Restitución en Tulapas: unas de cal y otras de arena

Si bien un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín acaba de ordenar la restitución de dos predios ubicados en esta región del Urabá antioqueño, también negó las pretensiones sobre otros tres, argumentando que se transaron lícitamente.

La región de Tulapas, en el Urabá antioqueño, fue área de despojo masivo.De cinco solicitudes de restitución sobre las cuales tenía que resolver un magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, dos fueron falladas a favor de los reclamantes y otras tres en contra, dejando entre los reclamantes un sabor agridulce.

Las decisiones afectan predios reclamados en la región de Tulapas, en el Urabá antioqueño, donde, según registros oficiales, se cometió el despojo de tierras más grande de Antioquia por parte de grupos paramilitares que se valieron de la violencia para arrebatar los predios. (Ver Tulapas: el laboratorio del despojo)

Poco a poco se ha venido decidiendo sendas solicitudes de restitución en Tulapas. Si bien algunas han favorecido a los reclamantes, otras han sido rechazadas, circunstancia que ha generado intensos debates jurídicos. (Ver: La restitución de tierras en Turbo es una realidadRestitución de Tulapas debe continuar en Justicia y Paz)

En este caso, las solicitudes de reclamación fueron presentadas por un grupo de familias oriundas de esta región, quienes alegaron que los paramilitares, tras desplazarlos entre 1995 y 1997, enviaron comisionistas de tierra años después para presionarlos y obligarlos a vender sus tierras a precios irrisorios.

Luego valorar las pruebas y testimonios presentadas durante la etapa de juicio, el magistrado determinó que solo en dos casos se pudo comprobar que hubo despojo por lo cual ordenó la restitución a sus legítimos dueños, mientras que en los otros tres restantes, los argumentos fueron contradictorios y poco convincentes y, por lo tanto, negó las pretensiones, ordenando además a la Fiscalía abrir investigación contra los reclamantes por presunto falso testimonio.

En este caso, la beneficiada con la decisión judicial fue la familia Hoyos Guerra, propietaria de los predios Nueva Estrella y Mis Deseos, de 38 y 25 hectáreas respectivamente, ubicados en la vereda La Pita, municipio de Turbo.

La restitución llega luego de un intenso debate jurídico que inició en 2006 por parte de un grupo de campesinos que, como los Hoyos Guerra, contaban con los elementos necesarios para demostrar la usurpación violenta de sus tierras en el marco de la violencia paramilitar que azotó al Urabá antioqueño. A lo largo de este proceso vieron cómo fue asesinado uno de sus principales líderes, David Goez, y cómo una suerte de tecnicismos jurídicos dilató el trámite en los estrados de Justicia y Paz por cerca de cuatro años. (Ver: La historia de los que se atreven a reclamar sus tierras)

El muerto que vendió su finca
El recuento de hechos señala que para los primeros días del mes de julio de 1995, un grupo de paramilitares, siguiendo órdenes de Carlos Castaño, ingresó a La Pita a y otras veredas que conforman la región de Tulapas con dos objetivos fundamentales: expulsar a las guerrillas de las Farc y el Epl y establecer un campamento allí, dada la excelente posición geoestratégica de ese territorio.

La incursión paramilitar generó intensos combates con los subversivos, que se prolongaron por casi dos meses. Esta situación, sumada a una serie de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas de varios miembros de la comunidad, produjo el desplazamiento masivo de casi todas las familias asentadas en las veredas de Tulapas.

Con el territorio abandonado, Castaño delegó a Salvatore Mancuso para que adquiriera tierras en esta región y, así, establecer un gran centro de operaciones paramilitares, que terminó denominándose ‘La 24’.

A través de Manuel Salvador Ospina, alias ‘Móvil 5’, Mancuso conoció a Guido Vargas, un campesino de la región que terminó encargándose de conseguir las tierras que el exjefe paramilitar necesitaba. Así, Vargas contactaba a los campesinos desplazados de Tulapas por la violencia paramilitar, los obligaba a negociar sus tierras a bajos precios, los titulaba a nombre de un testaferro de los ‘paras’ y cobrara comisión por ello.

Una de las víctimas de Guido Vargas fue precisamente la familia Hoyos Guerra, que llegó a Tulapas en los años setenta. Luego de instalarse en un terreno baldío, tumbar monte, levantar un rancho que más tarde terminó convertido en finca donde levantaron a sus hijos, el padre, cabeza de hogar de esta familia, parceló el terreno y le entregó a cada integrante una porción de tierra.

Así, la finca bautizada como Mis Deseos terminó siendo de su propiedad mientras que el predio llamado Nueva Estrella se lo cedió a uno de sus hijos. Pero ese fatídico mes de julio de 1995 los Hoyos debieron abandonar la región que habían ayudado a colonizar, pues los paramilitares asesinaron a dos de sus miembros, entre ellos el propietario de Nueva Estrella, acusándolos de ser presuntos colaboradores de la guerrilla.

En septiembre de 1995, Guido Vargas logró ubicar a los integrantes de la familia Hoyos Guerra, quienes se habían establecido en tierras cordobesas. Apelando al terror que generaban los paramilitares entre los campesinos, el comisionista intimidó a los Hoyos diciéndoles que si no vendían sus tierras, los matarían a todos.

