De campesinos despojados a legítimos dueños

Un puñado de campesinos, víctimas de desplazamiento forzado, acaba de ganarle un complejo caso de restitución a una de las empresas más representativas de Mutatá, en el Urabá antioqueño.

restitucion monteverde 1Esta es una de las familias beneficiadas con la reciente decisión del Tribunal Superior de Antioquia. Foto: Yobhan Hernández (IPC).

Se trata del fallo proferido recientemente por el Tribunal Superior de Antioquia, donde se ordena restituir a cuatro familias campesinas y una de la etnia indígena Emberá, los predios Mi Bohio, La Esperanza, Nutibara I, Nutibara II y Los Popochos, ubicados en vereda Los Cedros de Mutatá y que a su vez conforman una extensa parcelación llamada Hacienda Monte Verde.

mapa mutata

Las fincas en cuestión figuraban a nombre de Todo Tiempo S.A.S, una sociedad de la familia Moreno dedicada a las actividades agrícolas y ganaderas, según consta en certificado de Cámara de Comercio. De acuerdo con este documento, la actual representante legal de esta sociedad es María Teresa Moreno Pérez, hermana de Juan Carlos Moreno Pérez, representante suplente y dueño de la Hacienda Monte Verde, recordada porque allí, entre diciembre de 2014 y enero del presente año, se registró el ingreso masivo de familias campesinas que alegaban haber sido desplazadas por la violencia paramilitar de los años noventa y, posteriormente, despojadas.

Mientras ganaderos, terratenientes y autoridades municipales de Turbo y Mutatá acusaban a los labriegos de invasores y avivatos, estos aducían que se trataba de un retorno sin acompañamiento estatal. La tensión llegaría a niveles críticos en febrero pasado, cuando un grupo de hombres encapuchados, armados con machetes, armas cortas y pistolas de aire, expulsó violentamente a los campesinos. (Ver más en: La mala hora de Macondo

Hoy, Monte Verde y la familia Moreno vuelven a estar en el “ojo del huracán”, toda vez que, según el Alto Tribunal, Todo Tiempo S.A.S no logró demostrar su buena fe exenta de culpa y por ello, no solo deberá devolver las parcelas a los campesinos sino que además, no se le reconocerá compensación alguna.

Se trata de un fallo trascendental para quienes reclaman tierras despojadas en Mutatá, municipio que registra poco más de 700 solicitudes de restitución, la tercera cifra más alta del Urabá antioqueño detrás de Turbo y Necoclí. Solo en la vereda Los Cedros, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Antioquia consigna unas 85 solicitudes. En 45 de ellas, Todo Tiempo S.A.S figura como opositora.

“En esta vereda se registra un caso muy particular y es que, el 70 por ciento de los predios que son reclamados en restitución se encuentran manos de cinco personas, varias de ellas personas jurídicas como Todo Tiempo S.A.S. Es decir, que allí se registró una gran concentración de la tierra”, dice Paola Cadavid, director de la URT, territorial Antioquia.

Pero, ¿qué fue lo que sucedió en Los Cedros que llevó a los jueces de tierra a declarar que se cometió un despojo? 

Violencia generalizada
restitucion monteverde 2En total serán 207 hectáreas las que serán restituidas por cuenta de la reciente decisión judicial de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal superior de Antioquia.

De acuerdo con los relatos históricos construidos por la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) y la Unidad de Restitución de Tierras, los cuales fueron aportados como pruebas en la etapa de juicio, para mediados de la década de los noventa, municipios del Urabá antiqueño como Mutatá eran epicentro de una guerra sin cuartel entre las guerrillas de las Farc y los paramilitares, en este caso, el frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Las confrontaciones se concentraron en zonas rurales de Belén de Bajirá como la vereda Los Cedros y las zonas conocidas como Cuacheras, Pavarandó y Pavarandocito. En medio de ese fuego cruzado quedaron los labriegos. Solo en la vereda Los Cedros, las cifras aportadas por la Unidad de Restitución de Tierras reportan que entre 1995 y 1997 fueron asesinados siete campesinos mientras que otros cuatro más fueron víctimas de desaparición forzada.

Para los primeros meses de 1998, Los Cedros quedó convertida en una verada fantasma tras el éxodo forzado de buena parte de sus habitantes. Entre los desarraigados figuraban Alicia Domicó y su familia, José María Herrera, Aicardo Goez, Rosa María Rivera, Arturo Sánchez y María de las Mercedes Goez.

Tras el éxodo forzado vino la presión para que malvendieran sus tierras. Los relatos de los labriegos así lo señalan. Alicia Domicó, indígena Emberá, declaró ante la URT que “me vi obligada a vender por el terror que nos causó la violencia. A mí me sacaron el esposo y un hijo de casa y nunca más los volví a ver. A nosotros nos decían que éramos blanco de las autodefensas disque por ser colaboradores de la guerrilla. Que era mejor que nos fuéramos y vendiéramos la tierra. Fue así como se la vendimos al señor Luis Fabio Moreno Ruiz”.

