Colombia: Elecciones, balas y corrupción

Alejandra Barrios de la MOE analiza una de las campañas más violentas de los últimos años.
 
Alejandra Barrios, directora de la MOE. Foto Semana




 
Alejandra Barrios dirige la Misión de Observación Electoral -MOE, una Organización No Gubernamental, que hace seguimiento a las elecciones en Colombia. Estas han sido, según las denuncias de la MOE una de las campañas más violentas de los últimos años.

Antes de terminar este ciclo electoral, en donde se designan alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, de un millar de municipios y 32 departamentos del país, unos 130 candidatos han sido asesinados y más de mil tienen protección de las autoridades.

Además se ha denunciado que candidatos de varias regiones del país han usado las administraciones locales o los recursos públicos para constreñir al elector y garantizar sus elecciones de manera fraudulenta.

Pero también se ha denunciado que grupos armados ilegales han usado el poder de las armas para presionar a los electores en zonas en las que las autoridades difícilmente pueden llegar.

VerdadAbierta.com habló con Alejandra Barrios sobre cómo son las elecciones en Colombia y lo que han denunciado.

VA: ¿Qué tanto se ha agudizado la violencia contra candidatos en estas elecciones regionales en Colombia?
Alejandra Barrios:  Llevamos 164 hechos de violencia política de los cuales 89 corresponden a amenazas, 41 a asesinatos, 26 a atentados y 8 a secuestros. Es muy difícil señalar si se ha aumentado o disminuido y qué tanto afecta la violencia al proceso electoral porque el año inmediatamente anterior que tenemos para comparar son las elecciones del 2007.

VA: ¿Y el conflicto?
AB: En términos de presencia de combates, para estas elecciones ha disminuido la presión de los grupos al margen de la ley que afectan el proceso electoral. La disminución está por cerca de un 26% en los municipios.

VA: ¿Los candidatos han usado algún tipo de intimidación o de alianzas con grupos armados para presionar o constreñir los electores?
AB: Si hemos recibido información de varias partes del país donde, por lo difícil que ha estado la contienda electoral, lamentablemente hay candidatos o personas de sus campañas que pueden estar intimidando a ciudadanos o generando algún tipo de actividades que terminarían el día de elecciones en asonadas o en hechos que comprometerían la seguridad del municipio.

VA:  ¿Cuáles son las zonas que representan más riesgo electoral y por qué?
AB:  La MOE tiene siete zonas en las que encontramos irregularidades de posible fraude electoral. La primera es el sur del Nariño, que limita con Ecuador. La segunda zona es Buenaventura, al sur occidente del país, donde se han presentado 26 hechos de violencia contra candidatos. La tercera es el Nudo del paramillo que limita con el departamento de Córdoba y Antioquia, una zona históricamente roja por la presencia de bandas criminales, que incluye también a Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. Allí se han creado fronteras invisibles que impiden que algunos candidatos puedan entrar libremente a hacer campaña. La cuarta zona comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo y Meta, al sur del país, donde se lleva a cabo el Plan Consolidación del Ejército, que busca recuperar zonas dominadas por grupos armados ilegales. Una quinta zona es el sur del Bolívar, al norte, donde han denunciado falta de transparencia y maniobras que pueden afectar la seguridad de los candidatos. La sexta es la frontera con Venezuela y la última es la región que comparten La Guajira, Cesar y Magdalena, tres departamentos al norte que no solamente presentan problemas de orden público, presencia de actores armados ilegales y de distintos grupos de la mafia que están asegurando corredores, sino que allí prevalece el fenómeno de la parapolítica (nexos entre políticos y paramilitares).

VA: ¿Quiénes han sido amenazados?
AB: Todas estas zonas son corredores donde hacen presencia grupos armados ilegales que manejan diferentes tipos de mafia e intereses. Por eso los denominamos corredores y quedan claramente señalados como un grupo de municipios donde uno entiende que lo que buscan es controlar la zona por su importancia estratégica.
Hay amenazas y atentados directos en contra de candidatos que pueden estar en la oposición, pero también de atentados contra candidatos en general.
Los partidos más afectados son el Partido de La U, el Conservador y el Liberal, lo que se explica de diferentes maneras. La primera es que se atenta contra las dinámicas políticas locales, es decir, no se trata de eliminar la gran alianza entre todos estos sectores para apoyar al presidente Juan Manuel Santos. No.
Aquí no hay una decisión de eliminar a un contrario político. La segunda es que pueden ser las bandas criminales locales. Y la tercera, que nos preocuparía mucho si se llegara a comprobar, es que entre las mismas campañas es donde se están haciendo las amenazas a los candidatos.

