A Salaminita aún no llega la llave prometida por el gobierno nacional

El próximo 16 de diciembre esa comunidad del departamento de Magdalena recordará que hace exactamente un año un juez falló a su favor una demanda de restitución de tierras, pero también que las entidades del Estado no han cumplido su parte y sólo se han dedicado a promocionar acciones que no pasan de lo simbólico. Los campesinos se preguntan dónde están los 1.637 de millones que le prometieron para vivienda.

salaminita 1Salaminita está en el municipio de Pivijay. La reconstrucción del pueblo, que incluye las viviendas, la escuela y el centro de salud, fueron ordenadas por el Tribunal Especializado en Restitución de Antioquia desde diciembre pasado. Foto suministrada por la comunidad.

Hace un año las fiestas decembrinas fueron completas para los pobladores del corregimiento Salamilita, del municipio de Pivijay, pues a la acostumbrada alegría de estas épocas se sumó la noticia del fallo a favor de 37 familias proferido por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.

La decisión judicial trajo la alegría a esta comunidad, desolada hace 17 años cuando paramilitares del Frente Pivijay del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) decidieron expulsar a sus pobladores y borrar del mapa el caserío con un buldócer. (Lea: Salaminita, el pueblo que surge entre las cenizas)

Pero luego de un año de proferida la sentencia, y lograr la restitución de sus propiedades en el papel, ahora viven bajo un ambiente de incertidumbre: “las instituciones no responden”, insistieron los líderes consultados, quienes, junto a su comunidad, han tenido que pasar las “duras y las maduras” en su condición de desplazados durante casi dos décadas.

Los primeros seis meses de este año, con el fallo en sus manos, la comunidad pensaba que todo marchaba bien. Tanto el Ministerio de Agricultura, como la Unidad de Restitución de Tierras (URT) realizaron un acto público en el que reafirmaron que la restitución se materializará muy pronto. Pero la realidad ha sido contraria a esos anuncios: de las 23 órdenes impartidas en el fallo por los magistrados, las entidades estatales sólo han cumplido las protocolarias.

En junio pasado, los líderes de Salaminita recibieron una llamada de la Oficina de la URT, Territorial Magdalena. “Nos invitaban a un acto público en Zona Bananera y decidimos ir cuatro representantes”, recordó un integrante de la comunidad, quien, por temor, como todos los consultados, solicitaron la reserva de la identidad.

En ese evento, que contó con la presencia del viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz-Granados, y el director de la URT Magdalena, Rodrigo Torres Velásquez, los campesinos recibieron una llave simbólica que representaba una inversión en subsidios de vivienda de 1.637 millones de pesos. Posaron para la foto oficial y la imagen fue difundida en medios locales y redes sociales.

En el evento, el Viceministro fue claro en explicar que esa suma de dinero se destinaba en atención al fallo de restitución. (Lea comunicado de prensa) La actividad fue documentada por el diario El Informador, de Magdalena, que registró la imagen de la entrega de las “llaves”, así como las declaraciones tanto del alto funcionario de gobierno como del Director Territorial de la URT. (Lea nota de prensa)

salaminita 2Esta fue la “llave” que el Ministro de Agricultura y la URT Territorial Magdalena le entregaron a los campesinos de Salaminita. Esta indicaba un presupuesto de mil 600 millones para las viviendas del sector urbano. Aunque la comunidad celebró el presupuesto, siguen pendientes los subsidios. Foto suministrada por la comunidad.Para los pobladores del caserío de Salaminita este evento significaba el comienzo de la disposición de recursos públicos en atención a dos de las órdenes contenidas en la sentencia proferida en diciembre de 2016. La primera de ellas exigía a la URT que,

que una vez notificado el fallo, tenía un mes para postular de manera prioritaria a sus beneficiarios en los programas de subsidio de construcción de viviendas nuevas ante el Banco Agrario y éste, a su vez, tenía también un mes para presentar ante el Tribunal Superior de Antioquia el cronograma en que haría efectivas las ayudas en un plazo que no podía exceder los seis meses.

La segunda de las órdenes exhortaba al Municipio de Pivijay y a los ministerios del Interior, de Agricultura y de Vivienda a reconstruir el centro poblado, garantizando, además, el suministro de servicios públicos, así como la construcción y funcionamiento del colegio y el centro de salud. Para ello debía integrarse una mesa técnica junto a las Unidades de Restitución y de Víctimas, y el Banco Agrario, bajo la supervisión de la Procuraduría Delegada para la Restitución. (Lea la sentencia páginas de la 172 a 174)

Sin embargo, los campesinos de Salaminita aseguraron que cuando fueron a preguntar a la URT por la ejecución de los 1.637 millones de pesos para las viviendas del sector urbano, les respondieron que “hubo una equivación, que se trataba de un acto simbólico”. Para la comunidad, la respuesta era insólita: “ilusionaron a 200 personas con la idea de que ya comenzaría el proceso de restitución”.

