Los 'paras' y la violencia en el Patía

Durante cuatro años paramilitares se tomaron Nariño, varios desplazados le contaron a VerdadAbierta.com cómo se ensañaron contra la población y los crímenes que cometieron para imponer su ley.
Por más de cuatro años, los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur, perteneciente al Bloque Central Bolívar, azotó a la región del Patía, Nariño.

-Los nexos militares del bloque Libertadores del Sur
- Condenan a ‘Pablo Sevillano’ por narcotráfico en EE.UU.
- 'Pablo Sevillano' confesó reclutamiento de 67 menores y 39 casos de homicidio
- 'Pablo Sevillano' confesó asesinato de 29 personas en Nariño
-‘Pablo Sevillano’ confiesa purgas y otros crímenes del Bloque Libertadores del Sur
- Las masacres y los nexos del Ejército de 'Pablo Sevillano'
- La insólita condecoración a Julio Castaño
La unión y la tranquilidad que tenían los habitantes de los municipios ubicados entre el río Patía y la cordillera Occidental desaparecieron abruptamente con la incursión del Bloque Libertadores del Sur en esa región.

Desde el año 2001, hasta el 30 de julio de 2005 -fecha en la que se desmovilizó ese grupo armado ilegal-, los hombres de 'Macaco' y 'Pablo Sevillano' azotaron día y noche a las comunidades afrodescendientes que vivían en los municipios Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva.

La estrategia que utilizaron los paramilitares en esta región fue la misma que implementaron en todo el país para controlar sus territorios: el terror. Desde la llegada de las Auc, los asesinatos y las desapariciones forzadas aumentaron y era extraño que pasaran más de tres días sin que se cometieran un crimen.

Los paramilitares utilizaron al río Patía para difundir su ley. “Permanentemente botaban gente al río. Amarraban hasta cinco muertos y los arrojaban al río para que todo el mundo viera lo que le podía pasar. Cuando crecía el río, en una sola curva se podían encontrar entre cuatro y siete muertos. Cada dos o tres días bajaban muertos, aunque fuera uno”, le contó a VerdadAbierta.com un desplazado.

“En los primeros años tiraban a las víctimas amarradas al río. Dos años después, empezaron a usar fosas comunes y arrojar a las víctimas sin amarrar. Metían miedo desde el principio”, recordó otro desplazado.

En la región también tenían presencia las Farc y el Eln, pero algunas personas entrevistadas por VerdadAbierta.com dijeron que “la guerrilla no molestaba a la población civil”. “Ellos se dedicaban a sacar y comprar oro. Donde había oro ahí estaban porque tenían dragas o les compraban a los campesinos. Unos trabajan de civil y los uniformados estaban arriba en el cambuche”, contó una fuente.

Los desplazados de la región cuentan que la guerrilla también asesinó población civil, pero reconocen que “después de que entraron los paramilitares, se dieron las masacres más grandes y atroces”.

Además, el ingreso de las Auc a la zona hizo que las guerrillas también pusieran sus miras en los campesinos y afrodescendientes. Un desplazado contó que “hubo desconfianza de la guerrilla porque los campesinos tenían que hablar con los paramilitares cuando los requisaban o pasaban por sus retenes”.

“Con la llegada de los paramilitares, la guerrilla empezó a atacar a la población civil. Nadie podía salir de la zona varias veces porque lo acusaban de informante. Tampoco se podía pasar por las zonas de los diferentes grupos porque se era acusado por el contrario”, contó un desplazado.

De este modo, la población civil quedó en medio de un conflicto que no les pertenecía y vieron cómo empezaron a caer sus líderes y vecinos. Incluso, algunos encontraron en esa guerra irregular una forma para solucionar sus problemas. “La gente que tenía problemas personales con alguien le decía a los paramilitares que esa persona era guerrillero para que lo asesinaran”.

Bajo la excusa de “dar de baja” a milicianos o colaboradores de la guerrilla, los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur asesinaron y amenazaron a varios líderes comunitarios pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal.

“Atacaron directamente a los líderes comunitarios o presidentes de Juntas de Acción Comunal. Decían que todos los presidentes de las Juntas eran colaboradores de la guerrilla. También pasó lo mismo con los comisarios de Policía. Esa fue la estrategia de ellos”, le contó a VerdadAbierta.com un desplazado.

Dentro de las comunidades afrodescendientes, que poseen territorios colectivos o comunitarios, el presidente es el encargado de organizar a la comunidad y es el interlocutor con las autoridades para conseguir recursos para su población.

“Si el presidente no está, se desarticula todo porque la comunidad camina entorno a él. Como ellos (los paramilitares) tenían una estrategia de apoderamiento, que es parte de su estrategia de despojo, deciden asesinar a los presidentes para desarticular a la comunidad. Por eso no permitían que hubiera Consejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal”, concluyó un desplazado.

La maldición del narcotráfico
El preludio de la tragedia que arremetió contra los habitantes de la región del Patía fueron los cultivos ilícitos. Algunos desplazados le contaron a VerdadAbierta.com que a raíz de las fumigaciones que se hicieron en Putumayo a finales de los 90, “llegaron paisas y mafiosos sembrar y comprar coca”.

Poco a poco fueron llegando personas que empezaron a cultivar a “media” (en esta modalidad alguien pone la tierra, otra persona siembra y las ganancias se reparten a la mitad) en la tierra de los campesinos. Pero ese negocio 'miti-miti' se convirtió en una puerta que permitió el ingreso del despojo de tierras por parte de las personas involucradas en el narcotráfico.

