Más de 70 estudiantes, profesores y sindicalistas fueron asesinados y obligados a desplazarse por denunciar la corrupción que se fraguó entre políticos, directivos y paramilitares. Ante el proceso de reparación colectiva que se avecina, víctimas piden que se aclare la verdad y la justicia llegue a las aulas.
La Universidad del Atlántico es el centro de educación elegido como sujeto de reparación colectiva, después de la Universidad de Córdoba. Foto: Uniatlántico.“Hay temor. Todavía hay temor. Lo que nos tiene más atemorizados es que la muerte todavía está impune y entonces el paramilitar todavía está ahí (…) y estas personas que las han señalado los paramilitares en sus versiones están ahí en la Universidad… ¿qué seguridad tiene uno?”, dijo un familiar de Lisandro Vargas, profesor y sindicalista asesinado el 23 de febrero de 2001.
El testimonio, recogido en el informe El derecho a la Justicia como garantía de no repetición del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a cargo de la investigadora Luz Marina Monzón, resume el temor de varias víctimas de la Universidad del Atlántico ante una verdad que no ha terminado de revelarse.
Desde su creación en 1946, la universidad se ha visto envuelta en varios escándalos de corrupción y se ha denunciado la intromisión de familias políticas en la elección de los rectores. Pero desde finales de los años 90 hasta mediados de los 2000 se sumó un factor que provocó la peor época de violencia vivida en la institución: el paramilitarismo.
El Frente José Pablo Díaz, una facción del Bloque Norte comandada por Edgar Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, se alió con directivos de la universidad y políticos locales para atacar las voces críticas de ese centro superior de estudios y, de paso, sacar provecho de las rentas públicas. (Leer más en: El macabro paso de del Bloque Norte por el Atlántico)
La violencia y la corrupción no cesaron con la desmovilización de los paramilitares, pues hasta 2008, de acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo, ‘Gaitanistas’ y ‘Rastrojos’ seguían amenazando a estudiantes de la universidad. Fue así como los violentos lograron acallar por un largo tiempo la voz crítica en esta alma mater.
De acuerdo con el Centro de Memoria de la Universidad, hay por lo menos 73 víctimas, 25 de la cuales fueron asesinadas. Sin embargo, no hay total claridad en las cifras, pues en 2008, la misma comunidad académica denunció 40 homicidios y 60 amenazas. Se cree que esta disparidad se debe a que muchos estudiantes decidieron salir del país sin poner denuncia alguna.
Ante los fiscales de Justicia y Paz, los exparamilitares confesaron algunos de estos crímenes. Por esa razón, en la sentencia contra alias ‘Don Antonio’, proferida en 2012, la Corte Suprema ordenó la creación de un Comité de defensa de los derechos humanos en la universidad. La medida fue adoptada, aunque según cuentan personas que estuvieron cerca al proceso, no fue fácil por trabas administrativas y el estigma que aún recae sobre las víctimas y las organizaciones sociales.
De acuerdo con Marta Ospina, Vicerrectora de Bienestar Universitario, el Comité ha realizado varios actos simbólicos: pegaron afiches con las fotos de algunas de las víctimas, se organizaron grados póstumos de ocho estudiantes que fueron asesinados y eventos de conmemoración de los profesores Jorge Adolfo Freytter Romero y Lisandro Vargas. Sobre este último se instaló una placa póstuma en los laboratorios de física y una plazoleta será renombrada como ‘Plazoleta de los héroes’.
A finales de marzo, la Unidad de Víctimas hizo pública la decisión de incluir a la Uniatlántico como sujeto de reparación colectiva. “Esto implica dimensionar el daño colectivo que se causó. Ya habíamos trabajado en la reparación de algunos casos individuales, por ejemplo, el desplazamiento u homicidio de algunos profesores. Pero con esto se pone de presente el impacto que tiene el silenciamiento y la estigmatización en los centros de pensamiento crítico”, explicó Carolina Albornoz, directora del área de la reparación colectiva en la Unidad de Víctimas.
