Desaparición forzada en el Magdalena Medio, un retrato nacional

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe Memoria de la Infamia, Desaparición forzada en el Magdalena Medio, da cuenta de cómo ese flagelo ha afectado a esa región con sus distintas modalidades a través de diferentes actores, desde grupos armados ilegales hasta las fuerzas estatales. Este es el reflejo de una práctica que aún persiste en el país.

desaparecidos mm 1El Magdalena Medio ha sido una de la regiones más golpeadas por el flagelo de la desaparición forzada, y del estudio de sus casos específicos se pueden tener pistas para entender este método criminal en todo el país. Foto: archivo Semana.“Recuerdo muy bien que yo salí con mi mamá a acompañar a mi hermano Eliécer a coger el bus para irse, y esa fue la última vez que lo vimos”, evoca Wilson Rodríguez Plata, quien, para la época de los hechos, tenía tan sólo cinco años. El joven, oriundo de San Vicente de Chucurrí, Santander, viajaba a la finca de su padrino por sugerencia de su madre para evitar que fuera reclutado por algún grupo armado ilegal. Varios días después, y luego de cumplir sus faenas en el campo, salió hacía una tienda y nunca se volvió a saber de él

Historias como la de Eliécer fueron reconstruidas a partir del testimonio de los familiares y allegados a las víctimas, con la ayuda de varias organizaciones sociales que tienen reconocimiento en la región por su trabajo y apoyo a éstas, como la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) regional Barrancabermeja, entre otras. (Descargue el informe aquí)

En un primer informe, de alcance nacional, titulado Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, divulgado hace justo un año, el CNMH registró 60.630 víctimas entre 1970 y 2015, cifra que podría ser el doble si se tiene en cuenta el subregistro. Esta investigación determinó que la región del Magdalena Medio, que agrupa 31 municipios de ocho departamentos (Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Santander, Cesar, y Magdalena), ha sido una de las más golpeadas por este flagelo.

Y justo la razón por la cual en el CNMH decidieron focalizar esta amplia región del centro del país para analizar uno de los delitos más crueles contra el ser humano se debe a sus características. De acuerdo con el nuevo informe, “ha sido un territorio de constantes conflictos sociales relacionados con la distribución de la tierra, con conflictos laborales, con la demanda de mayor participación política de sectores sociales marginados y con reclamos de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales”.

La investigación, que se realizó bajo la premisa de ser una verdad testimonial, recoge 128 casos de desaparición forzada no conocidos ocurridos entre 1970 y 2013, de 10 municipios de 4 departamentos que componen la región del Magdalena Medio: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cimitarra, San Vicente de Chucurrí, en Santander; San Pablo, Cantagallo, en Bolívar; Yondó, Puerto Berrío, en Antioquia; y Aguachica, en Cesar.

Como el 10 por ciento de los 128 casos, en el de Eliécer nunca se supo qué organización armada cometió el crimen. No obstante, el informe indica que el 61 por ciento de los casos fueron perpetrados por grupos paramilitares, de ellos, el 6 por ciento en colaboración con el Ejército; mientras que las guerrillas y el Ejército, como actor individual, tienen la responsabilidad en 9 por ciento de los casos.

desaparecidos mm 2Cómo se evidencia en la gráfica la mayoría de las desapariciones en los 128 casos estudiados se le atribuyen a grupos paramilitares, un porcentaje que podría ser mayor si se suma el de colaboración con el ejército y el de grupos posdesmovilización, como parte de todo el fenómeno paramilitar. Foto: informe Memoria de la infamia. Desaparición Forzada en el Magdalena Medio del CNMH. Para Liz Arévalo, investigadora del CNMH y una de las relatoras del informe, la importancia de estudiar a fondo estos casos sirve para evidenciar una cronología de la guerra en la región, y evidenciar cómo la desaparición forzada, que no fue tipificada como delito sino hasta el año 2000, se transformó en un guion de la violencia usado por todos los actores armados, tanto legales como ilegales.

