Símbolo de la restitución

Las irregularidades de la administración de los paramilitares tienen hoy en un limbo jurídico a Coproagrosur. Los postulados se defienden y culpan al Estado de malos manejos sobre la cooperativa desde 2009. Lo cierto es que las víctimas aún no han sido reparadas y piden celeridad a la justicia. Los antiguos dueños de los predios exigen que sus propiedades sean devueltas y sean indemnizados.

Coproagrosur está compuesto de 12 predios. Todos sus antiguos dueños reclaman despojos y algunos de ellos han vuelto a ocupar los predios a la fuerza. Foto: archivo: Semana.El 3 de septiembre de 2010, a menos de un mes de su posesión, el presidente Juan Manuel Santos,  prometió desde Barrancabermeja, el puerto petrolero sobre el río Magdalena Medio,  mejorar las condiciones de los campesinos y las víctimas de la violencia rural en el país. Anunció su política integral de tierras y un nuevo proyecto de ley de Restitución de Tierras, que permitirían devolver las propiedades despojadas y reparar a los afectados por los grupos armados ilegales.

Inició su discurso el presidente Santos, citando la novela “Siervo Sin Tierra” de Eduardo Caballero Calderón, un clásico de la literatura colombiana, prometiendo que no existirían más siervos Joya bajo su mandato:

“¡Cuántos Siervos Joya, ‘siervos sin tierra’, tenemos todavía en Colombia!. Su drama nos toca a todos los colombianos, y es una historia que queremos dejar atrás, para que viva en la buena literatura de Caballero Calderón, y nada más. Por eso hoy venimos a Barrancabermeja a ratificar el compromiso público que expresé el pasado 7 de agosto: Defenderemos al campesino colombiano, lo convertiremos en empresario, lo apoyaremos con tecnología y créditos, para hacer que cada uno sea un próspero Juan Valdez. En nuestra campaña dijimos que lucharíamos para devolverles a los campesinos la tierra que ellos trabajaron con vocación, con entusiasmo y con mucho sudor. Nos comprometimos también a acelerar la devolución de esas tierras incautadas a los criminales, una labor que continuará, porque las seguiremos incautando”.

Más adelante se refirió a las tierras que hoy ocupa el proyecto de palma de aceite sembrado por los paramilitares en el Sur de Bolívar, como un símbolo de su programa de gobierno. “Las hectáreas que hoy entregamos habían sido arrebatadas a sus naturales dueños por la ambición y las amenazas del paramilitar alias ‘Macaco’ y sus secuaces. El Estado recuperó esos predios de los corregimientos de Monterrey y San Blas –en Simití, en el departamento de Bolívar– y estaba previsto que fueran vendidos.  Pueden estar seguros de que nosotros, como gobierno, pondremos también de nuestra parte”.

Más adelante propuso como solución que “afortunadamente, nos dimos cuenta a tiempo de que los mejores destinatarios de esas 1.600 hectáreas, sembradas con palma, son cerca de 400 familias de Monterrey, San Blas y otros corregimientos aledaños. Con ese espíritu hoy le estamos entregando la administración de estas tierras al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDP), para que sean trabajadas por las manos laboriosas de estas familias campesinas”.

La Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, gestora del Programa de Desarrollo y Paz, es una organización no gubernamental fundada por el Cinep, la Diócesis de Barrancabermeja, Ecopetrol y la USO, cuyas actividades han cubierto 29 municipios. Ha recibido financiación de la Unión Europea y su fundador, Francisco de Roux, ha recibido diversos reconocimientos en Colombia y en el exterior por el trabajo que este proyecto ha hecho en favor de la paz. La idea ha sido replicada desde entonces en 23 lugares conflictivos del país.

Pero este discurso, que pintaba un paisaje optimista sobre el futuro, se estrelló con un pleito jurídico y contradicciones institucionales que han hecho que los habitantes de los 14 corregimientos de Simití, que fueron víctimas de las masacres, secuestros y desplazamientos de los paramilitares y la guerrilla se sintieran vueltos a victimizar y frustrados porque cuatro años después, aún no consiguen que les entreguen lo que el propio Presidente les prometió.  

Sus reclamos han conseguido algún eco, pero sólo hasta que éstos llegaron a Bogotá. Así, después de 15 de horas de viaje por ríos y carreteras, desde Simití, Bolívar al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, a fin de marzo de este año, Luis Eduardo López, un líder de víctimas dijo que por primera vez en 15 años una institución del Estado lo escuchaba, pues desde agosto de 1999 fue víctima de los paramilitares. A su padre y a otros cinco vecinos, los mataron hombres de las Auc cuando entraron en tropel a El Piñal a asesinar a la gente. (Ver relato de la masacre en Rutas del Conflicto, una base de información sobre masacres de VerdadAbierta.com y el Centro de Memoria Histórica).  

López, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Piñal,  dijo que las instituciones estatales le han cerrado las puertas cuando ha buscado alguna reparación y denunció que en la Alcaldía de su natal Simití ni siquiera lo han reconocido como víctima. También se quejó ante los magistrados de que nunca los hubieran tenido en cuenta para darles trabajo en el proyecto palmero de Coproagrosur. Explicó que ellos han podido hacer una cooperativa de víctimas, con apoyo del Sena, si les hubieran dado la oportunidad. Así mismo denunció que, por sus permanentes reclamos, lo han amenazado de muerte. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenó que lo protegieran pero hasta el momento de esta publicación no le habían ofrecido ningún dispositivo de seguridad.

Del sueño a la realidad
La historia de la posibilidad de reparar a las víctimas de Simití con el gigante proyecto palmero comenzó el 29 de julio de 2009,  cuando  Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’,  y sus hombres hicieron la entrega formal del proyecto y los 12 predios a la Fiscalía y Acción Social.  Las cuentas que llevaban los paramilitares y sus socios campesinos con este proyecto, como se dijo, eran muy irregulares por el mismo origen ilícito del dinero y la propiedad clandestina del proyecto. Sin embargo, el gobierno llamó al mismo Hernán Ospina, quien fuera el presidente de la junta de Coproagrosur, puesto ahí por el BCB, a que lo siguiera administrando.  El mismo Ospina así lo contó a los magistrados de Justicia y Paz: “El 29 de julio de 2009 salí de la administración  de Coproagrosur, le entregué a Acción Social y a la Fiscalía. Pero a los dos días, ellos me contratan de nuevo y lo sigo manejando desde el 1 de agosto hasta el 28 de febrero de 2010”.  Al igual que con las autodefensas, compartió su cargo con David Alberto Nova durante esos siete meses.

Ospina y el ex paramilitar Pérez Álzate (‘Julián Bolívar’) aseguraron ante los magistrados que en esos años el proyecto produjo 2.000 millones de pesos anuales y que el cultivo pasaba por su mejor momento de producción.  El líder comunal López también asegura que Nova les dijo, en una rendición de cuentas de 2010, que el cultivo había dado mucho dinero y que podrían ser reparados. No obstante, eso no fue lo que encontraron los del Programa de Desarrollo y Paz de los jesuitas. “Tuvimos que abrir caminos y la maquinaria estaba en mal estado”, dijo Miriam Villegas, quien estaba entonces a la cabeza de PDP, junto con el padre De Roux.  Explicó que el Programa tuvo que reinvertir las utilidades del proyecto para conseguir que los cultivos fueran productivos de nuevo.

Sobre el desorden en que tenían los libros contables los paramilitares da cuenta Henry Lozano, abogado del Fondo de Reparaciones, (entidad que hoy es de la Unidad de Víctimas y que asumió algunas labores que realizaba Acción Social). Dijo que no existió contabilidad entre 2008 y 2010, y que gracias a que el PDP reinvirtió dineros y recuperó los cultivos, el proyecto dio utilidades de 49 millones de pesos en 2011.

Los líos heredados, y también las exigencias de la comunidad que creía que el proyecto tenía que producir más dinero para su reparación – pues así se los habían hecho creer los ex socios de los paramilitares – llevaron a que el Programa de Desarrollo y Paz dejara la administración del proyecto, un año después de haberla asumido, y  luego pedir a la Superintendencia de Economía Solidaria que interviniera a Coproagrosur y nombrara a un agente administrador.

Según Lozano, esta entidad en efecto intervino la cooperativa el 13 de marzo de 2012 y como administrador nombró a Fundepalma, una entidad sin ánimo de lucro, creada en 2005, que asocia a varias asociaciones de pequeños palmicultores del Magdalena Medio, de la cual el mismo PDP había sido socio y había ayudado con acompañamiento técnico. Fundepalma está representada por el ingeniero agrónomo Juan Carlos Pérez.

Doris Agudelo Herrera , fiscal 39 de la subunidad élite de persecución de bienes, aseguró a los magistrados, que a comienzos de este año 2014, se reunieron varias entidades involucradas con el manejo de Coproagrosur. Allí el PDP explicó “que lo que había hecho sobre el proyecto fue darle un orden; que lo que se estaba produciendo se estaba reinvirtiendo en el proyecto porque necesitaba mantenimiento y es de un alto nivel de tecnologías”, contó Agudelo.

