De concretarse el acuerdo con este grupo guerrillero, comunidades como la de este corregimiento tolimense podrían retornar a sus veredas. De momento, han sido las sentencias de restitución las que develan cómo fue el destierro generado por la insurgencia en el sur del país.
Las Farc fueron responsables del desplazamiento y abandono de fincas en el corregimiento de Santa Teresa, en el municipio tolimense del Líbano, entre 1993 y 2003. Durante este periodo la guerrilla secuestró, extorsionó y reclutó a menores en las zonas veredales. Foto: archivo Semana.El nombre de la finca de los Martínez* parecía una premonición: El Suspiro. Fueron solo cuatro años en que esta familia pudo vivir tranquila en las 2 hectáreas donde cultivaban café, plátano, chocolate y aguacate, hasta que las Farc llegaron. Primero, les quemaron la vivienda que habían construido con el sudor de la frente y un año más tarde asesinaron al padre, dejando a Mónica* a la cabeza de un hogar con seis niños. La tragedia ocurrió en 1993 y los sobrevivientes solo tuvieron una respuesta del Estado 23 años después, cuando el Tribunal Especializado en Restitución de Bogotá profirió una sentencia a su favor.
No han sido los únicos. Los Martínez hacen parte de las 146 familias que salieron despavoridas entre 1996 y 2003 del corregimiento Santa Teresa, del municipio tolimense del Líbano, cuando las Farc los desplazaron a punta de ‘vacunas’, secuestros, asesinatos, extorsiones y reclutamientos.
Los jueces especializados en restitución de tierras han proferido unas 40 sentencias que evidencian la dimensión del abandono de tierras en este municipio del norte del Tolima, donde el conflicto armado expulsó desde 1985 a 16 mil 739 personas según el Registro Único de Víctimas.
Los Martínez por ejemplo fueron desplazados tres veces. Tras el asesinato del padre en 1993 huyeron hacia un municipio cercano, pero ante la falta de trabajo siguieron cultivando la finca con el apoyo de algunos familiares. Pero el intento de retorno fue fallido cuando en 1999 dos guerrilleros llegaron a la finca y amenazaron de nuevo a Mónica:
– ¿Dónde están sus hijos?
– Mis hijos están estudiando.
– Es que si usted no tiene a sus hijos acá, para que aunque sea uno de ellos esté a nuestro servicio, usted no puede estar en la finca…
Mónica les relató a los jueces que las Farc querían reclutar a sus hijos de 11 y 12 años y que por miedo a las amenazas decidió desplazarse por segunda vez a una ciudad lejana. Un año después intentó volver, pero las Farc nuevamente se lo impidieron. La historia es recurrente en las veredas El Jardín, Frisolera, Tierradentro, San Fernando, Las Delicias del Convenio, La Gregorita y La Guaira, donde apenas, después de dos décadas, comienza a revertirse el abandono generado por esta guerrilla.
Una ‘ola’ de desplazamientos
Santa Teresa es uno de los cinco corregimientos que componen Líbano, un municipio de 40 mil habitantes que desde los años noventa comenzó a ser azotado por la guerra. Según la documentación presentadapor la Unidad de Restitución a los jueces especializados, en la zona hicieron presencia la columna móvil Jacobo Prías Alape y el Frente Cacique Gaitana, de las Farc; el Frente Bolcheviques del Líbano del Eln y la disidencia José Rojas, del Erp. A finales de la década, el narcotraficante Ángel Gaitán Mahecha financió la entrada al norte del Tolima de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio con el Frente Omar Isaza.
Pese a toda esa mezcla de grupos, las Farc era para entonces la de más poder. Su interés no era otro que controlar las rutas de la comercialización de la cocaína y del cobro del ‘gramaje’ del polvo blanco procesado en Putumayo, Caquetá y Huila. Para mantener su ‘nómina’ de hombres camuflados, recurrieron al secuestro y la extorsión; mientras tanto, la Sexta Brigada del Ejército realizaba operaciones en la zona.
Los Meneses* le relataron al juez que abandonaron su finca de 40 hectáreas después de los constantes combates que vivieron en la vereda La Frisolera y que se prolongaron entre 1996 y 1998.
