Las siete plagas de los Jiw

En medio del fuego cruzado y de hostigamientos de grupos armados ilegales, más de mil indígenas Jiw que habitaban las riberas del río Guaviare han huido de sus tierras. Si no se les atiende su desaparición parece inevitable.

El 60 por cieto del pueblo indígena jiw ha sido desplazado de sus territorios hecho que amenaza con exterminar a esta cultura. Foto: Unidad de atención a población desplazada gobernación del Meta.

El desplazamiento forzado del 60 por ciento del pueblo Jiw amenaza con extinguir a esta comunidad indígena que ahora vive hacinada en fincas de San José del Guaviare y Mapiripán.

Los pocos que lograron permanecer en sus tierras a pesar de las presiones de los grupos armados, están totalmente incomunicados desde el 2010, año en que las Farc bloquearon el río Guaviare impidiendo la entrada a las autoridades y entidades humanitarias.

Para estos indígenas, víctimas del conflicto y la violencia que azota la frontera entre el Meta y el Guaviare, huir se convirtió en la única opción para sobrevivir.

Según la Corte Constitucional, los jiw viven hace más de una década en medio de persecuciones, homicidios, masacres, reclutamiento forzado y  campos de minas anti persona, hecho que ha incrementado el temor hasta tal punto que su desaparición parece inevitable.

VerdadAbierta documentó la historia del desplazamiento y la resistencia de este pueblo que lleva más de dos décadas inmerso en el conflicto y en el olvido de las autoridades.

Los 7 resguardos y las 7 plagas
Las viviendas hechas de ramas y juncos del pueblo jiw se ubicaban al margen del río Guaviare albergando a más más de 2.200 indígenas de uno de los últimos pueblos semi nómadas del país.

Antes de la llegada de los grupos armados ilegales, esta comunidad habitaba los resguardos de  Barracón, La Maria, La Fuga, Barranco Colorado, Barranco Ceiba,  Mocuare y La Sal localizados en los municipios de San José del Guaviare, Mapiripán y Puerto Concordia.

Los 7 resguardos de los jiw están a horas de distancia de las cabeceras municipales, incluso en algunos casos como el del resguardo Mocuare, los indígenas deben hacer una travesía de 2 horas en lancha y 16 horas en canoa para llegar a Mapiripán, donde se realizan los trámites legales y se conseguir elementos básicos de salud o de aseo.  

Sin embargo, la distancia solo fue un problema hasta la llegada de los grupos armados que se apropiaron del río y de sus tierras. Desde ese momento, las comunidades quedaron aisladas, no podían moverse ni cultivar en sus propios territorios, y en casos extremos, ni siquiera ir al río por agua.

Los jiw quedaron encerrados en medio del fuego cruzado y con el aumento del narcotráfico y de la violencia, el miedo obligó al pueblo indígena a huir para alejarse de las plagas que trajo el conflicto a sus tierras.

Los 17 desplazamientos de los jiw

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Entre 1997 y2011 han sido 17 los desplazamientos forzados de los que ha sido víctima el pueblo jiw. El conflicto expulsado al 60 por ciento de la comunidad. 

La historia del desplazamiento se remonta a las décadas de los 80 y 90, en las que los frentes primero, séptimo y  44 del Bloque Oriental de las Farc, aumentaron su presencia en el Meta y el Guaviare sobre todo en los municipios en los que se encuentran los siete resguardos de los jiw.

Para ese entonces, San José del Guaviare, Mapiripán y Puerto Concordia se habían convertido en corredores de movilidad y tráfico de drogas de las Farc, razón por la que las autodefensas de la casa Castaño decidieron incursionar en la región en 1997 para disputarle el monopolio de la coca a esta guerrilla.

En 1997 los paramilitares del Bloque Centauros anunciaron su llegada a la zona con la masacre de Mapiripán, la cual desató una historia de persecuciones, desplazamientos y amenazas contra la comunidad jiw.

“Antes de la llegada de los paramilitares a Mapiripán, yo era promotor de salud y podía ir y venir de mi resguardo a la cabecera municipal sin problemas, pero después, si iba a Mapiripán los guerrilleros me acusaban de ayudar a los paras y si iba a mi resguardo, los ‘paras’ me amenazan por guerrillero” contó un líder de la comunidad Jiw en entrevista con VerdadAbierta.com.

En este escenario en el que confluyeron las Farc, las autodefensas del Bloque Centauros y las Campesinas de Casanare de 'Martin Llanos', se originó un enfrentamiento por el control territorial que obligó a los indígenas a desplazarse a otros resguardos y a las cabeceras municipales, iniciando el desplazamiento y la destrucción de la cultura jiw.

De acuerdo a información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamientos, Codhes,  Acnur y la Gobernación del Meta, en 14 años se registraron 17 desplazamientos forzados que afectaron a más de mil indígenas jiw.

