Cinep revela que siguen ‘falsos positivos’

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El informe del CINEP señala que impunidad genera continuidad de 'falsos positivos'. FOTO: Semana

El aumento en el número de casos de ‘falsos positivos’, la continuación del paramilitarismo y la impunidad son las prácticas ilegales más preocupantes en Colombia según revela el informe especial sobre la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de 2012, presentado por el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP).

El estudio, que tuvo como fuente el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, indica que en 2012 se presentaron 20 casos de ‘falsos positivos’ con 52 víctimas, mientras que en 2011 ocurrieron 17 hechos con 85 víctimas.

Las cifras además revelan que el año pasado se presentaron 58 
ejecuciones extrajudiciales que son más conocidas como ‘falsos positivos’ cometidas entre el 1 de junio de 1992 y el 20 de diciembre de 2011. Estos hechos “no habían sido reportados en publicaciones previas pues hasta 2012 fueron presentados y documentados”.

La publicación llama también la atención por la actividad “mucho más viva y dinámica” del paramilitarismo a través de las Bacrim. Los datos señalan que entre los principales actores de las violaciones de los derechos humanos están los paramilitares (o integrantes de las Bacrim), a quienes se les atribuyen 565 casos cometidos el año pasado, les siguen miembros de la Policía Nacional con 268 hechos y tropas del Ejército Nacional, con 187.

En el caso de infracciones al DIH, aparecen los paramilitares (493 hechos), seguidos de las FARC (347), Ejército Nacional (118), Combatientes no identificados (98), Policía Nacional (72) y ELN (48).

‘Falsos positivos’: no desaparecen ni disminuyen
El CINEP/PPP señala en su estudio que “si bien se reconocen los esfuerzos del gobierno nacional, es claro que las medidas siguen siendo insuficientes y requieren ser complementadas para garantizar la protección de los DDHH y del DIH, avanzando en un mayor control que evite este tipo de infracciones por parte de miembros de la Fuerza Pública así como la garantía plena de no repetición de las mismas”.

El centro de estudio agrega que “es alarmante la persecución a víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas, donde también la Fuerza Pública se ha visto involucrada. Aquí también se requieren efectivas medidas de protección y respeto a los DDHH”.

Las informaciones recolectadas en el estudio sobre las violaciones de los derechos humanos muestran que el año pasado se registraron 12 víctimas en 11 casos de ejecuciones extrajudiciales (10 atribuidos a tropas del Ejército Nacional y 1 a la Policía Nacional).

Entre las infracciones también hay 8 detenciones arbitrarias contra 39 personas (2 realizadas por el Ejército; 1 por la Policía; 2 por el CTI; 1 por Ejército y CTI, 1 por Dijín y Fiscalía General de la Nación y 1 por tropas del Ejército de Venezuela). Y una persona herida, “bajo la responsabilidad de tropas del Ejército Nacional”.

El informe expone que los más afectados con los falsos positivos son los campesinos, obreros, estudiantes, opositores políticos, comerciantes, trabajadores independientes, un ex diputado, una mujer discapacitada, un indígena, un periodista y otros sin información.

El departamento más afectado por estas violaciones es Cauca (6 casos), seguido por Antioquia (4), Valle del Cauca (3), Meta, Bogotá, Norte de Santander, Caquetá, Córdoba, Sucre y Venezuela, cada uno con un caso.

A los registros del 2012 se suman los 58 casos actualizados de ‘falsos positivos’ cometidos entre 1992 y 2012, que dejaron 77 víctimas: 76 fueron por ejecuciones extrajudiciales y uno resultó herido. Según el Banco de Datos del CINEP/PPP, entre 2001 y 2012 se presentaron 695 hechos y 1.416 víctimas.

“Mirada desviada” y paramilitarismo
En su informe, el CINEP/PPP expresó que “el panorama de las investigaciones judiciales es también preocupante, debido a los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados arrojados, en contraste con el número de casos reportados y el número de fallos dictados”.

El organismo llamó la atención sobre otros factores que inciden en la impunidad como “la limitada colaboración” de la Justicia Penal Militar con la Justicia Ordinaria, el vencimiento de términos, la existencia de casos de militares condenados que aún continúan en servicio y la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces.

El informe manifiesta que sus datos son contrarios a los del Gobierno y citan una entrevista del presidente Juan Manuel Santos en la que expresaba que en el 2012 no se había presentado ninguna denuncia por ‘falsos positivos’.

Para el CINEP/PPP, en el país existe “la impunidad y la “mirada desviada” para no ver ni corregir la raíz de tales prácticas de barbarie”. La fundación añade que otra situación similar a la de los ‘falsos positivos’ ha sido el paramilitarismo, calificando a ambas como “estrategias complementarias de un Estado hundido en la violencia”.

“La cepa o raíz de ambas estrategias es común: una doble moral que facilite la ficción, el ocultamiento o camuflaje de la realidad y su reemplazo por realidades mediáticas y procesales que apuntalen sociológicamente la ficción”, explica el informe.

Los análisis señalan que el paramilitarismo “se intenta desdibujar en el lenguaje mediático e institucional como “Bacrim” en el intento de relacionar el fenómeno mucho mas con la delincuencia común que con el paramilitarismo histórico”.

El CINEP/PPP estable además que “muchos de las actuales estructuras paramilitares se confiesan al servicio de la “locomotora minera” agenciada por multinacionales. Muchos les confiesan a sus víctimas los acuerdos a que han llegado con la fuerza pública y los mensajes de tranquilidad que por su medio les transmite el alto gobierno”.

Las cifras del informe relacionan violaciones a los derechos humanos con respecto a la minería. Los registros muestran 12 casos en las que fueron asesinadas 13 personas, 10 de ellas al parecer por paramilitares. Las zonas más afectadas son Puerto Gaitán, Meta (2 casos); Remedios, Segovia y Caucasia, Antioquia (5); Marmato, Caldas (2); La Sierra, Cauca (1); Montecristo, Bolívar (1); y Tumaco, Nariño (1).

Otras infracciones también fueron cometidas contra reclamantes de tierras. Según el estudio en 2012 se presentaron 24 hechos al respecto.