Indígenas, confinados en Timbiquí por accionar de grupo armado

Por lo menos 1.012 nativos que habitan en la parte baja del río Saija están encerrados porque desde hace varios días hombres encapuchados que visten de negro rondan sus territorios. Las entidades que atendieron denuncias piden de manera urgente ayuda para atender la emergencia humanitaria.

indigenas confinados cauca 1Indígenas refugiados en el resguardo de Calle Santa Rosa de Timbiquí. Foto: Defensoría del Pueblo.Los habitantes de los cabildos de Las Peñas, La Sierpe, Unión Málaga y Calle Santa Rosa, situados en la parte del río Saija que conecta con los esteros que conducen hacia el Pacífico caucano, empezaron a ver desde el pasado 5 de febrero un pequeño grupo de hombres armados que visten prendas negras, sin ningún elemento que los identifique. Estas comunidades son que viven en una zona apartada y marginal, subsistenten gracias a la caza y a la recolección de los alimentos que les ofrece el monte, y muchos de sus integrantes no dominan el español.

Pese a estar acostumbrados a vivir en circunstancias agrestes, su tranquilidad se acabó el 9 de febrero, cuando esos 'foráneos' realizaron varios disparos al aire, causando el desplazamiento de las 17 familias de la comunidad de Las Peñas que, despavoridas, tomaron rumbo hacia Calle Santa Rosa. En el camino, el miedo se regó como pólvora y las comunidades de La Sierpe y Unión Málaga también se dirigieron hacia ese lugar, produciéndose el confinamiento de 1.012 indígenas.

La situación de la comunidad sólo se conoció diez días después en la cabecera municipal. El pasado jueves, una delegación conformada por miembros de la Personería, la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), llegó a la región para corroborar las denuncias y atender la emergencia.

El personero de Timbiquí, José Alfredo Valencia, le explicó a VerdadAbierta.com que se realizó un Comité de Justicia Transicional para recoger las declaraciones de las víctimas y tramitar la documentación necesaria para que el Municipio, la Gobernación de Cauca y la Unidad Nacional de Víctimas se pongan al frente de la asistencia humanitaria.

Sobre los hechos, el funcionario agregó que las autoridades no saben qué está ocurriendo y que los indígenas insisten en que es un actor desconocido; además, recordó que recientemente la guerrilla del Eln dijo que no tenía presencia en la región. “Es una situación muy grave: Las Peñas se quedó sin energía porque un disparo cortó uno de los cables de electricidad y la Guardia Indígena dice que está agotada porque se la ha pasado vigilando día y noche desde entonces”, indicó Valencia.

Por otro lado, un funcionario de la Defensoría del Pueblo le contó a este portal que las cuatro comunidades se encuentran hacinadas en un polideportivo de estructura palafítica conocido como Casa Grande, construido en madera chonta, que no cuenta con las condiciones básicas de agua y salubridad para albergar a los más de mil afectados.

“Las comunidades tienen temor de salir a cazar y recolectar por la presencia de los actores armados, dicen que es un grupo de siete personas. Es una situación irregular porque no agredieron a la comunidad ni profirieron amenazas, por lo general los nuevos grupos llegan y amenazan para ejercer control territorial”, indicó el funcionario.

Las cuatro comunidades habitan una zona marginal de estero donde raramente se ve presencia gubernamental, cuando llega “es recibida con extrañeza”; cuentan que, si mucho, hay una o dos jornadas de vacunación al año; hay pocos cultivos de coca y explotación de minería ilegal hacia la cordillera. Sin embargo, es una región estratégica para enviar droga al exterior y se encuentra dentro de las 15 millas náuticas que debe custodiar la Armada Nacional.

En Cauca, diferentes voces reportan que tras la salida de las Farc de sus zonas de influencia, acatando las disposiciones para concentrarse en dos Zonas Veredales y un Punto Transitorio de Normalización del departamento, en donde estarán durante seis meses para preparar su reincorporación a la sociedad civil y entregarle sus armas a la ONU, han ingresado personas o grupos armados para intimidar o controlarlas.

