Persiste la violencia contra los defensores de derechos humanos

A pesar de que las amenazas y los atentados mermaron con relación al primer semestre del año anterior, en los seis primeros meses de 2016 aumentaron los homicidios y otras agresiones. Diferentes organizaciones hacen un llamado para que el gobierno nacional evite que esa violencia escale con la refrendación y la eventual implementación del proceso de paz.

ataques defensores 2016 1En el primer semestre del año fueron asesinados 35 defensores de derechos humanos. Las agresiones contra las mujeres aumentaron de nuevo. Foto: Juan Diego Restrepo E.Por más contradictorio que parezca, el hecho de promover una salida negociada al conflicto armado y respaldar las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, ha convertido a los defensores de derechos humanos en presas de los violentos. Esa es una de las principales conclusiones del informe ¿Este es el fin?, que este jueves publica el Programa Somos Defensores.

Dicha organización no gubernamental, que documenta en detalle los ataques que sufren esos líderes sociales en razón de su trabajo, registró que entre enero y junio de este año ocurrieron 314 casos. Si se comparan con las 399 del mismo periodo del año anterior, se encuentra una reducción general del 21 por ciento. Es decir, 85 menos.

Si bien esta disminución es importante, lo que preocupa es el aumento de otras agresiones como los asesinatos, las detenciones arbitrarias, el uso arbitrario del sistema penal, el robo de información y la desaparición forzada.

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En cuanto a los 35 asesinatos, según la información recopilada por Somos Defensores, 30 fueron cometidos bajo la modalidad de sicariato, dos con arma blanca y los tres restantes con golpes contundentes; seis de las víctimas habían denunciado amenazas con anterioridad; 32 eran hombres y tres mujeres; y la mayoría de los asesinados eran líderes comunitarios, ambientales y sindicales.

Por departamentos, los más afectados nuevamente son Cauca y Antioquia, esta vez cada uno con siete líderes asesinados; seguidos por Valle del Cauca con cuatro; Norte de Santander con tres; Cundinamarca, Magdalena y Nariño con dos; y Risaralda, Arauca, Bolívar, Casanare, Chocó, Córdoba, Huila y Santander con uno.

Resulta paradójico que mientras en diferentes regiones del país que históricamente han sido zonas de guerra actualmente se respira tranquilidad y de que los índices de violencia relacionados con el conflicto armado se han reducido a los de hace 50 años a raíz de las negociaciones de paz, en los primeros seis meses del presente año cada dos días un defensor de derechos humanos fue agredido y cada cinco otro fue asesinado.

Al respecto, Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, señaló que existe gran preocupación por el aumento de agresiones porque “eso permite entender que los responsables de las amenazas pasaron de las intimidaciones a las acciones físicas. Y es más preocupante porque se están cumpliendo las advertencias que hicimos en años anteriores: que en tanto más nos acerquemos a la firma del acuerdo de paz, se va a incrementar la violencia contra los defensores. Después de la firma van a ser uno de los principales objetos de violencia focalizada en el posacuerdo”.

De acuerdo con el informe, uno de los movimientos sociales más afectado es Marcha Patriótica. Para David Flórez, vocero nacional de ese grupo político, la situación del pasado semestre es alarmante, en especial por los asesinatos.

“No solo se mantienen, sino que hay una tendencia al aumento. Tenemos gran preocupación porque la respuesta del gobierno nacional ha sido nula y además no reconoce la gravedad de lo que sucede contra la Marcha. Hay declaraciones desafortunadas del Viceministro del Interior y la Fiscalía General de la Nación que quieren desconocer el elemento sistemático de persecución contra Marcha Patriótica”, le dijo Flórez a VerdadAbierta.com.

Otro de los puntos alarmantes del documento de Somos Defensores es el aumento de agresiones contra lideresas sociales y organizaciones de mujeres: en el pasado semestre se llegaron a situar casi a la par que contra los hombres, representando el 49 por ciento de ellas. Las agresiones hacia ellas han ido en aumento de manera gradual y anteriores informes dan cuenta de ello: en 2014 representaban el 19 por ciento del total de las agresiones, en 2015 el 35 por ciento, y actualmente casi la mitad.

Para el coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, esa tendencia está relacionada con el abierto apoyo que le han dado al proceso de paz: “Las mujeres son uno de los movimientos más comprometido con la paz, que hace actividades para llevar iniciativas a La Habana y hacer movilización. Eso les ha costado amenazas y muchas agresiones. Creemos que en tanto se vaya acercando la firma de la paz y el movimiento de mujeres sea más incisivo, van a ser víctimas de más agresiones”.

Además de su respaldo al proceso de paz, para Claudia Mejía, directora de la Corporación Sisma Mujer, las agresiones están relacionadas con el empoderamiento de las mujeres y su rol activo en reivindicaciones sociales, ciudadanas y de víctimas. Y agrega que las agresiones no sólo están motivadas por su trabajo, sino que son una respuesta que se da al interior de una sociedad profundamente discriminadora frente a las mujeres. “El hecho de que las mujeres defiendan derechos y sean mujeres en una sociedad que las discrimina, explica definitivamente el incremento en los ataques y los riesgos”, señaló.

En ese sentido, explica que recientemente el Presidente de la República firmó un decreto que reglamenta la creación de una comisión intersectorial que tendrá como mandato la establecer un programa de garantías para mujeres defensoras y lideresas. “Si el gobierno nacional responde con una medida específica y particular para mujeres defensoras, significa que también está leyendo que el incremento está explicado no sólo en lo que hacen las mujeres, sino que son mujeres en una sociedad discriminatoria”, indicó Mejía.

El paso lento de la justicia

La presión de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional ante las constantes agresiones a los líderes sociales, llevaron a que en los primeros seis meses de 2016 se dieran algunos resultados en materia de investigación, tras años de infructuosas denuncias e impunidad.

El informe destaca la creación de un grupo de alto nivel para hallar a los responsables de homicidios y amenazas contra los de defensores de derechos humanos, el cual está encabezado por los ministerios del Interior y de Defensa, la Policía, la Alta Consejería para los Derechos Humanos, las Naciones Unidas, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y cinco representantes de las organizaciones sociales, que se encarga de “unificar información sobre las agresiones denunciadas por diversas organizaciones sociales y atender los casos más urgentes y relevantes”.

Además, en la Fiscalía General de la Nación se creó un grupo especializado para identificar los casos de homicidios en los últimos años y documentar en qué estado procesal se encuentran. Según cifras del ente investigador, alrededor del 95 por ciento de los más de cien casos están en sus bases de datos, ocho procesos se encuentran en etapa de ejecución de penas y ocho más están en estado de juicio. Lo anterior es calificado por las organizaciones sociales como el “avance más grande que haya dado la Fiscalía por encontrar a los culpables de los crímenes contra defensores y hacer justicia”.

Al respecto, el informe reconoce los avances, pero cuestiona seriamente el papel de protección que debe garantizar el Estado. “(El gobierno) puso por fin sus ojos sobre la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, demostrando con ello que la investigación de crímenes y respuesta efectiva del Estado a situaciones de amenaza obedece estrictamente a la voluntad política de los gobernantes y funcionarios públicos, ya que resultados como los descritos anteriormente habrían podido conseguirse en años anteriores donde incluso, se registraron un mayor número de agresiones y homicidios. En pocas palabras, el gobierno pudo proteger de manera más efectiva a los defensores en años anteriores, pero no tuvo voluntad de hacerlo”.

No obstante, para David Flórez, de Marcha Patriótica, la acción de investigación del Estado es desigual, está encamina a perseguir a dicho movimiento político y no ha producido ni una sentencia por los asesinatos de 118 de sus integrantes. “Hemos denunciado y abierto alrededor de cinco mesas con el gobierno, se crean comités de alto nivel para analizar la situación y en la práctica no tenemos resultados. Hay más de 300 compañeros de Marcha Patriótica investigados penalmente por supuestamente pertenecer a la insurgencia pero no tenemos más de cinco indiciados ni un sólo investigado formalmente por las amenazas contra nosotros; no tenemos ni una sanción administrativa contra funcionarios que nos han calumniados”, indicó.

También existe preocupación por la falta de resultados contra los grupos de origen paramilitar, a los cuales les son atribuidas la mayoría de las agresiones contra los defensores de derechos humanos en los últimos años.

En particular, llama la atención la situación de las Águilas Negras, grupo que es señalado como el responsable del 90 por ciento de las amenazas contra defensores en los últimos cinco años. El informe cuestiona que “el gobierno colombiano insiste en negar su existencia pero reconoce la afectación de este grupo a poblaciones desplazadas en varios sectores del país. A la fecha no hay una estrategia clara del gobierno para atacar este grupo y no hay una sola investigación que de resultado contra el mismo ¿Quiénes son en realidad las Águilas Negras?”.

Por otro lado, Somos Defensores también llama la atención sobre el rumbo que tomará la Fiscalía General de la Nación a raíz de la designación de Néstor Humberto Martínez como jefe de esa entidad. “El fiscal Martínez ha defendido en el pasado (desde su bufete de abogados) a empresas que han sido relacionadas con posibles agresiones a defensores de derechos humanos como el caso de El Cerrejón, Pacific Rubiales, Medoro Natural Resources (Marmato) y otras. ¿Será que el nuevo Fiscal mantendrá como tema clave en su gestión la investigación sobre crímenes y amenazas contra defensores sin importar que callos toque en el camino?”, cuestiona el informe.

Los retos del posconflicto

El pasado 22 de junio el gobierno y las Farc firmaron el cuatro punto de la agenda de negociación, en el que se establecen mecanismos para combatir el paramilitarismo y garantizar seguridad en el posconflicto. Foto: archivo Semana.En medio de las constantes agresiones a defensores de derechos y la rampante impunidad, se empieza a vislumbrar la ratificación del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc que traería consigo una eventual etapa de posconflicto, la cual se puede convertir en caldo de cultivo de más violencia contra los activistas locales. Entre ese espacio de transición hacia el fin de la guerra con la guerrilla más grande del país, el informe plantea cuatro retos y escenarios de riesgo.

El primero es la estigmatización, a raíz de los fuertes mensajes que han circulado en contra del proceso de paz y de la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado, por algunos sectores opositores. “Es muy posible que esta campaña de estigmatización continúe y sean los defensores el blanco perfecto de acciones de desprestigio y persecución. Un claro ejemplo de ello fue la campaña anti-restitución de tierras promovida por importantes sectores económicos como los ganaderos y el Procurador General, Alejandro Ordóñez”, señala el informe.

Le sigue el plebiscito, el cual fue aprobado por la Corte Constitucional como el mecanismo de refrendación del Acuerdo Final que alcancen el gobierno nacional y las Farc. El hecho de hacerle pedagogía en los acuerdos y trabajar en su difusión, advierte Somos Defensores, seguramente incrementará los niveles de riesgo de muchos defensores.

El informe plantea como tercer escenario el surgimiento de nuevos focos de agresión, toda vez que concluya la confrontación armada y cesen las afectaciones contra la población civil, relacionados con el medio ambiente, la oposición a la minería a gran escala y la defensa del derecho a la tierra y el territorio. Según cifras de la organización Global Witness, que monitorea los riesgos de los activistas medioambientales, Colombia fue el tercer país más peligroso de 2015 para quienes cumplen esa labor. Se teme que en el posconflicto dichas agresiones puedan aumentar.

Por último, “legislaciones agresivas”, como el nuevo Código de Policía, han disparado las alarmas entre los defensores de derechos humanos, porque dicha normativa “le otorga nuevas facultades a la Policía que legalizará acciones de estigmatización con fines de vigilancia sobre poblaciones usualmente observadas como es el caso de los defensores, así como dará mayores garantías a la acción de la Policía sobre la protesta social. Sin lugar a duda este es un gran reto para la labor de los defensores en el escenario de transición al post acuerdo”.

Bajo ese contexto, Guevara señala que si el gobierno no toma acciones preventivas inmediatas frente dichas situaciones se puede desatar una situación de violencia muy compleja en el marco de la firma del Acuerdo Final y del plebiscito.

“Los defensores de derechos humanos son una piedra en el zapato para muchos poderes, y entre ellos, para quienes vayan a ostentar las armas en el posconflicto. Va a ser un problema que sigan denunciado porque van a ser señalados como enemigos del progreso y de la paz por hacer su trabajo. Se puede venir una estigmatización muy alta, sobre todo contra los que están en los territorios de concentración de las Farc”.

Para el vocero nacional de Marcha Patriótica, la incidencia de los derechos es uno de los elementos nodales del posacuerdo y papel de sus defensores es protagónico por el contacto directo que tienen con las comunidades. Por esa razón, advierte que “si no se protegen esos liderazgos locales habrá una gran desconfianza de la Colombia que ha sufrido las dinámicas de la guerra, para poder decir realmente que vamos para una paz estable y duradera”.

Por otro lado, Mejía planteó que para la etapa del posconflicto se deben garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos desde una perspectiva integral y no sólo de seguridad.

“Es importante que el gobierno fortalezca las medias de prevención y de no repetición. Si sigue concentrando la protección en esquemas de protección y en una perspectiva material -que son útiles-, no se podrá garantizar el libre ejercicio de los defensores y las defensoras. La garantía para la defensa de los derechos humanos tiene que tener una perspectiva integral con prevención, protección y no repetición”, dijo.

Es prioritario que se generen las condiciones óptimas para que los defensores de derechos humanos puedan hacer su trabajo sin impedimentos en el posconflicto, puesto que jugarán un papel fundamental en el aterrizaje de los acuerdos de La Habana a las regiones. De no tomarse las medidas necesarias a tiempo, la cifra de 381 activistas sociales asesinados entre enero de 2010 y junio de 2016, se quedará corta, y por lo tanto las comunidades y el proceso de paz sufrirán la ausencia de sus liderazgos.