El lío en breve

El Bloque Central Bolívar de las Auc entregó en 2009 a Coproagrosur y su proyecto de palma aceitera para reparar a sus víctimas. Cuando ya el manejo del cultivo se estaba regularizando y empezaba a beneficiar a las víctimas, aparecieron antiguos dueños de los predios alegando despojo. VerdadAbierta.com investigó y encontró hasta grabaciones que ponen bajo sospecha a un fiscal. Esta es la historia.

coproagrosur1Coproagrosur funciona desde septiembre de 2002. Al día de hoy está compuesto por doce predios distribuidos entre los municipios de Simití y San Pablo, Sur de Bolívar. Foto: archivo Semana.Algunos campesinos de los municipios de San Pablo y Simití querían cambiar los cultivos ilícitos de coca en 2000 y para ello se propusieron formar una cooperativa. Sabían que el gobierno prestaba para cultivos de palma y de árboles maderables. Pensaron que también podrían sembrar yuca. Comenzaron a negociar unos terrenos, cuando los paramilitares del Bloque Central Bolívar en la zona:  Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y John Francis Arrieta, alias ‘Gustavo Alarcón’, se enteraron de sus planes, los presionaron para que los dejaran entrar como socios.

Les dijeron que ellos también querían sustituir cultivos ilegales, por palma aceitera. Siendo el poder armado de la región, los paramilitares se salieron con la suya y de esa forzada sociedad nació la Cooperativa Promotora Agraria para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en el Sur de Bolívar (Coproagrosur). La cooperativa fue exitosa: sembró más de mil hectáreas de palma aceitera –aunque la cifra varía según la fuente.

Los ex jefes paramilitares negociaron varios de los doce predios para desarrollar el cultivo y los trámites para constituir a Coproagrosur se hicieron desde el escritorio de ‘Báez’, según lo confesó él mismo, años después, ante los fiscales de Justicia y Paz. Falseando los requisitos legales para crear una cooperativa, aseguraron en el acta de constitución que cien campesinos habían aportado tres millones de pesos cada uno, cuando en realidad pusieron a firmar a muchos de testaferros y el dinero lo puso el jefe del Bloque Central Bolívar, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. En 2002, inscribieron la cooperativa ante la Cámara de Comercio de Aguachica, y como representante legal figuraba uno de los promotores locales del proyecto.

Como el proyecto parecía legal y beneficioso para los campesinos, recibió un préstamo de 1.600 millones de pesos del Banco Agrario (anteriormente Caja Agraria), una donación de 228 millones de pesos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la asesoría de funcionarios y empresas privadas que les ayudaron a tramitar los permisos y les dieron apoyo para mejorar sus técnicas en la siembra de palma.

En 2009 la verdad salió a la luz: los propios integrantes del BCB reconocieron ante Justicia y Paz que ellos controlaban a Coproagrosur y su gran proyecto de palma y lo entregaron formalmente al Estado para la reparación de las miles de víctimas que dejaron en estos municipios bolivarenses. Acción Social se hizo cargo del productivo bien, sin embargo, no cambió los administradores puestos por los paramilitares.

Un año después, el 3 de septiembre de 2010 el recién posesionado presidente, Juan Manuel Santos, anunció  en Barrancabermeja, en el vecino Santander, que presentaría ante el Congreso un nuevo proyecto de ley de restitución de tierras, y que el cultivo de Coproagrosur sería uno de los símbolos de su iniciativa. Acto seguido, ordenó que la administración de la cooperativa le fuera entregada a la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, conocida por su PDP, el aplaudido programa de construcción de paz, liderado por el padre jesuita Francisco de Roux y financiado por la Unión Europea, que después ha inspirado la creación de otros 23 programas similares en diversas zonas conflictivas del país.

El nuevo gerente encontró que Coproagrosur era una colcha de anomalías. Su constitución misma fue un acto mentiroso de falsos socios. No reportaban cuentas, no pagaban impuestos, y los cultivos estaban deteriorados. Prefirieron entonces, según explicó Miriam Villegas, directiva del PDP, pedirle a la Superintendencia de Economía Solidaria, la entidad oficial, que vigila las cooperativas que interviniera Coproagrosur y ésta así lo hizo en marzo de 2012. Nombró como agente interventor a una federación de palmeros llamada Fundepalma, entidad creada por el PDP para coordinar los esfuerzos de varias asociaciones de campesinos palmeros de la región del Magdalena Medio. La Corporación también se comprometió a acompañar a Fundepalma en su tarea de recuperar el cultivo y sanear las cuentas, con la idea de que sirviera efectivamente para reparar a las víctimas.

