Después de más de una década de desplazamiento y de que sus solicitudes de restitución lleven casi tres años en etapa de juicio, 21 campesinos viajaron hasta la capital de Bolívar para solicitarles a las magistradas que tienen sus casos celeridad en sus decisiones.
El lunes 11 de diciembre 21 familias, reclamantes de tierras del Magdalena, llegaron a los despachos del Tribunal Especializado en Restitución de Cartagena para solicitar celeridad en las sentencias. Llevan dos años esperando un pronunciamiento. Foto archivo VerdadAbierta.com.A las dos de la madrugada del pasado 11 de diciembre un grupo de campesinos se despertó para emprender un recorrido que los llevara desde los municipios de Zona Bananera y Chibolo, en Magdalena, hasta Cartagena. Que el conductor se haya accidentado horas antes del viaje, que el trancón alargara el trayecto o que lloviera, no fueron impedimiento para llegar a las puertas del Edificio Banco del Estado, en pleno centro de la ciudad amurallada para radicar sus peticiones.
“Queremos que las magistradas se pongan la mano en el corazón y tengan en cuenta las condiciones en las que estamos. Los procesos cuentan con todas las pruebas para que haya sentencia”, dijo una mujer líder de Chibolo que hizo el viaje hasta Cartagena.
Ella se refiere a las solicitudes de restitución de los predios Bejuco Prieto y El Encanto, en Chibolo, y las Franciscas I y II, en Zona Bananera, parceladas por el antiguo Incora (hoy Agencia Nacional de Tierras) y arrasadas por paramilitares entre finales de los noventa y comienzos del nuevo siglo. Sus solicitudes fueron recibidas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) una vez la Ley 1448 de 2011 entró en vigencia, bajo la promesa del gobierno nacional de reparar de forma integral a las víctimas del conflicto armado durante la siguiente década.
Los campesinos desplazados y despojados estaban esperanzados en que sus casos tendrían pronta solución por dos razones fundamentales: la primera, porque el presidente Juan Manuel Santos afirmó en un acto público el 3 de agosto de 2012, en Chibolo, que la restitución era imparable: “Sabemos que los campesinos quieren que esto funcione, sabemos que los campesinos van a ser nuestros aliados en este proceso y por eso este proceso es imparable, óigase bien, imparable. El gobierno no va a permitir que a este proceso nadie le ponga obstáculos”.
Y la segunda razón, porque los fiscales especializados de Justicia y Paz, que investigaron el paramilitarismo, lograron documentar la dimensión del despojo de tierras en la Costa Caribe y explicar cómo las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en complicidad con funcionarios del liquidado Incoder, realizaron una contra-reforma agraria, reversando la adjudicación de tierras a los campesinos. (Lea: La lucha por la tierra en Magdalena)
Pero esas esperanzas se fueron diluyendo con el paso de los días. Pese a que la URT priorizó el departamento de Magdalena por el volumen de víctimas y solicitudes de restitución, en la actualidad las cuatro comunidades siguen en condiciones de desplazamiento, a la espera de una sentencia integral que les garantice, además de recuperar sus tierras, progresar en ellas. (Lea: Las dos caras de la restitución en Chibolo)
Para lograrlo, los labriegos requieren no sólo la restitución de sus predios, también necesitan proyectos productivos que les permita obtener un ingreso económico; contar con acceso permanente a educación, salud, servicios públicos e infraestructura; y garantías de seguridad, pues los líderes de estas comunidades que sobrevivieron a atentados diez años atrás siguen recibiendo amenazas.
Tocan puertas
Preocupados por su condición de vulnerabilidad, cansados de esperar, de las rupturas familiares y del deterioro de la salud de varios de sus integrantes, visitaron el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena donde reposan sus casos desde hace casi tres años. A la 1:30 de la tarde del pasado lunes ingresaron a esa dependencia y les entregaron a las magistradas Marta Patricia Campo, Laura Elena Cantillo y Ada Patricia Lallemand, una carta en la que reiteran su anhelo de restitución. (Leer carta dirigida al Tribunal).
