ONU sugiere que se dé credibilidad a amenazas contra personas en riesgo

      
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes y reclamó mayor eficiencia en la revisión de los casos cuando se vayan a retirar sus esquemas de proyección.


El sepelio de Luis Carlos Cervantes se realizó este jueves en Arboletes, Antioquia.
 “La Oficina urge a la Unidad de Nacional de Protección a  darle mayor atención y credibilidad a las amenazas que reciben las personas en riesgo”, consignó en un comunicado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras condenar y expresar su preocupación por el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, director de la emisora local de radio de Tarazá, Antioquia, Morena FM.

La Oficina de la ONU estaba al tanto del caso de Cervantes desde 2011, cuando arreciaron las amenazas de muerte en su contra, que comenzaron en 2010, cuando reveló “un carrusel de alcaldes” que se venìa presentando en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

En su comunicado, la ONU aseguró que “en múltiples ocasiones la Oficina se reunió con Cervantes” y recordó que el último encuentro se dio en Medellín el pasado 24 de julio. Ese día “el periodista entregó copia de la denuncia que interpuso ante el CTI en Caucasia por las amenazas que recibió el 21 y 22 de julio, en las cuales le daban dos horas para salir de Tarazá”.

A partir de ese momento, la Oficina de la ONU en Medellìn acompañó a Cervantes en sus gestiones ante diversas entidades locales y regionales, entre ellas la sede en la ciudad de la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Antioquia y la Procuraduría Regional de Antioquia, entidad que de inmediato”envió un oficio, radicado con el No. DH-1405, al director de la Unidad Nacional de Protección solicitando la valoración de los nuevos hechos de seguridad que afectaban al periodista”. Sin embargo, esas gestiones no surtieron efecto: Cervantes se quedó sin esquema de seguridad y doce días después fue asesinado. 

Ante tales eventos, la Oficina de la ONU invitó a la UNP “a revisar de forma rápida y eficiente las amenazas nuevas que reciben las personas protegidas antes de retirar los esquemas de protección”; asismismo, urgió a esta entidad a “darle mayor atención y credibilidad a las amenazas que reciben las personas en riesgo; y por último, le hizo un llamado a”todas las autoridades departamentales y locales a asumir su deber de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en ese sentido, a implementar acciones oportunas que tengan ese objetivo”.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó el asesinato de Cervantes e instó “a las autoridades colombianas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables”.

“Carrusel de alcaldes”

Una nota periodística que bien pudiera ser anecdótica sobre un “carrusel de alcaldes” se convirtió para el periodista  Cervantes en uno de sus mayores problemas y le generó numerosas amenazas de muerte. En ella advirtió que luego de la detención del mandatario titular, Miguel Ángel Gómez García, efectuada el 11 de noviembre de 2008 tras haber sido ordenada por la Fiscalía 16 Especializada de Medellín que lo investigaba por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y amenaza de muerte, Tarazá había tenido cinco alcaldes en un periodo de dos años y ocho meses, uno elegido popularmente en los comicios de octubre de 2007 y cuatro más que lo sucedieron una vez el titular fue detenido por las autoridades.

El reporte periodístico, que fue titulado “un carrusel de alcaldes”, estableció que quienes reemplazaron a Gómez García fueron Luis Walteros, Bobby Bedoya, Carlos Mario Cuartas y Carlos Salgado, todos en calidad de encargados y de la cuerda política del mandatario detenido. Adicional a ello, el periodista habló con varios habitantes de la localidad que expresaron su preocupación por esta circunstancia.

Esa noticia, aparentemente inofensiva, se convirtió para este periodista en el inicio de un viacrucis marcado por fuertes intimidaciones de muerte que lo convirtieron en el periodista más amenazado del país. A travésde varios mensajes lo amenazaron y lo conminaban a abandonar el municipio. Entre lo corrido de 2011 y 2012, el comunicador recibió por lo menos 16 amenazas contra su vida, todas ellas de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación pero sobre las cuales nunca hubo una investigación efectiva, una captura o una sindicación.

Como respondió el propio Cervantes a VerdadAbierta.com en 2011, “allá en la Fiscalía dicen que les queda muy duro averiguar de dónde venían las amenazas. Y la Policía ha salido a decir que tiene identificadas las personas que me amenazaron, pero no las han capturado”. (Ver: Así trabaja Luis Cervantes, el periodista más amenazado del país)

Una vez las autoridades respectivas conocieron de las amenazas y se le hizo un estudio de riesgo, se concluyó que Cervantes necesitaba esquema de seguridad y la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó dos escoltas y una camioneta.

El periodista se desempeñó como corresponsal del noticiero del canal regional Teleantioquia por espacio de dos años y tras su salida continuó trabajando en la emisora comunitaria Morena F.M de Tarazá, hasta el momento de su muerte, ocurrida la tarde del martes en zona rural del corregimiento La Cauca, de Tarazá, hasta donde llegaron sicarios que lo atacaron a bala.

Cervantes inició su carrera periodística manera empírica, la cual empezó en la radio. En ella se inició en Arboletes, Urabá antioqueño, su pueblo natal, donde había una sola emisora. De allí se fue a vivir a Tarazá en enero de 2004 y de inmediato se conectó con su medio favorito.

“Por aquí había varias, que denominaban piratas, y me ofrecieron trabajo, así que me vine. Eso fue en enero de 2004. Trabajé en varias hasta que llegué a Morena F.M. en el año 2009, una emisora comunitaria donde soy el coordinador”, le contó Cervantes a VerdadAbierta.com en 2011.

