Jueces de tierras se quedan sin esquema de seguridad

A tres jueces especializados en restitución de Quibdó, Bucaramanga y Medellín les retiraron las medidas de protección por falta de diligencia de la Unidad Nacional de Protección. En sus despachos estudian casos que han afectado los intereses de particulares, victimarios y negocios ilegales.

jueces amenazados 3Los jueces de tierras tienen la última palabra en la aplicación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las garantías de seguridad son clave para las diligencias de verificación y su labor que traduce en las órdenes que hacen efectivos los derechos reclamados por las víctimas. Foto: archivo Semana.El pasado 12 de abril, Mario José Lozano Madrid, juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, recibió una carta firmada por el teniente coronel Óscar Armando Cárdenas Roldán, comandante de la Policía de Chocó, que le causó indignación. El teniente coronel le informó que, aunque la Policía seguirá garantizándole las “rondas y revistas policiales” y las asesorías en “en materia de seguridad autoprotección que requiera”, debía retirarle su esquema de seguridad, que corresponde a la asignación permanente de un policía.

El Comandante le explicó al Juez en la misiva que la decisión es el resultado de la falta de un acto administrativo que debe expedir la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras hacer una reevaluación de la situación de riesgo del juez. Pese a que le fueron otorgadas medidas de protección desde 2013, desde entonces, afirma el funcionario judicial, la Unidad no ha cumplido con el estudio necesario para continuar con su esquema de seguridad.

La UNP fue uno de los organismos creados por la Ley 1448 de 2011, o e Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para garantizar medidas de protección a reclamantes, funcionarios que estén relacionados con procesos en los estrados judiciales.

El Juez expresa en una carta enviada el 13 de abril a Diego Fernando Mora Arango, director de la Unidad Nacional de Protección, preocupación al considerar que su ejercicio es de riesgo, pues su despacho ha proferido sentencias “en los que se ventilan situaciones de despojos, desplazamientos por parte de grupos armados ilegales que operan en el territorio chocoano, en los cuales he adoptado decisiones delicadas de protección a las comunidades indígenas y afrodescendientes, suspensión de actividades mineras ilegales como foco de financiamiento de los grupos armados ilegales, desminado humanitario, recolección manual de cultivos ilícitos, suspensión del derecho de propiedad de terratenientes, en procesos que tienen dinámicas de conflicto similares a las de Jiguamiandó y Curvaradó (Riosucio, Chocó)…”.

El llamado del Juez tiene peso en las decisiones que ha tomado en función de la protección de los derechos humanos y territoriales de comunidades étnicas del Pacífico. En febrero de 2013, por ejemplo, fue quien emitió las medidas cautelares o de protección a favor de los indígenas embera-katíos que están en el municipio de Bagadó, Chocó, y cuyo territorio ancestral conocido como el Alto Andágueda estaba siendo afectado por diversos actores armados ilegales, así como por la minería ilegal y por las concesiones mineras otorgadas por la Agencia Nacional de Minería.

El oro, la maldición del territorio Emberá en Chocó

Su despacho también otorgó medidas de protección, en julio de 2014, a favor de por lo menos 2 mil 300 familias afrodescendientes del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), quienes reclaman la protección de su territorio ancestral que comprende 73 mil hectáreas entre los municipios de Bagadó, Cértegui, Atrato y Lloró, devastado por la minería ilegal.

Demanda de restitución étnica, en medio de la fiebre del oro en el alto Atrato chocoano

En octubre de 2014 también ordenó proteger a varias familias afrodescendients y campesinas del Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó, entre el los municipios de Riosucio (Chocó) y Antioquia (Turbo), que intentaban ser desalojados por un grupo de ganaderos (Lea: Juez ordena proteger a comunidad La Madre, de la Larga-Tumaradó, en Chocó). Y de forma reciente profirió la tercera sentencia de restitución étnica del país, la segunda en temas indígenas, protegiendo a la comunidad embera del Resguardo Dóbida Dogibi, del municipio de Unguía, en el Chocó (Lea: Los Embera recuperan el “aroma de la montaña”).

En su despacho cursan además las demandas de restitución de las comunidades Tanela, Arquía, Chidima-Tolo y Pescadito, y Mondó y Mondocito. El Juez advierte en la carta que está cansado del “incumplimiento” de la Unidad Nacional de Protección, pues además la institución no ha sido diligente en responder los mensajes y oficios en los que reportó la pérdida del teléfono que le fue entregado como parte de las medidas de protección y que “ni siquiera pude hacer la denuncia debido a que no se encontraba a mi nombre”.

Otros jueces

jueces amenazados 1Foto: archivo Semana.Pero la situación del Juez de Chocó no es la única. El retiro anunciado por la Policía del “hombre de protección” aplica para dos jueces más: el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras en Bucaramanga, y un magistrado del Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia.

En el Juzgado de Bucaramanga se han tomado decisiones sobre reclamaciones en municipios como Sabana de Torres y Rionegro, Santander, en los que hubo despojos por parte de paramilitares y donde también ha habido reclamaciones de ganaderos y palmicultores que explotan predios solicitados en restitución, pero que aseguran que compraron esas fincas de “buena fe”.

En Medellín, por su parte, el Tribunal de Antioquia confirmó la sentencia que le restituyó los derechos territoriales a la comunidad del Alto Andágueda (Lea: Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país).

Esta es una situación que el Juez de Quibdó y otros seis jueces venían advirtiendo desde agosto de 2015, quienes explicaron entonces dificultades por no contar con un esquema de protección individual y por el desembolso de recursos para cumplir con las diligencias en terreno (Lea: La dura realidad de los jueces de restitución).

En la actualidad, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Popayán ha recibido amenazas. Su despacho emitió una decisión contundente contra la minería ilegal y ordenó suspender las concesiones mineras en el municipio de Timbiquí, en Cauca, favoreciendo al Consejo Comunitario Renacer Negro (Lea: Con histórica sentencia afros recuperan su territorio en Timbiquí, Cauca). En ese despacho cursan las demandas de los consejos comunitarios de La Toma, Suárez, y de Zanjón de Garrapatero y Buenos Aires, también afectadas por la minería ilegal.

Aunque los esquemas de seguridad no son responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Néstor Raúl Correa, coordinador de Restitución de Tierras de la Sala Administrativa del Consejo, indicó que ya oficiaron sobre la situación de los jueces a la UNP, al Ministerio del Interior y al coronel (r) Carlos Eduardo Devia Gutiérrez, encargado de la Oficina Asesora para la Seguridad de la Rama Judicial. A la fecha, en el país hay 40 jueces y 15 magistrados que estudian las demandas de restitución en todo el país.

VerdadAbierta.com conoció varias de las resoluciones con las que la Unidad Nacional de Protección les informó a los jueces, en febrero de 2016, que por decisión del Comité Especial para Servidores y Exservidores Públicos, que tiene la responsabilidad de ofrecer los mecanismos de seguridad a partir de los análisis de riesgo realizados a su vez por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas (Cerrem),  que les retiran el carro blindado y los hombres de seguridad, dejándoles solo el chaleco de protección y un equipo de comunicación.

Este medio se comunicó con la encargada de prensa de la Unidad Nacional de Protección, quien quedó de enviar una respuesta oficial sobre el llamado de los jueces. En la tarde del lunes 18 de abril, el Juez Especializado en Restitución de Tierras de Chocó radicó una acción de tutela contra la UNP, la Policía Nacional y el Grupo de Protección de la Policía de Chocó.