El reclutamiento de niños y adolescentes, una vieja infamia

En  los últimos tres meses, en Chocó, los grupos armados han devuelto a  cuatro jóvenes indígenas reclutados como combatientes. Por Pilar Lozano especial para Verdadabierta.com*
     
Foto: Semana


No fue una decisión voluntaria lo que llevó a que los integrantes de las Farc y de los nuevos grupos paramilitares entregaran a cuatro jóvenes que hacían parte de sus filas, lo hicieron por presión de los cabildos  que reclaman su  derecho a  no ser  involucrados en el conflicto.

“El reclutamiento es un gran lío para las comunidades indígenas”, reconoce Luis Evelis Andrade Casama presidente de la Onic.  No  hay datos precisos, pero según este  dirigente,  la cifra  “es bastante alta”. No deja su afirmación en el aire: “Los armados echan mano de lo que hay,  no pueden  ir a reclutar en la ciudad”. Y los pueblos indígenas  habitan  en las regiones donde es más aguda la guerra.  

Los niños  se convierten en ‘soldados’ a los 11, 12, años.  Los mecanismos para convencerlos son muchos: enamoramiento, ofrecimiento de dinero, de una mejor vida. “Les ofrecen un camino sin retorno; terminan muertos y lejos de las comunidades”, agrega con dolor Andrade Casama. La norma interna de  muchos  cabildos prohíbe  ir  a la guerra. Por esto, cuando niños y adolescentes son recuperados, investigan  el por qué decidieron  empuñar un arma. Si infringieron  la justicia propia los sancionan. Dos de los devueltos hace poco, están  pagando su condena lejos de sus casas: realizan trabajo comunitario, reciben  cursos de  formación…   

Esta es una de las  facetas de un problema de mil caras: el reclutamiento de menores de edad  por parte de los grupos ilegales. Una infamia  tan vieja como el conflicto  en este país; pero no ha logrado conmover, generar  una reacción fuerte  ni de la sociedad ni del Estado.

Y es un delito ligado al abuso sexual  y  ligado también al desplazamiento. Muchas familias campesinas prefieren abandonar sus tierras a ver a sus hijos arrastrando un fusil.   

Beatriz Linares  asesora de derechos humanos y niñez de la Vicepresidencia de la República, asegura que pese a los esfuerzos del Estado- en 2007 se creó una comisión interinstitucional para prevenirlo-  el problema persiste y ocurre en “el más absoluto de los anonimatos, y bajo la mirada silenciosa  de familias , comunidades e instituciones”. Lo escribió  en  el informe “La huella de la niñez en la prensa colombiana”, de este año, de Pandi, agencia de periodismo aliada de  la infancia.   

“El reclutamiento de menores de edad  se está incrementado.  Indígenas y afrodescendientes siguen siendo los  más golpeados”, afirma Pilar Rueda, encargada de los temas de infancia y mujer en la Defensoría del Pueblo.

Guerrilla y  nuevos paramilitares vinculan a sus filas a niños y adolescentes. Estos últimos le echan mano a los desmovilizados;  representan una ganancia: ya conocen el trabajo con las armas.

Naciones Unidas en su informe  de 2009 sobre situación de los menores de edad  en los conflictos armados, dice  que, en ese año, fue una práctica “habitual, sistemática y extendida”.  Y  tiene a  las Farc y el Eln en la lista de  peores violadores de derechos de los niños en el mundo. Los incluyó, entre otras, por el reclutamiento.

El ejército no escapa de utilizar a los pequeños como informantes.  Lo ha denunciado ya  la Defensoría.  Ocurrió recientemente con el secuestro de la hija del alcalde de Fortul Arauca. Los soldados visitaban  las escuelas para  preguntar a los estudiantes: “¿ustedes han visto a esa gente?”  La Onu, además, critica  los programas cívico militares  en los que se  uniforma   a los niños;  esto, en una país donde el conflicto está vivo, es  ponerlos en riesgo.   

Un sólo niño con un fúsil al hombro, dispuesto a matar y a que lo maten, sería motivo de alarma. Distintos investigaciones  han hablado de ocho, once  mil menores de 18 años en armas en Colombia. Pero no hay cifras ciertas.  Las familias, a veces por miedo o porque no lo  consideran  un hecho ‘grave’,  no  lo  reportan.  “El reclutamiento es una  estrategia de los que hacen la guerra. Es un muro de contención; obligan a las familias a  no hablar, así logran ejercer control sobre la comunidad”, denuncia  Andrade Casama.

Lo que si avalan los estudios  es  que un alto porcentaje de los combatientes han ingresado a la guerra siendo menores de edad. Gabino, el hoy comandante del Eln vistió el camuflado  a los 14 años.

