Las dos caras del despojo en el Tolima

El despojo de la tierra en el Tolima tuvo dos fuerzas.  Las Farc vencieron en el sur del departamento a los grupos de paramilitares enviados por Carlos Castaño y en su arremetida militar de 2001, expulsaron a centenares de campesinos de Planadas, Rioblanco y Ataco.
 
 

El Bloque Tolima de las Auc derrotó a las Farc y al ELN en el sur y se fue despejando pueblos y veredas de su dominio, matando y expulsando a los activistas sociales y agrarios, en quienes veía el sustento de los guerrilleros.


En los dos casos, las tierras abandonadas fueron ocupadas por personas acataron la autoridad de los grupos armados vencedores.

Ofensiva guerrillera por el Sur
Guillermo Díaz era un habitante de Puerto Saldaña, un pueblo de treinta casas colgado de una pendiente de la cordillera central en el municipio de Rioblanco al suroccidente del Tolima.  Era el propietario del único restaurante del lugar. Vivió toda su vida en la zona – cuenta – hasta que las Farc lo amenazaron en 1997 y tuvo que dejar su finca y su casa para salir huyendo hacia Ibagué.

Las guerrillas habían venido ocupando esas lomas desde el comienzo de los años noventa, subiendo desde el Magdalena junto con los cultivos de amapola. En 1997 llegaron con su presión armada a Puerto Saldaña.  Según cuenta Díaz, un jefe fariano le exigió que entregara a sus dos hijos adolescentes para enrolarlos en sus filas.  “Yo no accedí al chantaje –dice – y por eso me tocó salir corriendo,  vendí a precio de huevo la casa en el caserío y dejé tirada una finquita que estaba pagando”.

Para esa época, el grupo de autodefensas ‘Rojo Atá’ que, como se cuenta en otra historia de este especial, descendía del grupo civil armado al mando de ‘Mariachi’ que había formado el Ejército en los años cincuenta para combatir a los bandoleros, empezó a recibir el apoyo de los hermanos Castaño en Córdoba.  El jefe de estas autodefensas tolimenses, Ernesto Caleño, alias ‘Canario’, había conformado unas Cooperativas Rurales de Seguridad (o Convivir), que con el entrenamiento y armamento de las Autodefensas Unidas de Colombia, pronto se consolidaron como un grupo paramilitar ofensivo.

El conflicto se recrudeció.  En 1998 las Farc se tomaron la hacienda El Davis, el lugar que les había servido de fortín durante sus orígenes.  Destruyeron la casa y expulsaron a quienes habitaban sus terrenos, acusándolos de paramilitares, según cuenta José Madrigal, hijo de la propietaria de esas tierras y quien salió desplazado hacia Bogotá.  “Amenazaron a toda la familia – dice – y  nos tocó salir corriendo.  Nosotros no éramos ‘paras’, pero si había mucha gente que era informante del Ejército, porque en ese sector no querían a la guerrilla”.


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En 2000, las Farc arremetieron y sacaron de la región a los hombres de ‘Canario’.  Según reportes de prensa, cerca de mil guerrilleros atacaron el caserío de Puerto Saldaña y toda su población salió corriendo.  Durante una semana, en el mes de mayo, seis frentes de las Farc asolaron el pequeño poblado, quemaron todas las casas y asesinaron a 23 personas. Como le había tocado antes a Díaz el dueño del restaurante, casi todos los salieron huyendo del pueblo a refugiarse en Ibagué.  Otros pueblos de Riobranco también se desocuparon al paso violento de las Farc. El Sistema de Información Desplazada, Sipod, registró que en 2000 en ese municipio tolimense hubo 3.601 personas desplazadas a la fuerza.

Dicen los que conocen ese caserío que aún hoy, una docena de años después de esos dolorosos episodios, siguen dominando allí las Farc. Los familiares de aquellos que supuestamente colaboraron con los ‘paras’ tienen prohibida la entrada en la zona bajo amenaza de muerte.  “Cualquier persona de apellidos como Caleño, que ingrese por allá, lo matan”, contó a VerdadAbierta.com, uno de ellos que prefirió reservar su nombre.

Por eso la mayoría de campesinos de esa región del Tolima no ha podido regresar. Sus tierras las ocupan hoy quienes se doblegaron al poder de las Farc, dicen hoy las víctimas.  Según Andrés Roncancio,  presidente de la Asociación de Desplazados con Sede en Ibagué, Asoc,  el objetivo de las Farc con el despojo es garantizar un control territorial que les permita movilizarse de forma segura.

