Los pueblos que la guerra borró del mapa

En el pasado, la guerra entre guerrillas y paramilitares en la región del Baudó obligó al desplazamiento forzado de poblados enteros que hoy ya no existen. La amenaza de que más pueblos desaparezcan está latente, ahora por cuenta de la confrontación entre ‘Los Urabeños’ y la guerrilla del Eln.

especial-baudo-3Foto: VerdadAbierta.comLa manigua se encargó de borrar cualquier vestigio de lo que fuera San Luis, un poblado levantado por 150 afros en el Bajo Baudó, a orillas del río que lleva el mismo nombre, en el suroccidente del Chocó, y que la violencia paramilitar se encargó de desaparecer por completo.

Ocurrió en el año 2003. Para aquel entonces, los paramilitares del Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ejercían un fuerte dominio territorial que se extendía desde el municipio de Istmina, pasando por pueblos como Medio Baudó, Bocas de Querá, San José de Querá, Bocas de Pepé y Bajo Baudó, hasta llegar al sur del departamento, en límites con el Valle del Cauca.

“Un día, a principios de ese año, llegaron los ‘paras’ en sus lanchas, buscando a dos líderes del pueblo”, recuerda Murillo*, líder natural de las comunidades negras del Bajo Baudó y testigo presencial de la tragedia de este pueblo étnico. “Según ellos, dizque ellos tenían que ver con la muerte de un paramilitar por allá en Puerto Meluk (Medio Baudó). Por eso los mataron. Y para estas comunidades eso son cosas que marcan mucho y dan demasiado miedo. Entonces, todo el pueblo terminó desplazándose para Pizarro (Bajo Baudó) y el pueblo desapareció”.

No fue el único poblado que corrió con esta triste suerte. Según Murillo, a lo largo de la cuenca del río Baudó, así como sobre el litoral pacífico suroccidental chocoano, son varios los pueblos que desaparecieron por cuenta de la guerra entre guerrillas y paramilitares. “Como por ejemplo Punta Katripe, que si los buscas en el mapa del Chocó aparece, pero ese pueblo ya no existe. O Purriche, donde las comunidades se han desplazado por lo menos cinco veces”, asegura el líder quien resalta, además, que “hay otros pueblos que tenían más de mil habitantes y hoy tienen, si mucho, 50 familias”.

Lo que más preocupa, y le duele, a este líder es que, por cuenta del recrudecimiento de la confrontación armada que hoy sostienen la guerrilla del Eln y las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también llamadas ‘Clan Úsuga’ y ‘Urabeños’, por el control territorial y económico de la cuenca del río Baudó, el riesgo de desplazamiento masivo en varios pueblos es inminente, y con ello, el peligro de que desaparezcan también: “hay grave riesgo de que desaparezca un pueblo como Cuevita, en límites con Nuquí y otro que se llama Villa Colombia”, agrega.

Desplazamiento: flagelo preocupante
En el Baudó chocoano, el desplazamiento forzado golpea con tal fuerza que logra desaparecer pueblos enteros. Cifras de la Defensoría del Pueblo Regional Chocó o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señalan que desde 2008 a la fecha se han registrado 26 eventos de desplazamientos masivos en los municipios de la cuenca del río Baudó (Alto, Medio y Bajo), que han afectado a más de 1.500 familias, unas 6.800 personas aproximadamente. De ellas, menos de la mitad han regresado a sus lugares de origen.

Se trata de un drama, si se quiere, histórico. En 2009, por ejemplo, más de 700 personas entre negros e indígenas del Alto Baudó huyeron de sus tierras debido a los fuertes combates entre la Fuerza Pública y las guerrillas del Eln. Los desplazados terminaron concentrándose en una localidad de la misma zona llamada Santa Catalina de Catrú. Muchos permanecen allí.

En 2011, los organismos humanitarios dieron cuenta de tres desplazamientos masivos en la parte media de la cuenca del río Baudó, mientras que en 2012 se registró el primero de cinco éxodos masivos de las comunidades indígenas asentadas en el río Purriche, al norte del Baudó.

