Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó

Pese a dos años de constantes advertencias lanzadas por la Defensoría del Pueblo sobre la delicada situación que vive este departamento, ni las Fuerzas Militares ni el gobierno nacional han tomado cartas en el asunto de manera efectiva. Lo que se vive es una gran crisis humanitaria. Y se profundiza porque varias agencias internacionales están vetadas para ingresar a algunas zonas afectadas.

El sur de Chocó sigue en disputa pese a la salida de las Auc y de las Farc de la región. Foto: Juan Diego Restrepo E.

El recrudecimiento de la intensa guerra que libran en diversas regiones de Chochó unidades guerrilleras del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) no parece tener tregua. Los combates entre estas dos fuerzas armadas ilegales exponen a cientos de pobladores de comunidades negras e indígenas a una grave crisis humanitaria.

Los últimos hechos se registraron en Peñas Blancas Truandó, del municipio de Riosucio. El pasado 12 de septiembre se registró una fuerte presencia de tropas ‘gaitanistas’ así como de varias columnas guerrilleras en esta comunidad, habitada mayoritariamente por indígenas Emberá Dobida.

Asimismo, desde mayo de este año, las comunidades han reportado fuertes enfrentamientos en la zona y lo que más les preocupa es la constitución de una retaguardia del Eln que ha minado gran parte de los caminos que conducen a esta parte alta del río Truandó.

Aunque fuentes policiales consultadas por VerdadAbierta.com señalaron no tener conocimiento sobre la ocurrencia de combates en la zona, desde hace varias semanas organismos humanitarios han solicitado a las autoridades civiles de Riosucio activar los mecanismos de ayuda de emergencia ante un inminente desplazamiento masivo de indígenas, que podría llegar a más de 270 personas.

No se trata de una alarma infundada. Desde que se recrudecieron las confrontaciones armadas entre ‘gaitanistas’ y ‘elenos’, desde finales de 2015 se han concentrado principalmente en las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí y Domingodó, generando una grave crisis humanitaria que se extiende por toda la margen occidental del río Atrato. (Leer más en: La guerra que se cocina lentamente en el Chocó)

Un gran número de territorios colectivos han sido minados, los combates se dan en inmediaciones de los poblados y tanto comunidades indígenas como afrocolombianas se encuentran desplazadas en la cabecera de Riosucio. Las amenazas contra líderes de la región son permanentes y las denuncias de reclutamientos forzados por parte de ambas estructuras armadas constituyen “pan de cada día”.

Esta vasta región es, hoy por hoy, el teatro de guerra más activo en Chocó. El pasado 22 de agosto se presentó un combate entre el Eln y las Agc en inmediaciones de la comunidad Embera de Kiparadó La Loma. La confrontación se dio muy cerca de viviendas del poblado y los habitantes tuvieron que huir para proteger sus vidas. En medio del tiroteo, una bala perdida hirió a la joven Ana María Tovar Metaquito, habitante de Kiparadó. Muy cerca de allí está la comunidad Wounaan de Juin Duur, que también entró en pánico por el tránsito de las Agc y el Eln y habrían decidido desplazarse hacia la cabecera de Riosucio: al final 25 familias de Juin Duur decidieron desplazarse.

La primera semana de agosto se presentó un combate que habría dejado 15 combatientes de las Agc muertos y en mayo el Eln informó, a través de un parte de guerra, sobre la supuesta muerte en combate de por lo menos 46 paramilitares, cifras extraoficiales que, sin embargo, dan cuenta de la intensidad de la confrontación en la región.

A ello se suma que el resguardo Peñas Blancas constituye un territorio con alto valor estratégico para ambos grupos armados, pues permitiría consolidar un corredor que iniciaría en el Bajo Atrato chocoano, en límites con el Urabá antioqueño, remontar la serranía del Baudó, para terminar en el norte de Bahía Solano y de allí, a las costas sobre el Pacífico que posee esta localidad. Sin duda un botín de guerra por el cual los actores armados están dispuestos a matar o morir.