“Todavía nos da miedo volver – dice Roncancio – y el Estado no nos ha protegido.  No hemos vuelto desde que nos sacaron y sabemos que la guerrilla puso a gente a vivir allá, en las tierras de nosotros, lo que complica más las cosas.  Otros vendieron barato para salir corriendo”.

El gobierno nacional le da la razón a Roncancio. Dice Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras del  Ministerio de Agricultura, que la mayor parte del sur del Tolima no tiene las condiciones de seguridad para que los campesinos regresen a sus tierras.  “En Tolima vamos a comenzar a restituir tierras por el municipio de Ataco, porque hay una concentración de solicitudes de restitución en ese lugar, y las Fuerzas Militares nos dicen que los campesinos pueden regresar, porque ha bajado la intensidad del conflicto”, dice Sabogal.

Para que a Guillermo Díaz le devuelvan su finca no sólo hace falta que las Farc ya no sean una amenaza en Puerto Saldaña.  No tiene documentos legales sobre su propiedad; apenas tiene unas letras por unos pagos a quien le compró la finca, quien a su vez tampoco le terminó de pagar porque también tuvo que salir huyendo. Muchos otros están en las mismas. No tienen papeles legales para demostrar que las tierras que dejaron eran suyas.

La informalidad en la propiedad de la tierra en esa zona del Tolima es común, según le dijo Santiago Ramírez, defensor del Pueblo del departamento a VerdadAbierta.com.  “La mayoría de labriegos eran ocupantes y tenedores de la tierra, pero no se hicieron los procesos para formalizar esa pertenencia.  En algunos casos unos les vendían a otros con documentos privados o de palabra, pero sin escrituras”, explicó Ramírez.

Funcionarios de la Unidad de Tierras del Tolima le dijeron a VerdadAbierta.com que en estos casos, la verificación de los derechos de propiedad se hace mucho más compleja, pero aclararon que la ley contempla otras formas de investigación, como el reconocimiento social, por parte de los vecinos sobre la tenencia de la tierra.

Por ahora Díaz seguirá con la venta callejera de plátanos en Ibagué, a la espera de los resultados de sus solicitudes en la Unidad de Tierras.  El campesino dice que le gustaría regresar a Puerto Saldaña, pero que si no lo puede hacer porque no va a estar seguro, entonces que le den alguna otra reparación.

En el norte, la tierra fue para los ‘paras’

La historia en el norte del Tolima tiene otros vencedores.  Los paramilitares llegaron a los municipios del Líbano, Mariquita, Fresno, Líbano y Lérida a principios de 2001.  Tenaura Hernández y muchos de sus compañeros tuvieron que dejar sus parcelas y salir huyendo, por el estigma que cargaban por haber sido líderes en unas marchas cafeteras de la década de los noventa.

Como la mayoría de campesinos de la región, Hernández cultivaba café junto a su familia en su finca de siete hectáreas en la vereda Pantanillo del Líbano.  Aunque la producción de la tierra no les daba para vivir holgadamente, les garantizaba la subsistencia y una vida tranquila.  El 90 por ciento de los propietarios de la tierra en esa zona eran agricultores pequeños, con terrenos inferiores a cinco hectáreas, según la investigación “Para vencer el miedo” de la Universidad del Tolima.

Las cosas cambiaron radicalmente a principio de la década de los noventa.  Con la suspensión de ayudas por parte del Gobierno y la llegada de plagas que dañaron los cafetales, como la broca y la roya, la región cayó en una profunda crisis económica.  Hernández pasó de producir 100 cargas de café en cada cosecha a unos cuantos kilos.

La situación llevó a miles de campesinos a organizarse y tomarse las plazas principales de varios municipios en 1995, para protestar por la falta de soluciones a su quiebra.  Hernández se volvió líder por la necesidad de reclamar en favor de los damnificados por la crisis cafetera. El país, que suele ser tan autista ante los ruegos pacíficos de la gente, se vino a enterar de sus problemas, cuando cerca de 15 mil campesinos se tomaron la plaza principal de Ibagué exigiendo una respuesta del gobierno Samper.

Es en esa época que se formó la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima, Asopema, y la señora Hernández fue su directora para el municipio del Líbano.