VA: Todas esas zonas coinciden con la presencia por décadas, de grupos armados. ¿Hay alguna herencia de esta situación?
AB:  Pasamos de hablar de Autodefensas a hablar de bandas criminales. Hay regiones que tienen el mismo tipo de presión de diferentes grupos armados, que, por buscar control territorial, se traduce y se refleja en el ejercicio de la política.

VA:  ¿Persisten las alianzas entre grupos ilegales, narcos o bandas criminales, con políticos?
AB:  Se puede hablar de alianzas, pero es importante reconocer que hay diferentes tipos de relaciones entre los candidatos y los grupos armados ilegales.
En algunos casos es el apoyo indirecto, en otros el constreñimiento al elector con amenazas para que vote por un candidato. También están los monopolios electorales, que nos preocupa y se da cuando hay candidaturas únicas. Hay casos donde los candidatos locales confrontan a los grupos ilegales, lo que se traduce en la necesidad de una mayor seguridad.

O puede pasar, que al final, quien gana la elección termine en una especie de convivencia para poder ejercer una gobernabilidad en la zona.

VA:  ¿Qué denuncias tiene de corrupción en las campañas?
AB: El tema de la utilización de los servicios del Estado para favorecer a un candidato hay que verlo desde dos lados.Por una parte, funcionarios públicos están apoyando a algún candidato y ponen a disposición de éste bienes, programas o servicios que presta el gobierno a través de ayudas o subsidios. Hemos identificado 65 municipios donde se ha puesto vigilancia especial para que no se presente ventajismo a los candidatos.

Esta lista permite una alerta temprana, pero también hay que señalar que la procuraduría y las mismas instituciones como Acción Social y Colombia Humanitaria, han solicitado investigaciones.

Por otra parte hay vínculos de candidatos con líderes que tienen la capacidad de hacer uso de los servicios del estado para favorecer a un ciudadano si vota por determinado candidato. Pero esos líderes a veces no tienen estas capacidades pero los ciudadanos no tienen esta información.
En pleno proceso electoral lo que pasa es que se timan al ciudadano, y lamentablemente son los ciudadanos que tienen menos acceso a la información y necesidades.
En muchos de los municipios afectados por el invierno, cualquier líder que llegue y diga en un sector pobre “yo tengo la capacidad de conseguir unos mercados o unos colchones si ustedes me aseguran que van a votar por tal candidato, muy seguramente la gente dirá que si y votará por ese candidato. Y luego no van a salir con absolutamente nada porque no tienen esa capacidad.

VA: ¿Estas elecciones muestran fallas en el proceso de descentralización?
AB: Bogotá desconoce muchísimo de las realidades de otras partes del país. Bogotá no entiende la forma de hacer política en la Costa Caribe o en Nariño(Sur), o en el suroccidente del país. Bogotá desconoce la realidad política del Guainía, desconoce la realidad económica del Vichada (ambos departamentos de los Llanos Orientales).
En la capital hemos visto casos de corrupción política como el manejo de programas como Agro Ingreso Seguro, o la Oficina de Nacional de Estupefacientes. La solución no es centralizar y manejar desde acá países tan diversos como los que tienen Colombia en sus regiones.

VA:  ¿Que falla al final?
AB: Se necesita fortalecer la descentralización con medidas de vigilancia, de control interno, de educación, de promover la participación del ciudadano. Pero en un país donde el 90 por ciento de los municipios depende de sus alcaldías o sus gobiernos locales, quienes son los únicos que tienen la capacidad de contratación porque no hay empresas, no hay industrias, no tienen una forma de generar riquezas, obviamente se van a encontrar con procesos electorales que dependen de quien gane, allí se está jugando quien va a tener empleo y quien no.

VA: 
¿Van a haber muchos candidatos electos cuestionados por nexos con mafias y grupos armados?
AB: De este proceso electoral van a quedar señaladas muchas personas. En Colombia hay una pobreza en los niveles de investigación local y por eso muchos candidatos con sospechas van a llegar a gobernar municipios y departamentos.

Este especial es una alianza de: