Los éxodos de Los Andes y Policarpa, Nariño

En estos dos municipios los campesinos de varias veredas se desplazaron por cuenta de guerrilleros, paramilitares y bandas criminales. Después de tres décadas de conflicto, esperan que un fallo de un juez de restitución dicte medidas que mejoren su calidad de vida.

Los campesinos del municipio de Policarpa fueron desplazados masivamente en 2012 por una ola de violencia desatada por bandas criminales. Muchos retornaron pero esperan la formalización de sus fincas, que el Incoder les entregue los título de las parcelas. Foto suministrada Unidad de Restitución de Tierras Nariño.

Aislados. Esa es la palabra que puede describir las historias de los municipios de Los Andes Sotomayor y Policarpa, en el oriente de Nariño, después de varios años de resistir a la puja entre guerrilleros, paramilitares y bandas criminales por las rutas del narcotráfico en la Costa Pacífica. Mario Álvarez* y Camilo Mejía* dos campesinos que sobrevivieron a esta barbarie aseguran que después de tantos años de conflicto el campo quedó destrozado y que requieren con urgencia apoyo del gobierno para hacer productivas sus tierras.

La historia de Álvarez y Mejía es similar a las de las 24 mil familias que se desplazaron de estos municipios durante los últimos quince años cuando la cocaína se convirtió en el combustible de los grupos armados ilegales. Aunque muchos retornaron, presentaron solicitudes de restitución ante la Unidad de Tierras para que un juez dicte medidas que les permitan progresar. Primero, que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les titule las parcelas que cultivan desde hace tres generaciones, y que les garanticen un distrito de riego y vías para cultivar y comercializar alimentos, principalmente café y frutales.

“Estas familias sufrieron por muchos años la violencia desatada por distintos actores armados. Fueron desplazados de forma masiva y muchos ya retornaron, con la esperanza de que sus vidas mejoraren”, explica Catalina Rosero Díaz del Castillo, directora de la Unidad de Tierras en Nariño. Según datos de la Unidad, en Los Andes las familias han presentado 85 reclamaciones de tierras, de las cuales 59 ya fueron presentadas en demanda. En Policarpa, las solicitudes suman 73, de las cuales 60 casos ya están en los Juzgados Especializados en Restitución de Pasto y Tumaco.

Aunque ambos pueblos se desplazaron en distintos períodos de la última década, los campesinos de las veredas Palacio y Paraíso, en Los Andes Sotomayor, fueron expulsados por un largo período de tiempo, en febrero de 2006, tras enfrentamientos entre guerrilleros, paramilitares y el Ejército. En las veredas Puerto Rico, Montañita y Campo Alegre, en Policarpa, la gente huyó entre junio y septiembre de 2012 frente a las presiones y crueldades de dos facciones de las bandas criminales.

Los campesinos están ahora a la espera de que los fallos de los jueces ordenen a varias instituciones del Estado virar los ‘ojos’ hacia estas comunidades donde la sequía, como ocurre en Policarpa, los tiene en ascuas.

De los tiempos de la cabuya…
Mario Álvarez es tímido al hablar. Quizá sea el temor que aún guarda tras presenciar cómo primero la guerrilla, luego los paramilitares y después los combates del Ejército los dejaron a la deriva por meses, situación distinta a la que vivieron sus padres cuando llegaron a Los Andes Sotomayor a mediados del Siglo XX. “Esto era muy tranquilo hasta que la violencia vino fuerte con la coca”, dice el campesino.

En Los Andes la gente no tiene más de tres hectáreas. Son tierras que heredaron de sus padres o que han ido compartiendo desde por lo menos cuatro generaciones, cuando sus tatarabuelos llegaron a finales del siglo XIX. El pueblo se sostuvo económicamente gran parte de los años 90 con la elaboración de cabuya, los cultivos de café y frutales, así como de la minería, pues allí yacen minas de oro, plata y materiales para la construcción.