Lograrlo no será una tarea fácil. Aunque ya se han hecho algunos esfuerzos en la universidad para reconocer a las víctimas, pocos creen que sea posible la reparación si los responsables de los hechos siguen libres y sin que se conozca la verdad. “Quién va a reparar si no se ha hecho completa justicia y lo más importante, no se sabe toda la verdad. Solo han encontrado o culpado ‘paracos’, pero no a los intelectuales”, opinó un exestudiante que está exiliado y pidió la reserva de su nombre.
¿Qué pasó en la Uniatlántico?
Una sentencia de la Corte Suprema ordenó en 2012 la creación de un Comité para la defensa de los derechos humanos dentro de la Universidad. Foto: archivo Semana.Desde finales de los noventa, el jefe paramilitar Carlos Castaño ordenó la toma de las universidades públicas de la región Caribe. Fue así como Salvatore Mancuso aterrorizó a la comunidad educativa de la Universidad del Córdoba, el Frente Mártires del Valle de Upar ingresó a Universidad Popular del Cesar y los ‘paras’ de ‘Don Antonio’ se tomaron la Universidad del Atlántico.
El objetivo era apropiarse de los recursos de la educación, tal como sucedió con los de la salud. Pero los paramilitares no actuaron solos. “La Fiscalía recibió también declaraciones respecto a alianzas con rectores en universidades públicas de la región. Dentro de esta estrategia, la violencia se convirtió en la herramienta para buscar y conseguir la eliminación sistemática de individuos o grupos de personas que podrían constituir obstáculo para el alcance de los objetivos de los sectores en alianza y del propio proyecto político paramilitar”, asevera el informe del CNMH. (Leer más en: La toma de la Universidad de Córdoba)
Exparamilitares del Frente José Pablo Díaz han reconocido que, con el consentimiento de las directivas, ingresaron a la universidad a través de un paramilitar infiltrado. Incluso Carlos Romero Cuartas, alias ‘Montería’, aseguró que el exrector Ubaldo Enrique Meza les suministró los nombres de algunas de sus víctimas. Meza ha desmentido esta versión, asegurando que se trata de una venganza.
Para algunos estudiantes conocer la verdad sobre esta alianza es un requisito indispensable para hablar de reparación. “La universidad no puede declararse una víctima, porque la universidad es victimaria. La administración promovió esos asesinatos y en algunos casos hizo caso omiso. Además de que financió la corrupción, y sigue promoviendo la corrupción, que fue lo que realmente originó esos asesinatos”, aseguró el familiar de una de los profesores asesinados que pidió la reserva de su nombre.
¿Quiénes son las víctimas?
Alfredo Correa de Andréis fue un investigador social interesado en los desplazamientos masivos que estaban ocurriendo en la Costa Caribe. Foto: archivo Semana.Quienes denunciaron este complot o hicieron veeduría de los dineros públicos fueron amenazados o asesinados, debilitando así a los sindicatos y organizaciones estudiantiles. “La situación de derechos humanos dentro del claustro universitario se ha tornado cada vez más crítica, debido al clima de desconfianza generado por el temor de los miembros de la comunidad a expresarse libremente o a debatir sus posiciones frente a los problemas que aquejan a la Universidad, en particular y al país en general”, dice un informe de la Defensoría del Pueblo de 2001.
Las denuncias iban desde la existencia de nóminas paralelas, el no pago de pensión a los maestros jubilados, el robo de dinero que estaba destinado a la construcción de laboratorios, la poca transparencia en la elección del personal directivo y los frecuentes recortes presupuestales.
Desde finales de la década de los noventa aparecieron las primeras víctimas, pero fue a comienzos del nuevo siglo que la violencia incrementó. El 26 de agosto del 2000 asesinaron al profesor y abogado, Luis Meza Almanza, luego de salir de una reunión con otros profesores y algunos alumnos. No habían pasado dos meses cuando, el 5 de octubre, mataron a Alfredo Martín Castro Haydar, docente que para ese entonces se desempeñaba como vicerrector de Bienestar social. La muerte ocurrió frente a su esposa y su hija mientras regresaban a su casa.
