Puerto Torres, el pueblo que los 'paras' convirtieron en escuela del terror

El más reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) demuestra cómo las ciencias forenses contribuyen a la reconstrucción de la verdad. En este caserío de Caquetá, los investigadores identificaron un cementerio clandestino y un centro de entrenamiento para la tortura creado por las Auc en el que murieron desmembradas decenas de personas.

puerto-torres-aperturaLos paramilitares del Bloque Central Bolívar que se instalaron en Puerto Torres convirtieron la casa cural en la calabozo y la escuela en centro de torturas y muerte. Foto: portada del informe del CNMH.

Este miércoles el CNMH publica Textos corporales de la crueldad: memoria histórica y antropología forense, un detallado estudio que documenta cómo un frente del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), torturó, desmembró y enterró en fosas a 36 víctimas en la inspección de Puerto Torres, zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes, en Caquetá.

La tranquilidad que se vivía en ese caserío, habitado por 500 familias que se dedicaban a labores campesinas y ajenas al conflicto armado, desapareció a mediados de 2000 cuando allí se instaló una facción del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar. Los paramilitares ocuparon algunas viviendas y se apoderaron de la escuela y de la casa cural para montar su centro de operaciones, donde cometieron múltiples crímenes contra quienes consideraban integrantes o colaboradores de la subversión.

A través de la recolección de información de expedientes judiciales, informes forenses, entrevistas con familiares de las víctimas y paramilitares desmovilizados que están vinculados al proceso de Justicia y Paz, el CNMH reunió todas las piezas de esta triste historia del conflicto armado que tuvo como escenario principal la escuela del pueblo, la cual fue transformada en centro para interrogar a sus víctimas por medio de torturas. Varias de ellas fueron asesinadas y sus cuerpos usados como “instrumentos” de enseñanza para que los combatientes menos experimentados aprendieran a infligir dolor y a desmembrar, con la finalidad de desaparecerlas en fosas.

En su nuevo informe, el CNMH definió ese espacio como “Escuela de Muerte”, donde también se buscaba que los aprendices disminuyeran “su conciencia y sus sentimientos de humanidad y compasión, pretendiendo hacerlos inmunes al dolor infringido a otras personas”.

Las autoridades conocieron de estos hechos en agosto de 2002 por medio de un desertor del Frente Sur Andaquíes quien, con el ánimo de vincularse al Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía, confesó ante funcionarios del CTI de Florencia, la capital del departamento, que sus compañeros de armas llevaban a Puerto Torres a quienes iban “a matar con armas de fuego, corto punzantes y contundentes; y una vez asesinados son descuartizados y empacados en bolsas de polietileno para enterrarlos”. Además, informó que podrían existir 100 cadáveres enterrados en diferentes puntos del poblado.

A raíz de la confesión del informante, en aquel entonces se hicieron las dos primeras diligencias judiciales: en una de ellas se verificó la información suministrada con pruebas técnicas y se hicieron 301 pozos de sondeo durante tres días; y en otra, que se realizó entre el 18 y 28 de octubre de 2002, la comisión judicial, acompañada de tropas del Batallón Juanambú del Ejército, encontró los restos de las 36 víctimas en fosas individuales.

El CNMH relata que en aquella ocasión la comisión de búsqueda “se halló ante un pueblo fantasma y desolado, recientemente abandonado por miembros de las Auc, dada la llegada de los funcionarios”, pero que conservaba las señales del dominio del grupo paramilitar en la región. En la fachada de la iglesia había un grafiti en memoria a los combatientes caídos en combate, casquillos de balas regados por doquier, los árboles de la escuela tenían marcas de cortes y de arma de fuego, puesto que las víctimas eran colgadas y torturadas en ellos.

puerto-torres-5Este es el grafiti que los paramilitares pintaron en la fachada de la iglesia. Foto: informe de la Fiscalía consultado por el CNMH.

