La guerra que se cocina lentamente en el Chocó

En los últimos meses una serie de enfrentamientos entre el Eln y el ‘Clan Úsuga’ en territorio de las Farc tiene confinadas a varias comunidades. ¿Qué está sucediendo? y ¿qué tan compleja es la situación?

 

atrato 1Patrulla del Ejército en el río Atrato. Foto: Álvaro Sierrta / Semana.

Parece que la guerra se hubiera ensañado con las comunidades del Bajo Atrato chocoano. Desde hace poco más de tres décadas, los frentes 57 y 34 de las Farc convirtieron este territorio en un bastión inexpugnable. Promediando la década de los noventa, y con el pretexto de arrebatarle territorio a este grupo subversivo, el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas inició una feroz ofensiva que se conoció como “operación Cacarica”, que obligó al éxodo forzado de por lo menos cinco mil personas entre negros, indígenas y campesinos que habitaban las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Quiparadó y Domingodó.

Hoy, en esa misma región, la historia tiende a repetirse. Desde hace tres meses para acá, la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales del Chocó vienen advirtiendo sobre los enfrentamientos, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, que sostienen integrantes de la guerrilla del Eln y un contingente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como ‘Clan Úsuga’ o ‘Urabeños’. La situación tiene en máxima alerta a los organismos humanitarios pues temen el desplazamiento masivo de comunidades negras e indígenas, tal como ocurrió quince años atrás.

Los temores no son infundados. Versiones recogidas por la Defensoría apuntan a que el pasado 3 de septiembre, cerca de 300 hombres pertenecientes a los ‘gaitanistas’ incursionaron a la cuenca media del río Truandó y desde allí se desplegaron hacia territorios de comunidades negras e indígenas de las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Quiparadó, Domingodó y Opogadó, en las que habitan poco más de 1.500 personas. Un par de meses atrás, organismos humanitarios reportaron la llegada a la región de una compañía del Eln que se había desplazado desde las selvas del Alto Baudó. Así, los enfrentamientos armados no se hicieron esperar.

Según la entidad estatal, el 9 de septiembre se registraron combates entre los ‘elenos’ y los ‘gaitanistas’ en inmediaciones de la comunidad de Peña Blanca, en el rio Truandó. Las confrontaciones se repetirían nuevamente el 7 de octubre, en cercanías a la comunidad de Clavellino. Ese día, hombres del Eln se enfrentaron con los ‘gaitanistas’ justo después del paso de una comisión humanitaria conformada por autoridades eclesiásticas del municipio de Riosucio, Chocó, directivos de los consejos comunitarios del Bajo Atrato y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos con presencia en la región.

El hecho más reciente se presentó el 14 de octubre. Diversas comunidades denunciaron el arribo de otros 200 integrantes de los ‘gaitanistas’ al Bajo Atrato. Ello coincidió con los fuertes combates registrados al día siguiente en inmediaciones de la comunidad de Clavellino que, de nuevo, tuvieron como protagonista a la guerrilla del Eln. El choque armado dejó tres miembros de los ‘gaitanistas’ muertos.

Para la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, la situación está pasando de “castaño a oscuro”, toda vez que ambas fuerzas enfrentadas están recurriendo al uso indiscriminado de minas antipersonas para frenar los avances de sus rivales. Además de incrementar los niveles de zozobra entre las comunidades, estos hechos están generando confinamiento de poblaciones enteras que, por sus modos de vida, ven afectados aspectos vitales como la seguridad alimentaria.

“Aquí la gente vive en una parte y busca su alimento en el río. Pero con esas minas antipersona a la gente le da mucho miedo salir. Hay comunidades confinadas aguantando física hambre. En otros casos ha habido desplazamientos, pero han sido al interior de las mismas comunidades”, señaló José Ángel Palomeque, presidente de Ascoba, quien añadió que en las próximas semanas saldrá una misión humanitaria a la región para llevar alimentos y medicinas así como para constatar la crisis humanitaria que ya se empieza a vivir en la región.