Con una promesa presidencial,  las víctimas se llenaron de esperanza de que el Estado por fin les compensaría en algo tantas pérdidas que les dejó la brutal guerra.  Al ver que pasaban los años y aún no se materializaba la oferta, comenzaron a perder la paciencia y a elevar el tono de sus reclamos ante la justicia transicional.  Es que algunos de ellos ya estaban muriendo con sus sueños rotos.

¿Qué demoraba la reparación? Primero, el tiempo que ha tomado sanear los cultivos. Segundo, encontrarle una salida jurídica a esta falsa cooperativa, pues por ley las utilidades deberían pasar a manos de los socios, y como muchos de estos no aparecen, ni les pueden incautar el bien, ni tampoco girarles las utilidades.  

Por último, en 2010,  un grupo de finqueros, propietarios originales de los 12 predios donde se desarrolló el proyecto palmero,  quienes hasta entonces no se habían declarado interesados en el asunto, aparecieron con severos reclamos ante la justicia, pidiendo embargos sobre las tierras, alegando que los paramilitares los habían obligado a venderlas y que no les habían pagado los precios justos o que nunca les terminaron de pagar las sumas que habían acordado. Exigen que les devuelvan sus predios y les indemnicen por no haberles compartido las ganancias del cultivo.

Una nube de dudas, sin embargo, cuelga sobre estos reclamos. Los ex jefes paramilitares aseguran que les compraron a precios justos y ellos se quedaron conformes. Además el apoderado de ‘Julián Bolívar’ –luego de dar una batalla legal con la Fiscalía – ha podido comprobar que el abogado de algunos de estos reclamantes, Cesar Sarmiento Olano, en períodos ejerció a la vez como  fiscal. (Fue abogado defensor también de los acusados, entre los que estaba su cuñado, del “caso de Los Tierreros” en el sur de Bogotá por el cual éstos engañaron a habitantes pobres de la ciudad, vendiéndoles terrenos ajenos).

La Fiscalía también ha encontrado poderes para traspasar propiedades con firmas aparentemente falsas. Además en su manos están unas grabaciones de conversaciones entre Alí Humar Mejía (no tiene parentesco con el actor, pues su nombre es Alí Humar y su apellido Mejía),  abogado de antiguos dueños reclamantes, y alias ‘Julián Bolívar’ (Rodrigo Pérez Alzate) en las que el primero le ofrece dinero al paramilitar para que diga ante la justicia que sus clientes fueron despojados. La justicia no ha determinado aún la veracidad de estas grabaciones ni si, en efecto prueban que hubo este intento de soborno. VerdadAbierta.com habló con el abogado Mejía, pero este dijo que aunque reconocía que era su voz en la grabación, no se pronunciaría sino más adelante sobre el caso.

Unos de los reclamantes son herederos de Fabio Correa, pues alegan que los paramilitares no le pagaron a Correa por los predios que vendió a los paramilitares para desarrollar Coproagrosur en Simití. Según fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, aseguran que este ganadero caldense había comprado fincas en La Dorada, Magdalena Medio, en los años ochenta. El mismo ‘Ernesto Báez’ aseguró que eran amigos cuando le compraron los predios y que le pagaron bien, pero antes de morir, Correa había dicho a la justicia que el BCB le ocupó sus tierras a la fuerza y no le había quedado más remedio que venderles y no le pagaron lo que éstas valían.

Algunos de estos dueños originarios que reclaman despojo ya se han metido a los predios del cultivo de Coproagrosur y están produciendo y vendiendo el aceite que producen allí las palmas. Esto les ha traído pérdidas considerables a los palmeros campesinos de Fundepalma y les ha dificultado conseguir un rendimiento óptimo para el cultivo, con las consecuentes pérdidas potenciales para las víctimas que reciban reparación con este proyecto.

Por todas estas razones, la fiscal de Justicia y Paz se está preguntando si, como lo dijo uno de ellos a VerdadAbierta.com, algunos de estos reclamantes no sepan de los intereses oscuros que sus apoderados puedan tener en estos reclamos. También, dice la fiscal, cabe la posibilidad de que algunos de estos reclamantes, fueron, en efecto despojados de esas tierras como alegan, o si, por el contrario, ellos se beneficiaron todos estos años del proyecto paramilitar y ahora quieren arrebatárselo a las víctimas.

Durante dos meses, VerdadAbierta.com investigó el caso, y además ha asistido a las audiencias ante los magistrados de Justicia y Paz sobre el caso.  Reconstruimos aquí esta enredada historia de palmas. De que se esclarezca dependen muchos campesinos y víctimas en esta región devastada por el conflicto armado.  

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