El informe establece que en aquel caserío las víctimas primero eran torturadas en un árbol de mango; luego interrogadas en la casa cural, que los paramilitares adecuaron como calabozo; y, finalmente, asesinadas en un sector de la institución educativa. “Las personas que llegaban agonizantes provenientes de la casa cural/calabozo eran decapitadas y desmembradas sobre otro pedazo de tronco diseñado para ese fin. Los encargados de realizar estos actos atroces eran los instructores o miembros experimentados del Frente. Estas acciones tenían varios testigos. Unos eran los nuevos miembros del grupo armado y los otros las víctimas, que, colgadas de un árbol, observaban todo lo que le hacían a otras víctimas. De este lugar eran trasladados a las pequeñas fosas individuales cavadas en su mayoría por nuevos miembros del grupo, quienes debían cargar a los muertos hasta sus próximas tumbas”, describe el documento.

La experiencia y el grado de 'habilidad' en esta “Escuela de Muerte” quedaron reflejados en un informe forense realizado a finales del 2002, cuando fueron hallados los cuerpos. Al respecto, el informe de la CNMH cita un extracto de uno de los encargados de hacer las autopsias de las víctimas en aquella época: "Uno extraía de allí quién era el experimentado o el profesional en hacer cortes y quiénes eran los aprendices en comenzar a hacer cortes. Mirando los cuerpos, tú establecías que el que era profesional, el corte era perfecto, sin traumas periféricos en el tejido óseo, sobre el esternón, perfecto; sobre la primera o segunda vértebra cervical, igual; sobre el cuello de húmero y lo mismo el cuello del fémur. Entonces, cuando tú observabas varios cortes periféricos al principal, uno decía que a éste le estaban enseñando, pero cuando tú lo veías bien lineal, uno decía que éste era el experto”.

Los funcionarios judiciales y forenses encontraron los restos de 36 víctimas en fosas individuales, pero como todavía estaban en estado de descomposición y tenían dificultades logísticas para trasladarlos a la sede de Medicina Legal de Florencia, tuvieron que improvisar una morgue y hacer los análisis correspondientes en el pueblo. Por esa razón, la comisión enterró 35 de los 36 cadáveres en el cementerio de Belén de los Andaquíes; y el cuerpo restante, como fue encontrado momentos antes de que grupo de investigación dejara el lugar por las condiciones de seguridad, fue escondido y transportado en helicóptero a Florencia para hacerle los estudios pertinentes. Posteriormente, el cuerpo fue enterrado como NN en la capital de Caquetá y, años después, los restos se perdieron o se confundieron con los de otros NN.

Los estudios realizados por la comisión en Puerto Torres, con dificultades de seguridad y logística, arrojaron que las víctimas fueron asesinadas entre dos semanas y ocho meses antes de la exhumación; que los restos de las 36 víctimas corresponden a 33 hombres y 3 mujeres; que la persona más joven tenía alrededor de 15 años y la mayor se acercaba a los 60 años; y encontraron diferentes características individualizantes como prótesis y lesiones óseas, que son clave para la identificación de los desparecidos registrados en las bases de datos de la Nación.

Los análisis también arrojaron luces sobre los ataques que recibieron las 36 víctimas y la manera en la que murieron, al rastrear las huellas que dejaron los victimarios. “Estas huellas fueron interpretadas desde las ciencias forenses, lo que permitió confirmar que 17 recibieron disparos por proyectil de arma de fuego (en cráneo y cara 14, en tórax dos y uno en una pierna), nueve fueron sometidas a quemaduras en cara y dientes, 16 registraron fragmentación del cráneo y/o cara (siete de ellas con instrumento contundente y nueve con arma de fuego posiblemente de alta velocidad)”, indica el informe, y agrega que “los cadáveres también evidenciaron la decapitación y el desmembramiento, además de la castración de un hombre. 16 personas fueron decapitadas, 12 fueron mutiladas tanto sus extremidades superiores como inferiores, 17 tuvieron amputación de sus extremidades superiores y 22 de sus extremidades inferiores”.