Cualquier emprendimiento fue con las uñas, pues los pobladores sólo contaron con acueducto hasta hace diez años, carecen de alcantarillado y vías. En 2000 el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) intentó impulsar un proyecto productivo de tomate y pimentón, pero este fracasó después de que los cultivos fueran azotados por una plaga. Las dificultades fueron atizadas con los cultivos de amapola y coca que se propagaron a finales delos años 90, cuando comenzaron las fumigaciones contra los cultivos ilícitos en los vecinos departamentos del Putumayo y Huila.

Aunque para algunos campesinos los cultivos significaron un ‘respiro’ económico temporal, estos fueron el botín de los grupos armados ilegales entre finales de los 90 y 2008. Según documentó la Unidad de Restitución, primero fue la Compañía Mártires de Barbacoas del Ejército de Liberación Nacional (Eln), seguido por el Frente 29 de las Farc y el Frente Libertadores del Sur de las Auc. Mientras la guerrilla hizo presencia en las partes altas; los paramilitares lo hicieron en las bajas, más cerca de los cascos urbanos donde instalaron además retenes ilegales.

En julio de 2005 la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo de inminencia de desplazamiento sobre los constantes enfrentamientos que había entre estos tres grupos armados por el control los cultivos ilícitos y las rutas para comercializar la cocaína. La advertencia del Ministerio Público tenía asidero: esa violencia provocó un éxodo de 2 mil 600 campesinos durante 2006, según datos del Registro Único de Población Desplazada, de la Unidad de Víctimas.

En el campo se libró una batalla de ráfagas, sobrevuelos y tomas de viviendas. “Ese día empezó a sentirse bala de todo lado y teníamos miedo de que nos fueran a matar. De pronto, llegaron cuatro paramilitares a la casa de mi papá y nos dijeron que teníamos que irnos de forma inmediata porque ellos no respondía por nada”, relató un campesino en su denuncia.

Por orden de la Alcaldía y la fuerza pública, los habitantes se resguardaron en el casco urbano pero Mario Álvarez recuerda que la gente también temía recorrer los caminos veredales porque había minas antipersona. “Cuando retornamos ese era el miedo. Que fuéramos a pisar uno de esos artefactos. Cómo íbamos a trabajar en el campo”, señala Álvarez. Ese 2006 en los corregimientos de El Carrizal y La Planada el gobierno registró dos víctimas por explosión de estos artefactos.

Las familias retornaron en su mayoría pero los desplazamientos persistieron durante los siguientes años, con un promedio de 200 personas expulsadas cada año. “Acá la ayuda del Estado se ha limitado a la emergencia humanitaria o a los subsidios de Familias en Acción. Con la sentencia queremos que el gobierno les entregue los títulos a los campesinos que llevan años explotando estas tierras, así como el arreglo de las carretera y proyectos productivos”, dice Álvarez explicando que para acceder a alimentos deben pagar altos predios.

Sed de ayuda
Este es el casco urbano de Policarpa, a donde llegaron una gran parte de las 1.500 familias desplazadas de las veredas Montañita, Campo Alegre y Puerto Rico en 2012. Foto suministrada Unidad de Restitución de Tierras Nariño.

La historia de Policarpa es similar a la de Los Andes con la complejidad de que en este municipio, a cuatro horas en carro de Pasto, la violencia arreció con las divisiones de las bandas criminales durante los últimos años. Según el relato de sus habitantes, sus primeros pobladores fueron familias de origen español que desterradas de Quito pasaban por Nariño para buscar luego la Costa Atlántica y regresar a su país natal.

En el Siglo XX la zona donde se asentaron estas familias fue bautizada como Los Guayabos y más tarde como el Mirador y Rosario hasta que en los años 70, los poblados de Policarpa y Leiva decidieron fundarse como municipios independientes. El pueblo fue creciendo con colonos que llegaron provenientes de los municipios de Linares, del Valle Sibundoy y Taminango, tratando de sobrevivir con los cultivos de tabaco y con una infraestructura precaria. El fluido eléctrico sólo llegó hasta 1995 pero aún los habitantes deben soportar hasta tres racionamientos cada semana.