“La Fuerza Pública no ha solucionado la falta de seguridad que anteriormente prestaban las Farc en medio de su control territorial. No hay una respuesta efectiva ante la salida de la guerrilla y las condiciones de inseguridad en algunas regiones se han empezado a notar con robos y extorsiones”, aseguró una persona que conoce las dinámicas de la región.

Ciclo de violencia y paz

indigenas confinados cauca 2A pesar de las riquezas naturales, las comunidades étnicas de Timbiquí viven en medio de la pobreza y del abandono estatal. Foto: VerdadAbierta.com.El personero municipal llamó la atención sobre el hecho de que Timbiquí le dijo Sí a la paz, votando masivamente a favor de la refrendación del primer acuerdo de paz que salió de las negociaciones entre el gobierno nacional y las Farc en Cuba, esperando que la violencia cesara. No obstante, empieza a brotar un sinsabor: “El pero es que es con el proceso de paz empezaron a llegar grupos armados a la zona baja con el ánimo de copar el espacio que dejó las Farc”.

Por ahora, esa incursión de nuevos hombres armados no ha dejado víctimas mortales, pero, según narró el personero Valencia, las cuatro comunidades indígenas que están confinadas en Calle Santa Rosa, tienen temor de que la entrada de la Fuerza Pública pueda derivar en más riesgos contra su seguridad, por posibles enfrentamientos o retaliaciones de sus nuevos 'vecinos'.

Y como si fuera poco, el anterior proceso de dejación de armas del país, que conllevó a la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tras negociar con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), desató posteriormente una crisis humanitaria en la que ocurrieron los primeros desplazamientos masivos de sus habitantes.

Un Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, fechado el 1 de octubre de 2010 documentó que: “(…) con posterioridad a su desmovilización estos espacios fueron ocupados por los grupos armados ligados al narcotráfico y por las estructuras armadas ilegales surgidas con posterioridad a la desmovilización de las AUC, lo que se refleja en la presencia de integrantes de Los Rastrojos, y Las Águilas Negras en el casco urbano de Guapi y, de miembros de grupos armados articulados al narcotráfico en la cabecera de Timbiquí, lo cual genera zozobra y temor permanente en la población civil”.

'Matamberas', la red que sostiene la identidad afro de Timbiquí

Los nuevos grupos que surgieron tras la desmovilización de las Auc controlaron por medio de violencia e intimidaciones a los habitantes de Timbiquí para hacerse con las rentas que producían los cultivos de coca y el narcotráfico. Y sus posteriores disputas con las Farc, cuando ingresaron nuevamente a la región, derivaron en desplazamientos masivos que llevaron a la desaparición de los caseríos de Velásquez y La Fragua, los cuales están deshabitados a día de hoy.

Sin embargo, en este nuevo proceso de paz no han transcurrido ni dos meses desde que se empezó a implementar el Acuerdo Final de paz que fue refrendado por el Congreso de la República el 1 de diciembre, y ya han ocurrido varios casos en los que hombres armados ingresan a territorios que anteriormente eran de dominio de las Farc, generando temor en las comunidades.

El pasado 10 de febrero un grupo armado incursionó en una de las veredas de Briceño, municipio antioqueño donde se han adelantado programas piloto de desminado humanitario y sustitución de cultivos de coca, en busca de pobladores que ejercen liderazgo y uno resultó herido. Además, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, también se han denunciado casos de desplazamiento hacia Venezuela tras la salida del Frente 33 de las Farc hacia la zona de concentración de Caño Indio.

 Tensión en las montañas de Briceño

En este arranque de año la implementación del Acuerdo Final de paz, que apenas inicia su aterrizaje a través de los debates y normas que aprobará el Congreso de la República vía Fast Track (sólo han sido aprobadas dos de las casi 50 que se tienen estimadas), se han generado grandes turbulencias en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, las cuales incluyen amenazas y asesinatos de líderes sociales.