“Doctoras, los miembros de nuestras comunidades nos estamos muriendo de viejos sin haber recibido por parte del Estado una reparación integral a las violaciones que sufrimos años atrás. Somos un grupo de familias que hemos sufrido mucho, que actualmente tenemos una situación precaria, somos en su gran mayoría personas de la tercera edad, que no podemos conseguir trabajo en ninguna clase de empresa”, expusieron los labriegos en la misiva.
La comunidad relató que varios reclamantes han fallecido por complicaciones de salud, atizadas por su angustia y falta de acceso a atención médica especializada. Así ocurrió con Miguel Anchila e Ismenia Morales, en 2015; y con Henry Solano y Miguel Manga Medina, en 2016: “Ya muchos han muerto de nuestra comunidad, aparte de los que nos asesinaron en el desplazamiento. Y lo que más anhelamos es volver y morir en nuestra tierra”.
Minutos después de conversar con la magistrada Ada Patricia Lallemand, quien tiene en su escritorio los procesos de reclamación de Bejuco Prieto y El Encanto, los campesinos expresaron su confianza en la promesa de la togada: “Estamos contentos, nos dijeron que nuestros procesos tendrán sentencia a finales de enero o máximo a mitad de febrero. Fue importante venir, aunque nos haya tocado con mucho esfuerzo”, declaró un campesino de Chibolo mientras se resguardaba de la lluvia cartagenera.
Amenazas que persisten
En el municipio de Chibolo, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ despojó a los campesinos de sus tierras para luego explotarlas masivamente en ganadería. Los reclamantes explican cómo el liquidado Incora les revocó los títulos de sus parcelas. Foto archivo suministrada Unidad de Restitución de Tierras.El Punto 1 del Acuerdo de Paz firmado con las Farc prometió una Reforma Rural Integral, la que el Estado no pudo lograr desde la década del sesenta por efectos del conflicto armado e ineficacia de las instituciones agrarias, como lo han indicado en varios informes la Procuraduría Delegada de Tierras y la Contraloría Agraria. Tal reforma implica que el gobierno nacional garantice acceso y uso de tierras rurales a comunidades que carecen o tienen tierra insuficiente, apoyándose en procesos como el de restitución, que se derivan de la justicia transicional. (Lea: Procuraduría Agraria, a la ‘yugular’ del Incoder y Reforma Rural Integral, a ‘fuego’ lento)
Además, la implementación de este punto también implica reversar la contra-reforma agraria realizada por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que fue lo que ocurrió en las parcelaciones de Chibolo y Zona Bananera.
Como se documentó en los estrados de Justicia y Paz, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, exjefe paramilitar del Bloque Norte de las Auc, extraditado a los Estados Unidos en 2008 y condenado por narcotráfico, quería acumular las tierras productivas de la Costa Caribe donde los campesinos sembraban pancoger. Para poner en marcha su ‘máquina de despojo’ utilizó a los hombres bajo su mando, quienes apelaron a la violencia extrema para conseguir su propósito. (Lea: Las 333 masacres del Bloque Norte)
En medio del desplazamiento, ‘40’ o ‘Papa Tovar’, como lo conocían en la zona, enviaba a sus cómplices para forzar las ventas de las parcelas. Encontraran o no a los propietarios, el despojo lo concretó con documentos públicos, aliándose con los funcionarios del antiguo Incora, quienes, de manera fraudulenta, les revocaron los títulos a los campesinos para titularlos a quien el jefe paramilitar dijera.
Por si fuera poco, también se alió con notarios y registradores. “Nuestras fincas quedaron en manos de los testaferros de ‘40’. En la actualidad, las tierras son explotadas con ganadería, ya sea por ellos o por personas que luego compraron, porque hay casos en que las parcelas tuvieron varias ventas”, narró una campesina afectada de Chibolo. (Lea: El Incora, ’40’ y sus ladrones de tierras y A juicio ex funcionarios del Incora por despojo de tierras en Chibolo)
Así ocurrió con las parcelaciones de Bejuco Prieto y El Encanto, en Chibolo. En 1991 el Incora les tituló estas tierras a los campesinos para hacerlas más productivas, pero una década después les revocó las adjudicaciones en medio del conflicto armado. En la actualidad, 19 familias en Bejuco Prieto esperan volver a sus fincas, que siguen explotadas con ganadería por personas que se oponen al proceso de restitución.
“A mi mamá la siguieron amenanzando. Le han llegado mensajes de ‘Los Urabeños’ (‘Clan del Golfo’ o Autodefensas Gaitanistas de Colombia). La Unidad Nacional de Protección (UNP) le dio medidas de seguridad, pero luego se las quitaron. Es muy duro ver en las noticias todos esos líderes que han sido asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz”, indica otra mujer, expresando su angustia. (Lea: Amenazas y zozobra rodean a reclamantes de tierras en Magdalena)
En El Encanto la historia es similar para 36 familias. Una de sus líderes aseguró que su herencia son dos parcelas que le dejó su esposo y sobre las que ha luchado desde 1998, cuando hombres de ‘Jorge 40’ llegaron hasta su casa y le quitaron los papeles de las tierras. Bajo riesgo, solicitó al liquidado Incoder (antiguo Incora) buscar entre los archivos los títulos y después de la brega, pudo volver a su terruño en El Encanto en 2013: “Lo hice sin acompañamiento. Me quedé en la tierra durante dos años aguantando amenazas”.
De los predios Las Franciscas I y II, en el municipio de Zona Bananera, los campesinos también fueron despojados por ‘Jorge 40’ en alianza con alias ‘Tijeras’. Este último paramilitar confesó que las Auc recibió financiación de empresa del banano, que en la actualidad explota las tierras. Foto archivo Semana.A lo anterior se le suma otra preocupación. Según explicaron en el Tribunal de Cartagena, en la demanda sólo cursa una solicitud, cuando su otro predio sigue ocupado por los ganaderos. “Parece ser que la Unidad de Tierras no identificó bien las parcelas y presentó un solo caso. Eso hay que corregirlo. He estado en dos audiencias trayendo mapas y explicando los planos de los dos predios que me arrebataron”, detalló la líder, quien el pasado 25 de noviembre recibió una llamada amenazante de un hombre que se presentó como “comandante de Papa Tovar”.
Las historias de los reclamantes de las fincas Las Franciscas I y II, en el municipio de Zona Bananera, tienen al mismo victimario, ‘Jorge 40’, quien ordenó a Carlos Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, cometer varias masacres en la región, como estrategia para el vaciamiento de las tierras.
‘Carlos Tijeras’ le confesó a la Fiscalía que su grupo no se financió con el narcotráfico, sino con los aportes que hacían las empresas y proveedoras bananeras que luego terminaron explotando las tierras despojadas. Las familias han resistido pese al asesinato de varios integrantes de su comunidad y de la oposición a la restitución liderada por una empresa multinacional del banano. (Lea: Resistencia franciscana en Zona Bananera)
“Todas las familias seguimos desplazadas. Soy un hombre de edad, con ocho hijos y que me ha tocado pasar por mucho trabajo. Como nos conocen en Zona Bananera nadie nos emplea, porque saben que estamos reclamando las tierras”, afirmó uno de los reclamantes.
Otro de los campesinos, también despojado de Las Franciscas, expresó preocupación por el ambiente político que se “respira” en el llamado posacuerdo. “Hay fuerzas políticas y económicas que quieren acabar con el proceso de paz. Confiamos en que nos restituirán pronto porque es una ley que se debe cumplir. En realidad, hasta el momento nuestra compañía han sido Dios, el Consejo Noruego para Refugiados y la Comisión Colombiana de Juristas”, afirmó el parcelero, quien dijo que su comunidad requiere apoyo psicológico por los efectos de la guerra.
Tras la vacancia judicial propia de las fiestas de fin de año, los campesinos de Chibolo y Zona Bananera esperan que las sentencias a su favor sean su regalo de 2018. “Ustedes saben que somos sujetos de especial protección y queremos que comprendan que cada día que pasa el proceso guardado en sus despachos, es un día que perdemos de nuestras vidas, de poder disfrutar de nuestros derechos y ver materializado ese anhelo infinito de poder volver a nuestras tierras”, se lee en la carta llevada personalmente por 21 reclamantes hasta el despacho de las magistradas que llevan sus casos en Cartagena.
*Los nombres de las víctimas son reservados por razones de seguridad. Este mismo criterio aplica para la carta que decidimos publicar y que fue presentada por las comunidades ante el Tribunal.