El movimiento consiguió algunas reivindicaciones, pero comenzó a ser estigmatizado como un grupo con respaldo guerrillero.  En esa zona,  había varios frentes de las Farc, y el ELN hacía presencia desde hacía un par de décadas con el frente Bolcheviques del Líbano, nombre en honor a un grupo de activistas agrarios de izquierda que movilizó a los campesinos en la década de los treinta del siglo pasado.

Los líderes de Asopema quedaron en medio del fuego cruzado con la creación, a mediados del año 2000, del Bloque Tolíma de los paramilitares, conformado por hombres traídos por los hermanos Castaño desde Córdoba y Uraba, por Ramón Isaza desde el Magdalena Medio y por el Bloque Centauros de los Llanos, según testimonios de desmovilizados, contados en el proceso de Justicia y Paz.

A los pocos meses, los ‘paras’ comenzaron a masacrar líderes de Asopema, señalándolos de colaborar con la guerrilla.  “Cuando venían por mí y mi familia, me alcanzaron a avisar los vecinos y  salimos corriendo para el pueblo.  Me tocó vender una casita que tenía en el Líbano y con eso escaparme de allá para Bogotá, dejando la finca tirada”, cuenta Hernández.

Los paramilitares ganaron la guerra en la zona y comenzaron a poblarla con campesinos traídos de otros lados, de la Costa o del Magdalena Medio, según cuenta Germán Bedoya, entonces presidente de Asopema y hoy director del Coordinador Nacional Agrario, una ONG que defiende los derechos de los campesinos en todo el país.  “Repoblaron la región con gente que venía de lugares donde había una mayor aceptación del proyecto paramilitar, para poder garantizar así el poder territorial”, explica Bedoya.

Hernández logró viajar a otra zona del país para proteger su vida y comenzar de nuevo, con ayuda de organizaciones internacionales.  Su finca fue ocupada por una mujer humilde proveniente de la Costa Atlántica, que la recibió como regalo por parte de los ‘paras’.  “Yo no quiero que la saquen –dice Hernández – he hablado con ella y es una mujer humilde que reconoce que no está en su casa.  Creo que la solución más justa es que el Incoder me de algo en otro lado y  busque la manera de que ella legalice la propiedad allá.

Su caso se parece al de muchos otros campesinos. Aunque las tierras les siguen perteneciendo legalmente, están siendo ocupadas por campesinos que las recibieron de los paramilitares.

Según la Unidad de Tierras del Tolima, hasta comienzos de abril de 2012, no se había presentado ninguna solicitud de restitución en estos municipios del norte del departamento.  Un funcionario de la Unidad le dijo a VerdadAbierta.com, que esperan que a medida que avance el proceso de Justicia y Paz, comenzarán a aparecer las víctimas de despojo que fueron expulsadas a principios de la década del 2000.  Según el Sistema de Información Desplazada, Sipod, del Departamento para la Prosperidad Social, 3.952 personas aparecen registradas como desplazadas entre 2001 y 2003 en el municipio de Líbano.

La  citada investigación de la Universidad del Tolima, coincide en el sentido del impacto del terror paramilitar en los campesinos de la región. Su informe concluye diciendo que: “la persecución por pertenecer a Asopema o haber participado en el movimiento social implicó el aislamiento y silenciamiento de los campesinos”.

La señora Hernández tampoco quiere volver a vivir y cultivar su finquita de Pantanillo, Líbano que tuvo que dejar botada. “Ni yo, ni nadie de mi familia va a volver, – dijo – no sería capaz de regresar, porque quedamos marcados para siempre. Allá hicieron una cruz jurando que yo me tenía que morir”.

En el norte como en el sur, los grupos ilegales hicieron su propia reforma agraria a la fuerza, para poder llevar gente que no cuestionaría su autoridad y control en la región. Como los campesinos que allí vivían por lo general no tenían papeles de sus propiedades, y además fueron reemplazados por otros campesinos, entonces no les será fácil documentar quiénes tienen derecho a restitución. Más difícil aún será conseguir que quienes fueron despojados se sientan lo suficientemente protegidos por el Estado para regresar a vivir en sus tierras.

Según Bedoya, las peticiones de restitución no han aparecido porque mucha gente tiene miedo de regresar por sus tierras.  “El terror fue tal, que los sobrevivientes no quieren saber nada.  Y los campesinos no han vuelto a organizarse.  Sin embargo, ya han comenzado a aparecer despojados que quieren que por lo menos se les reconozca como víctima”, dijo.