El estudio de las fosas arrojó que todas, salvó una, eran pequeñas y tenían dimensiones de 80 centímetros de largo, ancho y profundidad, lo cual refleja que el frente paramilitar las hacía de este modo para ahorrar esfuerzos y garantizar que mantuvieran ocultas. “Como complemento a que las fosas sean individuales y pequeñas, y para mantenerlas ocultas, los miembros del grupo armado tenían como práctica desmembrar los cuerpos y hacer un corte longitudinal en el abdomen de las víctimas. Este procedimiento impide que en el normal proceso de descomposición de un cadáver se acumulen los gases y exploten, lo que aseguraba que, sumado a su pequeño tamaño, las fosas no tuvieran montículos que revelaran su ubicación”, concluye el CNMH.

El caso de Puerto Torres es una muestra de la tragedia de la desaparición que mantiene en vilo a miles de familias que todavía no conocen el paradero de sus seres queridos. Según cifras recopiladas en el informe, alrededor de 26 mil personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia, un delito que las condena a “habitar una zona indeterminada entre la vida y la muerte”, que tiene mayores repercusiones a largo plazo, pues “les quita a sus familiares la posibilidad de conjurar los rituales de la muerte, en el espacio (la tumba) y el tiempo (el duelo); suspende, entonces, su derecho a tener una muerte propia”.

En Justicia y Paz
puerto-torres-5Este árbol conserva las huellas de la barbarie con la que los paramilitares atacaron a sus víctimas. Foto: informe de la Fiscalía consultado por el CNMH.

A raíz de las confesiones de los paramilitares desmovilizados ante fiscales de Justicia y Paz, se exhumaron nuevamente los 35 cadáveres enterrados en el cementerio de Belén de los Andaquíes, y tras pruebas de ADN más la información que ellos aportaron, en 2012 se pudo establecer la identidad de ocho de las víctimas. Tras más de diez años de angustia, las familias recibieron los restos de sus seres queridos y pudieron enterrarlas para cerrar el círculo de incertidumbres que las agobió durante tanto tiempo.

Sobre esta tragedia, la comunidad, las víctimas sobrevivientes y los victimarios refieren que alrededor de mil cadáveres se encuentran enterrados de forma clandestina en Caquetá. Durante una de las entrevistas con investigadores del CNMH, el exjefe financiero del Frente Sur Andaquíes, relató que en su zona de influencia hay 743 fosas, de las cuales ha aportado información a las autoridades. Hasta octubre de 2014, la Fiscalía había exhumado 203 cadáveres en Caquetá.

Además de hacer la reconstrucción de la atroz situación que vivieron los pobladores de Puerto Torres, el CNMH resalta la importancia de las ciencias forenses para esclarecer hechos pese a la falta de testigos y, sobre todo, para establecer la identidad de las víctimas.

El informe destaca la importancia de este tipo de investigación porque “en los procesos forenses se invierte la lectura, pues son la muerte y el muerto quienes hablan de la vida de las personas, son la fuente principal de información que relata cómo eran las vidas de esos muertos y, en ocasiones, es posible determinar cómo eran algunas conductas de quien provocó esa muerte”; y también llama la atención sobre las dificultades que tienen los funcionarios judiciales y forenses para hacer su trabajo, puesto que “Colombia es el único país de la región que ha tenido que hacer exhumaciones en medio del conflicto armado; al verse obligados a trabajar en parajes en donde han sucedido los hechos violentos, los funcionarios han estado expuestos ellos también a la violencia de los perpetradores que quieren evitar que los funcionarios saquen sus crímenes a la luz (algunos han sido ellos mismos desaparecidos o amenazados)”. (Ver: Los siete ‘muchachos’ sin rastro)

La incursión del paramilitarismo
puerto-torres-5Carlos Castaño, vocero político de las Auc y jefe de las Accu, y Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', jefe del Bloque Central Bolívar de las Auc. Fotos: archivo Semana.