En una audiencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, realizada el 27 de febrero de 2013, dentro del proceso que se seguía contra ‘Julián Bolívar’, Carolina Chávez Acosta, abogada para ese entonces del Programa de Desarrollo y Paz, respondió a algunas de las inconformidades de las víctimas sobre el manejo del proyecto. Dijo que por medio de Coproagrosur, el PDP no sólo aportó económicamente a las víctimas, sino también las acompañó.

En lo referente a la intervención de la Superintendencia de Economía Solidaria, la abogada Chávez informó que tuvieron algunos “tropiezos por los socios de papel” que tenía Coproagrosur, y que al conocer que eran personas que no tenían conocimiento que sus firmas estaban allí, recurrieron ellos mismos a la Superintendencia y en compañía de la Fiscalía llegaron a la conclusión de que era necesario pedir que el Estado interviniera.

La abogada añadió que el control y veeduría la ejercía la Fiscalía, el Fondo de Reparación y la comunidad a través del Comité Cívico. “Las decisiones sobre los proyectos son socializados incluso antes de que vayan al Fondo de Reparación. Si algo no es aprobado por la comunidad, no se hace”.  

Villegas, quien estuvo en el equipo que lideró el PDP del Magdalena Medio, confirmó a Verdadabierta.com, lo dicho por Chávez, y explicó que fueron ellos mismos quienes buscaron una salida a los problemas que heredaron de las administraciones puestas por los paramilitares – entre ellos la inexistencia de contabilidad- y por eso se acercaron a la Superintendencia de Economía Solidaria.

Agregó que la vinculación del PDP a Coproagrosur surgió de un acercamiento que se había hecho desde 2009 con el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en el que se planeaba adelantar los trabajos de reparación tanto administrativa como social con la comunidad. Además dijo que la meta era la de volver productivo el proyecto y tener un trabajo de reparación con la comunidad para el mismo momento en el que se dictara la sentencia contra el Bloque Central Bolívar. No obstante, el proceso quedó a mitad del camino cuando llegaron las denuncias de despojo sobre los 12 predios de Coproagrosur. Entonces la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín decidió pasar el caso a la  Unidad de Restitución y será, ésta y no de un magistrado de Justicia y Paz quien decida su suerte. (ver capítulo Los reclamantes directos ) ojo poner ancla

Villegas explicó que además de asumir el manejo administrativo de la cooperativa palmera, el PDP también tenía como objetivo reparar a la comunidad con este proyecto. “Por eso se tuvo en cuenta la intervención del Comité Cívico que incluía a habitantes y víctimas de los paramilitares de los corregimientos de Monterrey, San Blas, Santa Lucía, San Joaquín y Paraíso”, dijo a este medio.

Añadió que entre las afectaciones que dejaron los paramilitares en la comunidad y que trataron de reparar fueron las que causaron daños colectivos, como los efectos sicológicos sobre los niños y los modelos culturales violentos que adoptaron por el ambiente que tuvieron que vivir. Entre las intervenciones del Programa de Desarrollo y Paz también estaban destinar dineros para adecuar diques sobre el Río Magdalena cuando se desbordó el río;  también planearon mejorar el parque principal de Simití y reparar el internado.

La reparación que estaba haciendo el PDP era colectiva, y no individual como lo propuso el gobierno luego. Eso también ha contribuido a la discordia entre las víctimas.

A pesar del esfuerzo de incluir a todas las víctimas del PDP, esto no fue posible, pues fueron muchísimas las que dejaron las acciones violentas del BCB en el Sur de Bolívar. La Fiscalía de Justicia y Paz ha establecido que las afectaciones que causaron los paramilitares a la población civil se extendieron a otros nueve corregimientos de la zona: El Garzal, Campo Payares, Cerro de Burgos, San Luis, Animas Altas (o Las Auyamas), Animas Bajas, Paredes de Oraría, Brisas y El Diamante.

Un vocero de Fundepalma le dijo a VerdadAbierta.com que fueron escogidos como agente administrador del proyecto por la experiencia que tenían como operador de proyectos productivos en palma de aceite en la región. En la actualidad, Fundepalma agrupa 11 asociaciones de pequeños palmicultores en la región del Magdalena Medio en Santander, Bolívar y Cesar.   