VerdadAbierta.com le consultó a Rodrigo Torres, director de URT Territorial Magdalena sobre lo ocurrido y respondió que la entidad realiza la gestión para postular a las familias restituidas a los subsidios que dicta el fallo; además, aclaró que cuando se trata de restituir predios rurales, las ayudas de vivienda y de proyectos productivos son competencia del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrario.

“Pero en este caso, la sentencia es sobre predios urbanos, por lo que los subsidios corresponden al Ministerio de Vivienda y al Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Ya entramos en contacto con estas instituciones para agilizar el cumplimiento de las órdenes”, explicó Torres.

Este medio preguntó si hubo una equivocación del Ministerio y la Unidad en el acto público de Zona Bananera, pero el funcionario lo negó. “Lo que se resaltó [en el evento] es que estas familias tienen derecho a unos recursos por parte del Estado”, dijo, y agregó que el subsidio de vivienda por familia es de 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que corresponden a unos 44 millones 600 mil pesos.

Aunque Torres afirmó que tanto el Ministerio de Vivienda como el DPS ya están informadas sobre su responsabilidad, en Salaminita no comprenden por qué tal gestión tardó casi un año después de la sentencia, cuando los cronogramas de asignación de recursos a la comunidad no podían superar los seis meses. El Ministerio de Agricultura quedó en dar su versión al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no se había pronunciado.

“Nos montamos en la película”

salaminita 3La comunidad asegura que requiere con urgente el desarrollo de proyectos productivos para que sus habitantes tengan ingresos con los cuales puedan progresar, y no sobrevivir con el día a día que deja un jornal, la venta de fritos o el mototaxismo. Foto suministrada por la comunidad.Durante el año siguiente a la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, los habitantes del área urbana de Salaminita sólo han recibido atención psicosocial y notificaciones en tres actos institucionales, incluyendo el de la entrega simbólica de las “llaves”. Los otros dos correspondieron a la decisión de ser sujetos de reparación colectiva, como les informó la Unidad de Víctimas el pasado 8 de junio, y la entrega de los predios, celebrada por la Unidad de Restitución de Tierras el pasado 1 de agosto (Lea noticia de la Unidad de Víctimas y lea noticia de la URT).

Saliminita ha sido un pueblo azotado por la violencia desde la década del ochenta. En 1984 por lo menos 150 uniformados del Ejército y 40 personas vestidas de civil llegaron a las tierras para desterrarlos. Luego, durante los noventa, guerrilleros de las Farc y el Eln los amenazaron.

Las acciones criminales continuaron. El 7 de junio de 1999 paramilitares liderados por Tomás Gregorio Freyle, alias ‘Esteban’, asesinaron a tres de sus pobladores y arrasaron el pueblo con un buldócer. Los pobladores huyeron del lugar y desde entonces han tratado de sobrevivir en municipios de la costa Caribe, anhelando recuperar las fiestas tradicionales de La Virgen, la de los matrimonios y las corralejas, cada final de octubre.

Los paramilitares se llevaron hasta la imagen de Virgen y los sonidos de la papayera fueron silenciados. Tales afectaciones fueron tenidas en cuenta por los magistrados, quienes ordenaron no sólo la reconstrucción del pueblo, sino de su tejido social.

Los magistrados solicitaron, adicionalmente, al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) brindar capacitación y proyectos especiales para la generación de empleo de los jóvenes; sin embargo, la comunidad aseguró que los cursos han sido de corta duración y una joven tuvo que llevar la sentencia para que le permitieran capacitarse.

“La gente está cansada de reuniones”, reconoció uno de sus habitantes y exigió acciones reales de las entidades estatales a favor de una comunidad que, además de ser víctima del conflicto armado, incluye a varias familias de la tercera edad y en condiciones de discapacidad. “Es muy duro ver que las instituciones dicen además que solo atienden solo a las 37 familias restituidas; cuando todos sufrimos la misma violencia”, dijo otro poblador.

Si bien la sentencia del 16 de diciembre de 2016 favorece a a 37 familias desplazadas del centro poblado, aún está pendiente el fallo sobre otras 16 más, despojadas del área rural, donde persiste la oposición de una familia dedicada a la ganadería. Por su parte, la URT precisó que hay otras 23 reclamaciones que están en trámite administrativo, es decir, en la primera fase del proceso antes de ser redactadas en demanda y presentadas ante un juez especializado.

Los campesinos aseguraron que sin garantías y atención integral de las entidades del Estado su progreso estará truncado y distorsionada su vocación agraria: una gran parte de los habitantes se dedica al comercio informal, al ‘mototaxismo’ y al jornal para sobrevivir.

“Nuestro anhelo es la reconstrucción del pueblo y que existan garantías en el pueblo para trabajar. Quienes ya logramos una sentencia en el casco urbano nos gustaría que el gobierno nacional nos gestione unos patios para poder cultivar un pedacito de tierra”, sugirieron.