VerdadAbierta.com habló con varios protagonistas y expertos sobre proyectos de reincorporación tras el fin de los conflictos en países de Europa África, Asia y Centroamérica. Sus testimonios brindan claves para entender las dificultades que se afrontan, pero también las soluciones, y cómo se impactan la construcción de verdad y la reconciliación.
Alrededor de 8.300 combatientes y milicianos de las Farc dejaron las armas en las 26 zonas de creación que se crearon en el país. Foto: archivo Semana.La experiencia internacional en reintegración de los excombatientes a la vida legal enseña el camino no es fácil y se requiere un alto nivel de compromiso de todos los sectores sociales para lograr resultados exitosos. A esa conclusión se llega luego de escuchar los testimonios de quienes participaron en este tipo de procesos en diversos países que padecieron confrontaciones armadas.
Aspectos como la atención psicosocial, las relaciones con el Estado y las comunidades, la pertinencia de los programas de formación, la eficacia de los proyectos productivos, el enfoque diferencial de género y la proyección a largo plazo de todos estos procesos hacen parte de las tareas que, a juicio de protagonistas y especialistas, se deben realizar para evitar el retorno a la guerra de quienes luchan por salir de ella.
Ese menú de acciones surgió tras múltiples errores cometidos luego de la firma de acuerdos para poner fin a las confrontaciones entre los gobiernos y las fuerzas alzadas en armas: desajustes en los programas, falta de voluntad política y fallas en los procesos de verdad y reconciliación, hacen parte de las equivocaciones cometidas.
Para conocer un poco más de ellos y extraer lecciones para el caso colombiano, VerdadAbierta.com habló con expertos de Irlanda, Sudáfrica, El Salvador, Filipinas y Ruanda, quienes visitaron el país recientemente en desarrollo de la VI Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur, organizada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Sus lecciones se escucharon en un ambiente adverso para el proceso de paz firmado con las Farc, donde resaltan las demoras en la implementación de lo acordado y la intensa discusión en el Congreso de la República sobre la aprobación de normas clave para darle solidez a lo pactado, entre ellas la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Irlanda del Norte: “Fallamos en la ayuda psicológica”
Patrick Colgan en su calidad de director de implementación de los acuerdos de paz entre el Ejército Republicano Irlandés (IRA), y el gobierno del Reino Unido, advierte que este tipo de procesos tienen muchos problemas, pero que sin lugar a dudas “valen la pena”. Foto: oficina de comunicaciones de la ARN. El conflicto armado en este país involucró a las guerrillas urbanas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y a las fuerzas de seguridad del Reino Unido. Un conflicto que se extendió por 29 años. Tras múltiples negociaciones, se logró la firma del “Acuerdo del Viernes Santo”, el 10 de abril de 1998, que le puso fin a la confrontación armada y e inició el proceso de reincorporación de los excombatientes del IRA.
Para Séanna Walsh, exmiembro del grupo armado irlandés, uno de los grandes problemas que afrontaron fue la falta de apoyo psicosocial: “Cuando llegó el proceso de paz muchos de nuestros camaradas llegaron a sus casas y comunidades, pero sus vidas habían cambiado por completo, ya no tenían más ese proyecto al cual entregarse las 24 horas. Entonces una de las cosas que encontramos es que no vimos con detenimiento cómo la lucha puede impactar el bien psicológico de la gente”.
De igual manera, Patrick Colgan, director de implementación de los acuerdos de paz entre el IRA y el gobierno del Reino Unido e Irlanda, asegura que el error fue tratarlos como casos individuales y no como un grupo o colectivo: “en el año 2000 comenzamos con programas más estratégicos, trabajando con los grupos, con asociaciones formadas, ayudándoles en la formación de organismos, cooperativas, ayudándolos también de acuerdo con el rol y papel que ellos pudieran desempeñar en sus comunidades”.
Hoy en día, explica Walsh, los excombatientes están organizados en asociaciones que se dedican a hacer lobby para resolver los problemas que afrontan como colectivo. “Tenemos a Coiste, una asociación de exprisioneros del IRA de la cual soy miembro. Su misión es hacer lobby para lograr un mayor bienestar de la comunidad de exprisioneros ante gobiernos, agencias estatales y la Unión Europea; también tomamos casos legales contra personas que discriminan a los exprisioneros”, precisa este exintegrante de IRA.
El otro problema que afrontó la reincorporación fue la relación entre el Estado y las comunidades, pues era inexistente. Colgan explica que para superarlo se trabajó en un programa de cinco pilares que consistió en abordar institucionalmente las causas del conflicto; crear relaciones positivas entre las comunidades, pues el país estaba totalmente polarizado; trabajar con grupos de víctimas de todos los actores armados; construir una visión compartida de la sociedad; y trabajar en el cambio de la cultura y actitudes a largo plazo.