Denuncias documentadas por agencias estatales señalan que en este resguardo la guerrilla del Eln ha plantado una fuerte retaguardia para evitar el avance ‘gaitanista’, recurriendo al uso indiscriminado de minas antipersonal, lo que estaría generando desplazamientos forzados y confinamientos de miles de comunidades negras e indígenas, agravando aún más las difíciles condiciones alimentarias de estos pueblos. Las autoridades tienen conocimiento de cuatro civiles que han resultado heridos al pisar estas trampas mortales mientras que se reportan decenas de combatientes heridos y muertos en campos minados.

Por su parte las Agc ya ejercen un férreo poder sobre la cuenca del río Traundó, lo que ha generado fuertes desplazamiento forzados, principalmente de comunidades negras. Lo que llama la atención de organismos humanitarios es la presencia y el dominio, cada vez más notorio, que tienen los ‘gaitanistas’ sobre el afluente, sobre el cual debería existir un control permanente por parte de la Armada Nacional y la Infantería de Marina (batallones fluviales, Nº 16 y 20 y tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán). (Leer más en: Eln denuncia que ‘gaitanistas’ reciben apoyo del Ejército en Chocó)

¿Empeorará?

Comunidades cuestionan que los ilegales transiten por los territorios a pesar de la presencia de la Fuerza Pública en la región. Foto: archivo Semana.Los análisis de quienes conocen a fondo las dinámicas de la guerra en Chocó estiman que durante las próximas semanas podría haber un recrudecimiento de las acciones de guerra, teniendo en cuenta que el 1 de octubre comienzan a correr los cuatro meses de cese al fuego bilateral pactado por el gobierno nacional y los negociadores del Eln en Quito, Ecuador. Incluso, algunos temes que en esta región no sea tan efectivo el silenciamiento de los fusiles.

Pero lo que más preocupa a quienes trabajan en labores humanitarias en la región es que han pasado dos años desde que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo lanzó sus primeras alertas sobre la grave situación humanitaria en el Chocó y hasta el momento, ni las autoridades de Policía, ni las Fuerzas Militares han tomado cartas en el asunto.

El pasado 4 de septiembre se cumplieron dos años de las primeras advertencias sobre el inicio de un nuevo ciclo de confrontaciones y disputas en el corredor del rio Truandó, sin que ello hay significado una respuesta eficiente por parte del gobierno nacional y de la Fuerza Pública, que, por el contrario, han tratado de minimizar el asunto. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)

El tema ha sido motivo de preocupación de monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó, quien en abril pasado y a través de diversos medios de comunicación aseguró que “en algunas regiones se ha denunciado la falta de un mayor compromiso por parte de la Fuerza Pública”. Sus palabras evidencian la inquietud por el avance de grupos armados ilegales desde hace poco menos de dos años, y sin un freno estatal contundente, hacia zonas estratégicas del departamento, vitales para fortalecer negocios ligados al tráfico de drogas, a la explotación aurífera y al tráfico de armas y de municiones, afectando a las comunidades que encuentran a su paso.

VerdadAbierta.com conoció que funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas y de la Delegada para los Derechos de la Población Desplazada de la Defensoría del Pueblo le han solicitado en varias oportunidades al Defensor del Pueblo, Carlos Negret, que abogue por la apertura de un corredor humanitario que implique la llegada a la zona de comisiones del gobierno nacional y de entidades del Estado en su conjunto para conocer el estado de las comunidades abandonadas, la situación de la población confinada y desplazada y se adelanten acciones efectivas de protección. Hasta el momento no ha habido respuesta a esa petición.

El problema tiende a agravarse con el paso de los días porque, según pudo conocer este portal, los equipos humanitarios de agencias internacionales, así como de la Defensoría del Pueblo, tienen vetado el ingreso a la cuenca del río Truandó, situación que se sabe por algunos mensajes difundidos en la región y debido la alta densidad de minas antipersonales sembradas cerca a los caminos.