Tanto negros como indígenas abandonan sus tierras por la misma razón: la confrontación armada que desde hace cinco años sostienen los ‘elenos’, con fuerte injerencia en el Alto Baudó, y los ‘gaitanistas’, que desde la parte baja del río vienen ascendiendo con el fin de arrebatarle territorios al grupo guerrillero.

Para unos y otros resulta de vital importancia controlar un corredor natural que conecta con facilidad, al sur, con la costa pacífica colombiana, y al norte, con el río Atrato y de ahí a las costas del Golfo de Urabá. Allí, donde el Estado brilla por su ausencia, donde se combina de forma majestuosa la selva, la serranía y la costa, se han consolidado toda suerte de actividades ilegales como la extracción de especies nativas de madera, la siembra de hoja de coca y el procesamiento de base de coca, el tráfico de armas y, en mucha menor medida, la minería ilegal.

Para todas ellas el control del río Baudó resulta esencial. Es por ello que el afluente, única vía de acceso a los pueblos de la región, se convirtió en escenario de la guerra sin tregua ni cuartel que libran el Eln y los ‘Gaitanistas’. Ambos han impuesto férreos controles a la movilidad por el río.

“Hay pobladores del Medio (Baudó) que no pueden ir al Alto (Baudó) y al revés. Aquí no se puede navegar después de las 5 de la tarde y hay partes donde no se puede navegar el río a ninguna hora”, cuenta una líder afro de la región, que pidió, por seguridad, no se revelara su identidad.  

Hecho como estos han generado largos periodos de confinamiento, “pues aquí, las comunidades viven en las cabeceras municipales y tienen sus pedacitos de tierra en las zonas rurales, a donde se llega por río. Y todos los días van, siembran y recogen. Pero como no se pueden desplazar, porque no dejan, ¡imagínese la crisis alimentaria!, aquí que lo único que abunda es la pobreza”, agrega la líder.

Esos factores son los que están obligando a los pobladores del Baudó a abandonar sus pueblos. En 2013, según los registros de la Red Nacional de Información de la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas, 1.800 personas salieron forzosamente del Alto, Medio y Bajo Baudó. Y tal parece que dicha cifra se superará con creces este año, pues a la fecha se han registrado tres desplazamientos masivos, dos de comunidades indígenas y una de un pueblo afro, que han afectado a 384 familias; es decir, más de 3.000 personas.

Arremetida contra el pueblo indígena
En el Baudó, la violencia no distingue ni raza, ni edad, ni género. Pero la realidad muestra que para los pueblos indígenas, las afectaciones son mucho mayores, dadas sus particularidades culturales y territoriales. Según una delegada de Acnur, mientras en 2013 el 80 por ciento de las víctimas de desplazamientos masivos eran nativos, en 2014 constituyen el 98 por ciento. Una cifra preocupante si se tiene en cuenta que los indígenas constituyen el 12 por ciento de toda la población chocoana.

De hecho, los dos eventos masivos registrados este año afectaron pueblos indígenas. El primero de ellos ocurrió a mediados del mes de mayo, cuando unas 21 comunidades Emberá Dobida, por lo menos unas 2.600 indígenas, debieron abandonar el resguardo Catrú-Dubazá-Ancozó, en el Alto Baudó, por cuenta de los fuertes combates entre ‘gaitanistas’ y ‘elenos’. Tan solo tres semanas después, otros 550 indígenas de esta etnia asentados en la cuenca del río Cugucho, debieron partir hacia Puerto Indio, Alto Baudó, por la misma razón.

En ninguno de los casos se ha registrado el retorno de los nativos a sus lugares de origen, bien por temor a represalias por parte de alguno de los grupos ilegales, bien por temor a un accidente con minas antipersonas, sembradas principalmente por el Eln.

Más grave aún es que en Santa Catalina de Catrú y Puerto Indio, territorios donde los desplazados se concentraron, uno y otro bando en disputa han impuesto restricciones a la movilidad, convirtiendo un caso de desplazamiento forzado en uno de confinamiento.  