Fundepalma administra Coproagrosur desde marzo de 2012 hasta hoy bajo la figura de agente especial. Y hasta septiembre de 2013 tuvo el acompañamiento del PDP del magdalena Medio. Dijo el vocero que cuentan hoy con 87 empleados, de los cuales 84 son de tres corregimientos del Sur de Bolívar: Monterrey, San Blas y San Joaquín. Los otros tres provienen de municipios vecinos en Santander. La Supersolidaria le ha prorrogado tres veces su período como agente administrador de Coproagrosur y, la última prórroga vence el próximo 16 de junio de 2014. “Después de esa fecha la misma Superintendencia tendrá que decidir de nuevo si continúa con la administración o procede con la liquidación”, dijo Juan Carlos Pérez de Fundepalma a este medio, quien explicó además, que para definir este último punto uno de los mayores inconvenientes es que no se han podido encontrar los socios que los paramilitares incluyeron en la cooperativa original y que no eran realmente aportantes.

Se han hecho dos convocatorias masivas en Simití para buscar a los socios sin ningún resultado, informaron tanto Pérez, como el superintendente delegado para la forma asociativa de la Supersolidaria, Guillermo León Hoyos.

Entre los bienes que recibió Fundepalma del PDP figuran 818 hectáreas sembradas de palma –de las 1.600 hectáreas que supuestamente dijeron los jefes del Bloque Central Bolívar que habían entregado en reparación –; cuatro tractores (un Mase Bergson en mal estado y tres New Holland funcionando), dos volquetas, dos camionetas, un retro cargador, y herramienta en general. Fundepalma le ha hecho mantenimiento a esa maquinaria, según informó el representante legal, y hoy está en buen estado.  

A juzgar por los resultados de Coproagrosur que ha reportado Fundepalma a la Supersolidaria, el proyecto ha venido mejorando su  desempeño sensiblemente. Así pasó de producir 12.547 toneladas de corozo en 2012, a producir 12.673 tan sólo en el primer semestre de 2013. Las ventas también subieron considerablemente, pues en el primer semestre de 2013 ya habían logrado vender mucho más de la mitad del corozo de lo que habían vendido en 2012. Para junio de 2013 ya acumulaban una utilidad de 398 millones de pesos, una sensible mejoría frente a las utilidades de 49 millones que habían podido generar en 2011, luego de las inversiones que había hecho el PDP para recuperar los cultivos. (Ver documento)

Nuevos tropiezos
Fundepalma ha conseguido mejorar la productividad de Coproagrosur, a pesar de los líos que heredó.

Aún no consigue resolver cómo va a sanear la deuda que tiene por el préstamo que tomó Coproagrosur en el Banco Agrario desde los tiempos de los paramilitares y al cuál no le han abonado los pagos respectivos desde 2009. Fundepalma informó en un documento enviado a la Superintendencia que a junio de 2013 el valor que se debía al Banco Agrario era de 1.065 millones de pesos, y que esa entidad inició un proceso judicial para el cobro. Pérez de Fundepalma explicó que enviaron un derecho de petición a la sede del banco en el municipio de Santa Rosa (Bolívar), donde se tramitó originalmente el crédito, para conocer el estado real de esa deuda, desde noviembre de 2013. Les negaron la información, pues el banco asegura que al no ser el titular del crédito, Fundepalma no podía pedir esa información. Envió otra solicitud de información a la oficina del banco en Barrancabermeja, a donde aún no le han dado respuesta.   

Por otra parte, la cooperativa tenía una deuda pendiente con la administración de impuestos, pero que ya acordaron con la DIAN pagar 52 millones de pesos para saldar esa deuda.

Las utilidades que está teniendo el proyecto, dijo Pérez de Fundepalma,  están siendo consignadas en la cuenta del propio Coproagrosur, según lo ordena la legislación de las cooperativas y el Fondo para la Reparación de las Víctimas ha solicitado una orden judicial para que estos excedentes le sean consignados en su cuenta y poder así, comenzar a usarlos para reparar individualmente a las víctimas. Esta todavía no se ha producido.

Además esta posibilidad está aún más embolatada ahora que unos campesinos, quienes aseguran que eran los dueños originales de algunos de los predios que ocuparon los paramilitares para desarrollar Coproagrosur, y que fueron despojados, han resuelto tomarse la ley en sus manos y en el cultivo han invadido los sectores El Cairo, Pacifuere, La Fe, Cafife y La Rojita. (ver capítulo de esta misma historia: Dueños originales reclaman despojo y grabaciones ponen en duda sus intenciones)

Estas ocupaciones le han representado a la federación de asociaciones de campesinos palmeros pérdidas considerables. Por ejemplo,  contabilizaron 118 millones de pérdidas en 2012 por la toma de El Cairo.

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