Se hicieron comunes entonces las llamadas “listas negras” que circulaban en la universidad con los nombres de las próximas víctimas. El 23 de febrero de 2001 ocurrió el homicidio del profesor Lisandro Vargas, quien venía haciendo una crítica a las irregularidades administrativas, especialmente reclamaba los dineros que se habían destinado para mejorar el laboratorio de física y que nunca se ejecutaron. Desde los años ochenta se había vinculado con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu).
El 28 de agosto de ese mismo año, hombres armados capturaron a Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de ciencias sociales que formaba parte de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (Asojua), un sindicato que días antes de su muerte organizó una toma pacífica de dos sedes de la institución para exigir el pago de las mesadas atrasadas. Su cuerpo apareció al día siguiente con evidencias de tortura.
Como explica el informe del CNMH, las denuncias de sindicalistas y líderes estudiantiles fueron obstaculizadas con montajes judiciales. Así sucedió con el estudiante Reinaldo Serna, quien fue investigado por unos supuestos explosivos que aparecieron en la universidad. Durante el proceso judicial recibió amenazas de los paramilitares y un año más tarde fue asesinado.
“En 2001 se observó un alto número de estudiantes de la Universidad que solicitaron protección, denunciaron la difusión en el plantel de listas de ‘exterminio’, así como de amenazas de muerte que por su alto impacto desencadenaron en la universidad la ‘ley del silencio’”, resalta el informe. De hecho, uno de los movimientos estudiantiles más grande, llamado Alma Mater, desapareció por completo.
El asesinato que causó más impacto a nivel nacional fue el del profesor Alfredo Correa de Andréis, quien investigaba, entre otros temas, el desplazamiento masivo en la Costa Caribe. Además de la UniAtlántico, trabajó en la Universidad del Norte y la Simón Bolívar, donde hizo parte de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. (Leer más en: El proceso de Jorge Noguera)
En junio de 2004 fue detenido por agentes del DAS. Allanaron su apartamento y lo condujeron a las instalaciones de ese organismo de seguridad en Barranquilla, donde quedó detenido durante un mes. Después, pudo probar que habían montado un caso contra él con base en un falso testimonio de un guerrillero desmovilizado.
Dos meses después de haber recobrado su libertad, aunque las investigaciones seguían en curso, fue asesinado en Barranquilla. El homicidio de Correa de Andreis reveló la infiltración paramilitar en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El sociólogo estaba en una de esas “listas negras” de dirigentes políticos, sindicales y sociales asesinados que ese organismo, ya desaparecido,le pasó a los paramilitares.
Aun cuando los paramilitares iniciaron una negociación con el gobierno de Álvaro Uribe a finales de 2003, los ataques no pararon. El 18 de octubre de 2005, por ejemplo, seis hombres armados capturaron al líder estudiantil Henry Molina, lo condujeron hasta unos calabozos y lo torturaron para que firmara un documento donde aseguraba que era guerrillero.
“Me decía: —Pero firma, firma, firma que te va a ir bien, no te hagas maltratar no te hagas joder, que no sé qué, que dónde están los guerrilleros, cuáles son los guerrilleros de la universidad”, contó Molina en el informe del CNMH.
El 24 de octubre de 2006, un día antes de que comenzara un paro estudiantil que reclamaba por el alza de las matrículas, explotó una bomba en una caseta del estadio de softbol de la ciudadela deportiva. En el incidente murieron cuatro estudiantes.
La justicia que no llega
Foto: archivo Semana.Las víctimas han tenido obstáculos para acceder a la justicia. Pese a que exparamilitares han confesado algunos de sus crímenes, poco se sabe de sus aliados dentro de la universidad y en instituciones como el DAS. Ante las amargas experiencias en los estrados judiciales los afectados han preferido presentar sus casos en instancias internacionales.