“Estamos soportando un conflicto armado bastante grave”, tal como lo afirma Pacheco*, líder indígena de la comunidad Wounaan, quien señala que “los ilegales entran a nuestros territorios, no respetan nuestra autoridad, reclutan a los jóvenes. No podemos pescar, no podemos cazar. Y comenzamos a aguantar hambre. Nos obligan a desplazarnos. Y ya eso afecta nuestra cultura. No sé qué vamos a hacer”.

En el Chocó habitan 18 mil indígenas Wounaan, agrupados en 24 resguardos y 56 comunidades ubicadas en municipios como Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio y Bajo San Juan, Riosucio y Juradó. Y en varios de ellos, el riesgo de un éxodo forzado es inminente. “Los indígenas tenemos mucho miedo. En comunidades como Docampadó, Arpúa, Bajo San Juan, el desplazamiento masivo es cuestión de días”, asevera Pacheco.

Los riesgos parecen no atenuarse. Entre el 12 y el 14 de septiembre, las autoridades reportaron la desaparición y el posterior asesinato de Miguel Becheché Zarco y Ernelio Pachecó, integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Alto Baudó y Organización Indígena del Chocó, respectivamente. El 24 del mismo mes, una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo Regional Chocó debió sacar de la región del Alto Baudó a varios líderes indígenas amenazados por el Eln.

Reparación colectiva
Pocos pueblos en Colombia han construido una relación tan particular con el territorio como los negros y los indígenas del Chocó. “Somos pueblos étnico-territoriales. Por eso la guerra nos afecta más. El desplazamiento de una comunidad, la desaparición de un pueblo, es dolor, sufrimiento y afectación para otras cuatro o cinco comunidades más”, explica Didier, líder natural de las comunidades del Bajo Baudó.

Esta conciencia étnica y territorial, como la describe Didier, es la que lo está empujando a él, y a otra decena de líderes afros de los distintos consejos comunitarios, organizaciones de naturaleza autónoma conformadas para la protección, defensa y administración del territorio, los cuales se encuentran agrupados en el Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes, a construir una propuesta especial de reparación colectiva para las víctimas del conflicto armado, particularmente del desplazamiento forzado de la cuenca del Baudó.

 “No se trata de que nos den 20 o 30 millones de pesos como viene haciendo ahora el Gobierno Nacional. ¿De qué nos podría servir eso cuando tenemos pueblos enteros que han desaparecido?”, explica el líder, quien añade que la iniciativa también la vienen pensando las organizaciones indígenas y los organismos defensores de derechos humanos que hacen presencia en esta región.

“La idea es que se diseñen planes especiales de retorno para la población desplazada, que como se ve, es mucha. Que puedan regresar al territorio, pero que cuente con proyectos productivos que les garantice seguridad alimentaria. Eso sería una verdadera reparación para nosotros”, añade el vocero de las comunidades afro.

Si bien la Ley 1448 de 2011, llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuenta con un componente de reparación colectiva, con enfoque diferencial por género y etnia, el caso chocoano amerita algunas consideraciones especiales, como se lo señalaron a VerdadAbierta.com funcionarios de la Unidad Nacional de Reparación y Atención Integral para las Víctimas.

El primero de ellos es ¿cómo adelantar ese proceso en un territorio donde la guerra muestra niveles de escalamiento tan preocupantes? El otro de ellos guarda relación con la caracterización de lo que se denomina ‘el sujeto colectivo víctima’, que para las comunidades negras tiene implicaciones especiales.

“No sabemos cuántos afectados por el desplazamiento tenemos. Porque aquí, todos somos víctimas. Y por eso, la reparación debe ser para todos”, reitera Didier, quien sueña con ver a su tierra en paz y habitada por todos sus amigos, familiares, compadres y hermanos de raza que hoy hacen parte de la diáspora chocoana que la violencia desperdigó por todo el país. 

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