“En cuanto a la relación con el Estado, para nosotros la transformación del servicio de la fuerza policíaca era el tema más importante, y nos llevó casi 7 años después de la firma del acuerdo concretarlo; finalmente, tuvimos un servicio policiaco al que todas las comunidades podían dar su apoyo. Y no fue hasta 2007 que se creó, por primera vez en Irlanda del Norte, un departamento de justicia reconocido por todos los partidos, sobre todo por los republicanos miembros del IRA”, comenta Colgan.
No obstante, la violencia no desapareció instantáneamente después de los acuerdos, hubo nuevas disidencias y nuevos brotes de violencia. En 2007 se firmó un nuevo acuerdo que reconocía las falencias del anterior pacto político. “Estoy hablando a 20 años, y aquí hasta ahora vamos para un año del acuerdo, entonces les digo ¡ánimo!, esto vale la pena”, enfatiza Colgan al referirse a los acuerdos firmados con la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Sudáfrica: “No es tiempo de dormir”
Shirley Renee Gunn, directora ejecutiva de Human Rights Media Centre, y ex integrante del Congreso Nacional Africano, asegura que la sociedad civil no debe frenar en su movilización para garantizar que lo acordado se cumpla, en especial al tema de justicia y verdad. Foto: oficina de comunicaciones de la ARN. Shirley Renee Gunn hizo parte del Congreso Nacional Africano (ANC), antiguo grupo armado liderado por Nelson Mandela, que luchó contra la segregación racial en ese país durante varias décadas hasta lograr la caía del Apartheid, la legalización de la ANC y la convocatoria a elecciones libres en 1994. Actualmente es la directora ejecutiva de Human Rights Media Centre, organización sudafricana encargada de la promoción de los derechos humanos.
Tras los logros alcanzados en aquel año, ya con Mandela en libertad luego de un largo periodo en la cárcel, comenzó un largo proceso de asimilación de lo logrado, que no fue fácil. “Nuestro proceso de paz fue de 1990 a 1994, y se logró el levantamiento de la prohibición del Congreso Nacional Africano, del Congreso Pan Africano, del Partido Comunista Sudafricano, la liberación de prisioneros y el retorno de los exiliados. Pero llegaron los compromisos y tuvimos que vivir con sus contradicciones, por más difícil que sea de digerir. El sacrificio más grande que tuvimos que hacer durante el proceso de negociación fue la aceptación de la estructura económica, un modelo capitalista contra el que luchamos y por el que muchos murieron”, cuenta Gunn.
En cuanto a la verdad, justicia y reparación, la exguerrillera y activista explica que el proceso fue planteado de manera muy cortoplacista y que muchos de los agentes del gobierno que cometieron las peores atrocidades, como torturas y desapariciones, resultaron impunes, pues en los dos años que duró este proceso no fue posible abordar todos los casos, y cuando estos fueron trasladados a la Fiscalía se perdieron totalmente.
“Cientos de casos fueron investigados por la Fiscalía y ahí fue cuando ‘el perro se fue a dormir’; nada pasó, no sabemos qué casos se están investigando. Es muy desgastante litigar buscando sobre las muertes de algunos que perdieron la vida bajo la custodia de la Policía. Hay pocos casos que han salido a la luz”, asevera Gunn.
Con respecto a los programas para los excombatientes, no llegaron a sus destinatarios o no fueron cumplidos, reconoce esta activista. Resultado de lo que ella denomina como el principal error de su organización, pues le entregaron el poder representativo trabajado durante años a los exiliados y exprisioneros, quienes habían perdido contacto con las bases, lo que terminó por cortar el impulso para su implementación.
“Las masas que estaban en esa lucha dieron un paso atrás en vez de adueñarse de ese momento, mantener el empuje, y eso se debió a que había una gran esperanza sobre nuestra nueva democracia, y que con el liderazgo de Mandela las cosas iban a pasar”, narra Gunn, pero no todo salió como se esperaba: “El consejo o la lección de eso es que no hay que sentarse y esperar que todos los puntos del acuerdo van a cumplirse así no más, se requiere de una sociedad organizada para asegurarse de que esos puntos se cumplan, no es tiempo de dormir”.
Tales falas crearon una grieta mayor: la reconciliación de la nación. “Se trata sobre verdad, justicia, reparación y después sí reconciliación. Decir que somos una nación reconciliada y de perdón, y que el gran Mandela logró abrazar a sus torturadores, es un error, es un proceso incompleto que no ha finalizado”, reconoce Gunn, apesadumbrada.
