Militantes de este movimiento político en Antioquia denunciaron que en el segundo semestre de este año aumentaron las agresiones y el nivel de violencia contra sus miembros, particularmente en aquellos territorios donde avanzan iniciativas surgidas del acuerdo con las Farc, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y las circunscripciones transitorias especiales de paz.
Líderes de Marcha Patriótica afirman que actualmente se sienten muy desprotegidos y vulnerables. Foto: archivo Semana
“Como movimiento político, hoy nos sentimos más desprotegidos y vulnerables que antes de la firma del Acuerdo de Paz”, afirma Oscar Yesid Zapata, vocero del movimiento político Marcha Patriótica, capítulo Antioquia. Mediante carta enviada recientemente al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le solicitaron activar una alerta temprana para que las entidades del Estado atiendan urgentemente la situación de los militantes de este movimiento en este departamento y se inicien las acciones y protocolos necesarios para la protección de sus vidas.
De acuerdo con Zapata, la violencia contra este movimiento político se ha recrudecido en este segundo semestre del año, justo cuando en distintas regiones del país arrancó la implementación de programas e iniciativas surgidas a la luz del acuerdo con las Farc, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, las circunscripciones transitorias especiales de paz, entre otros.
“El Norte, Nordeste, Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y el área metropolitana son las regiones donde se acentuó la violencia contra los integrantes del movimiento. Si uno revisa, Norte, Nordeste y Bajo Cauca son zonas de circunscripciones especiales y en muchos municipios de estas subregiones se comenzó con la implementación de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, advierte Zapata, quien no duda en calificar esta ofensiva contra Marcha Patriótica como un intento por entorpecer la implementación de los acuerdos de paz.
“Vemos una sistematicidad muy parecida a la que se utilizó durante el exterminio de la Unión Patriótica”, advierte Manuel Atehortúa, militante de este movimiento político, quien siente que “con estas amenazas y atentados contra el movimiento, lo que se busca es entorpecer nuestra aspiración política, que es legítima, de llevar nuestra voz y nuestra agenda al Congreso y a otros escenarios políticos”.
Atehortúa recordó que, según la reforma política que cursa trámite actualmente en el Congreso de la República, mediante la cual se reglamentan las circunscripciones transitorias especiales de paz, Antioquia tendría dos circunscripciones: “la tres, que corresponde a 13 municipios de Norte, Nordeste y Bajo Cauca. Ahí ya tenemos un candidato, Mauricio Sánchez, de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó (Aherimigua). La otra circunscripción es la 16, para nueve municipios del Urabá antioqueño”.
La violencia contra Marcha Patriótica se ha incrementado en el segundo semestre de este año. Foto: archivo Semana.Los voceros de Marcha Patriótica recuerdan que en menos de un mes fueron asesinados Ramón Alcides García y Miguel Pérez, líderes campesinos que impulsaban la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Alto de Chirí (Briceño) y Tarazá (Bajo Cauca), respectivamente. A estas muertes se suma la de José Yimer Cartagena, integrante de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y líder de restitución quien fue asesinado el 11 de enero de este año en el sitio conocido como Piedras Blancas de Carepa, Antioquia.
Con estas muertes ya son 140 los militantes asesinados en todo el país desde su fundación, hace ya cinco años. Con relación a las amenazas e intimidaciones, la situación es igual de crítica, afirman los integrantes de este movimiento político.
De acuerdo con José David Hernández, uno de los delegados por Antioquia ante la Coordinadora de Organizaciones Cultivadoras de Coca, Marihuana y Amapola (Cocam), organización que a su vez integra la Marcha Patriótica, “muchos de nuestros miembros están amenazados. Me atrevería a decir que casi todos”. (Leer más en: Campesinos cocaleros en Antioquia, intimidados y con poco apoyo gubernamental)
En lo que va corrido del año se registraron amenazas contra integrantes de este movimiento político en El Bagre, Briceño, Tarazá, Ituango, San José de Apartadó, Remedios y Segovia. Asimismo, el avance en la implementación de los acuerdos de paz con las Farc está aumentando el riesgo para organizaciones campesinas, agromineras y ecológicas, de barequeros, mineros artesanales, de diversidad sexual y defensoras de derechos humanos articuladas a la Marcha Patriótica y que tienen presencia en el Nordeste, Norte, Occidente, Urabá y Bajo Cauca antioqueños.
Un gran número de estas asociaciones articuladas a la Marcha Patriótica en Antioquia fueron incluidas en el Informe de Riesgo No. 010-17 A.I. del 30 de marzo de 2017, emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en el que se advirtió sobre el recrudecimiento del escenario de riesgo para cerca de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos en todo el país. (Leer más en: Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales)
Grupos armados ilegales actúan en Antioquia contra Marcha Patriótica en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Urabá antioqueño y el área metropolitana. Foto: archivo Semana.Entre ellas figuran la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac); la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana); Juventud Rebelde; las asociaciones mineras del Nordeste; la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó (Aherimigua); y la misma Marcha Patriótica.
Pese a la seriedad del Informe y de las recomendaciones que lanzó al gobierno nacional, entre ellas, la de solicitar al Ministro del Interior “declarar la correspondiente Alerta Temprana e instruir a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para que adopten de forma urgente las medidas orientadas a disuadir, mitigar y superar la situación de riesgo advertida en el presente informe, en cumplimiento del deber de prevención y garantía de derechos de los líderes sociales, indígenas, afrocolombianos, comunitarios y defensores(as) de derechos humanos”, las situación de riesgo no solo persiste sino que, tal como lo señalan los voceros de la Marcha Patriótica en Antioquia, ya en varios casos este se ha consumado.
“Ya tenemos 19 líderes sociales asesinados en Antioquia, de los cuales tres pertenecían a nuestro movimiento”, reitera Zapata, quien de paso lamentó que “ni el gobierno nacional, ni mucho menos la Gobernación de Antioquia ni los alcaldes locales toman medidas efectivas para frenar la estigmatización que desde siempre ha existido contra el movimiento Marcha Patriótica, estigmatización que se recrudeció luego de la firma del Acuerdo de Paz”.
De ahí que la misiva enviada al Defensor del Pueblo, el pasado 7 de noviembre, termine con una lapidaria sentencia: “las realidades que se mueven en los territorios urbanos y rurales de Antioquia, son suficientes para entender el nivel de riesgo al que estamos sometidos todos los militantes de Marcha Patriótica y demás organizaciones sociales, sin que hasta el momento las autoridades (por acción u omisión) logren ejercer todos los instrumentos de Estado para las garantías de protección, prevención de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores, defensoras de derechos humanos, militantes de Marcha Patriótica y la comunidad en general”.
