Reclutamiento y coca diezman resistencia indígena en Antioquia

Bandas criminales emergentes y guerrillas imponen la siembra de hoja de coca y el reclutamiento de jóvenes en resguardos indígenas, afectando sus costumbres ancestrales y desarticulando su organización social.
Si el Estado no interviene con eficacia, estaría en juego la sobrevivencia de las comunidades indígenas. Foto VerdadAbierta.com

Las bandas criminales y guerrillas tienen cercadas a varias comunidades en el Bajo Cauca y el Urabá, al punto que en los primeros cinco meses de este año han sido asesinados siete líderes indígenas que se han opuesto a cualquier relación con estos grupos armados.

Los tres últimos homicidios ocurrieron entre el 11, el 15 y el 17 de mayo en los municipios de Zaragoza, Chigorodó y Turbo. En esas acciones armadas, atribuidas a bandas criminales emergentes, murieron Dani Urrutia Ortiz, de la etnia Senú, y Wilson Domicó Bailarín y Otoniel Domicó, indígenas Embera Katíos.

A estos hechos se suman a los registrados en las localidades de Caucasia y Cáceres el 8 y 15 de abril pasados, cuando fueron asesinados Francisco Monterroza Oviedo, Osneidy Peña, Zeider Peña y Jesús María Aguilar, todos ellos de la etnia Senú. Las muertes también fueron atribuidas a las llamadas bandas criminales emergentes.

“Los indígenas no queremos ser mensajeros ni cargadores de mercado; tampoco aceptamos el reclutamiento de nuestros jóvenes ni que se utilicen nuestros resguardos como espacios para la guerra”, dice William Carupia Cuñapa, presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) con un tono de indignación.

En los últimos años los territorios indígenas están siendo invadidos por grupos armados ilegales que les imponen producir hoja de coca y reclutan a los jóvenes indígenas para que trabajen a su servicio.

De acuerdo con cifras de la OIA, en Antioquia hay una población de 32 mil indígenas, agrupados en 165 comunidades y 46 resguardos de etnias Embera Chamí, Embera Katíos o Eyabida, Embera Dovidá, Senú y Tule.

“Aquellos líderes que se han resistido a admitir estas presiones tanto de las llamadas bandas criminales emergentes como de las Farc, son declarados objetivos militares y asesinados”, agrega Carupia Cuñapa.

La pregunta que surge de todos estos asesinatos es ¿por qué están matando a los líderes indígenas? Al respecto, Carupia Cuñapa, responde: “Como ya el indígena está viendo tanta situación, entonces se está oponiendo a que las comunidades participen en asuntos como el cultivo de coca y el reclutamiento de jóvenes. Eso se está promoviendo en los resguardos, pero qué pasa, el que se resista es declarado objetivo militar por los grupos armados ilegales”.

El Presidente de la OIA resalta el caso de Wilson Domicó, asesinado el pasado 15 de mayo en  la comunidad Embera de Saundó, perteneciente al Resguardo Yaberaradó, municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño: “él estaba terminando el bachillerato y era muy inquieto, hablaba muy bien el español y por eso lo buscaban los grupos armados para que los ayudara. Pero él hacía grandes objeciones a esas ofertas y siempre rechazó su presencia en las comunidades”.

¿Qué pasa en Urabá?

Lo que viene ocurriendo en el Urabá antioqueño es el reflejo de la reorganización de grupos armados ilegales que vienen de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) alrededor del narcotráfico. De acuerdo con la OIA, en esta región se disputan el territorio cuatro bandas criminales emergentes (‘Rastrojos’, ‘Paisas’, ‘Águilas Negras’, ‘Gaitanistas’) y el Quinto Frente de las Farc.

“Estábamos muy tranquilos porque se habían desmovilizado los paramilitares, que maltrataban duro a los indígenas, pero ahora cambió el panorama y hay muchos grupos armados. Ya es prohibido decir que hay paramilitares, lo que hay son bandas criminales emergentes, y también está la guerrilla de las Farc”, afirma Carupia Cuñapa. “Estos grupos armados están promoviendo la siembra de cultivos de uso ilícito para su economía propia. Están produciendo mucha coca”.

La OIA ha detectado cambios en la producción de hoja de coca, que involucra directamente a los resguardos indígenas ubicados en la Serranía de Abibe. “Anteriormente sembraban coca en lotes de  20, 30, 50 hectáreas. Ahora están cogiendo por familia y la obligan a sembrar una o dos hectáreas. Si se cogen 30 ó 40 familias son muchas hectáreas. Cuando llegan las autoridades, los cultivos no se ven fácilmente”, advierte Carupia Cuñapa.

Los líderes de las comunidades indígenas han informado que los resguardos más afectados por esa nueva estrategia de siembra de hoja de coca están ubicados en Mutatá y Chigorodó. Y a todo ello se suma otro problema: muchas comunidades indígenas están asentadas justo en las rutas utilizadas por los narcotraficantes para llegar al Golfo de Urabá.

Pero la afectación va más allá de la utilización de territorios y familias indígenas para esas labores ilícitas. Tanto las bandas criminales emergentes como la guerrilla de las Farc continúan recurriendo al reclutamiento de los jóvenes de los resguardos para diversas tareas ligadas al narcotráfico.

“Hay indígenas jóvenes que están con las bandas criminales emergentes y la guerrilla”, reconoce Carupia Cuñapa. “Pero eso no quiere decir que los 32 mil indígenas en Antioquia estemos involucrados en la guerra”.

