En el Cañón de Iglesias exigen reparación de los daños

 Ovidio Conde Salgado (izq.) y José Ángel Jiménez, en el Cañón de Iglesias.
Ovidio Conde Salgado, un cordobés de Ciénaga de Oro, se vino hace tres años a buscar mejores oportunidades al Cañón de Iglesias, una quebrada zona montañosa situada en el occidente del municipio de Tarazá, en límites con la localidad de Ituango. Con mucho esfuerzo se hizo a un pequeño predio donde había buenos pastos, que complementó con sembrados de yuca, plátano y árboles frutales.

“Ahí en el lotecito donde se ve el pasto quemado cuidaba mulas, me pagaban a tres mil pesos la noche. Más allá, alcancé a sembrar por lo menos cuatro mil palos de yuca y varios palos de frutas, guanábana, mandarina, naranja y papaya, para tener para mi familia y de pronto para vender algo en el pueblo, pero el 17 de febrero pasó una avioneta fumigando y acabó con todo”, dice Conde. Y se hace una pregunta difícil de responder: “¿de dónde voy a sacar ahora para comer?”.

José Ángel Jiménez, presidente de la junta de la acción comunal del Cañón de Iglesias, insiste en solicitar la presencia de un comité de verificación, tal como se acordó el pasado 27 de febrero en Tarazá, con lo que se le puso fin a la movilización de por lo menos 2.500 campesinos, muchos de ellos salidos de esta zona de Tarazá.

“Es muy bueno que venga la verificación por tierra, que verifique los daños, que se lleven los datos”, reitera José Ángel. Sus palabras las ahogan los motores de un helicóptero que sobrevuela las montañas. “Por ahí deben estar las avionetas de fumigación”, advierte el labriego. “Imagínese como es ese veneno que si uno tiene una bestiecita o una vaquita en tiempo de parir hasta ahí llegó el embarazo, puede perder la cría. Se malparió como decimos por aquí. Eso ya nos ha pasado”.

A este líder comunitario también le preocupan los daños que está causando la aspersión aérea en los bosques nativos. “Mire el rastrojo, cuando no está afectado por el veneno del glifosato, es más verde, más fresco, pero cuando lo toca la aspersión coge un tono grisáceo y con el paso de los días la tierra va quedando pelada, áspera, sin material vegetal que la proteja; además, están afectando los nacimientos de agua”.

Alonso Vélez, tesorero de la junta de acción comunal, argumenta que ante todos los daños ocasionados por la fumigación en las últimas semanas se vieron obligados a salir a Tarazá de manera masiva para llamar la atención de las autoridades.

“Salimos al pueblo obligados por el Estado, pero una vez que llegamos allá nos dicen que salimos obligados por la guerrilla y eso no es cierto. Al dejarnos el pancoger afectado, qué nos íbamos a quedar por aquí, nos teníamos que ir obligatoriamente”, alega este labriego, a quien le quemaron hace varias semanas un sembrado de cacao, en el que invirtió año y medio de trabajo.

El pesimismo ronda en Cañón de Iglesias: “No justifica sembrar ahora nada, ¿para qué?, para que lo fumiguen”, sostiene Vélez. “Un palo de yuca se demora diez meses para arrancarlo y cuando ya casi está listo llega la avioneta y hasta ahí llegó el trabajo. ¿Entonces qué hacemos? Esa es la problemática de nosotros y por eso exigimos la verificación”.

Según Gregorio Mejía Restrepo, responsable del Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), organismo creado por el Gobierno Nacional como una de las estrategias del Plan Nacional de Consolidación Territorial, que priorizó al Bajo Cauca y el Sur de Córdoba, la verificación arranca en el municipio de Valdivia el lunes 7 de marzo. “Hicimos un cronograma para este municipio de una semana. Allí haremos un modelo de verificación y apenas lo pongamos en marcha, iremos a otras localidades. La idea es que se apoye la elaboración de las quejas ante la Alcaldía para que sea enviada a la Policía Antinarcóticos con el fin de que entregue sus explicaciones”.

Lo que hará esta comisión de verificación, de acuerdo con las explicaciones de Mejía Restrepo, es constatar los daños contribuir a una sustentación sujeta a las normas. “Hemos visto que las quejas nunca quedaban bien sustentadas, porque no cumplían con requisitos como el de la georeferenciación de los predios o no tenían los papeles requeridos, lo que haremos es apoyar a la comunidad para que se instaure la queja como debe ser ante la Alcaldía y de allí se remita a la Policía Antinarcóticos”.

Álvaro Ballesteros, fiscal de la junta de acción comunal del Cañón de Iglesias, tiene claro que si el Gobierno auxiliara al campesino de manera eficiente el cultivo de hoja de coca para fines ilícitos se acaba. “Nosotros no queremos más problemas”, asevera.

Eso sí, advierte que si no les cumplen saldrán nuevamente a protestar, la experiencia que ha tenido en los últimos años lo han curtido en  esas lides. “Cuando fui al primer paro, en el 2008, tenía miedo. Y ya le digo, yo ya voy a cualquier paro y voy resuelto a morirme porque si me he morir lentamente de hambre, muero de una vez. Y es mejor morir de pie, que no morir arrodillado ante un Estado que incumple todos los derechos. La protesta se acabó, pero si el Gobierno no nos cumple, volveremos a salir”.