Otro de los aportes importantes del informe del CNMH es que describe la situación por la que atravesaba el departamento de Caquetá a finales de los años 90 y cuáles fueron las razones que hicieron que el paramilitarismo se enquistara de manera tan violenta en esta región.

El documento relata en detalle la evolución del departamento, desde su poblamiento por parte colonos que fueron llegando poco a poco a esta abandonada región amazónica, la bonanza de productos extractivos como el caucho, pasa por el auge de los cultivos de coca, la llegada y el fortalecimiento de la guerrilla de las Farc por el cobro de gramaje a los narcotraficantes, y alcanza la época del proceso de paz del Caguán que es señalada como el detonante para que las Auc intensificaran su presencia y accionar en Caquetá.

Aunque las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil tenían presencia en el sur del departamento desde 1997 por petición de empresarios y comerciantes locales -según el dossier de la Fiscalía- con el Frente Caquetá, aceleraron su incursión por el proceso de paz que adelantaba el gobierno de Andrés Pastrana con las Farc en San Vicente Caguán, el cual les concedió una zona de distensión de más de 40 mil kilómetros cuadrados.

Para contener a la guerrilla, Carlos Castaño le entrega su frente a Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', y pasó a ser conocido como Bloque Sur Andaquíes; posteriormente fue rebautizado como Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar. Según contó el exjefe militar de este frente, Castaño le cedió el grupo a 'Macaco' porque anteriormente había evitado que se creara una zona de despeje para el Eln en el Sur de Bolívar, y supuestamente le dijo: “Usted tiene la experiencia, tiene el poder militar y la plata, tapone esta gente”. A partir de ese momento los paramilitares se consolidaron en el sur del departamento y las Farc en el norte, creando una imaginaria línea fronteriza de manera táctica.

El CNMH resume que “en su estrategia de apoderamiento del sur del departamento, los paramilitares se instalaron en Belén de los Andaquíes, desde donde establecieron su dominio, frenaron la expansión de las Farc y controlaron la economía cocalera. Estando esta economía bajo el control de los paramilitares, la mayoría de los narcotraficantes empezaron a invertir en el sur del Caquetá (...) y Puerto Torres se convirtió entonces en un centro de acopio de coca, tanto así que los grupos encargados de controlar este negocio construyeron una pista de aterrizaje de avionetas para ese fin. A esto se sumó que Puerto Torres no era una zona particularmente afectada por el conflicto armado, pues de hecho ni siquiera había llegado la guerrilla, razón por la cual fue percibido como un lugar seguro para la implantación del centro de operaciones del Frente Sur Andaquíes”.

Fue así como empezó la pesadilla de este tranquilo poblado a manos de los paramilitares. Entre 2000 y 2003, Puerto Torres se transformó de un poblado tranquilo a un centro de operaciones paramilitar con una escuela de entrenamiento. El CNMH califica que el Frente Sur Andaquíes se convirtió en un “pequeño estado dentro del Estado”, que por medio de las torturas y la muerte estableció su dominio territorial y fracturó la dinámica comunitaria.

“Los niños no regresaron al colegio, la tierra no volvió a ser cultivada y las vías ya no eran transitadas para conectar los pueblos, sino que se convirtieron en un tránsito de miedo que podía conducir a la muerte. Los pobladores no pudieron ejercer su fe como era costumbre, pues los miembros del Frente se instalaron no solo en la iglesia, sino también en sus casas, en sus calles y en los lugares de mayor relevancia social, creando con ello tensión en las relaciones comunitarias. Los habitantes se vieron obligados por órdenes del Frente a permanecer en sus casas luego de las seis de la tarde y a tolerar que un grupo armado indicara la forma en que la población debía comportarse”, detalla el informe.