El Salvador: “La paz es barata”
Como lo explica Javier Martínez, ex combatiente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y asesor del ministerio de gobernación y desarrollo territorial de El Salvador, el enfoque comunitario de un proceso de reincorporación es vital, más allá de uno individual. Foto: oficina de comunicaciones de la ARN. El proceso de reincorporación resultado del acuerdo de paz en este país centroamericano, firmado el 16 de enero de 1992, entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), concibió programas de reintegración tanto para los exguerrilleros como para las fuerzas militares estatales.
“Una particularidad es que había desmovilización de ambos bandos, porque los batallones élites que se habían creado en misión de la guerra, y los cuerpos de seguridad Policía Nacional, Policía y Defensa, y Guardia Nacional, desaparecieron para crear una nuevo cuerpo policial, entonces había dos grupos de desmovilizados, por lo cual tocaba ver los programas de reinserción de ambos”, comenta Antonio Javier Martínez, excombatiente del FMLN, quien actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
Para la reincorporación de los excombatientes se creó una agencia nacional, en la que gobierno y voceros del FMNL se sentaron a planificar los programas. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tuvieron que afrontar fue el incumplimiento estatal con lo pactado, por lo que gran parte de las iniciativas tuvieron que ser desarrolladas a través de organizaciones no gubernamentales apoyadas con recursos de la cooperación internacional.
“No se pudieron ver todos los programas porque en eso le faltó desarrollo a los acuerdos de paz, sólo el tema de tierras lo montaron, el resto nos tocó con ayuda de Ongs, e inclusive diseñarlo después de los acuerdos. Uno de los errores graves que cometimos fue no ver de fondo el problema de la reinserción. Y 24 años después, hemos tenido que luchar para que el Congreso apruebe una ley para beneficio de veteranos y excombatientes”, asegura Martínez.
La situación para los exmiembros de las fuerzas de seguridad del Estado fue peor. Tras el fin del conflicto, sólo recibieron una indemnización económica y los dejaron por fuera de muchos programas de reintegración social. Esta falta de compromiso estatal también afectó los sistemas de justicia transicional y se le responsabiliza de crear las condiciones que derivaron en el surgimiento de nuevas violencias urbanas, asociadas a pandillas, las que, Martínez estaban ocultas.
“Aquí en Colombia es más complicado porque tienen una violencia del narcotráfico y de los paramilitares. La guerra se lleva la mayor propaganda, pero cuando se apaga, se empieza a conocer todo el problema de robos, drogadicción. Yo una vez vine aquí y les dije tengan cuidado, no vayan a creer que solo toca cumplir por un compromiso. Una vez que se firman los acuerdos hay cooperantes, después nadie quiere ayudar, la paz es barata”, concluye Martínez.
Filipinas: “Tenemos problemas con el juego político”
Para Romina St.Clara, subdirectora de programas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Filipinas, el proceso de reintegración debe tener en cuenta el factor desplazamiento pues el proceso con estas comunidades también debe ser asumido. Foto: oficina de comunicaciones de la ARN. El caso de este pequeño país del sudoeste asiático quizás sea el más parecido al colombiano, pues se trata de un conflicto de 45 años y con una variedad de grupos que han firmado acuerdos de paz en diferentes momentos. Según Diosita Andot, directora ejecutiva de la Oficina Presidencial Asesora del Proceso de Paz, uno de los pactos, firmado en 1996 con el Frente Nacional por la Liberación Mora (MNLF, por sus siglas en inglés) está ya en fase final de implementación.
Un acuerdo adicional se firmó el 27 de marzo de 2014 con el Frente Islámico por la Liberación Mora (MILF, por sus siglas en inglés), una disidencia del MNLF que tiene presencia en la región sureña de Mindanao, donde pretendieron buscar mayor autonomía para el territorio, compuesto en su mayoría por musulmanes. Este proceso se encuentra en una etapa de normalización, a la espera que se apruebe una ley en el Congreso para adelantar la reincorporación.
“Uno de los retos es con los políticos porque no estamos seguros de sí todos ellos van a votar por esta ley. Hace dos años, después de la firma del acuerdo, el Congreso frenó la firma de la ley. El sentimiento de la gente era muy negativo contra el MILF, también sucedió en el 2008 y eso causó el rebrote de la violencia y la guerra a gran escala. Por eso ahora somos muy cuidadosos. Estamos haciendo todo lo posible para que todos los miembros del Estado participen en la creación del borrador de esta ley y pidiendo por éste en todos los sectores, para tener una movilización que lo apoye”, comenta Andot.