A Teleantioquia llegó en noviembre de 2008. Allí lo contactaron inicialmente para que enviara un material que diera cuenta de los cortes de energía eléctrica que padecían los municipios de Tarazá y Cáceres. “Yo envié la noticia y como a los quince días me llamaron y me contrataron”, añadió en esa oportunidad.

Situación crítica
En algunos de sus reportes periodísticos, Luis Carlos Cervantes llamó la atención sobre la delicada situación de orden público del Bajo Cauca antioqueño, producto del enfrentamiento entre las denominadas bandas criminales, surgidas luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que desde 2006, vienen sembrando el terror en la región.

De hecho, varias personas consultadas por VerdadAbierta.com manifestaron que la muerte de Cervantes no es la única ocurrida en las 24 horas en esta convulsionada región. “Anoche (lunes) fue asesinado un líder comunitario muy reconocido en Caucasia. Y también amenazaron de muerte a un camarógrafo que se desempeña en un canal comunitario”, señaló una de las fuentes a la que, por razones de seguridad, se le omite su nombre.

De igual forma, este portal ha podido constatar que otros tres comunicadores, dos que ejercen la profesión en Caucasia, y otro más en Zaragoza, actualmente se encuentran amenazados de muerte. En 2012, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señaló en su informe titulado “De las balas a los expedientes”, que las condiciones para ejercer el periodismo en Colombia continuaban siendo críticas y que, prueba de ello fue el aumento de solicitud de medidas de protección por parte de comunicadores, al pasar de 60 en 2011 a más de 100 en 2012.

En ese mismo año, la Flip documentó 158 agresiones contra periodistas, de las cuales 80 fueron amenazas algunas de las cuales incluyeron atentados a infraestructura, y otras 29fueron agresiones físicas o psicológicas. La mayoría de estas agresiones fueron registradas en Bogotá con 17 casos, seguida por Antioquia (15) y Cesar y Valle, cada uno con 12 casos.

El Bajo Cauca antioqueño fue objeto de análisis para la Flip que, tras visitar la región en 2013 y entrevistarse con varios periodistas, concluyó que “la violencia empleada durante años contra medios de comunicación impone ahora un rotundo silencio informativo en la región. En la radio las noticias son reemplazadas por música y los periódicos se llenan con reinas de bellezas y reyes vallenatos”. (Ver: Los nuevos focos del desplazamiento en Colombia)

El Bajo Cauca es una de las regiones más convulsionadas de Antioquia. Luego de una intensa confrontación , las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia?, llamadas también ‘Los Urabeños’ y ‘Clán Úsuga’, se impusieron y hoy ejercen la hegemonía armada, que se centra en el control de la minería ilegal y la producciòn de cocaína. (Ver informe especial Cómo restituir en el convulsionado Bajo Cauca antioqueño)

A debate la protección
En el 2012, Cervantes le habló a la Flip de las distintas amenazas que había recibido desde el año 2010 en su contra. “La primera amenaza llegó un 30 de agosto de 2010, a las seis de la tarde. Un mensaje de texto que decía que me iban a matar. Luego llegó otra amenaza en septiembre, otra en diciembre, después otra en marzo y en junio de este año un alias “Cocobraque” confesó que él me iba a matar”.

Estas amenazas persistieron durante el 2012 y principios del 2013. A partir de este año, la actividad periodística de Cervantes se vio mermada por las distintas dificultades que tienen los periodistas para informar en la zona del Bajo Cauca y de hecho salió de Teleantioquia Noticias en agosto de 2013 para dedicarse a la radio musical.

Pese a ello, las amenazas persistieron. Cervantes se encontraba en La Caucana desde el pasado 23 de julio, fecha en la que denunció públicamente haber recibido varios mensajes de texto en su celular donde le pedían, en tono amenazante, que tenía que abandonar el casco urbano de Tarazá. Sin embargo, tras una evaluación de su situación, la UNP decidió retirarle su esquema de protección, el mismo que le había otorgado en 2011 por las mismas circunstancias y que constaba de dos escoltas y un carro.

El 5 de junio de 2014 el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) estudió el caso de Cervantes y determinó que su riesgo era ordinario ante la carencia de hechos nuevos relacionados directamente con su oficio periodístico. El 24 de julio se realizó el levantamiento de las medidas de protección de Cervantes, esquema con el que contaba desde el año 2012.

Según la UNP, “no había nexo causal entre las amenazas recibidas por el señor Cervantes y su labor como periodista, razón por la cual el resultado fue ordinario”.

Por su parte la Flip aseveró que Cervantes, una vez dejó la corresponsalía en el Bajo Cauca para Teleantioquia Noticias en agosto de 2013, se dedicó a trabajar en una emisora radial en Tarazá: “En entrevista con la FLIP, a finales del 2013, Cervantes aseguró que después de la explosión de una granada a pocos metros de la emisora, él había decidido empezar a programar canciones a cambio de noticias […] En el año 2009 funcionaban nueve emisoras y hoy solo existimos nosotros, pero en nuestra programación ya no tenemos ningún espacio noticioso, solo trasmitimos música y los servicios sociales que pide la Alcaldía”.

La Fundación cuestionó a la Fiscalía General de la Nación tras asegurar que de cinco denuncias formales de amenazas instauradas por Cervantes, el Ente acusador advierta que “sólo tiene a su cargo una investigación y que reporte que la última y única actuación investigativa haya sido una entrevista a la víctima”.

Diferentes agremiaciones de periodistas en el país manifestaron su rechazo ante el asesinato del periodista, cuestionaron, de paso, el retiro de la escolta, dadas las condiciones de inseguridad que imperan en el Bajo Cauca, razón por la cual han venido protestando por la inoperancia del Estado en brindarle protección a quien fuera uno de los periodistas más amenazados del país.