¿Qué pasa en el Bajo Atrato chocoano?

atrato 2La minería también es un factor de riesgo para estas comunidades que derivan su sustento del río. Foto: Álvaro Sierra / Semana.
El Bajo Atrato chocoano encierra múltiples atractivos tanto para intereses legales como ilegales. Los caudalosos ríos que surcan el territorio constituyen vías expeditas para conectar con el Pacífico y con la frontera con Panamá y ello, junto con la espesura de las selvas, convierten a la región en espacio propicio para el desarrollo de actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, trata de personas, contrabando, extracción ilegal de madera y minerales.

Pero no solo eso: el Bajo Atrato se encuentra bajo la mira de importantes empresas (nacionales e internacionales) madereras y mineras que, de llegar, no solo atraerían gran cantidad de lugareños en busca de empleo y mejores oportunidades sino también muy seguramente grupos armados ilegales pretendiendo obtener recursos líquidos por cuenta de la extorsión.

Por eso, quizás lo que más llama la atención de un analista que viene haciéndole seguimiento a esta situación, quien al ser consultado por VerdadAbierta.com pidió reservar su identidad dado que ejerce su trabajo con estas comunidades, es la “novedosa” presencia de la guerrilla del Eln justo allí, en un territorio que ha sido bastión histórico de las Farc y donde las autoridades civiles y de Policía tienen registrada una fuerte actividad criminal de los ‘Úsuga’ desde hace un par de años.

De acuerdo con el analista, lo anterior suscita varias hipótesis. La primera de ellas es que, efectivamente, existió un pacto de no agresión entre las Farc y los ‘Úsuga’ que permitió a ambas estructuras permanecer en el mismo territorio. “Si ingresaron al ‘corazón’ del territorio de las Farc es porque ese pacto se rompió. De hecho, hay reportes en la Defensoría sobre incursiones de los ‘Úsuga’ en territorios de las Farc en Córdoba y San José de Apartadó”, señaló.
 
La otra consideración tiene que ver con la llegada del Eln a una región que no ha sido parte de su corredor de movilidad. “¿Estarán los ‘elenos’ estableciendo un anillo de seguridad para proteger a los desmovilizados de las Farc y, ahora, estarán siendo coordinados y apoyados militarmente por las Farc? Quién sabe, pero es una tesis que no se puede descartar”, agregó el analista, recordando que muy probablemente en el Bajo Atrato chocoano se concentren tropas de las Farc en su fase final de negociación con el gobierno nacional.

Pero esas no son las únicas inquietudes que generan preocupación tanto en analistas como en las comunidades chocoanas. Pobladores de la región consultados por VerdadAbierta.com se preguntan cómo fue posible que cerca de 600 integrantes de esta estructura armada criminal atravesaran, en varias embarcaciones y a plena luz del día, un corredor fluvial altamente custodiado por las fuerza militares y de Policía. “Aquí todos saben dónde están los ‘paras’, menos ellos, los de la Fuerza Pública”, dijo uno de los consultados, quien pidió se reservara su identidad.    

VerdadAbierta.com intentó comunicarse con el comando de Policía Urabá, dado que la región en cuestión está bajo su jurisdicción, pero no fue posible establecer diálogo con su comandante, el coronel Raúl Riaño.

El hecho es que todo lo anterior sucede en medio de un escenario bastante complejo: por un lado, falta poco para la firma del acuerdo que pondrá fin al conflicto armado con las Farc y la inmediata implementación de los acuerdos en los territorios donde su presencia fue notoria; de otro lado, muy cerca de esta región, fuerzas especiales de la Policía continúan con los intensos operativos para dar con el paradero del jefe de los ‘Úsuga’, Dairo de Jesús Úsuga, alis ‘Otoniel’. Y, como si fuera poco, la guerrilla del Eln incursiona en nuevos territorios justo en momentos en que se esperan inicien diálogos de paz con el gobierno nacional.
 
Sin duda un panorama preocupante que ojalá tenga pronta resolución, por el bien de las comunidades negras e indígenas que habitan el Bajo Atrato, que por fin, puedan tener una vida en paz.