“El método es casi como un libreto: en un primer momento amenazan a las personas que van a ser víctimas; después viene el hecho delictivo, sacan a las personas o de las casas, o de sitios públicos, o de sus trabajos, dejando testigos; después viene la incertidumbre de que las familias no vuelven a saber nada de ellas; y después amenazan a las familias para que no pongan la denuncia. Hay todo un dispositivo de terror con la familia que lo dejan saber a la comunidad para generar un terror colectivo”, aseguró Arévalo.

Por este motivo, el informe llega a la conclusión de que este método terminó siendo utilizado para todo tipo de finalidades, ya que las víctimas respondían a diferentes perfiles de victimización. Andrés Prieto, investigador del CNMH y segundo relator del informe, explicó que a partir de estos 128 casos lograron identificar siete perfiles de víctimas.

“Las personas que tenían algún tipo de liderazgo político y comunitario; las personas que para los grupos armados podían afectar sus actividades ilegales; personas comerciantes, que se desplazaban por la zonas de diferentes actores y que eran desaparecidos por ser acusados de informantes; los excombatientes legales e ilegales; los menores de edad, que estuvo asociado inicialmente al delito de reclutamiento forzado; un perfil que respondía al género, pues muchas mujeres acosadas sexualmente eran desaparecidas; y había personas que no tenían esos perfiles simplemente eran habitantes de la zona”, precisó Prieto.

Según el informe nacional sobre desaparición forzada del CNMH, se calcula que más de 10 mil personas fueron desaparecidas en toda la región del Magdalena Medio, y en los 10 municipios donde se estudiaron los 128 casos, el Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC) del CNMH estima que entre 1970 y 2013 hubo 2.627 víctimas.

Lo preocupante es que, si bien las cifras han bajado considerablemente, la desaparición forzada sigue siendo un flagelo que afecta a la región, y el fantasma de este crimen sigue atemorizando a sus pobladores, así lo explica Iván Madero, presidente de CREDHOS: “se mantiene en una mínima proporción, pero aquí surge el debate, que como son casos de acciones de desconocidos aunque se tenga el indicio de que pueden ser estructuras paramilitares o herederas del paramilitarismo, eso genera una mayor impunidad, entonces es muy difícil tener claro el actor armado de la desaparición forzada que se vienen dando en los dos últimos años”.

En la impunidad

Ramón Isaza otrora comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), en sus testimonios en el proceso de Justicia y Paz, da cuenta de cómo era utilizado el método de la desaparición, fragmentos que se leen en el informe. Foto: archivo Semana. Otra de las grandes conclusiones del informe es que los niveles de impunidad que afectan a la mayoría de casos de desaparición forzada son muy altos, razón que obedece a varios factores que van desde el temor por parte de los familiares a denunciar, así como la ineficiencia y negligencia del aparato estatal para tratarlos.

“Llama la atención que las familias hayan guardado silencio (patrón identificado en los testimonios), durante un largo período –años–, antes de realizar la denuncia, o que una vez realizada la denuncia el grupo familiar no haya hecho el seguimiento a los respectivos procesos judiciales o no hayan recibido noticias por parte de los órganos estatales responsables de brindar respuestas”, se lee en el informe.

En un fragmento de una entrevista al exjefe paramilitar Ramón Isaza, citado en el informe, da cuenta de esta situación: “con tanto muerto iba a llegar el momento en que las autoridades iban a empezar a buscar culpables, y de algún modo iban a llegar al grupo, mientras que, si se mataba, pero no se dejaba cuerpo, ese muerto no se lo podían cargar a nadie”. (Leer más en: ¿Qué develan las verdades de Ramón Isaza?)