Vargas no tuvo que insistir dos veces. El padre terminó aceptando las condiciones que impuso el comprador, en este caso, Salvatore Mancuso. Fue así como el campesino firmó la escritura 2.174 del 14 de septiembre de 1995 de la Notaría Primera de Montería, donde se registró la venta de la finca Mis Deseos por valor de 19 millones de pesos al extraditado jefe paramilitar. De este dinero, la familia solo recibió un millón de pesos, tal como lo denunciaron ante los estrados de Justicia y Paz.

Las sorpresas para la familia Hoyos no pararían ahí. Diez años después, el 10 de mayo de 2005, un señor de nombre Carlos Alberto Grajales autenticó un poder en la Notaría Única de Apartadó, en donde el propietario de la finca Nueva Estrella lo autorizaba para que vendiera este predio a la señora Zulma Yudy Romero Cerquera.

Ambos nombres aparecen referenciados en otros casos de despojo de tierras denunciadas en el Urabá antioqueño. Efectivamente, el negocio se cerró el 26 de diciembre de 2005 mediante escritura pública 1.564 de la Notaría Única de Apartadó, por valor cercano a los dos millones de pesos. Lo contradictorio es que el supuesto poder firmado por el propietario de la finca Nueva Estrella no es otro que el integrante de la familia Hoyos Guerra que fue asesinado por los paramilitares en julio de 1995.

En otras palabras, un muerto se levantó de su tumba, diez años después, para firmar un poder autorizando la venta de la que, en vida, fue su finca. Para el magistrado con función de control de garantías, “dada esta situación es imposible que el entonces dueño del inmueble para la fecha en que se suscribió el poder, lo haya hecho, por cuanto ya había fallecido, siendo claro entonces que tal documento es espurio, y por ende lo que se derive de ahí ostenta igual condición”, consignó en su decisión.

De igual forma, en el caso de la finca Mis Deseos, el funcionario judicial consideró válidas las pruebas aportadas por la familia que daban cuenta de las intimidaciones que se dieron en el marco de la negociación de dicho predio. Asimismo, el magistrado señaló que, en este caso, el propio Salvatore Mancuso reconoció ante fiscales de Justicia y Paz haber participado y coaccionado a esta familia para efectuar este negocio.

“Como elemento fundamental, en relación con la finca Mis Deseos, se ejerció presión y amenaza a sus legítimos propietarios para que se vendiera el inmueble, y en cuanto a la finca Nueva Estrella, se desplegaron actos fraudulentos y de suplantación”, señaló el magistrado en su decisión judicial.

Por este tipo de negocios ilícitos, Guido Vargas fue capturado en febrero de este año, junto con un varios directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, señalados de propiciar despojos de tierras en el Urabá antioqueño. (Ver:Las tierras que podrían enredar al Fondo Ganadero de Córdoba  y Directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, a responder por despojo de tierras)

Un negocio lícito
Una suerte totalmente contraria corrieron las familias Gómez, López Ubarnes y Berrío Morelo. La primera solicitó la restitución de la finca Déjala Quieta, mientras que lo propio hicieron los otros dos grupos familiares por lo predios No hay Como Dios y Bengala.

En estos tres casos converge el elemento común del desplazamiento forzado generado entre julio y agosto del año 1995 por el ingreso de los paramilitares a la zona de Tulapas. Sin embargo, como lo afirmaron integrantes de las familias Gómez y López Ubarnes, su éxodo obedeció más al miedo producto de la intensa violencia en la zona que por amenazas o acciones directas contra ellos. Y fue precisamente el temor a regresar, como lo manifestaron los integrantes de ambas familias ante estrados judiciales, lo que las motivó a buscar a Guido Vargas para que les comprara sus predios.

Ante esto, el magistrado con función de control de garantías señaló que no existen elementos que permitan decretar con certeza que, efectivamente, se trató de un despojo, pues el miedo, por sí, no constituye un elemento que “vicie un negocio jurídico”.

“De acuerdo con lo manifestado por los reclamantes, se puede aseverar, sin lugar a equívocos, que los negocios jurídicos sobre las fincas Déjala Quieta y No hay como Dios están dotados de plena validez legal, al concurrir en ellos plenamente los elementos o requisitos prescritos en el artículo 1502 del Código Civil, esto es capacidad, consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícitos, pues son claros y contundentes en manifestar que no fueron ni presionados ni amenazados para que vendieran los predios de su propiedad, elementos sin los cuales no puede hablarse de despojo y mucho menos de la calidad de víctimas”, señaló el funcionario judicial en su decisión.

En el caso del predio Bengala, el magistrado fue más allá al señalar que “ninguno de los postulados involucrados en éste trámite aceptó participar en el despojo de esa finca, por lo que de acuerdo con lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (…) ese despojo ya no es evidente, y de contera no es procede que esta Magistratura disponga su restitución” y añadió que “tampoco se vislumbra ese “despojo” en la medida que, de acuerdo con lo manifestado por Salvatore Mancuso Gómez, el modus operandi desplegado por él o por los hombres bajo su mando en la adquisición de los predios en la zona de Tulapas, denotan que la finca “Bengala” haya sido objeto de negociación en la que hayan intervenido alguno de ellos”.

Esta última decisión fue apelada por las familias reclamantes, por lo que será la Corte Suprema de Justicia la que determine si en realidad se trató de un despojo o sí, por el contrario, se trató de un mal negocio sobre el cual poco o nada se podrá hacer.