En pocas semanas los jueces de tierra de Caucasia, Antioquia, deben decidir qué hacer con un predio solicitado en restitución que ya no existe.
De la vereda La Victoria solo queda el nombre. La minería y la naturaleza borraron todo vestigio de su existencia. Para probarla ante los jueces de restitución, se debió recurrir a pruebas técnicas complejas. Foto: Ricardo Cruz.
No, esta historia no transcurre en Macondo, el lugar donde lo más insólito es posible. Ocurre en los despachos judiciales especializados en restitución de tierras de la calurosa Caucasia, corazón del Bajo Cauca antioqueño, donde reposa un expediente bastante particular: la reclamación de un predio que fue motivo de conflicto y hoy ya no existe.
Se trata de La Victoria, un lote baldío de 32 hectáreas de extensión colonizado por barequeros y pescadores a principios de los años 80 y al que se lo “comió” una explotación minera realizada al parecer de manera irregular y que luego terminó desapareciendo bajo las torrentosas aguas del río Cauca.
Tal como lo documentó la Unidad de Restitución de Tierras (URT) con sede en este municipio, la historia de La Victoria se remonta a los primeros años de la década de los ochenta. Caucasia era por aquel entonces un pueblo de crecimiento acelerado y un comercio que bullía por cuenta de los ganaderos, pescadores y mineros de la región que concretaban sus negocios en estas tierras. No fueron pocos quienes remontaron las aguas del Cauca, descendieron las montañas antioqueñas o atravesaron la sabana cordobesa para instalarse en esta localidad en busca de mejor fortuna.
Por lo menos así llegó Eladio* un día de 1984. Había escuchado hablar de un particular islote, formado por la corriente del gran afluente en uno de los recodos que forma a su paso por Caucasia, donde se podía vivir y trabajar. Y decidió comprobarlo. En efecto, se trataba de tierras baldías habitadas solo por un par de familias campesinas que, como él, buscaban levantar un rancho; sembrar arroz, yuca, plátano y maíz; pescar y cuando se pudiera, sacarle pepitas de oro al río.
Detrás del labriego llegaron más familias con deseos de instalarse definitivamente allí. En un abrir y cerrar de ojos, unas ocho familias con su respectiva descendencia, en total poco más de 50 personas, terminaron poblando La Victoria y formando una comunidad “bastante unida, donde se vivía bueno”, tal como lo recuerda Eladio. “Primero vivíamos del bareque, pero cuando se acabó el oro, nos dedicamos a la agricultura. Y como Caucasia nos quedaba cerquita, ya fuera en bicicleta o en canoa, pues veníamos a vender el plátano, la yuca, el maíz, el arroz. Así nos conseguíamos el diario”.
Nunca apareció nadie para reclamarles el predio. Ni siquiera el Estado. De hecho, fueron los propios colonos de La Victoria quienes acudieron a las oficinas del Incoder indagando qué trámites debían realizar para certificar que el pedazo de tierra en el que vivían les pertenecía con todas las de la ley. Pero un papeleo desgastante que demandaba altos costos económicos llevaron a los labriegos a desistir de sus intenciones de formalización, optando más bien por vivir cómo lo habían hecho hasta entonces: sin problemas.
Llegaron las “retros”
De acuerdo con un reciente reportaje de la revista Semana, entre enero de 2010 y el 30 de marzo de 2015, 176 retroexcavadoras fueron destruidas y otras 1.352 incautadas en operativos de la Policía Nacional. Foto: archivo Semana.
Pero llegó el 2003, “año en que comenzaron los problemas”, como lo señala Eladio. Un día de ese año ingresaron a la comunidad varios forasteros. Sin pedir ninguna clase de permiso caminaron por las parcelas, midieron algunos terrenos, tomaran varias muestras. Interrogantes como ¿serán de Corantioquia? ¿Serán del Incoder? ¿Serán de la alcaldía?, comenzaron a circular profusamente entre la comunidad.
Sus inquietudes se resolverían un mes después, “cuando llegó otra gente, otra gente con voz de mando, me entiende”, relata el labriego, refiriéndose a un grupo de reconocidos paramilitares al servicio de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, excomandante del Bloque Central Bolívar, que ingresaron nuevamente a La Victoria. Eran los años en que no se movía la hoja de un árbol en el Bajo Cauca sin el consentimiento de los ‘paras’. Fue por ello que nadie se atrevió a refutar las palabras pronunciadas ese día por los lugartenientes de ‘Macaco’. “Nos dijeron que necesitaban esas tierras y que era mejor que nos fuéramos, si no queríamos sufrir las consecuencias. Cuando dijeron eso, vimos que la cosa era seria”.
Semanas después llegaron las retroexcavadoras. “Y ahí sí comenzaron a tumbar los ranchitos, los cultivos, las plataneras, a tumbarlo todo”, recuerda Eladio. Según pudo conocer VerdadAbierta.com, la Gobernación de Antioquia, mediante contrato de concesión No 6006 del 15 de diciembre de 2003, otorgó a Abad de Jesús Alzate Quiceno, la exploración técnica y explotación económica de una mina de material de arrastre de 5.600 hectáreas de extensión, ubicada en Caucasia, quien a vez hizo una cesión de derechos de explotación a Carlos Albeiro Zapata Puerta, representante legal de Tricauca Ltda, empresa que se creó en agosto de 2003 y funcionó hasta septiembre de 2011.
