‘Paras’ detrás de la mitad de crímenes a sindicalistas

      
Según un informe de la Fiscalía, en el que se analizaron 354 sentencias entre 2000 y 2011, el 53 por ciento de los crímenes contra sindicalistas fueron cometidos por las Autodefensas.

 
Según informe de la Ong Human Rigths Watch, Colombia es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. Foto: Archivo Semana

Un estudio realizado por la Fiscalía General de la Nación mostró que más de la mitad de los crímenes cometidos contra sindicalistas en el país, entre 2000 y 2011, fueron cometidos por paramilitares. 

La Fiscalía publicó un informe titulado “Judicialización de los crímenes contra sindicalistas (descargar documento)“, en el que evaluó las acciones de la justicia frente a los delitos de los que son víctimas miembros de los sindicatos.

Ese estudio concluyó que siete de cada diez crímenes fueron cometidos entre 2000 y el 2004, fechas que coinciden con la época de mayor presencia y auge de grupos paramilitares. 

De las sentencias estudiadas en el territorio nacional, más de la mitad se concentran en cinco departamentos: Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Antioquia y Norte de Santander, zonas dominadas por paramilitares y en el que se registraron la mayoría de crímenes contra sindicalistas.

De acuerdo al análisis, el 99 por ciento de estos delitos responden a “homicidios agravados por la calidad sindical de la víctima y homicidio en persona protegida”,  los cuales son generalmente acompañados por desaparición forzada y violación de derechos humanos.

El estudio realizado por la Fiscalía señala también que el principal móvil de los crímenes contra organizaciones sindicales ha sido: “la presunta colaboración o pertenencia de la víctima a un grupo subversivo”. 

Uno de los casos más representativos en este sentido fue la condena a 26 años de prisión del exjefe paramilitar del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40,’ por el asesinato del profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis, a quien las Auc sindicó de pertenecer a un grupo guerrillero (Leer artículo).

Por este  asesinato fue también condenado recientemente el ex director del DAS Jorge Noguera (Leer artículo).

Si bien no se pudo establecer un patrón de persecución a una agremiación específica, fueron los educadores y los empleados de empresas los más afectados por crímenes en contra de sindicalistas.

Sin embargo, sólo en contados casos se pudo establecer a que compañías pertenecían las víctimas.

Algunas de las empresas citadas por el informe son la multinacional  Drummond, Ecopetrol,  Empresas Públicas de Medellín,  Electrificadora de Santander y Electrificadora del Meta.

En uno de cada tres casos no se pudo determinar la asociación sindical de la víctima, no obstante la Fiscalía señaló en su informe que la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC)  y el sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del Departamento de Antioquia (SINTRAOFAN) fueron los sindicatos más afectados por la violencia.

Con el objetivo de mejorar la celeridad de los procesos judiciales de los crímenes en contra de sindicalistas, el estudio identificó los elementos más importantes para estos casos: caracterización de las víctimas, responsabilidades penales, tipos de delitos, participación de grupos al margen de la ley, regiones críticas y sectores laborales más afectados.

La Fiscalía también recomendó identificar plenamente las personas acusadas por estos delitos sobre todo en los procesos contra paramilitares en Justicia y Paz, ya que para confundir y eludir la acción de la justicia un mismo acusado utiliza diferentes nombres, alias o identidades.

De los 354 casos estudiados, a un 35 por ciento de los condenados les fueron impuestas penas de 30 a 40 años de prisión mientras solo se dictó la absolución de 36 de los acusados.

A pesar de los resultados expuestos por el Informe de la Fiscalía, la Ong Human Rights Watch continua clasificando a Colombia como el país más peligroso del mundo para la actividad sindical, denunciando que la mayoría de crímenes en contra de sindicalistas aún permanecen en la impunidad.

Cabe aclarar que el análisis de la Fiscalía no corresponde con la totalidad de los crímenes efectivamente ocurridos sino sólo con aquellos en los que los victimarios han sido judicializados.

Por otra parte aunque el informe revela una disminución del número de crímenes en contra de sindicalistas a partir de 2005, esto podría explicarse con el inicio del proceso de negociación con grupos de las autodefensas.
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