En veredas como Montañita el acceso a agua potable ha sido una deuda histórica. En los años 80 el Municipio hizo las primeras inversiones pero en general, según el relato de sus habitantes, el preciado líquido lo obtienen de bocatomas que están siendo contaminadas por la ganadería. Por años, han tratado de ponerle buena cara al mal tiempo para garantizar semillas de café, maní, maíz y fríjol, y sostener algunos cultivos de aguacate, tomate y caña.

“Acá se vivía con mucha tranquilidad, pues no había violencia y llovía lo suficiente para mantener la agricultura. Pero luego vino un verano muy fuerte y luego las fumigaciones. Fue muy difícil”, cuenta Camilo Mejía, refiriéndose a los años 90 cuando todos los males se juntaron. En esa década el Frente 29 de las Farc atemorizaba a los pobladores cobrando extorsiones y controlando el negocio de la cocaína en la Costa Pacífica, un territorio que al finalizar esta década fue disputada por el Frente Libertadores del Sur de las Auc.

Mientras en las veredas los campesinos resistían a la guerra entre bandos, por aire el gobierno trataba de erradicar los cultivos ilícitos. En sus denuncias, los pobladores relataron que las fumigaciones se concentraron entre 2006 y 2008 en la parte alta del río Patía, contaminando no sólo los escasos recursos hídricos sino marchitando las cosechas. “Eso acabó con árboles frutales y plantas como apio, hierbabuena, toronjil y manzanilla. Esas plantas no volvieron a salir”, explicó un campesino al reconstruir los períodos más difíciles en Policarpa.

Según el recuento de los pobladores, el Frente 29 de las Farc tuvo mayor presencia entre mediados de los 90 y 2001 recordando que atacaron por lo menos unas 20 veces la infraestructura del Municipio, incluyendo un puente que aún permanece derribado. A partir de esa fecha y hasta 2005, lo hicieron los paramilitares con mayor presencia en los corregimientos de Madrigal, Altamira, Sánchez y El Ejido, donde instalaron retenes ilegales. Fueron los años más duros de la violencia, pues varias de las víctimas fueron torturadas y arrojadas al río. “… uno iba a trabajar al río Patía en minería y veía uno pasar restos de personas”, declaró un campesino (Lea: La ‘cacería’ del Frente Libertadores del Sur).

Cuando se desmovilizó el Frente Libertadores del Sur en 2005, los campesinos pensaron que la violencia mermaría; pero no fue así. Un estudio de la Fundación Paz & Reconciliación documentó que antiguos paramilitares que hacían parte de ese grupo en cabeza de alias ‘El Nomo’, el segundo del jefe paramilitar alias ‘Pablo Sevillano’, se rearmaron como Organización Campesina Nueva Generación, que luego pasó a llamarse Organización Autodefensas Nueva Generación.

La banda criminal se propagó por Policarpa, Leiva, Rosario, Bajo Patía, Cumbitara, y Roberto y Magüí Payán, mientras a la par aparecieron las ‘Águilas Negras’ con presencia en los municipios de Tumaco y El Charco, y ‘Los Rastrojos’, este último a cargo de Wílber Varela alias ‘Jabón’. Tras la muerte de ‘Jabón’ en 2008, ‘Los Rastrojos’ quedaron en manos de los hermanos Calle Serna, conocidos en el hampa como los ‘Comba’, quienes le ganaron la puja a las otras dos bandas criminales controlando el negocio del narcotráfico en Chocó, Valle del Cauca y Nariño. En 2012, Javier Antonio Calle Serna se entregó a las autoridades norteamericanas pero la banda criminal siguió viva con el nombre de Rondas Campesinas del Sur (Rocas), bajo la franquicia de otra banda conocida como ‘Los Urabeños’.