Luego del primer desplazamiento generado por la entrada de los ‘paras’ a Mapiripán, el frente 44 de las Farc en cabeza de alias 'Jhon Eider', incursionó en los resguardos Barranco Colorado y Mocuare amenazando con reclutar o asesinar a los capitanes indígenas.

“La guerrilla entró al resguardo, nos quitó los papeles, minaron nuestras tierras y mataron a 5 indígenas, entre ellos mis primos”, relató a VerdadAbierta un jiw desplazado de Mocuare.

El desplazamiento de los jiw tiene una característica especial puesto que el matrimonio entre miembros de la comunidad obliga a que las familias completas de los esposos se unan, vivan juntas y conformen núcleos de familias extensivas.

Esto explica los desplazamientos masivos ya que si los grupos armados amenazan a un jiw, toda la familia, que puede llegar a tener más de 50 personas, debe exiliarse y movilizarse con el indígena amenazado.

Con esta lógica familiar, entre el 2000 y el 2001, se presentaron 2 desplazamientos de 8 familias jiw hacia el resguardo Barracón, zona aparentemente segura debido a la instalación de una base de entrenamientos especiales para oficiales en operativos contra el narcotráfico y la guerrilla.

Pero la seguridad que ofrecía la presencia de las Fuerzas Armadas para las familias desplazadas se convirtió en una pesadilla.

Además de que la guerrilla empezó a sembrar campos de minas antipersona como mecanismo para mantener el control territorial, las municiones que se utilizaban en la base dejaron varios indígenas lesionados o muertos.

De acuerdo a la información de Codhes, “en febrero de 2007, 9 niños y 7 adultos jiw resultaron heridos por un artefacto explosivo del ejército que se encontraba cerca de su maloka. Este es solo uno de los casos ya que los jiw son la segunda comunidad más afectada, después del pueblo Awá,  por las minas antipersona y las municiones sin explotar”.

Del 2002 al 2005 se intensificaron los combates entre el Bloque Centauros y el Frente I de las Farc por los cultivos de coca y el control del río Guaviare.

Fue precisamente durante esta época en la que se realizaron 5 desplazamientos interesguardos del pueblo jiw, en algunos casos por amenazas o en otros por asesinatos de sus líderes.

“Salimos desplazados de Mocuare el 17 de diciembre de 2004 y nos fuimos hacia Barracón, pero por problemas con el líder de ese resguardo tuvimos que salir en 2006 hacia Mapiripán y refugiarnos en la finca que tiene arrendada la gobernación del Meta” contó a VerdadAbierta uno de los indígenas de la comunidad.

La desmovilización de los ‘paras’ y la llegada de las bacrim
Con la desmovilización de 1.135 miembros del  Bloque Centauros en septiembre de 2005 en Yopal Casanare,  la comunidad esperaba una disminución de las amenazas y una oportunidad de volver a sus territorios.

Pero la esperanza apenas duró menos de un año, tiempo en el que algunos de los desmovilizados se reorganizaron en el Ejército revolucionario popular antiterrorista Erpac y en la banda criminal ‘los cuchillos’ liderada por Pedro Oliverio alias  ‘Cuchillo’. Las esperanzas de regresar desaparecieron ya que en los territorios que antes gobernaban los paramilitares empezaron a gobernar las bacrim.

Desde la aparición de las nuevas bandas criminales los enfrentamientos en Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare aumentaron.

Mientras en 2006 los ataques contra la población por parte de los grupos al margen de la ley fueron nueve, en el 2008 esta cifra se casi se quintuplicó hasta llegar a 43 según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

En este contexto, de 2006 a 2008 se presentaron 7 desplazamientos más de las poblaciones de Mocuare, Barranco Colorado y Barranco Ceiba por las presiones, señalamientos, amenazas y limitaciones a la movilidad por las minas sembradas por el  frente 44 de las Farc. 

De acuerdo a información de ong’s internacionales, “uno de los casos más representativos es el de Barranco Ceiba, donde toda la comunidad se desplazó luego de que Maria Cristina Meléndez una indígena de 16 años y su bebe de 8 meses murieran por una mina antipersona”.

La población asustada por este hecho se fue hacia la cabecera municipal donde fueron acogidos en la finca Zaragoza junto con las algunas de las víctimas de los anteriores desplazamientos.

Una de los movilizaciones más graves se presentó en enero de 2010,  año en el que 123 familias de la comunidad Jiw, del resguardo de Mocuare, fueron expulsados de sus territorios por la presión de los bombardeos, campos minados y  enfrentamientos entre la guerrilla y la Fuerza pública.

Finalmente, el más reciente de los 17 desplazamientos se dio en septiembre de este año, cuando por presiones de los grupos armados ilegales 79 indígenas del resguardo La Sal, entre ellos 39 menores de edad, tuvieron que atravesar el río Guaviare para refugiarse en el Centro Cultural de San José.