Tal como lo constató la URT, Luis Fabio Moreno, padre de Juan Carlos Moreno, adquirió este predio en 1997, en una negociación que se perfeccionó en la Notaría Única de Dabeiba. Luego, mediante escritura pública 0246 del 5 de febrero de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín, Moreno transfirió el predio a Todo Tiempo S.A.S.

En otros casos, las compras de tierras fueron realizadas a través de comisionistas que, como dato curioso, no eran de la región. “En los casos que hemos estudiado del Urabá, observamos que los comisionistas, por lo general, son de la región. Por eso es que les resulta fácil contactar a los desplazados, porque, en últimas, son sus vecinos, sus compadres. Pero en este caso no y ese es el primer aspecto que llama la atención”, señala la directora de la URT en Antioquia.

Tal es el caso de Jesús María Gómez y Pedro Ossa Yépez, quienes figuran comprando los predios La Esperanza, Nutibara I, Nutibara II y Los Popochos entre los años 1997 y 1998. Lo narrado por las víctimas indica que, tras su desplazamiento forzado, fueron contactados por estos comisionistas quienes insistieron indebidamente en que lo mejor era que vendieran sus tierras, si no querían tener problemas con las Autodefensas presentes en la zona. Luego de ser adquiridas, las parcelas fueron transferidas a Todo Tiempo S.A.S.

 “No obraron de buena fe”
restitucion monteverde 3Esta es la hacienda Monte Verde, en Mutatá, en donde se ordenó la restitución de las familias. Foto: Yobhan Hernández (IPC).

Las declaraciones rendidas por la empresa durante la etapa de juicio, señalan que los hoy reclamantes ni fueron acosados por factores de violencia ni fueron presionados para vender sus predios. Por el contrario, los negocios se realizaron en el marco del más absoluto respeto, acordando precios justos, “aclarando en todo momento que fueron los labriegos quienes ofrecieron sus tierras”, tal como se lee en la sentencia.

Sin embargo, al valorar tanto las pruebas aportadas por la URT como los testimonios aportados por la sociedad opositora, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras determinó que la violencia ejercida tanto por guerrilla como por paramilitares terminó aterrorizando a una población campesina inerme y desprotegida.

“Ante esta situación, encontraron en el desplazamiento la solución para preservar sus vidas. Desarraigados de sus tierras por la grave intimidación a que fueron sometidos los propietarios, vino su despojo, unas veces jurídicamente, a través de procesos escriturales o también por la entrada en posesión de los predios, la que no menos se puede calificar de irregular, por la violencia que la antecedió”, dice la sentencia.

A ello se suma que, tras analizar las transacciones realizadas entre los labriegos y los comisionistas, los jueces hallaron un conjunto de irregularidades que los llevó a decretar la nulidad de dichos negocios. Como el caso de los predios Mi Bohio y Nutibara, este último adjudicado por el Incora (hoy Incoder) en noviembre de 1996 y el 30 de diciembre de ese mismo año adquirido por Pedro Ossa Yépez y Jesús María Gómez mediante escritura pública 5794 de la notaría 18 de Medellín.

Según el Alto Tribunal, la Ley que regula el régimen de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), establece que solo se pueden efectuar negocios sobre baldíos adjudicados después de 15 años; antes de este tiempo deberá contar con la autorización previa y expresa del Incora, solicitada por los beneficiarios”, lo cual no se observó en los negocios analizados.

“Ante tales circunstancias, bastaba la simple lectura del certificado de matrícula inmobiliaria o de la citada escritura pública, junto con el título antecedente, para encontrar que las enajenaciones efectuadas en la escritura pública 293 de 1997 de la Notaría Única de Dabeiba (Mi Bohio) y No 5794 del 30 de diciembre de 1996 de la Notaría 18 de Medellín (Nutibara), están viciadas de nulidad”, según se lee en la sentencia.  

Al ser consultado al respecto, Juan Carlo Moreno, propietario de la Hacienda Monte Verde, declaró que “si se sigue fallando con esa Ley (la de víctimas), todos quienes figuramos como opositores vamos a perder. Si alguien se presenta ante un juez de tierra alegando que una persona le robó su apartamento, alegando violencia generalizada, seguro que lo gana. Utilizar la violencia generalizada para fallar en estos casos me parece un despropósito”, aseguró.

Moreno hace parte de la asociación Tierra, Vida y Futuro, creada por un grupo de ganaderos, propietarios de reconocidas haciendas del Urabá antioqueño (varios de ellos señalados por campesinos de la región como despojadores de tierras) que manifiestan sentirse atropellados por la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sus labores de cabildeo los ha llevado a entablar diálogo con importantes personalidades como Ricardo Sabogal, director nacional de la URT y el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, a quienes le manifestaron sus preocupaciones e inquietudes.

Aunque el fallo constituye “cosa juzgada”, pues no puede ser apelado, quienes figuran como opositores en procesos de restitución, como la familia Moreno, continuarán “dando la pelea” en los estrados judiciales contra lo que consideran una ley desfavorable. Mientras tanto, las más de 700 familias que denunciaron haber sido despojados de sus tierras durante el transcurso de la guerra que sacudió a Urabá, seguirán esperando a que la justicia tome la última decisión.