Otro obstáculo para la reincorporación que se ha presentado radica en la situación de seguridad en las áreas de influencia de este grupo armado, pues como son de mayoría musulmana ha abierto la puerta a la llegada de organizaciones internacionales de extremistas. Al respecto, Andor asegura que “los extremistas han entrado a nuestro país, y quieren ganar influencia en las áreas donde se está llevando el proceso de paz. Hay una combinación de grupos locales y externos armados, ese es nuestro mayor reto”.
Por otro lado, si bien con el MNLF ya casi el proceso finaliza, el proceso de reintegración aún no está completo, pues falta comprender la dimensión comunitaria de toda la diáspora que salió del país o de las regiones en conflicto. “La reintegración no ha parado, es un proceso para las organizaciones armadas, pero también para las comunidades donde se ha dado el conflicto”, explica Romina Sta. Clara, subdirectora de programas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Filipinas. “Y eso toma tiempo porque los desplazamientos han ocurrido por muchos años, entonces para muchas familias volver a su comunidad no es posible, hay una gran diáspora en las Filipinas, es un gran problema en términos de reintegración”.
Ruanda: “Se debe comenzar en la comunidad”
En los procesos de reincorporación de Irlanda y El Salvador, fue necesario re plantear la relación entre los ex combatientes y las fuerzas de seguridad, inclusive reestructurar la policía, y en el caso salvadoreño realizar programas especiales para ex combatientes militares. Foto: Carlos Julio Martínez revista Semana. A juicio de especialistas internacionales, el genocidio en este país africano ha sido una de las mayores atrocidades perpetradas a finales del siglo XX en el mundo. En tan sólo cinco meses fueron asesinadas cerca de un millón de personas.
La dramática pugna entre las etnias Hutu, mayoría en ese país, y Tutsi se profundizó tras el derribamiento del avión en el que viajaba el entonces presidente Juvénal Habyarimana, de la etnia Hutu, el 6 de abril de 1994. Una vez se conoció el hecho, extremistas Hutu comenzaron a recorrer ciudades y aldeas en busca de los Tutsi. Se calcula que por lo menos el 85 por ciento de esta población perdió la vida.
Dos hechos detuvieron el desangre ruandés: la reacción de la comunidad internacional y la autorización al gobierno de Francia para llevar orden y seguridad; y el avance del Frente Patriótico Ruandés (FPR), de la etnia Tutsi hacia la capital, Kigali, lo que origina el éxodo de más de dos millones de Hutus hacia Zaire, incluidos los líderes políticos,
Lo que vino después fue un proceso judicial que pretendió esclarecer las responsabilidades del genocidio. Los problemas que afrontó este proceso se relacionaron con la magnitud de los procesos de verdad, justicia y reconciliación que debían tratarse.
“Hubo muy pocos juicios porque eran demasiados”, reconoce Ndeye Sow, quien está al frente del programa de África de International Alert, organización internacional que trabaja con personas envueltas en conflictos armados. “Según varios expertos tomaría 500 años si se organizan juicios justos. Entonces ahí se dio la ‘Gacaca’, ese fue el sistema de justicia transicional, un mecanismo tradicional para la resolución de conflictos”,
La “Gacaca”, que significa “hierba” en el idioma nacional kinyarwanda y hace alusión al sitio donde tradicionalmente se reunían las comunidades para resolver sus conflictos locales, fue establecido en 2001, con el fin de resolver la sobrecarga del sistema de justicia convencional, y, oficialmente, fue clausurado en diciembre de 2011. Estuvieron supervisados por el gobierno y combinaron el derecho penal moderno con procedimientos comunitarios más informales y tradicionales.
A juicio de Sow, este tribunal comunitario ayudó a traer algo de justicia, no obstante, este mecanismo no fue suficiente porque se cayó en círculos de venganza y los crímenes de guerra cometidos por el FPR nunca fueron juzgados, lo que causó serias fracturas al proceso de reconciliación, razón por la cual aún se siente una especie de tabú étnico, pues nadie quiere hablar de lo sucedido; además, se han removido de las tarjetas de identificación la etnia, a pesar de que en la realidad esas identidades se mantienen.
“Ruanda y Colombia son probablemente diferentes, pero seguro han sucedido las mismas atrocidades, entonces estoy segura de que aquí hay mucho trauma, por eso la construcción de la paz no puede ser desde arriba. Al final del día lo que pasó fue en comunidad, como el genocidio de Ruanda, ciudadanos ordinarios, vecinos contra vecinos, ahí es donde se debe comenzar”, recomienda Sow.