Estas empresas: Latinoamericana de Construcciones S.A –Latinco S.A-; Tricauca Ltda. y Conanbien, realizaron extracción de material de playa, grava y arena, que fueron utilizados en la pavimentación del proyecto vial Troncal de la Paz, sector Caucasia–Zaragoza, cuya licencia ambiental fue expedida por Corantioquia mediante resolución 130PZ-276 del 22 de febrero de 2002.
Angustiados, los campesinos de La Victoria indagaron ante el gobierno departamental la situación jurídica de la explotación minera que estaba teniendo lugar en lo que eran sus cultivos y sus tierras. La respuesta llegó a principios de 2005. En un papel membretado con el escudo de Antioquia en el centro, la Secretaría de Minas consignó que “el citado contrato, dentro de su estado jurídico, se encuentra pendiente de su inscripción en el Registro Minero Nacional; teniendo presente que la sola celebración del contrato no constituye, ni declara, ni prueba el derecho a explorar y explotar minas propiedad del Estado sino se encuentra inscrito en el Registro Minero Nacional” y concluía además que: “esta entidad dará traslado al alcalde municipal de Caucasia, para que haga verificación de los hechos y proceda a la suspensión de la explotación si tal comprobación da lugar a ello”.
Pero ni el alcalde, ni el personero municipal de ese entonces, a quienes los campesinos de La Victoria se cansaron de enviar cartas y peticiones que terminaron engavetadas, suspendieron la explotación, que continuó hasta promediar el 2007. “Nadie nos escuchó, nadie quiso hacer nada”, cuenta Eladio sin ocultar una amargura. En 2010, cuando el país vivió la peor ola invernal de su historia, un enfurecido río Caucasepultó lo que alguna vez fue la tierra de humildes pescadores y barequeros.
Reto institucional
De ser fallado pronto, La Victoria constituiría el segundo caso de restitución que sale adelante en la conflictiva región del Bajo Cauca antioqueño. Foto: Ricardo Cruz.
Fue la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) lo que despertó nuevas esperanzas a una comunidad obligada al destierro forzado, que terminó fracturada y dispersa a lo largo y ancho del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.
Con la intención de hacer valer sus derechos, las ocho familias que colonizaron La Victoria se hicieron presentes en 2012 ante la Unidad de Restitución de Tierras con sede en Caucasia, entidad que luego de valorar las historias de los labriegos, decidió admitir el caso. No se trataba de un proceso cualquiera, pues, ¿cómo probar la existencia de un predio que ya no existe?”. “Para la Unidad este es un caso bien interesante. Yo creo que es el primer caso en el país donde se pide la restitución de un predio que ya no existe”, declara Paola Cadavid, directora territorial para Antioquia de esta entidad estatal.
Según la funcionaria, “aquí se tuvieron que llevar a cabo una serie de pruebas técnicas, que fueron realizadas por la Universidad de Córdoba, para probar que la vereda estaba en zona continental y no era un islote en medio del cauce del río. En ese caso, no se habría podido admitir la demanda”. A esto se suma que los técnicos de la Entidad debieron reconstruir la historia del predio con la memoria histórica catastral del municipio de Caucasia; memoria que arrastra una desactualización de poco más de 10 años.
Tras superar esta fase, el caso fue presentado en 2014 ante los jueces especializados de restitución de tierras y tanto labriegos como funcionarios de la Unidad esperan con moderado optimismo que en próximas semanas se conozca un fallo definitivo. De salir favorable a los campesinos de La Victoria, la decisión no puede ser otra que la compensación; es decir, restituir mediante otro predio de características similares, responsabilidad que recae, por Ley, en la Unidad.
“La Ley contempla esta medida en cuatro casos: cuando el predio ha sido destruido, cuando se encuentra en zona de alto riesgo, cuando no hay las garantías de seguridad para el retorno y cuando se han presentado eventos de despojo sucesivo”, explica la funcionaria de la Unidad, quien añade además que “la Unidad tiene un fondo que administra bienes a los que les aplican extinción de dominio o vienen de Justicia y Paz, entre otros. En ese banco de predios se buscará uno de similares características y si, en última instancia, no se satisfacen las necesidades de las víctimas, se entregará dinero”.
En Antioquia, de acuerdo con la directora territorial para Antioquia de esta entidad, ya se han resuelto un par de sentencias por la vía de la compensación, ambos casos en el Oriente antioqueño. Pero, ¿podrá aplicarse la misma medida de manera expedita en el convulsionado Bajo Cauca? Al respecto, la funcionaria señala que: “vamos a analizar todos los escenarios. Hemos tenido experiencias exitosas, claro que en contextos muy diferentes. Hay un paso a paso que, si no se cumple, pues se recurrirá a la equivalencia en dinero”.
Sin embargo, para personas como Eladio, enamorado como ningún otro de la vida en el campo, la mejor restitución posible sería un pedazo de tierra como el que llegó a tener. “Qué me gano yo con que me den plata. Que nos den una tierra parecida a la que teníamos, donde poder trabajar y vivir, cerca de todo, y tierra buena, porque eso era lo que teníamos, tierra muy buena”.