Esta mutación de las bandas criminales tuvo un impacto en la violencia y los abandonos de tierras en Policarpa. Según el Registro Único de Víctimas, entre 2006 y 2008 salieron desplazadas de este municipio 10 mil personas, un drama que repuntó de nuevo en el año 2011 cuando la banda de Las Rocas, entonces al mando de Maximiliano Blanco alias ‘Castañeda’, se dividió y Arbey Apraez Chasoy alias ‘Arbey’ decidió montar su propio grupo criminal. Del grupo apareció otro apéndice a cargo de alias ‘Pacha’. Los pobladores quedaron en medio de una nueva de guerra de bandas que se financiaban además del narcotráfico de las frecuentes extorsiones contra los campesinos.

En 2012, casi mil 500 personas de habitantes de Policarpa se desplazaron quedando las veredas Montañita, Campo Alegre y Puerto Rico como pueblos ‘fantasma’. Durante por lo menos tres meses los pobladores se mantuvieron hacinados en las instalaciones de la Casa de la Cultura del casco urbano, huyendo de la violencia de las bandas criminales. “… en agosto de 2012 llegaron ‘Los Rastrojos’, llegaron a la casa a buscar unos narcotraficantes porque ellos decían que nosotros los conocíamos y que sabíamos dónde se escondían. Fueron de casa en casa sacando a toda la gente, nos reunieron en el deportivo y nos amenazaron…”, relató un campesino en su denuncia.

Después de recibir ayudas humanitarias y de formular un plan de retorno, las familias comenzaron a regresar a sus veredas en noviembre de 2012. Al igual que en el caso de Los Andes, encontraron sus casas saqueadas y con las huellas que deja la guerra. “Mucha gente retornó después pero sin acompañamiento. Acá le pedimos al gobierno que nos preste atención, sobre todo que nos garantice un distrito de riego para las veredas Bellavista, San Antonio, Campo Alegre y Montañita, que son las más afectadas por la sequía”, señala Camilo Mejía. Los brotes de maíz y fríjol son “un milagrito”, dice el campesino a la espera del fallo de restitución.

En Los Andes Sotomayor y Policarpa las víctimas solicitan que el Incoder les entregue los títulos de sus fincas que no superan las seis hectáreas y que han heredado de sus familias. Catalina Rosero Díaz del Castillo explica que aunque en la actualidad sólo algunas veredas están “microfocalizadas”, es decir, tienen el aval de seguridad del Ministerio de Defensa para que el Estado documente sus casos, confían que con el proceso de paz puedan trabajar no sólo en la totalidad de estos municipios sino en otros como Samaniego, Ipiales y la Costa Pacífica nariñense.

“Ya contamos con el aval para trabajar en otras nueve veredas del municipio de Los Andes Sotomayor, donde las víctimas han presentado otras 200 reclamaciones”, indica Rosero. Según la Directora Territorial de la Unidad, de momento ninguna de las parcelas presentadas en demanda tiene restricciones por Ley 2 de 1959.

Esta Ley protege los territorios que están en zonas de reserva forestal o parques nacionales naturales, y cuando un predio reclamado se encuentra en estas zonas requiere primero de un trámite que debe solicitar la Unidad o la Alcaldía ante el Ministerio de Ambiente. Así el Ministerio puede ordenar la extracción del predio de esa zona y ordenar que el Incoder lo titule bajo un uso especial, como ocurrió con varias parcelas del municipio del Tablón de Gómez. “Probablemente cuando avancemos hacia otras veredas encontremos predios protegidos por ley, pero haremos los respectivos trámites respetando las normas ambientales”, explica la funcionaria.

Ahora que el gobierno y las Farc negocian La Habana y prometen la llamada “paz territorial”, los campesinos esperan que las primeras sentencias sean el paso definitivo para que no se vuelvan a repetir los éxodos de los años 2006 y 2012.

*Nombres cambiados por razones de seguridad