Campesinos cocaleros en Antioquia, intimidados y con poco apoyo gubernamental

Ya son dos los líderes campesinos promotores de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito asesinados en menos de una semana en este departamento, mientras que en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, no cesan las amenazas contra dirigentes y labriegos que desean abandonar la hoja de coca e insertarse en actividades legales, a lo que se suma la ineficiencia del gobierno nacional para atenderlos.

pnis antioquia 1En medio de varias dificultades, se está implementando la sustitución de cultivos de coca en Antioquia. Foto: VerdadAbierta.com.“Aquí todos estamos asustados y no sabemos qué hacer”, dice José David Hernández, uno de los dos delegados por Antioquia ante la Coordinadora de Organizaciones Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), sobre la situación que vienen padeciendo los líderes de los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en diversos municipios de Antioquia.

Y no es para menos. En menos de una semana fueron asesinados dos labriegos que impulsaban los procesos de sustitución voluntaria de hoja de coca y que hacían parte del capítulo Antioquia de la Cocam, situación que tiene bastante preocupadas a comunidades campesinas y organizaciones sociales de este departamento.

El primer homicidio se registró el pasado 22 de octubre en el municipio de Tarazá, donde fue baleado y acuchillado Miguel Pérez, quien venía impulsando procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el corregimiento Puerto Antioquia de esta localidad. (Leer más en: ¿Qué hay detrás del asesinato de un líder cocalero en Tarazá)

Cinco días después el movimiento político Marcha Patriótica denunció el asesinato de Ramón Alcides García Zapata, líder de los campesinos cocaleros y poblador de la vereda Alto de Chirí, de Briceño, en el norte de Antioquia. El hecho se registró a eso de las 2 de la tarde, cuando la víctima salía del municipio de San Andrés de Cuerquia rumbo a su residencia luego de cobrar el pago mensual que viene haciendo el gobierno nacional a quienes sustituyan voluntariamente sus cultivos ilícitos.

En febrero pasado se conocieron las denuncias de la comunidad de Alto de Chirí que alertaron sobre la presencia de hombres armados en la vereda, quienes estaban buscando a varios de sus pobladores, voceros de varias organizaciones campesinas. (Leer más en: Tensión en las montañas de Briceño)

De acuerdo con Hernández, los dos homicidios recientes están afectando los cronogramas para la sustitución voluntaria, pues los campesinos sienten que no hay garantías de seguridad efectivas para dejar la hoja de coca por cultivos legales: “El asesinato del líder de (Alto de) Chirí nos afecta el proceso en Toledo y Sabanalarga (norte de Antioquia). La situación más compleja está en Cáceres, Valdivia y Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. En este último municipio hay dos líderes fuertemente amenazados, uno de ellos es Víctor Alonso Vélez. Los procesos están parados hasta tanto la situación mejore”.

En Antioquia se viene implementando el Plan Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), estrategia contemplada en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto pactado con la guerrilla de las Farc. Los municipios beneficios por ahora son en Briceño, Campamento, Tarazá, Cáceres, Valdivia y Anorí, y está pendiente de iniciar en Ituango, Toledo y Sabanalarga. En estas poblaciones tiene presencia la Coccam y ya comienza a gestarse la creación de nuevos comités adscritos a esta organización en Dabeiba, Mutatá, Chigorodó y el corregimiento San José de Apartadó, de Apartadó.

“Y de seguro vendrán más intimidaciones porque, ¿qué pasa? Iniciamos este trabajo con mucho entusiasmo, entonces, cada vez somos más visibles y ahí es cuando nos declaran objetivo militar”, señala Hernández, quien asegura que, si bien la seguridad es una dificultad real, no es la única que tienen los campesinos cocaleros en este departamento, también carecen de asistencia técnica para adelantar proyectos productivos que hagan sostenible la sustitución, la incertidumbre que reina entre los recolectores, o raspachines, quienes aún no reciben los pagos acordados para ellos, y la incapacidad que ha mostrado el Estado para copar los territorios dejados por las Farc.

“Es que una cosa es sustituir los cultivos y otra cosa es sustituir la economía del campesino y el gobierno cree que basta con arrancar las matas y ya”, agrega el dirigente. “En Briceño, que fue el municipio modelo para este plan de sustitución voluntaria, la implementación cojea todos los días. Los raspachines nada que reciben sus pagos, están aguantando hambre o se han ido para otros municipios donde todavía hay coca”.

De acuerdo Hernández, “nada que arranca la asistencia técnica para los proyectos productivos en Briceño. Los campesinos ya van por el tercer pago de seis acordados; es decir, dentro de seis meses se acaba la ayuda económica, los campesinos ya arrancaron sus matas, pero nada que llegan las semillas y la asistencia técnica para implementar el cultivo de sustitución. Entonces, de aquí a un año, ¿de qué va vivir el campesino? Con este panorama, la gente va volver a sembrar”.

Expectativas del PNIS

El municipio de Briceño ha sido el piloto para sustitución de cultivos de coca y su implementación inició en julio del año pasado. Foto: Ricardo Cruz.Las cuentas del gobierno nacional son sencillas: terminar el 2017 con una reducción cercana a las 100 mil hectáreas de hoja de coca sembradas en el país. Para ello, los esfuerzos se concentran en dos frentes: por un lado, está la meta de erradicar a la fuerza unas 50 mil, labor que viene adelantando la Fuerza Pública en diversas regiones del territorio nacional; de otro lado está la implementación de una estrategia integral que apunta a que más de 120 mil familias campesinas cocaleras sustituyan voluntariamente otras 50 mil hectáreas.