Líbano es el segundo municipio del Tolima con más sentencias de restitución de tierras, después de Ataco. Las Farc es el victimario más recurrente en los abandonos de fincas en esta región. Foto: archivo Semana.En 2002, la familia Blanco* dejó atrás el pequeño lote de 77 metros que habían cultivado dentro de una finca heredada después de que las Farc secuestraron a uno de sus hijos por ser soldado profesional, sin contar que previamente la guerrilla ya los había amenazado y robado madera así como varias cosechas de tomate.
A comienzos del nuevo siglo el conflicto recrudeció en la zona cuando los hermanos Carlos y Vicente Castaño, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entrenaron a 33 paramilitares en las fincas La 35 y La Acuarela, en el Urabá, y los enviaron al norte del Tolima para integrar un nuevo grupo. Esta decisión generó una ‘guerra’ interna entre los antiguos paramilitares venidos del Magdalena Medio y los nuevos, llegados de Urabá, hasta que en 2001 el grupo fue dirigido por los Castaño, en cabeza de Diego Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’. (Lea: El largo recorrido del paramilitarismo en el Tolima y Guerra entre paramilitares por el Tolima)
Los registros de desplazamientos en el municipio advierten el tope de la violencia tras el ingreso de los paramilitares: de 419 expulsiones documentadas en 2000; los desplazamientos crecieron a 2.070 en 2001 (ver cifras). Y la guerrilla no se quedó atrás en incrementar sus acciones violentas para no dejarse arrebatar el territorio. La ola de personas desplazadas continuó durante 2002 con 1.396 casos y llegó a su máximo registro con 2.799 personas en esta condición en 2003. El corregimiento de Santa Teresa fue epicentro del éxodo. (Lea: Cómo desplazaron a lostolimenses)
La familia Rojas* le contó a los jueces que abandonaron su finca justo en 2004 tras la “batalla campal” que se desató en la vereda La Guaira entre guerrilleros y paramilitares. Otra familia, los Rueda*, dejaron atrás su finca de 18 hectáreas cuando las Farc asesinaron a uno de los hijos porque este se negó a hacerles “mandados”. En medio del sepelio, la guerrilla los amenazó obligándolos a dejar las tierras. Como está documentado en las sentencias, algunas de estas familias vendieron sus fincas a bajos precios y otras, cuando averiguaron años más tarde qué había pasado con los predios, se encontraron con que eran ocupadas por terceros.
Tras la desmovilización de los paramilitares en 2005, los combates entre la guerrilla y el Ejército se intensificaron durante los siguientes tres años, lo que mantuvo los desplazamientos y abandonos de fincas en las zonas veredales. Para mayo de 2013, cuando la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplía ya un año de implementación, los libanenses ya habían solicitado la restitución de por lo menos 848 hectáreas en el municipio.
Los datos sobre las expulsiones del Líbano volvieron a tener un pico en 2007. Y este fue atribuido a un nuevo fenómeno: el rearme paramilitar por medio de las llamadas bandas criminales. Un informe de riesgo emitido por la Defensoría de Pueblo (léalo aquí) documentó que ‘las Águilas Negras’ llegaron al corregimiento de Santa Teresa y en la mitad de una cafetería asesinaron a un niño de 13 años. Tras el hecho, la banda criminal comenzó a exigir ‘vacunas’ a los comerciantes del sector entre 5 y 10 millones de pesos.
En una nueva puja territorial, esta vez entre las bandas criminales y la guerrilla, las Farc arreciaron con violencia. Otra sentencia de restitución relata cómo en 2010 continuaban los abandonos de tierras. Ese año la familia Bermúdez* tuvo que dejar su finca de cuatro hectáreas, cuando el grupo guerrillero los amenazó señalándolos como “informantes del Ejército”.
Hasta hace dos años, la Defensoría seguía documentando amenazas de las Farc contra líderes sociales del municipio, representantes de la Mesa de Víctimas y reclamantes de tierras. Después del municipio de Ataco, Líbano es el segundo en el que los jueces de restitución han proferido más sentencias en el Tolima.
De concretarse un acuerdo de paz con la Farc, la historia de cómo fue la violencia perpetrada por esta guerrilla permitiría completar el rompecabezas de los efectos del conflicto armado en la zona, pero, sobre todo, los campesinos de Santa Teresa tendrían más garantías para llevar una vida de tranquila tras el retorno.