En Arauca,  donde hay escuelas de adoctrinamiento de las Farc  a las que asisten  niños y jóvenes, Cauca donde se da el reclutamiento forzado, Chocó y Nariño, figuran entre los departamentos donde más se presenta  este delito.  En Arauca, cuenta la defensora de infancia, no es extraño  que los jóvenes digan:” Me voy a prestar servicio militar a la guerrilla”. Es una lógica  que se vive en  sociedades  altamente militarizadas;  “lo militar es atractivo, impone respeto”. La guerra, en muchos sitios,  se interioriza, los niños terminan idealizando a los armados.

¿Cómo prevenirlo?  Para el líder de la Onic apoyando a la juventud,   dándoles garantía de educación. “Los jóvenes  hoy tienen  nuevas necesidades;  ellos piden y esperan respuestas; nos las tienen.  Sólo  les hablan de  controles”.

Se sabe- lo dicen los estudios- que  detrás del 80% de los niños y jóvenes que termina involucrados en la guerra, está la violencia, la explotación de que son víctimas en sus familias,  la falta de escuelas, de servicios en los municipios... Muchos apuntan entonces a que la solución está en poner remedio a estas viejas  injusticias.

Para Pilar Rueda la política oficial de prevención  ha servido para generar conciencia pero no ha logrado aterrizar en lo concreto, no ha  logrado impactar. Comparte la idea de ofrecer alternativas valiosas  a niños y   jóvenes  y fortalecer sus círculos de protección: familia, escuela. Pero liga su efectividad a una solución política del conflicto armado. De lo contrario lo ve inútil. “La guerra necesita combatientes”, dice tajante.

En materia legal  hay muchos vacíos: no se  identifica, ni se investiga,  ni se  persigue  al reclutador. Los actores armados no están dispuestos a reconocer que lo hicieron.  El único  jefe paramilitar acusado hasta el momento por este delito es Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.  En este momento  un juez de Justicia y Paz lo señala por  haber enrolado en el Bloque Elmer Cárdenas a 309 menores de edad. De estos, 198 se desmovilizaron siendo  ya mayores.

El resto, menores de 18 años, fueron enviados a sus casas  con un millón de pesos en el bolsillo. En una de las audiencias alias ‘El Alemán’  aseguró que lo hizo así, no  para evadir la justicia, sino porque no creía en el  programa  del  ICBF que acoge a los menores de edad que salen de la guerra.     

La Defensoría del Pueblo,  varías instituciones  y expertos en el tema  han pedido en las audiencias reparación integral para las víctimas.  “Perdieron una etapa primordial en su vida como es la infancia”, reclaman. Piden, además de la indemnización económica  y la  inclusión prioritaria en programas de empleo urbano y rural, una  reparación simbólica  que les permita resarcir sus nombres. Si se acepta este planteamiento, el ex jefe paramilitar  deberá pedir perdón públicamente  en Urabá: el reclutamiento desarticuló familias, comunidades.

Es un mal cruel y generalizado  del ‘después’ de esta aberrante práctica.    Los pequeños combatientes  indígenas, por ejemplo, no pueden volver a sus familias luego de ser ‘rescatados’  o después de  volarse de las filas ilegales. La familia queda en riesgo, puede ser castigada con la muerte de uno de sus miembros, con la  obligación de  desplazarse...  Una  comunidad planteó  ante las Farc tamaña injusticia: “Nos vinculan a la guerra  y  luego las familias debe pagar”, fue el reclamo. “Esta guerra tiene un costo”, fue la cínica  respuesta.

Linares, tal vez una de las personas que en el país conoce más del tema, agrega un agravante en el tema legal: la incoherencia de textos jurídicos. Unos  protegen a los  menores de 15 años, otros  a menores de 18. “El mundo etéreo de las normas versus el mundo real de los sujetos”, lo llama. Colombia, como lo contempla  la Convención de los Derechos del Niño, considera a los menores de 18 años reclutados como víctimas  y en el código penal  se castiga con prisión de ocho a 15 años.  La Corte Penal Internacional lo define como crimen de guerra cuando los  involucrados tienen menos de 15 años.

Alias ‘El Alemán’  lo ha usado de excusa. Ha repetido que no reclutó menores de 15;  hay evidencias  que contradicen su afirmación. Y se ha escudado en otro hecho: asegura que niños y adolescentes llegaron al Bloque Elmer Cárdenas de manera voluntaria. Esta supuesta voluntad que registran muchos estudios está en tela de juicio: ¿se fueron voluntariamente o existe una realidad que los expulsó y los mandó a empuñar un arma?  

Una sentencia de la Corte Constitucional dice que esta supuesta voluntad no hace al reclutamiento de menores de edad menos punible. Los niños y jóvenes se van a la guerra, lo resume Beatriz Linares, por la “incompetencia de de la sociedad y del Estado  para competirle a los grupos armados y sus ofertas”.

Una vergüenza.      

* En colaboración con Reporteros por Colombia.