores de derechos humanos es tan grave que luego de un tire y afloje interno de varios meses, la Defensoría del Pueblo finalmente emitió un informe de riesgo el pasado 31 de marzo, en el que documentó que 337 organizaciones sociales están en riesgo en 265 municipios. Además, la Procuraduría General de la Nación emitió una directiva para preservar la vida de los líderes sociales, y una de sus 28 disposiciones está relacionada con que el Estado tenga su propio registro de agresiones contra líderes sociales y deje de usar el de terceros.

Mapa elaborado con información del informe de riesgo que emitió la Defensoría del Pueblo el pasado mes de marzo sobre la situación en la que están los líderes sociales. Pase el mouse en los círculos y haga clic en los departamentos para ver los datos correspondientes.

Además de las cifras y de quién las procesa, los resultados de la Fiscalía también son cuestionados en términos de metodología y alcances. Uno de sus mayores lunares es que sólo se concentra en los autores materiales. “Este informe habla solamente de autores materiales y nosotros hemos insistido mucho en la necesidad de encontrar a los autores intelectuales que se benefician de estos asesinatos. Se puede capturar al sicario, pero si eso no lleva a quienes financiaron y organizaron esos atentados, sirve de poco o nada”, plantea Flórez.

En ese sentido, Guevara señala que “la Fiscalía tiene la obligación a esta altura del partido de estar hablando de modus operandi, de análisis relaciones criminal en torno a los crímenes contra los defensores de derechos humanos, para saber si efectivamente hay una práctica generalizada o sistemática, y en ninguno de los dos casos se está pronunciando. Tenemos a la Fiscalía con una cantidad de casos y un par de avances que muestra como el gran titular de prensa, pero de fondo no está haciendo bien la tarea y no profundiza la política criminal”.

A ese panorama se suma la falta de resultados en las investigaciones de los asesinatos ocurridos en años anteriores. De acuerdo con los registros de Somos Defensores, entre 2002 y 2016 fueron asesinados 558 defensores de derechos humanos, y el número de sentencias contra los responsables no asciende a dos dígitos. “Estamos angustiados porque el resto de los casos van a quedar en la impunidad, nos preocupa que la Fiscalía no está haciendo análisis profundos”, señala que Guevara, que a la par considera que los resultados actuales del Ente Investigador son “un pañito de agua tibia a un tema que está quemando los pies del gobierno: el plan de priorización de la Fiscalía funcionó porque tenía ayuda: ¿qué pasaría si no está Naciones Unidas?”.

Aunque los voceros de las organizaciones consultadas celebran moderadamente los recientes avances de la Fiscalía, no están satisfechos del todo con su actuación. “El esfuerzo es insuficiente, lento y su informe es dudoso, puesto que no parte de la cifra global de víctimas, no avanza hacia los autores intelectuales, no hay una comunicación directa con las organizaciones que han sido víctimas de esos hechos para informarle sobre los sindicados y capturados. Parece más el producto de un afán del Fiscal General de la Nación por dar resultados ante la presión política de los últimos días frente a los evidentes hechos de corrupción en la Fiscalía y su inoperancia frente a los líderes sociales”, afirma Flórez.

Más allá de las discusiones metodológicas y de las cifras, el problema de fondo es que los asesinatos de líderes sociales y las agresiones contra quienes respaldan la implementación del acuerdo de paz alcanzado con las Farc, siguen en aumento. Sólo el tiempo dirá si los resultados que la Fiscalía califica como “históricos” sirvieron para frenar ese tipo de violencia, o si, por el contrario, como advierten diferentes organizaciones, se está en un escenario que la alimenta a punta de impunidad.

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