Sumado a ello, el texto no sólo asume que el uso de este método criminal obedeció a un accionar puro de los “desaparecedores”, al parecer también se tejió una “micropolítica” que hizo a la sociedad tolerable con el suceso. “No solamente basta el método sino una micropolítica creada en la sociedad bajo un sistema de creencias, lo encontramos en todos los testimonios cuando hablaban de la sociedad y cómo ellos explicaban el delito, en el sentido de que hay una serie de justificaciones en el daño cometido”, aseguró la investigadora Arévalo.

Ante este escenario de impunidad algunas familias salieron en busca de sus seres queridos por su propia cuenta y bajo su propio riesgo. En ese sentido, el informe registra que en 13 de los 128 casos estudiados encontraron los cuerpos de sus seres queridos.

“Mucha gente en la zona sabía lo que estaba pasando, sabían el grupo armado, tienen identificadas algunas zonas que era por donde se movían, unas zonas donde actuaban, incluso fosas donde desaparecían personas, entonces las personas iban a esos sitios y empezaban a preguntar, ellos iban y hablaban con los actores armados directamente buscando respuesta, lo que las ponía en un riesgo muy alto”, afirmó el relator Prieto.

En los casos de hallazgo de las víctimas dejó en sus familiares huellas profundas de índole psicológico, pues el impacto de encontrar los cuerpos con signos de tortura y sin conocerse la razón caló en ellas. Asunto que se agrava al sumarle la negligencia por parte de las autoridades para darle celeridad al esclarecimiento de la desaparición y procesar a los responsables.

desaparecidos mm 3Los acuerdos de paz han sido recibidos con entusiasmo por parte de algunas víctimas, sin embargo hay quienes creen que el proceso de justicia se mantendrá igual de engorroso que antes.Foto: archivo SemanaEn el caso de Eliécer sucedió algo parecido, pero sin éxito. Su madre María Trinidad Plata, al oír del hallazgo de un cuerpo sin identificar, iba siempre a ver si se trataba de su hijo. “En medio de la humildad ella se iba, vendía cosas, pedía plata, pero se iba a buscar ese cuerpo sin identificar y con un dolor más profundo que con el que se iba regresaba dos días después sin el cuerpo. Entonces uno crece llorando, se hace persona esperando que ese episodio se cierre, pero no se puede cerrar un ciclo de esos porque no hay un fin”, comentó Wilson Rodríguez Plata, hermano de la víctima.

A pesar de todo, según Madero, si algo “positivo” se puede sacar de este escenario cruento es que los procesos de resiliencia y de organización de las comunidades han sido muy altos: “comunidades desplazadas, víctimas de desaparición forzada, de homicidios, masacres, ejecuciones extrajudiciales, hoy todavía tienen la esperanza de que sus hijos crezcan en un ambiente de paz”.

¿Esperanza con el acuerdo de paz?

Si bien el informe no habla específicamente sobre el panorama que brinda el actual proceso de implementación de lo pactado con las Farc, para líderes de víctimas como Madero éste ha traído consigo un nivel de esperanza mayor para la población afectada, entre otras razones porque los acuerdos incluyeron la creación de una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya responsabilidad de articular las tareas recaen en la abogada Luz Marina Monzón, quien recientemente fue designada en ese cargo. (Leer más en: La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya tiene doliente)

Sin embargo, para Wilson Rodríguez Plata la situación no parece muy prometedora y duda que eso vaya a cambiar. Sustentó su pesimismo en lo ocurrido a su madre, hace ya más de treinta años: la única prueba del caso de su hermano se perdió en la Fiscalía.

“Yo quisiera creer en eso, yo quisiera confiar en eso, pero lo veo muy difícil, porque la tramitología es muy dura, yo perdí días enteros haciendo cola para que me atendiera un funcionario en la Fiscalía. Cuando se vive la experiencia como víctima, de limosnear justicia, uno se siente más degradado en su condición humana. Entonces ese cuento de la JEP siento que son figuras creadas por el gobierno para beneficiarse políticamente y no cumplir con lo que realmente necesitamos las víctimas”, concluyó Plata apesadumbrado.