Algunos desplazados contaron que como los campesinos no tenían los recursos suficientes ni sabían cómo cultivar la coca, los narcotraficantes les compraban la tierra con la excusa de sacar adelante el cultivo.

También dijeron que los paisas de Putumayo les daban parte del pago a los campesinos en electrodomésticos, para que estuvieran sin plata cuando llegara el momento de cosechar. “Se apropiaban de la tierra bajo la excusa de que el campesino no tenía con qué mantener la producción y les decían que les dejaran la tierra”, contó un desplazado.

Otro desplazado contó que los narcos decían “como no tiene cómo cultivar y yo estoy perdiendo plata, entonces le compro”. Agregó que por eso los campesinos vendían las hectáreas que cultivaban a “media” y después vendían el resto de la tierra hasta que los “paisas” se quedaban con toda la finca.

“El campesino era muy ingenuo y vendía a menor precio. Ellos nunca habían vendido la tierra y por desconocimiento vendieron a bajo precio. La tierra no se vendía”, contó un desplazado.

Con el negocio ilícito del narcotráfico establecido en la región, los grupos armados empezaron a cobrar extorsiones para la siembra y el cultivo de la coca. También se convirtió en una de las causas para dar de baja al enemigo o sus colaboradores.   

“La gente se dio cuenta de la presencia de los paramilitares cuando la guerrilla empezó a asesinar a los mafiosos con nexos con ellos. Asesinaba a compradores de coca”, contó alguien que vivó en la región.

Vacunas
Además de los “impuestos” que los paramilitares les cobraban a los campesinos y los compradores de coca para cultivar y sacar la droga de la región, el Bloque Libertadores del Sur también vacunó a las personas alejadas de los cultivos ilícitos.

“En 2001 se hicieron en Remolino Panamericano y le cobraban impuesto a todo el campesino que salía de la cordillera. Si había gente que no salía, les mandaban razón para que salieran. Vacunaron a todos los campesinos, también a los raspachines y los compradores de coca. La arroba la pagaban a cinco mil”, cuenta un desplazado.

Remolino es la única vía que comunica a varias veredas con Policarpa y los paramilitares pusieron un retén en el puente que está sobre el río Patía en la vía Panamericana y allí era donde cobraban las extorsiones a las personas que querían salir de las veredas.

Hubo personas que no salieron de sus fincas en años para no pagarle impuesto a los paramilitares.
Pero cuando se animaban a salir de las veredas y los paramilitares los cogían, “les cobraban el dinero que estuvieron en sus fincas más intereses por irrespeto a la autoridad”, contó un desplazado.

Entre los casos que le contaron a VerdadAbierta.com, están el de un señor que se demoró en salir de su finca más de un año y le quitaron una camioneta y cuarenta millones de pesos. También el de otra víctima que estuvo confinada en su vivienda por casi tres años, fue asesinada y le quitaron nueve millones de pesos.

“Ellos tenían informantes en la zona que les contaban cuánto producían trimestralmente los finqueros. Sabían cuántas arrobas se cosechaban trimestralmente. Cuando salían (los finqueros), tenían registro de quiénes habían pagado. A algunos que no les pagaron los mataron y los tiraron al río.

La profanación del río
Sumado a las innumerables personas que los paramilitares asesinaron y desaparecieron en el río Patía, estos hombres y su barbarie también mataron al río para las comunidades afrodescendientes.

Además de ser su fuente de sustento y alimentación, cultural e históricamente, el río siempre fue parte trascendental del diario vivir de los pueblos asentados en el Patía.

“Dejamos de pescar porque los peses salían revueltos en las mallas con muertos. Dejamos de bañarnos y de celebrar en el río. Nos tocó dejarlo de lado”, recordó un desplazado.

Otro contó que “bajaban cuerpos sin cabezas, sin piernas o sin brazos. Algunas veces amarraban hasta cinco cadáveres y les ponían flotadores para que la gente los viera y se atemorizaran. En una ocasión encontraron 18 muertos en una curva del río Patía por San Luis, vereda del municipio de Maguí”.

Por estas razones los pobladores del Patía dejaron de sacar el bocachico, el barbudo, el sábano, la cachama y la tilapia que les encantaba, para comprar por más de diez mil pesos lo que la naturaleza les regalaba en perfectas condiciones.

Además, los paramilitares les prohibieron a las personas recuperar los cuerpos para enterrarlos. “Si nosotros encontrábamos un cuerpo, lo anunciábamos para que la familia lo recogiera. Cuando se dieron cuenta de que la comunidad recuperaba los cuerpos, dieron la orden de asesinar al que sacara cuerpos del río. Luego la guerrilla también dio esa orden de no enterrar a ningún muerto”, señaló alguien que vivió en la región.

“La gente lloraba porque ya no podía enterrar a sus compañeros. Si veía a un muerto estancado en el borde del río, entre lágrimas, le tocaba empujarlo para que se lo llevara la corriente. La gente de la región por donde pasa el río le va a decir las mismas cosas”, recordó una víctima de esta violencia.

Los hombres del Bloque Libertadores del Sur también hicieron cerrar una emisora comunitaria que informaba en qué partes del río se encontraba cadáveres para que fueran enterrados. “Fue clausurada por ellos. La gente de la emisora fue amenazada porque estaban regando mucho el campanazo y se daban cuenta de las personas que asesinaban”, le dijo a VerdadAbierta.com un desplazado.