Los niños declarados objetivo militar
Otro amenaza que se cierne sobre esta etnia es el el reclutamiento de niños indígenas, que realizan los grupos armados con engaños o incluso en algunos casos ofreciéndoles alcohol y drogas.“Los guerrilleros emborrachan a los niños, les dan un par de billetes y se los llevan”, relató un miembro de la comunidad a VerdadAbierta.

Según investigaciones del Codhes, Mocuare, Barranco Ceiba y Barranco colorado, son los resguardos más afectados por el reclutamiento y las amenazas a menores. 

En agosto de 2010, dos familias se desplazaron luego de que los nombres de sus hijas, menores de edad, aparecieran en un listado de las Farc que las identificaban como objetivo militar porque supuestamente se habían relacionado sentimentalmente con miembros de la Fuerza Pública.

En otras circunstancias, las familias denunciaron que prefirieron abandonar sus tierras a ver a sus niñas muertas o reclutadas para ser explotadas sexualmente por  la guerrilla.

Uno de los casos documentados es el de 4 niñas jiw que, a pesar de estar asentadas en San José del Guaviare en situación de desplazamiento, hacían parte de la red de prostitución manejada por las Farc en la zona.

De acuerdo a información de Acnur, “los niños no pudieron volver a estudiar como normalmente lo hacían ya que los caminos a las escuelas están minados, la angustia y temor, hacen que los niños lleguen a asustarse tan solo al escuchar el ruido de un motor”.  

La reubicación: ¿Una bomba de tiempo?


En la finca Zaragoza alquilada por la gobernación del Meta se encuentra la mayoría de las familias desplazadas en los últimos 15 años. Cada vez hay más desplazados y menos tierra para reubicarlos. Foto: Unidad de atención a población desplazada gobernación del Meta.

El desplazamiento a cuentagotas entre 1997 hasta 2011 ya ha afectado a más de mil indígenas jiw, que ahora viven en fincas arrendadas por la Gobernación del Meta y del Guaviare y en casas abandonadas de Puerto Alvira. 

Sin embargo, a pesar de que existen programas de atención a nivel regional que han mejorado notablemente la crisis humanitaria de los indígenas, la ausencia de una política para estas poblaciones ha dificultado el proceso de reubicación y atención.

“La ley de víctimas y de reinstitución de tierras no contempla una forma adecuada para atender a las poblaciones indígenas afectadas por el conflicto, por esta razón los gobiernos locales debemos trabajar casi a ciegas y con los problemas de no estar coordinados con el gobierno nacional”, afirmó Claudia Patricia Salazar, encargada del programa de atención a población desplazada de la gobernación del Meta.

Los programas de atención comunitaria liderados por la Gobernación del Meta desde 2008 han mejorado las condiciones de las comunidades a través de promotores de salud indígena, reinserción de los niños a las actividades escolares y aseguramiento de vivienda en malokas adecuadas a sus formas de vida, pero cada vez llegan más desplazados y, en esa línea, hay menos tierras para reubicarlos.

En la finca Zaragoza, alquilada por la Gobernación del Meta, se alberga la mayoría de las familias desplazadas distribuidas en 5 asentamientos, en los que conviven con indígenas de otras etnias.

“Somos 480 indígenas de cuatro comunidades distintas que vivimos en apenas 78 hectáreas, y aunque estamos bien y nuestros hijos están a salvo, cada vez estamos más apretados y por eso se dan conflictos entre la misma comunidad” contó a VerdadAbierta, un líder Jiw.  

“A la falta de terrenos que ha generado conflictos entre los mismos indígenas se suma la falta de respuesta del Incoder y de instituciones como Acción Social que en alguna ocasión por cuestiones burocráticas dejo perder  una bodega entera de alimentos por no entregarlos a tiempo”, contó en entrevista una representante del Codhes.

Finalmente, la discriminación de las comunidades no indígenas sigue en aumento, de hecho, según información de la Gobernación de Meta, “algunos dueños de fincas vecinas les están impidiendo el acceso al río y los indígenas no tienen lugar para hacer sus necesidades ni asearse, hecho que agudiza la crisis humanitaria en la que se encuentran”

“Solo 100 de nosotros quedaron en Mocuare y no podemos regresar porque la guerrilla nos está esperando, a pesar de todo preferimos estar acá al lado de los blancos que retornar para que nos asesinen” aseguró un docente indígena reubicado en la Finca Zaragoza.

La situación de los jiw se ha convertido en una bomba de tiempo que amenaza con explotar por la persistencia del conflicto en sus territorios y la incapacidad del Estado para responder al desplazamiento de esta comunidad y a las continuas violaciones de sus derechos individuales y colectivos. El tiempo se agota y  cada vez es más alto el riesgo de la desaparición de esta etnia ancestral.


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