Esta estrategia fue bautizada por el gobierno nacional como Plan Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), programa pensado para transformar la realidad social y económica de los campesinos cultivadores de coca mediante unas asignaciones monetarias durante dos años a la par que se desarrollan unos planes de intervención integral en veredas y corregimientos que terminen por desestimular la economía de la hoja de coca. Alcides García Zapata fue asesinado después de cobrar su estipendio mensual.

El PNIS arrancó formalmente su implementación en mayo de este año. La iniciativa se basa en un amplio proceso de concertación con las comunidades y los actores sociales representativos de los territorios, en los que se priorizan las intervenciones a realizar, se caracterizan las familias cocaleras y se identifican sus necesidades. A la fecha han suscrito acuerdos colectivos para sustituir voluntariamente unas 115.000 familias en 13 departamentos.

Luego vienen los primeros desembolsos, correspondientes a dos millones de pesos por familia que se entregan cada dos meses por periodo de un año. Con el primer pago, el compromiso de la familia cocalera es arrancar sus matas. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento que acaba de publicar el informe En qué va la sustitución de cultivos ilícitos en el que realiza seguimiento al PNIS, en los municipios donde ya se desembolsaron los primeros pagos el porcentaje de erradicación alcanza el 88 por ciento. (Descargar documento)

Los estimativos de la FIP apuntan a que, mediante la sustitución voluntaria podrían destruirse, en el escenario más optimista, unas 10 mil hectáreas de hoja de coca, es decir, sólo el 20 por ciento de la meta proyectada por el gobierno nacional. De acuerdo con este informe, hasta el pasado 5 de octubre, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) certificó la erradicación voluntaria de 1.136 hectáreas en cinco municipios y se espera que antes de la primera semana de noviembre sean arrancadas otras 1.214 más, para un total de 2.350 hectáreas.

En Antioquia, el municipio de Briceño es el que muestra mayor avance. Allí ya se arrancó la totalidad de los cultivos ilícitos presentes en las once veredas que fueron priorizadas en el plan piloto de sustitución, presentado en el corregimiento Pueblo Nuevo de esta localidad en julio de 2016, y se avanza en la sustitución en las veredas restantes.

No obstante, la presencia de nuevos actores ilegales en territorios cocaleros que otrora estuvieron bajo control de las Farc, quienes ya se han hecho sentir lanzando amenazas a los líderes y las familias que vienen participando en el PNIS, podría generar serios retrasos en esta iniciativa, advierte el informe de la FIP.

“En el primer semestre de 2017, en medio del proceso de concentración y desarme de las Farc, se
presentó una baja en el precio de la hoja de coca, por el vacío dejado por la guerrilla y el reacomodamiento de compradores e intermediarios. En las zonas con cultivos había mucha oferta, pero poca demanda. Sin embargo, esta situación ha cambiado con la reconfiguración del narcotráfico y la consolidación de disidencias y otras organizaciones criminales (...) la competencia entre distintos actores ilegales ha impulsado de nuevo el alza en los precios de la hoja de coca y la dinamización del mercado”, advierte el informe.

Donde puede observarse con mayor nitidez esta situación es en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Investigadores de la FIP constataron en terreno que, en la última semana de septiembre, funcionarios del PNIS que se encontraban en el corregimiento Barro Blanco de este municipio, realizando inscripciones de personas que manifestaron su intención de participar en este plan, fueron obligados a abandonar la zona por cuenta de las intimidaciones lanzadas por integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidos como ‘Clan del Golfo’. Este grupo armado ilegal también profirió amenazas contra líderes y campesinos que vienen participando en la iniciativa de sustitución voluntaria en los Puerto Antioquia, La Caucana y El Guaimaro, también de esta localidad.

“Reconocemos las dificultades”

pnis antioquia 2Eduardo Díaz, encargado nacional de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos acordada en el Acuerdo de Paz con las Farc. Foto: archivo Semana.En el gobierno nacional son conscientes de las dificultades que enfrenta el proceso de sustitución voluntaria de los sembradíos de hoja de coca en departamentos como Antioquia. “Tenemos claro que hay personas y grupos interesados en que permanezcan los cultivos y que están asumiendo comportamientos que atentan contra la seguridad de las comunidades campesinas e incluso contra los funcionarios que viene adelantando labores en los territorios”, asegura Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Para este funcionario, es claro que en el Bajo Cauca antioqueño, particularmente el municipio de Tarazá, concentra las mayores dificultades para la implementación de esta iniciativa, entre otras razones, por el arraigo que han tenido los cultivos ilícitos allí.

“Efectivamente, allá tenemos una situación muy compleja”. Admite Díaz. “El problema de seguridad de estos territorios es producto de la presencia de los cultivos ilícitos de tiempo atrás. Eso es claro para nosotros y en ese venimos trabajando con el gobierno nacional, en el diseño de unos protocolos que le brinden seguridad no sólo a los líderes sino también a las comunidades”.

El funcionario también salió al paso a las críticas formuladas por la Coccam Antioquia frente a los retrasos e inconvenientes que viene presentando el PNIS en localidades como Briceño. “Allá tenemos una dificultad en el desarrollo de los proyectos productivos porque hemos tenido problemas en encontrar el operador local que pueda desarrollar la asistencia técnica. En este caso se trata de retrasos que no tienen que ver con problemas de seguridad sino con trámites administrativos”, asegura.

No obstante, el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos destaca la buena marcha que presenta el proceso en este departamento: “ya tenemos muy buenos avances en Valdivia y Puerto Valdivia, lo mismo que en Cáceres. En Campamento también vamos a muy buen ritmo”.

Hernández, de la Coccam Antioquia, admite que toda esta tarea es una labor dura, pero hay compromiso para cumplir con los objetivos: “No somos mártires, y ante todo está nuestra seguridad, pero estamos dispuestos a seguir adelante con esta iniciativa, porque estamos cansados de los cultivos ilícitos”.