Finalmente, el Presidente de la OIA llamó la atención sobre el momento por el que pasa el conflicto armado en el Urabá antioqueño: “estos grupos armados ilegales ya no hablan de política ni de defensa de las comunidades,  ni la misma guerrilla lo hace. En esa dirección no está la guerra, ahora predomina el interés económico”.

Desde el Bajo Cauca
VerdadAbierta.com viajó hasta el Bajo Cauca para conocer la situación de diversas comunidades de la etnia Senú. Allí conoció a Alberto*, un líder indígena de Caucasia, quien describió la crítica situación de las comunidades nativas durante los últimos dos años.

Los Senú aún recuerdan el asesinato del líder indígena Luis Manuel Martínez Velásquez, ocurrida el 14 de mayo de 2009 en el cabildo Tigre Dos, sobre la rivera del río El Tigre, jurisdicción del corregimiento El Pando, de Caucasia.

“Varios hombres armados llegaron a la casa de Luis y preguntaron por él, apenas se identificó le ordenaron que los acompañara. No recorrieron doscientos metros cuando lo mataron, sin hacerle preguntas, sin defenderse. No demoraron ni dos minutos con él. Le dieron siete tiros de fusil, le dañaron todo su cuerpo”, relata el líder consultado.

Los indígenas Senú interpretaron este asesinato como un mensaje en contra de la organización ancestral para que dejaran de rechazar los cultivos de uso ilícito. “Luis Manuel era muy celoso con la organización y junto con nosotros cuidábamos mucho de que las comunidades no tuvieran roces ni vínculos con cultivos ilegales. Aconsejábamos mucho a las comunidades en las reuniones, en los talleres”.

A decir de Alberto, los constantes consejos y recomendaciones no eran del agrado de los jefes de las bandas criminales emergentes que operan en la zona. “Fue tanta la rabia que le cogió el comandante a Luis que no le bastó con decirle que se fuera del territorio o hablar con los Mayores, sino que lo asesinaron, generando un aviso para todos nosotros”.

Luego de la muerte de Luis Manuel y en los últimos dos años, la organización indígena comenzó a enfrentar muchos problemas, entre ellos el desplazamiento de sus integrantes, lo que poco a poco ha ido minando su tejido social. Pero no sólo los indígenas de este corregimiento tienen estos problemas. Las comunidades de El Delirio en Caucasia y otras más de los municipios de Zaragoza y El Bagre también.

“Los grupos armados ilegales llegan a la hora que sea a las casas, no respetan las señales de nuestros territorios, no podemos ejercer nuestras costumbres, no tenemos sitios sagrados porque han sido invadidos, no podemos hacer nuestras reuniones a gusto porque llegan y nos interrumpen. Nuestro territorios están siendo violados y nos están desarticulando como organización”, se lamenta Alberto. “No se les puede decir nada. Gústenos o no tenemos que aceptar”.

Tanta inseguridad, presión y persecución está ocasionando un lento desplazamiento. “Un 30% de los indígenas del corregimiento El Pando abandonaron sus tierras y migraron. No se sienten seguros allí”, dice Alberto. Muchas familias se encuentran desplazadas en Medellín y El Bagre y según este líder, no regresarán hasta que no se les garantice seguridad.

“Si usted visita el cabildo Tigre Dos B no encontrará nada, solo casas acabadas, deshabitadas. Teníamos una casa de 15 metros donde nos reuníamos, ya no existe, ya se cayó al suelo. Son muy pocos los indígenas que viven por allí, y cada vez quedan menos”, afirma el indígena.

Y a todo ello se suma la imposibilidad de los líderes indígenas de regresar a sus comunidades rurales, pues por protección se encuentran radicados en Caucasia. “Aquí vivimos como amarrados, sin poder hablar ni visitar nuestros territorios. Lo hacemos cuando vienen otras organizaciones a apoyarnos, pero solo no puedo entrar a las comunidades”, dice Alberto.

El riesgo es latente en los cabildos de Caucasia, pues a su alrededor hacen presencia los hombres de Ángel de Jesús Pacheco Chancí, alias ‘Sebastián’, un exparamilitar que surgió de las entrañas del Bloque Central Bolívar y que lidera una banda criminal emergente que se disputa el territorio con ‘los Urabeños’ y las ‘Águilas Negras’. “Ellos mantienen un cerco y conocen la importancia de los líderes indígenas, por eso nos matan”, afirma Alberto.

Otro de los problemas que afrontan los indígenas del Bajo Cauca es el reclutamiento de sus jóvenes, tal como ocurre en Urabá. Parte de los consejos que dan los Mayores a sus comunidades es que eviten que hagan parte de los grupos armados ilegales.

De acuerdo con Alberto, los jóvenes están siendo acosados para que hagan parte de las bandas criminales emergentes. “Les ofrecen hasta un millón de pesos mensuales y un celular por trabajar cuidando, por ejemplo, un filo en la montaña”, explica el líder indígena y agrega que en Caucasia está prohibido hablar del reclutamiento de nativos, pues de inmediato se convierte en objetivo militar.

Alberto admite que varios indígenas hacen parte de los grupos armados ilegales en el Bajo Cauca. “Debo reconocer que algunas comunidades cayeron en ese error, entre otras razones por la falta de oportunidades. Y también tengo que decir con tristeza que algunos de nuestros criminales son gente de nuestras propias comunidades. Son gente nuestra. Nuestros asesinos actualmente son gente indígena”.

Tanto Alberto como el Presidente de la OIA hicieron un llamado a las autoridades para evitar el desangre de las comunidades indígenas y sus líderes. Ambos son claros en advertir que si el Estado no brinda la protección necesaria se estarían dando los pasos para una desarticulación de la organización y su posible exterminio.

(*) Nombre cambiado por razones de seguridad