“Las víctimas han buscado la verdad más por iniciativa propia, porque la mayoría de las veces ni siquiera son contactadas por la Fiscalía. Las experiencias fallidas en la interacción con el sistema judicial afectan mucho la visión que tienen de la justicia. Hay casos que podrían decirse que son técnicamente exitosos, existe una sentencia. Pero eso no quiere decir que para las víctimas se pueda hablar de justicia”, contó Luz Marina Monzón, la investigadora que coordinó la investigación del CNMH.
Ese informe narra que el estudiante torturado, Henry Molina, por ejemplo, tuvo dificultades para presentar la denuncia sobre lo ocurrido. Inicialmente, no lo dejaron ingresar al Centro Cívico (donde están ubicadas la mayoría de instituciones judiciales de Barranquilla), argumentando que tenía que vestir zapatos cerrados – situación que era imposible por las heridas que aún tenía en sus pies a causa de la tortura; en Medicina Legal lo cuestionaron por sus actividades estudiantiles, y le recriminaron asegurando ‘que no debía estar haciendo nada bueno’; al final, la denuncia se hizo, pero nunca avanzaron las investigaciones; en cambio, a Henry le abrieron un proceso por rebelión.
En el caso de Lisandro Vargas, los familiares aseguran que nunca fueron contactados por la Fiscalía. Llegaron por cuenta propia cuando se enteraron que alias ‘Montería’ iba a rendir versión. Pasó todo el día hasta que el fiscal le preguntó al postulado por la muerte del profesor, pero el exparamilitar dijo que tenía dolor de cabeza y la diligencia se canceló. Fue después que ‘Montería’ señaló al exrector Ubaldo Enrique Meza como su cómplice.
“Ha sido un circo, como primera medida al señor Ubaldo Meza lo han señalado paramilitares en versiones de que él ha sido el culpable del 80 por ciento de homicidios y resulta que ahoritica aquí hubo un congreso de educadores y el señor Ubaldo Meza era el presidente, él sentado allá en la mesa ¿Qué es eso? Y vinieron educadores de Latinoamérica y este señor está señalado… por eso uno no entiende”, dijo un familiar.
El caso del profesor Correa de Andréis ha sido el que más ha avanzado judicialmente. Se han emitido cuatro sentencias contra tres paramilitares y un agente del Estado, se trata de Jorge Noguera Cotes, director del DAS durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), quien fue condenado a 25 años por ser el autor mediato del homicidio.
La familia, sin embargo, sigue esperando que la justicia actúe con la misma efectividad contra Javier Alfredo, ex subdirector del DAS en Magdalena, quien está prófugo de la justicia, y de Demóstenes Camargo, el fiscal que adelantaba investigaciones por rebelión contra el profesor con testigos falsos.
De acuerdo con la investigadora Luz Marina Monzón, hasta que el Estado no resuelva estas necesidades de justicia es difícil hablar de reparación. “Para hacer una reparación colectiva no es solo reconocer a estas personas como víctimas sin reconocer lo que el Estado y otros terceros hicieron y sancionarlo. Si eso no pasa, entonces qué es lo que van a reparar”, se preguntó.
Ante estas apreciaciones, Carolina Albornoz, directora del área de la reparación colectiva en la Unidad de Víctimas, reconoció que “es un tema complejo y que lo discutimos constantemente. Hay una gran demanda de verdad y de acceso a la justicia, un aspecto que trasciende hacia la rama judicial y por más esfuerzos que hagamos desde el ejecutivo, así es difícil crear lazos de confianza. Tenemos el reto enorme como Estado de hacer más efectivo el acceso a la justicia”, concluyó.
Con estos retos, pero también con esos obstáculos, comienza la fase inicial del proceso de reparación colectiva de esta comunidad académica de la región Caribe.
